Dos proyectos de país
Publicado el 07/08/24 a las 6:31 am
En el día de ayer se enfrentaron dos proyectos de país en la UCU. Por un lado, la profundización del modelo neoliberal dependiente. Por otro, la alternativa de un Uruguay productivo y respetuoso de los derechos sociales. El debate merece atención pública por su relevancia y por expresar dos visiones antagónicas en términos de intereses sociales concretos. El grado de hostilidad fue expuesto particularmente en el áspero intercambio entre Rodolfo Saldain y Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Saldain fue integrante de la dirección del BPS durante los gobiernos de Sanguinetti y Lacalle Herrera y el principal impulsor de la reforma de 1995 y la de actual gobierno de Lacalle Pou. A diferencia del Dr. Víctor Frankenstein, Saldain defiende a su criatura sin el más mínimo margen de diálogo. El debate entre Juan Ceretta y Martín Risso también demostró preocupaciones diferentes pero sin agresiones. Por último, Bruno Giometti y Martín Valcorba expusieron sus objeciones comunes al sistema vigente pero mostraron graves diferencias conceptuales sobre la iniciativa del PIT-CNT. Compartimos también el resumen publicado por el PIT-CNT.
Marcelo Abdala: «Al aumentar la edad de jubilación se condena a una gran cantidad de trabajadores a penurias extremas»
El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, destacó la importancia de votar a favor de la reforma de la seguridad social en el plebiscito del 27 de octubre. Aseguró que «no es para nada positivo» que se haya elevado la edad para jubilarse a los 65 años, «condenando a una gran cantidad de trabajadores a penurias extremas» mientras esperan alcanzar esa edad. “Esto complica la vida de muchas personas y expropia tiempo de vida al imponer la idea de que hay que trabajar hasta el último día”, afirmó.
Este martes 6 de agosto, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, participó en un intercambio con especialistas sobre el plebiscito de la reforma de la seguridad social, impulsado por la central sindical, que se desarrolló en el Auditorio Semprún de la Universidad Católica del Uruguay.
Además, disertaron: el docente del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, Dr. Juan Ceretta; el integrante del Instituto Cuesta Duarte, Ec. Bruno Giometti; el miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Dr. Martín Risso; el especialista en Derecho Laboral, Dr. Rodolfo Saldain; y el asesor económico, Mag. Martín Vallcorba.
Abadala VS. Saldain
Abdala se refirió a los temas centrales de la iniciativa del PIT-CNT y los movimientos sociales, destacando los aspectos fundamentales que deben incluirse en la Constitución de la República para considerar la seguridad social como un derecho humano fundamental.
“Estamos convencidos de que la iniciativa que impulsa el PIT-CNT es una forma concreta de llevar a la práctica los principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Declaración de Filadelfia de 1944, que establece que todas las personas deben poder vivir con dignidad para disfrutar plenamente de la vida”, afirmó Abdala.
En ese sentido, se refirió a tres puntos fundamentales de la propuesta: la restitución de la edad de jubilación a los 60 años, la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y la equiparación de la jubilación mínima con el Salario Mínimo Nacional (SMN).
Abdala señaló que el primer punto del proyecto de reforma constitucional planteado por la central sindical es garantizar que, después de toda una vida de trabajo, las personas puedan acceder a prestaciones adecuadas, considerado un principio de derecho humano fundamental. “En la papeleta que proponemos para la modificación del artículo 67 de la Constitución de la República, establecemos que la jubilación debe tener un piso mínimo, por debajo del cual nadie pueda quedar, vinculado al Salario Mínimo Nacional, porque la Ley 10.449 de Consejos de Salarios establece como principio para los trabajadores en actividad que el Salario Mínimo Nacional es el límite por debajo del cual se considera que las personas no pueden ni siquiera reproducir su capacidad de trabajar”.
El presidente de la central sindical, agregó que «definida la seguridad social como una organización social de la solidaridad, es apropiado establecer en la Constitución de la República que, tras una vida de trabajo, las personas no queden por debajo de la línea de pobreza y no perciban menos del salario mínimo nacional».
En segundo lugar, Abdala abordó la cuestión de la edad mínima de retiro, que el plebiscito busca restituir a los 60 años. “Queremos devolverle a la gente el derecho de optar por jubilarse a los 60 años, si sus condiciones de vida se lo permiten, derecho que fue suprimido por la Ley 20.130, que elevó la edad mínima para jubilarse de 60 a 65 años. Analizando las características actuales del mundo del trabajo, es evidente que las penurias han aumentado, ya que el número de personas que perciben un salario menor a 25.000 pesos mensuales ha pasado de 450.000 a 550.000”, afirmó el dirigente sindical.
Añadió que “es bastante difícil mantener el empleo a tiempo completo hasta el final de la vida laboral. En particular, después de los 50 años, si alguien pierde su empleo, es sumamente difícil reinsertarse en el mundo laboral en condiciones iguales a las que tenía”.
Asimismo, señaló que esto genera «dificultades para el empleo juvenil, que ya es un problema complejo, dado que la tasa de desempleo juvenil es mayor que la general. Agregó que, si se eleva la edad para jubilarse, se aumentan las dificultades para reducir el desempleo en dicha franja etaria».
En tercer lugar, Abdala se refirió a la eliminación de las AFAP. Dijo que se busca erradicar el lucro financiero del régimen de seguridad social, establecido en el artículo 67 de la Carta Magna, y planteó “desprivatizar la seguridad social”.
El presidente de la central sindical manifestó que se debe superar un “negocio redondo” para el capital financiero, representado por las AFAP, que “se nutren de los aportes de los trabajadores, cobran comisiones por los depósitos que deben hacer y, en muchos casos, lucran comprando deuda pública del país, a la cual luego el Estado paga intereses de manera onerosa para la sociedad”. Afirmó que se trata de un negocio para unos pocos y no para la mayoría de la población.
Explicó que en la papeleta se establece que los fondos administrados por las AFAP “pasen a través de un fideicomiso al Banco de Previsión Social, que garantiza que nadie que esté en el régimen mixto pierda la liquidación de sus haberes en el nuevo régimen”, detalló Abdala.
Por otro lado, el dirigente sindical destacó que es positivo debatir, dialogar e informar a la población para que el próximo 27 de octubre puedan decidir con conocimiento de causa.
“Nos interesa el debate informado y razonado, porque en algunas circunstancias los detractores de nuestra propuesta se han basado en supuestos equivocados. Por ejemplo, se ha dicho que nuestra propuesta generará un déficit superior a mil millones de dólares anuales. Sin embargo, según los cálculos del equipo de representación de los trabajadores en el BPS y del Instituto Cuesta-Duarte, las cifras son radicalmente distintas”, dijo. Agregó que el BPS reconoció que esas estimaciones erróneas están basadas en suposiciones generales que pueden diferir de la propuesta final a considerar.
“Hablar de confiscación nos parece una falta de respeto, porque los verdaderos confiscadores fueron quienes crearon las AFAP. Nuestra propuesta permite formas de ahorro colectivo, fondos sociales y compensaciones para la jubilación en el marco de negociaciones colectivas por rama de actividad, por lo que tampoco afecta la posibilidad de ahorro de los trabajadores”, planteó.
Por su parte, el especialista en Derecho Laboral, Dr. Rodolfo Saldain, criticó la forma en que el PIT-CNT planteó el plebiscito y afirmó que obviamente discrepaba con los argumentos manejados en la mesa. Consideró que la propuesta de la central sindical de eliminar el sistema mixto “aumentará el costo de la seguridad social a cargo del Estado y sería un retroceso para el país”.
En un espacio de intercambio que estuvo marcado por un tono duro y frontal, Abdala fustigó los argumentos de Saldain y se desmarcó de manera tajante de la postura del gobierno de priorizar a los privilegiados y puso como ejemplo el modelo predominante de acumulación: «debo confesar nuestro pecado original de no compartir la visión de una sociedad en la que el 1% más rico de la sociedad tiene la misma riqueza que 3.700 millones de seres humanos y cómo esta sociedad de desigualdad extrema se mete en el continente más desigual del planeta y lamentablemente en nuestro país, especialmente en los últimos cinco años en los que se desarrolló el modelo de la desigualdad». Abdala subrayó que «sí, claramente estamos proponiendo construir una sociedad mejor».
También el presidente del PIT-CNT refutó dichos del redactor del proyecto oficial que apeló a ejemplos de países latinoamericanos. Abdala no dejó pasar la oportunidad para cuestionar «los cucos que se intentan agitar» y reclamó «elevar el nivel de la discusión» y mirando directamente a los ojos a Saldain, le recordó que «el modelo de la desigualdad que usted impulsó, fracasó. Y se lo digo con todo respeto, el modelo de las AFAP fracasó tanto que iniciaron la difusión de ese proyecto prometiendo que los trabajadores después de una vida de trabajo podrían hacer turismo espacial y no sé cuántas cosas, pero tanto fracasó que tuvieron que hacer otra ley, y les salió espantoso, porque de lo contrario no habrían hecho la ley 20.130», sentenció.
Ceretta VS. Risso
El docente del Consultorio Jurídico de la UDELAR, Dr. Juan Ceretta, explicó que los textos constitucionales reflejan las realidades de cada país, por lo que no es fácil establecer una regla universal. Añadió que si se critica la inclusión del texto propuesto en la Constitución de la República, esto refleja “el fracaso del sistema político en la regulación a nivel legal”. Agregó que «no hay mayor legitimidad democrática para un texto constitucional que la que proviene de la ciudadanía».
A su turno, el integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Dr. Martín Risso, se refirió a “uno de los múltiples problemas constitucionales” que, a su juicio, genera la reforma, señalando que “inevitablemente se producirán litigios que encajarán en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y desaparecerá el grado inversor de Uruguay”.
Giaometti y Vallcorba
En tanto el integrante del Instituto Cuesta Duarte, Ec. Bruno Giometti, habló sobre la “inequidad e injusticia” de varios aspectos de la reforma de la seguridad social del gobierno actual, que la propuesta del PIT-CNT busca revertir. Dijo que se trata de una reforma «puramente jubilatoria» y que «todo el costo del ajuste recayó sobre los trabajadores», ya sea mediante el aumento de la edad de jubilación o el cobro de jubilaciones más bajas en comparación con 2022. “Todo el costo del ajuste recayó en los trabajadores y no hubo ninguna medida en la Ley que implicara que parte del ajuste fiscal recayera sobre otros actores sociales, como el capital”.
Dijo que tampoco es exagerado equiparar la jubilación mínima al Salario Mínimo Nacional y que esto no generará un descalabro fiscal. El ajuste será por persona y no por prestaciones, para evitar situaciones de inequidad. Esto tendrá un costo de 460 millones de dólares anuales, calculado para 2023.
Mientras que el asesor económico, Mag. Martín Vallcorba, se refirió a algunos problemas que desde su óptica, dejó la reforma. “No abordó problemas centrales de cobertura que el sistema ya presentaba a futuro y generó algunos nuevos. El 30% de los trabajadores afiliados al BPS no configuraría causal jubilatoria ni siquiera a los 70 años. La reforma generará problemas adicionales de cobertura al aumentar indiscriminadamente la edad de retiro a 65 años; no abordó las inequidades en el financiamiento del sistema, ya que hay aportes patronales en algunos sectores que son injustificados, y no revisó la forma de aportación de los trabajadores independientes ni sus derechos y coberturas”.
