lunes 17 de febrero, 2025

Desafíos del sistema previsional desde aproximaciones alternativas

Publicado el 24/10/24 a las 11:00 pm

Por Adriana Rovira

Compartimos una serie completa de tres ilustradores artículos de Adriana Rovira publicados por LA DIARIA. Sólo agregamos que las consecuencias dramáticas de los avances privatizadores de la Seguridad Social, más o menos aliviados por eventuales políticas neo-estructuralistas, forman parte de la tendencia sistémica a la mercantilización de las relaciones sociales. En general, los fondos de pensión y las aseguradoras conexas afectan todo el ciclo del capital y forman parte de la fuga hacia adelante ante la actual crisis estructural.
Sin un cambio radical del patrón de acumulación las próximas generaciones vivirán en un Uruguay más desigual, con más amplios sectores desprotegidos, precarizados y vulnerados. El capital concentrado será el beneficiario de esta redistribución regresiva del ingreso. Menguará la cohesión social y, quizás, el país se encuentre ante una nueva crisis de legitimidad. Ese destino no es inexorable. Se juega hoy y en los próximos años.

Más allá de nuestro punto de vista conviene adentrarse en el análisis de Rovira.

1. La informalidad laboral y su impacto en la crisis de la seguridad social en Uruguay

Introducción

El envejecimiento de la población ha sido señalado como una de las principales causas de la crisis de la seguridad social en Uruguay. Esto, además, ha sido utilizado para justificar reformas que promueven la capitalización individual de las pensiones y una mayor participación del sector privado en la administración de los fondos de las jubilaciones.

Sin embargo, este diagnóstico ignora factores estructurales mucho más profundos que afectan el sistema de pensiones de manera más inmediata y con mayor impacto: la informalidad laboral, la precarización del empleo y las políticas neoliberales que han debilitado los sistemas de bienestar. Este artículo examina cómo estos factores contribuyen a la inestabilidad del sistema de seguridad social, demostrando que el envejecimiento de la población es sólo una pieza dentro de un problema que debe incorporar dimensiones de mayor impacto.

El envejecimiento poblacional: un diagnóstico incompleto

El Censo 2023 de Uruguay reveló que el 20% de la población tiene más de 60 años, y se proyecta que esta cifra superará el 25% para 2030 (Instituto Nacional de Estadística –INE–, 2023). A pesar de la relevancia demográfica, culpar a las personas mayores de la insostenibilidad del sistema previsional es un prejuicio infundado que desvía la atención de factores estructurales más significativos. Walker (2018), por ejemplo, argumenta que la culpabilización de las personas mayores es una forma de “prejuicio por edad estructural” utilizado para justificar políticas neoliberales que tienen por objetivo desmantelar los sistemas de solidaridad intergeneracional.

Lazzarato (2013), por su parte, señala que el neoliberalismo ha reconfigurado la relación entre el Estado y los individuos, promoviendo la idea de que cada persona es responsable de su propio bienestar. En este sentido, la culpabilización del envejecimiento poblacional sirve como una herramienta para justificar reformas que desmantelan los sistemas de reparto. Sin embargo, el estudio Pension Watch (2021) muestra que, aunque la población está envejeciendo, otros factores como la informalidad laboral y la precarización del trabajo son los verdaderos motores de la crisis de los sistemas de pensiones actual.

La informalidad laboral: el verdadero problema estructural

La informalidad laboral es un problema que afecta de manera mucho más directa a la sostenibilidad del sistema de pensiones en Uruguay que el envejecimiento de la población. En 2022, el 22% de la fuerza laboral estaba empleada en el sector informal, lo que significa que estas personas no hacen contribuciones regulares al sistema de seguridad social (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2022). En ese sentido, Barrientos (2019) argumenta que la alta informalidad es una de las principales causas de la insuficiencia financiera en los sistemas de pensiones en América Latina, y su impacto es mucho mayor que el del envejecimiento poblacional.

Esta situación es especialmente problemática en sectores como la construcción y el comercio, donde hasta el 40% de las personas ocupadas están empleadas de manera informal (Banco de Previsión Social, 2023). Como advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2021), la informalidad afecta principalmente a las y los trabajadores de menores ingresos, que tienen menor capacidad de ahorro y acceso limitado a mecanismos de protección social, perpetuando así su vulnerabilidad a largo plazo.

El análisis de Walker (2018) también destaca que la informalidad laboral y la falta de acceso a derechos sociales son las verdaderas causas de la crisis de la seguridad social. Mientras que se sigue culpando a las personas mayores por el “desequilibrio” del sistema, los verdaderos problemas estructurales, como la incapacidad del Estado para formalizar el empleo y promover condiciones laborales dignas, son ignorados.

Precarización del empleo: un fenómeno crítico para la seguridad social

Aparte de la informalidad, la precarización del empleo es otro factor que debilita gravemente el sistema de seguridad social en Uruguay. En las últimas décadas, el mercado laboral en Uruguay ha experimentado un proceso de flexibilización, promovido bajo la idea de que facilitaría la creación de empleo. Sin embargo, esta flexibilización ha resultado en un aumento de los empleos temporales y mal remunerados, sin acceso a beneficios de seguridad social (De la Vega et al., 2021). Estos empleos precarizados hacen que las personas ocupadas en estas economías no puedan realizar aportes regulares ni suficientes al sistema de pensiones (Filgueira, 2020).

En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo (2022) advierte que los empleos temporales y la falta de derechos laborales básicos son obstáculos para la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de seguridad social en América Latina. En Uruguay, como fue señalado, varios sectores presentan tasas de precarización particularmente altas, lo que pone en peligro la capacidad de las y los trabajadores de acumular los aportes necesarios para garantizar una jubilación digna (INE, 2022).

Asimismo, Berlant (2011) y Fraser (2016) señalan que este proceso de precarización es parte de un modelo más amplio donde se promete a las y los trabajadores una estabilidad que nunca llega. Los empleos precarizados no sólo reducen los aportes al sistema de seguridad social, sino que también generan una creciente frustración y desigualdad, al tiempo que se perpetúa la ilusión de que el esfuerzo individual es suficiente para asegurar una vejez digna.

El mito de la capitalización individual y la culpa a los mayores

Una de las respuestas neoliberales a la supuesta crisis del envejecimiento ha sido la promoción de sistemas de capitalización individual, donde las personas son responsables de ahorrar para su jubilación. Este modelo, implementado en Uruguay mediante las AFAP, ha sido criticado por trasladar todo el riesgo hacia las y los trabajadores y desmantelar los principios de solidaridad social que caracterizan los sistemas de reparto (Mesa-Lago, 2020).

Bajo este modelo, las personas trabajadoras, especialmente aquellas en empleos precarios o informales, tienen dificultades para acumular suficientes ahorros. En línea con esto, la investigación de De la Vega et al. (2021), publicada en el Journal of Social Policy, señala que las economías latinoamericanas con altos niveles de informalidad enfrentan “dobles trampas” en sus sistemas de seguridad social. Estos sistemas no logran captar suficientes aportes de las personas que trabajan en economías informales, perpetuando la pobreza en la vejez y exacerbando las desigualdades sociales.

Otro punto crucial de este estudio es su análisis de las reformas de seguridad social implementadas en varios países latinoamericanos, muchas de ellas inspiradas por políticas neoliberales que se centraron en la capitalización individual y en una reducción del papel del Estado en la provisión de pensiones. Los autores argumentan que, lejos de resolver el problema de la informalidad, estas reformas han perpetuado y profundizado las desigualdades, ya que las y los trabajadores informales siguen excluidos de los sistemas contributivos y, en muchos casos, las pensiones que reciben son extremadamente bajas debido a los bajos niveles de cotización a lo largo de sus vidas laborales. En este sentido, el estudio cuestiona la efectividad de las reformas orientadas a mejorar la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social, destacando que no se han abordado adecuadamente los problemas estructurales de la informalidad y la pobreza en la vejez.

Además, estudios recientes (Universidad de Cambridge, 2021) muestran que la capitalización individual no ha logrado resolver la crisis de los sistemas de pensiones, sino que la ha incrementado. Por otro lado, la OIT (2022) concluye que los sistemas de capitalización individual en América Latina han generado desigualdades significativas y han fracasado en ofrecer pensiones adecuadas para la mayoría de las y los trabajadores.

En síntesis

El prejuicio que culpa a las personas mayores del colapso de los sistemas de pensiones es una narrativa que encubre problemas estructurales mucho más profundos, como la informalidad laboral, la precarización del empleo y las políticas neoliberales que han debilitado la solidaridad social. Es necesario replantear la discusión sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, abordando las verdaderas causas de su crisis y reconociendo que la culpabilización de las personas mayores es injustificada e inexacta.

En el próximo artículo de esta serie, el foco estará puesto en el proceso histórico de las reformas desplegadas tanto en América Latina como en Uruguay.

2. El proceso histórico de las reformas previsionales en América Latina y Uruguay

El camino hacia la actual crisis de los sistemas de seguridad social en América Latina y Uruguay tiene sus raíces en una serie de reformas impulsadas desde finales del siglo XX. Estas reformas estuvieron marcadas por la adopción de modelos neoliberales que buscaron transformar los sistemas de pensiones, tradicionalmente públicos, en sistemas de capitalización individual gestionados por el sector privado. Borón (2005) analiza y ubica las reformas neoliberales en América Latina como parte de un proceso más amplio de expansión del capitalismo global y la consolidación del poder económico en manos de las élites.

El primer gran cambio tuvo lugar en Chile en 1981, bajo el régimen militar de Augusto Pinochet, con la implementación del modelo de capitalización individual. Este sistema, inspirado por los principios neoliberales de los “Chicago boys”, promovía la idea de que las personas debían ahorrar para su propia jubilación, desplazando la responsabilidad del Estado. Este enfoque fue promovido con la promesa de una mayor eficiencia y de liberar al Estado de las crecientes cargas fiscales que representaban los sistemas de reparto.

Sin embargo, como subrayan Arenas de Mesa y Gana (2012), esta reforma no logró garantizar pensiones dignas para la mayoría de las y los trabajadores, especialmente para las mujeres y aquellas personas con trayectorias laborales inestables, generando un aumento significativo de la pobreza entre las personas mayores. Este modelo, en lugar de reducir la carga sobre el Estado, exacerbó las desigualdades preexistentes y trasladó los riesgos y responsabilidades hacia los trabajadores, sin considerar las condiciones estructurales que limitan la capacidad para ahorrar.

Uruguay, al igual que otros países latinoamericanos, siguió un camino diferente, manteniendo su sistema de reparto durante más tiempo. No obstante, en 1996 con la Ley 16.713 se llevó a cabo una reforma significativa bajo el gobierno de Julio María Sanguinetti, que introdujo un sistema mixto. Este sistema combinaba elementos de capitalización individual y de reparto, en el que las y los trabajadores contribuían tanto al sistema público como a fondos privados administrados por administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). La reforma, aunque menos radical que la chilena, también se justificó en el marco del envejecimiento poblacional y la necesidad de aliviar las finanzas públicas, como señalan Bucheli y Ceni (2010).

A pesar de los intentos de mantener el equilibrio en el sistema, esa reforma no logró resolver los problemas estructurales que ya existían. Según un informe del Banco de Previsión Social (BPS, 2021), uno de los mayores retos ha sido la alta informalidad laboral, que afecta significativamente la recaudación de aportes y, en consecuencia, la capacidad de financiar las pensiones. En 2022, el 22% de la fuerza laboral uruguaya seguía trabajando en la informalidad, lo que implica que una parte significativa de la población no cotiza de manera regular para su jubilación (MTSS & PNUD, 2022). Esto ha tenido un impacto directo en las tasas de pobreza en la vejez, ya que muchas personas trabajadoras informales no logran reunir los años de aportes necesarios para acceder a una pensión adecuada.

A lo largo de las décadas siguientes, Uruguay ha experimentado un envejecimiento acelerado de su población, lo que ha generado presiones adicionales sobre el sistema de seguridad social. Según los resultados del Censo 2023, el 20% de la población uruguaya tiene más de 60 años, y se proyecta que esta proporción aumentará a más del 25% para 2030 (INE, 2023). Este proceso de envejecimiento ha sido uno de los principales argumentos para impulsar nuevas reformas del sistema previsional, aunque los problemas de fondo, como la informalidad laboral y las desigualdades de género, son mucho más determinantes para la sostenibilidad del sistema.

Nuevas discusiones, viejas recetas

En 2021 el gobierno uruguayo inició un nuevo debate sobre la reforma del sistema de seguridad social, que incluyó propuestas para elevar la edad de jubilación y ajustar las tasas de contribución. La Cepal (2021) subraya que, aunque Uruguay tiene uno de los sistemas de seguridad social más sólidos de la región, la pobreza en la vejez sigue siendo un problema que afecta especialmente a las mujeres y a las personas de menores ingresos. Sin embargo, uno de los principales problemas se centra en garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, a menudo priorizando la reducción de costos por encima de la protección de derechos. Este enfoque ha llevado a reformas como las que plantea la Ley 20.130, donde el aumento de la edad de jubilación y el endurecimiento de los requisitos de acceso a las pensiones no impactan en los problemas estructurales subyacentes, como la informalidad laboral, las brechas de género y las condiciones laborales precarizadas (Mesa-Lago, 2020).

A pesar de algunos avances en términos de equidad de género, las mujeres continúan enfrentando barreras significativas para acceder a pensiones y jubilaciones adecuadas. Las interrupciones en la trayectoria laboral debido al trabajo de cuidados no remunerado, los salarios más bajos en promedio y la mayor esperanza de vida con dependencia hacen que acumulen menos aportes y reciban pensiones más bajas. Este problema se agrava cuando consideramos que, como señalan Bucheli y Ceni (2010), muchas mujeres mayores dependen económicamente de redes familiares informales o se ven obligadas a continuar trabajando en la vejez.

Otro aspecto clave que no resuelve la ley actual es el desafío de la creciente informalidad laboral. Si bien se han implementado mecanismos, la ley no contempla soluciones estructurales que puedan integrar a las personas insertas en el mercado informal de empleo al sistema de seguridad social. Como fue advertido, más del 22% de la fuerza laboral sigue siendo informal. Este vacío es especialmente problemático en sectores como el del trabajo rural y doméstico, donde la informalidad es mucho más alta y las condiciones laborales más precarias (OIT, 2021). También permanece ausente de la nueva reforma una falta de flexibilidad para adaptarse a nuevas formas de trabajo, como el trabajo por plataformas y otras modalidades de empleo precarizadas que han surgido en el contexto de la economía digital. Estas formas de empleo, que a menudo son temporales o informales, dificultan aún más que las personas ocupadas en este sector puedan cumplir con los requisitos para acceder a una pensión adecuada (Barrientos, 2019).

Impacto de las reformas neoliberales en la pobreza en la vejez

Un efecto crucial que han tenido las reformas de ahorro individual en la región ha sido el incremento de la pobreza en la vejez (Pribble, 2013). La Cepal (2022) señala que, en América Latina, más del 30% de las personas mayores de 65 años no reciben pensiones debido a los sistemas de capitalización individual. En Uruguay, aunque el sistema mixto ha reducido la pobreza en la vejez en comparación con otros países, las personas mayores continúan enfrentando dificultades económicas, especialmente aquellas que han trabajado en el sector informal o que no han podido cotizar regularmente a lo largo de su vida laboral. Esto ha afectado desproporcionadamente a las mujeres, como lo documentan Bucheli y Ceni (2010), quienes destacan que las mujeres mayores tienen más probabilidades de vivir en pobreza debido a su menor acceso a pensiones adecuadas.

Según el estudio de Montes de Oca (2021) publicado por la Cepal, aproximadamente el 3% de las personas mayores de 65 años en Uruguay viven en situación de pobreza, cifra que es aún mayor entre las mujeres y aquellas con menores niveles educativos. Sin embargo, cuando la pobreza en la vejez se mide utilizando el índice de pobreza multidimensional (IPM) (Del Popolo, 2011), que considera diversas carencias que afectan la calidad de vida en esta etapa –como el acceso a servicios de salud, condiciones de vivienda, acceso a pensiones o ingresos suficientes y protección social–, la incidencia de pobreza se incrementa.

La aplicación del IPM para medir la pobreza en la vejez revela que la incidencia de pobreza entre las personas mayores es significativamente mayor en América Latina. Por ejemplo, en México, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2018 la pobreza monetaria entre las personas mayores era del 41,1%; sin embargo, al incorporar el IPM, ese porcentaje escala hasta el 48,7% (Coneval, 2018). En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que, en 2019, el 25,4% de las personas mayores vivía en pobreza monetaria, pero, al utilizar el IPM, la incidencia de pobreza aumenta al 30,2%, reflejando privaciones en educación, salud, trabajo y condiciones de vivienda (DANE, 2019).

El impacto del envejecimiento en la seguridad social: un falso diagnóstico

El envejecimiento de la población no es la causa principal de la crisis de la seguridad social. Estudios recientes han demostrado que centrarse exclusivamente en el envejecimiento como causa del problema es una interpretación sesgada. En realidad, la crisis está más relacionada con la precariedad laboral, la informalidad y la desigualdad estructural (Barrientos, 2019).1 Lazzarato (2013) argumenta que la narrativa neoliberal transfiere la responsabilidad del bienestar a los individuos, despolitizando los problemas sociales, lo cual es consistente con la idea de que el envejecimiento se utiliza como una excusa para desviar la atención de problemas estructurales como los señalados.

Tasa de reemplazo en Uruguay: un indicador preocupante

La tasa de reemplazo, que mide el porcentaje del salario que recibe una persona trabajadora como pensión al jubilarse, es un indicador clave para evaluar la efectividad de un sistema previsional. En Uruguay, esta tasa ha mostrado una tendencia decreciente, lo que refleja la insuficiencia de las pensiones para mantener un nivel de vida adecuado.

Según Mesa-Lago (2020), sólo el 30% de los afiliados de entre 51 y 60 años podrán recibir una pensión que les permita mantener su nivel de vida previo al retiro. Este dato es alarmante, ya que la sostenibilidad de un sistema de pensiones se mide, en parte, por su capacidad de mantener el nivel de vida de las personas mayores. En comparación, en Chile, país pionero en la implementación del sistema de capitalización individual, las tasas de reemplazo son aún más bajas, oscilando entre el 28% y el 40% (Arenas de Mesa & Gana, 2012).

El fracaso del modelo de capitalización individual y el aumento de la pobreza en la vejez

Las reformas neoliberales en América Latina han tenido un impacto devastador en los sistemas de protección social, contribuyendo directamente al aumento de la pobreza entre las personas mayores. Piketty (2014) demuestra cómo las políticas neoliberales han profundizado las desigualdades económicas al transferir riesgos y responsabilidades que solían estar bajo el control del Estado hacia los individuos. Esto ha generado un escenario en el que las personas mayores se ven desproporcionadamente afectadas por la pobreza, mientras que las empresas financieras que gestionan los fondos de pensiones obtienen enormes ganancias.

Además, el modelo de capitalización individual ha sido ineficaz para mejorar las condiciones de las personas mayores. Arenas de Mesa y Gana (2012) subrayan que las tasas de pobreza entre las personas jubiladas en Chile, país que implementó este modelo hace más de cuatro décadas, son alarmantes. Aproximadamente el 37% de las personas mayores en Chile viven en condiciones de pobreza debido a las bajas pensiones derivadas del sistema de capitalización individual.

¿Por qué persisten las reformas neoliberales a pesar de su fracaso?

A pesar del evidente fracaso de las reformas neoliberales para garantizar pensiones dignas, muchos países continúan implementándolas o profundizando ese camino, como es el caso de Uruguay. Mesa-Lago (2020) identifica varias razones detrás de esta persistencia. En primer lugar, los organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han promovido estas reformas bajo la premisa de que reducen la carga fiscal y son más eficientes a largo plazo. Sin embargo, estas instituciones han fracasado en evaluar los efectos sociales de estas políticas en las personas mayores, especialmente en las más vulnerables. Por otro lado, los intereses financieros que gestionan los fondos de pensiones tienen un fuerte poder de lobby y se benefician directamente de la administración de estos recursos.

Conclusión

El envejecimiento de la población ha sido utilizado como un falso diagnóstico para justificar reformas que no abordan las causas reales de la crisis de la seguridad social. Es fundamental replantear el enfoque y reconocer que la informalidad laboral, la precarización del empleo, las políticas neoliberales y la persistencia de la pobreza multidimensional son los verdaderos factores que amenazan la sostenibilidad del sistema de pensiones en América Latina. Además, es necesario entender que la pobreza en la vejez no se limita únicamente a la falta de ingresos, sino que incluye carencias en salud, educación, vivienda y acceso a servicios básicos. Por ello, es imprescindible avanzar hacia un modelo de protección social más inclusivo que no desplace la responsabilidad hacia los individuos, sino que promueva la solidaridad intergeneracional y garantice una vejez digna para todas las personas, abordando las múltiples dimensiones de la pobreza que afectan a los adultos mayores.

3. La transformación del envejecimiento: una crisis invisible

El envejecimiento de la población ha sufrido una transición política en las sociedades contemporáneas bajo sistemas capitalistas. A su vez, el paradigma neoliberal ha redefinido la vejez como una responsabilidad individual, exacerbando nuevas formas de exclusión y vulnerabilidad para las personas mayores. En lugar de reconocer el envejecimiento como un proceso colectivo que requiere políticas de protección social, se lo ha convertido en un “problema” que cada persona debe gestionar de manera privada.

La vejez como problema individual

Mauricio Lazzarato (2013) argumenta que el neoliberalismo ha reconfigurado la relación entre el Estado y el individuo, promoviendo la idea de que cada persona es responsable de su propio bienestar. Este concepto, denominado “emprendedor de sí mismo”, ha impactado profundamente en la manera en que se concibe la seguridad social en el contexto del envejecimiento. Bajo este enfoque, el Estado reduce su participación en la provisión de pensiones, trasladando la responsabilidad de ahorrar para la jubilación a los trabajadores. En Uruguay, esto se manifiesta a través de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), que gestionan la capitalización individual de las pensiones.

No obstante, como señala Piketty (2014), este enfoque es parte de una dinámica más amplia que promueve la acumulación de riqueza en los sectores financieros a expensas de la protección social de los más vulnerables. Un reciente informe del Banco de Previsión Social (BPS) muestra que más del 20% de las personas jubiladas no logra cubrir sus necesidades básicas con ese ingreso, un reflejo de las insuficiencias de este modelo.

Optimismo cruel: la ilusión de la seguridad en la vejez

Lauren Berlant (2011) desarrolla el concepto de “optimismo cruel” para describir cómo las personas siguen aferrándose a promesas que, en lugar de mejorar sus vidas, perpetúan el sufrimiento. El concepto refiere a relaciones de apego a ideales que son inalcanzables o insostenibles, pero que, paradójicamente, brindan un sentido de esperanza. En el contexto del envejecimiento bajo el paradigma neoliberal, esto se manifiesta en la falsa promesa de que la acumulación individual de capital a través de planes de pensiones privados —basados en la capitalización individual— será suficiente para garantizar una vejez digna y segura. Sin embargo, esto ignora las desigualdades estructurales inherentes al sistema, como la precarización del trabajo, la informalidad y las brechas de género, que hacen prácticamente imposible que muchos trabajadores puedan generar los ahorros necesarios para una jubilación digna.

La ideología del optimismo cruel no sólo fomenta la idea de que los individuos tienen control absoluto sobre su bienestar futuro, sino que desvía la atención de las fallas sistémicas que imposibilitan ese objetivo. El modelo de capitalización individual se presenta como una vía de empoderamiento personal, pero refuerza dinámicas de exclusión y precarización. Los trabajadores que se ven forzados a confiar en estos sistemas, a pesar de las condiciones laborales inestables y de bajos ingresos que prevalecen en muchos sectores, son víctimas de un optimismo que mantiene viva la ilusión de seguridad, mientras profundiza su vulnerabilidad económica en la vejez. En este sentido, se transforma la promesa de una vida mejor en una trampa que perpetúa la precariedad, al imponer cargas que los individuos no pueden soportar.

En Uruguay, el modelo de capitalización individual perpetúa esta ilusión, pero sólo beneficia a quienes tienen ingresos altos y trayectorias laborales estables. Según datos del Banco Central del Uruguay, las tasas de retorno de los fondos administrados por las AFAP han sido altamente volátiles, afectando negativamente los ahorros de los trabajadores y aumentando la vulnerabilidad de aquellos que dependen de empleos precarios o enfrentan períodos de informalidad laboral, lo cual debilita su capacidad de ahorrar adecuadamente para la jubilación. En efecto, el optimismo cruel se agrava en el caso de los trabajadores informales, que se ven obligados a seguir trabajando en la vejez o a depender de redes familiares informales. Según la Cepal (2021), alrededor del 35% de los trabajadores informales uruguayos no tiene acceso a pensiones contributivas, lo que perpetúa su exclusión social.

La exclusión de las mujeres mayores

Las mujeres mayores son particularmente vulnerables a las dinámicas de exclusión generadas por el sistema neoliberal de pensiones. A lo largo de sus vidas, enfrentan una serie de obstáculos que limitan su capacidad para ahorrar para la jubilación, como salarios más bajos, mayor informalidad y una carga desproporcionada de trabajo no remunerado en el hogar. Esto las coloca en una posición estructuralmente desventajosa en comparación con los hombres.

Un informe del BPS (2021) muestra que, en promedio, las mujeres en Uruguay reciben pensiones 30% más bajas que los hombres. Esta brecha se explica no sólo por la desigualdad salarial, sino también por las interrupciones en las trayectorias laborales debido a las responsabilidades de cuidado. Claro que esta situación no es exclusiva de Uruguay, sino que refleja un patrón presente en toda América Latina (Arenas de Mesa y Gana, 2012).

Nancy Fraser (2016), por otro lado, argumenta que el sistema neoliberal ha utilizado la feminización del trabajo informal y el trabajo de cuidados no remunerado para sostener el modelo económico, mientras se recorta la participación del Estado en el bienestar social. Esta exclusión estructural de las mujeres en el sistema de pensiones no sólo perpetúa la desigualdad de género, sino que también debilita las bases económicas del propio sistema de seguridad social.

El neoliberalismo y la privatización de la vejez

El neoliberalismo ha privatizado la responsabilidad del bienestar en la vejez, reduciendo el papel del Estado en la provisión de seguridad social. Al redefinir el envejecimiento como un problema individual, esto ha promovido una visión de las personas mayores como una “carga” económica, justificando la implementación de políticas de austeridad y reducción del gasto, lo que las sitúa en una situación de mayor precariedad.

En Uruguay, este fenómeno se refleja en la dependencia de las pensiones mínimas subsidiadas por el Estado para quienes no logran acumular suficientes ahorros a través de las AFAP. Según la Superintendencia de Servicios Financieros (2020), las personas jubiladas que dependen de estos subsidios enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, lo que perpetúa su vulnerabilidad. Como alerta la OIT (2021), la privatización de los sistemas de pensiones en América Latina ha aumentado la inseguridad económica entre las personas mayores, producto de las fluctuaciones de mercado que afectan los fondos de pensiones.

Injusticia y engaño

La retórica neoliberal que culpa a las personas mayores de la insostenibilidad de los sistemas previsionales es injusta y engañosa, en tanto oculta las verdaderas causas de la crisis: la informalidad laboral, la precarización del empleo y las políticas que han erosionado la solidaridad social. Como señala Walker (2018), esto es una forma de “edadismo estructural”, que perpetúa la discriminación hacia este grupo y protege los intereses financieros de las élites económicas.

Narrativa de “carga” económica

El edadismo estructural se refleja en la representación de las personas mayores como “carga” para las finanzas públicas, dado que suelen ser vistas como beneficiarias pasivas que no contribuyen al crecimiento económico. Este enfoque deshumaniza a las personas mayores y minimiza su rol productivo, económico y social, ignorando aspectos como el trabajo no remunerado, el voluntariado y el cuidado no remunerado que muchas continúan realizando.

Individualización de la responsabilidad

El sistema de capitalización individual, impulsado en muchas reformas neoliberales, parte de la premisa de que los individuos deben ser responsables de su propio bienestar financiero en la vejez mediante el ahorro personal. Como se analizó, este enfoque ignora las desigualdades estructurales que enfrentan diferentes grupos de trabajadores y trabajadoras en el curso de sus vidas laborales.

Negación de las desigualdades intergeneracionales

El edadismo estructural en las reformas previsionales tiende a ignorar las desigualdades generacionales y laborales que afectan de manera desproporcionada a las personas mayores. Estas desigualdades incluyen la segregación por edad en el empleo, el subempleo y el desempleo que muchas personas enfrentan en las últimas etapas de su vida laboral.

Justificación de reformas regresivas

El edadismo estructural justifica la implementación de reformas que recortan beneficios y aumentan la edad de jubilación bajo el argumento de que las personas mayores viven más tiempo y, por tanto, los sistemas de pensiones son insostenibles. Este enfoque no considera que, aunque la esperanza de vida ha aumentado, las condiciones de vida y salud de muchas personas mayores no permiten que continúen trabajando hasta edades avanzadas. Además, el incremento en la edad de jubilación perjudica a quienes desempeñan trabajos físicamente demandantes o aquellas personas que han tenido trayectorias laborales intermitentes.

Externalización del cuidado

Las reformas de los sistemas de pensiones que no incluyen mecanismos robustos para la atención a las personas mayores o que subfinancian los sistemas de salud públicos refuerzan el edadismo estructural. Al externalizar el cuidado y atención de las personas mayores a las familias, generalmente las mujeres, los estados eluden su responsabilidad de proteger el bienestar de los adultos mayores.

Conclusión

El envejecimiento bajo el neoliberalismo ha dejado de ser un problema colectivo que requiere políticas públicas inclusivas para convertirse en una cuestión de responsabilidad individual. Esta transformación ha creado nuevas formas de exclusión y vulnerabilidad para las personas mayores, especialmente para las mujeres y los trabajadores informales. Al ignorar las condiciones estructurales que limitan la capacidad de los individuos para planificar su vejez, el sistema ha perpetuado una crisis invisible que profundiza las desigualdades. Para abordar esta crisis, es fundamental replantear el envejecimiento desde una perspectiva de derechos sociales y protección colectiva.

Referencias

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  • Superintendencia de Servicios Financieros (2020). Informe sobre el desempeño de las AFAP y el sistema de capitalización individual en Uruguay.
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  • Uruguay. Ley N.º 20.130, de 3 de mayo de 2023. Reforma del sistema previsional. Diario Oficial, 10 de mayo de 2023.
  • Walker, A (2018). Ageism in the welfare state: The impact of neoliberalism on old age pensions. Ageing & Society, 38 (1), 28-56.

Los tres artículos fueron publicados por LA DIARIA el 19/9, el 2/10 y el 17/10/24.

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