DOSSIER: Venezuela en la mira del imperio
Publicado el 03/08/24 a las 6:24 am
Una vez más dedicamos un dossier sobre Venezuela, país que sufre un nuevo ataque en tiempos de elecciones. La ultra derecha, siempre apoyada por Washington, sistemáticamente ha denunciado fraude cada vez que pierde las elecciones. Actualmente la situación divide aguas a diestra y siniestra porque el proceso económico y político tiene luces y sombras. Por ello nos exige el más estricto análisis del orden y los campos de las contradicciones. Reunimos algunos materiales que pueden ayudar a la comprensión de a actual coyuntura.
Crónica anunciada de unos resultados no reconocidos
Por Paula Giménez y Matías Caciabue
El domingo 28 de julio, cerca de la medianoche, el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano anunció el triunfo de Nicolás Maduro, cuando la tendencia era ya irreversible, con 51,2 % de los votos. La diferencia con Edmundo González, candidato testimonial de María Corina Machado, fue de 7 puntos al alcanzar 44,2%.
Durante la misma alocución el presidente del CNE, Elvis Amoroso, denunció que un sabotaje al sistema de transmisión de información -que según confirmó luego la Fiscalía General de la República provenía de Macedonia- impidió una entrega más rápida de tales resultados.
Como era previsible, los resultados no fueron aceptados por María Corina Machado y Edmundo González, quienes en un singular uso de las matemáticas dijeron haber ganado con el 67 por ciento de los votos, adjudicando 33 por ciento a Maduro y olvidando la participación de otras fuerzas políticas. La desprolijidad no fue motivo suficiente para evitar que el propio Elon Musk compartiera la gráfica difundida en redes sociales. Durante el lunes y el martes se desarrollaron focos de violencia en distintos puntos. Las cacerolas ciudadanas quedaron rápidamente opacadas por una ola de violencia, con focos organizados, que no lograron articular un escenario insurreccional. Ambas fuerzas políticas hicieron demostraciones de calle.
El miércoles 31, el escenario callejero y comercial se empezó a normalizar y el presidente Nicolás Maduro, se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia para someter su victoria electoral a la Justicia, y anunciar que aportará todas las medidas de prueba a su alcance, que incluyen las actas en manos de los fiscales (“testigos”) del PSUV y la convocatoria a todas las fuerzas políticas a presentar las propias.
Luego de eso, informó que el día 30 de julio importantes dirigentes de la oposición de ultraderecha se reunieron en la Casa Blanca con Dan Erickson, el principal asesor de Biden para el hemisferio occidental. Allí se habló de incrementar la “guerra económica” y “cognitiva” contra Venezuela, y la promoción de una agenda de cerco internacional comandada por Luis Almagro desde la Organización de Estados Americanos (OEA).
En efecto, el organismo se reunió el miércoles 31 de julio y no logró el consenso necesario para emitir una declaración en la que buscaba instar al CNE a publicar “inmediatamente” las actas de la votación.
Finalmente, Luis Almagro comunicó que pediría una orden de arresto para Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional y el jueves 1 de agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que el país norteamericano considera a González Urrutia como presidente electo de Venezuela y llamó al oficialismo y a la oposición a realizar una “transición pacífica” de poder.
La narrativa del fraude
En las semanas anteriores a las elecciones, se había observado ya una intensa campaña por parte de la oposición y ciertos actores internacionales. Esta estrategia tenía como objetivo principal sembrar dudas sobre la transparencia del proceso electoral, aun cuando el sistema electoral venezolano ha sido reconocido por su robustez, integridad y sofisticación.
Desde mediados de julio, la oposición venezolana, liderada por Corina Machado y secundada por Edmundo González se negó a firmar el acuerdo de garantías electorales acatado por 8 de los 10 candidatos.
A medida que se acercaba la fecha de las elecciones, diversas organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, hicieron declaraciones alertando sobre una supuesta represión y falta de garantías democráticas en Venezuela.
El mismo día de la votación, entre las 5 de la tarde y el momento de entrega del boletín oficial, la oposición comenzó a instalar la idea de que “el gobierno” no le dejaría obtener las actas a los fiscales de mesas. “Venezolanos, esto es hasta el final. Eso significa quedarnos todos en los centros de votación hasta contar los votos y obtener las actas. Haremos prevalecer la verdad y respetar la Soberanía Popular” se expresó en X María Corina Machado, quien utilizó esta red luego para difundir el enlace donde colgó los resultados propios, mientras los sitios vinculados al CNE, se encontraban hackeados.
La ultraderecha internacional, con el protagonismo de Argentina, desempeñó un papel crucial en la narrativa de fraude electoral. A las 9 de la noche del 28 de julio, en un comunicado conjunto los gobiernos de Ecuador, Perú, Costa Rica, Paraguay, Argentina, Uruguay, Panamá y República Dominicana, expresaron: “Consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparentes que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos”.
En Argentina, la canciller Diana Mondino, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri, visitaron la concentración de migrantes y emitieron mensajes de apoyo para ellos en las redes. También antes de conocer los resultados oficiales, Bullrich realizó declaraciones en una entrevista en el canal La Nación+ que daban por ganador a Edmundo González.
El lunes 29, el presidente Javier Milei, posteó: “DICTADOR MADURO, AFUERA!!! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”.
También Mauricio Macri, antes de conocer los resultados oficiales se expresó: “La mayoría de los venezolanos hablaron fuerte y claro: Maduro debe dejar el poder. Ahora las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia y garantizar que se respete la voluntad del pueblo. Llamamos a la comunidad internacional, y en especial a los países de la región que deben velar por el compromiso con la democracia, a no permitir que esta dictadura se perpetúe en el tiempo”.
Entre el bombardeo informativo y las victorias cantadas antes de tiempo la opinión pública perdió de vista las condiciones que el proyecto bolivariano había reunido para ganar las elecciones. La recuperación económica y las políticas sociales del gobierno le han permitido al candidato oficial, Nicolás Maduro, reunir un núcleo duro de votantes. La masiva manifestación a su favor, fue invisibilizada por la prensa internacional, que se dedicó a recortar la realidad venezolana a los focos de violencia y la marcha de la oposición hacia el CNE, que se realizó el 29 de julio.
Sin embargo, no todo fue rechazo en el ámbito de la comunidad internacional. Líderes de países de la región como Cuba, Bolivia Nicaragua y Honduras felicitaron a Maduro después de su victoria, subrayando el apoyo y la legitimidad del proyecto bolivariano en la región. Tanto México, Colombia como Brasil instaron al gobierno a publicar las actas y a llamaron a la comunidad internacional a esperar a que esto suceda.
El sistema electoral venezolano: un bastión de integridad
El software de los procesos de votación, escrutinio y totalización se auditan y certifican con participación de los partidos políticos y observadores.
Además, los centros de votación están sujetos a verificación ciudadana, con previsiones tales como el sorteo de 30 miembros por cada mesa, de los que ejercerán la función 3 de ellos acompañados por los fiscales de cada partido político. Todo ello, bajo minuciosa normativa y reglamentación, con rango constitucional.
La tecnología empleada, proporcionada por Smartmatic, incluye la impresión del voto en papel con características de seguridad avanzadas y la autenticación biométrica, lo que fortalece la integridad del sufragio. Además, el sistema cuenta con una red de transmisión encriptada, aislada de Internet, que asegura la protección de los datos electorales contra posibles ciber amenazas. La combinación de estas medidas, junto con las múltiples instancias de verificación (que cuenta desde el voto físico hasta el acta de totalización) establece un mecanismo confiable y transparente.
Si bien es imposible alterar el contenido de la información transmitida, el ataque cibernético denunciado por el gobierno se dió al disminuir las conexiones y ralentizando el tráfico de información. Era una situación prevista por los organismos de inteligencia y fue solventada, pero no impidió el retraso en la entrega de los resultados.
La organización estadounidense Centro Carter, envió desde junio una misión técnica de observación electoral. En su informe preliminar, habían destacado que el proceso se había llevado a cabo conforme a estándares internacionales. En un segundo informe, sin embargo, la organización del ex presidente estadounidense expresó que la elección “no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede considerarse democrática» y que «el Centro Carter no puede verificar ni corroborar los resultados de las elecciones» debido a que el CNE no ha anunciado los resultados desglosados por mesa electoral lo que “constituye una grave violación de los principios electorales».
La ley estipula que la autoridad electoral venezolana cuenta con 30 días para publicar los resultados desagregados por mesa y a la fecha, no ha pasado una semana de los comicios. La página del CNE continúa hackeada.
La doble vara de la comunidad internacional
La respuesta internacional hacia Venezuela contrasta de manera notable con otros casos en América Latina. En El Salvador, bajo la administración de Nayib Bukele, se han reportado serias dudas sobre la transparencia de un proceso electoral que requirió previamente una modificación constitucional y que con una participación más baja que la de Venezuela dio vía libre al presidente para repetir mandato y hacerse del control casi completo del Congreso. El respeto a los derechos humanos, en aquel país, en el que se contabilizan más de 3000 detenciones arbitrarias, a partir de las políticas de seguridad y el uso del estado de excepción permanente, es otra de las cuestiones que la comunidad internacional prefiere callar. Igualmente, en Panamá, un proceso electoral ocurrió este año con la inhabilitación de Ricardo Martinelli, un caso que no generó el mismo nivel de cuestionamiento internacional.
La narrativa de fraude en las elecciones venezolanas también puede contrastarse con las elecciones estadounidenses de 2020. Es importante recordar que, en Estados Unidos, autoproclamados paladines de la democracia y la libertad, los sistemas de votación son gestionados a nivel estatal (y no federal), lo que resulta en una variedad de tecnologías y procedimientos. Esta diversidad puede llevar a inconsistencias en la administración y verificación de votos. En las elecciones presidenciales de 2016, Donald Trump fue electo en medio de una serie de controversias y acusaciones de fraude, tanto en relación con la interferencia de Rusia como sobre la veracidad de los resultados. A pesar de las investigaciones y auditorías, las tensiones en torno a la integridad del proceso reflejan las vulnerabilidades inherentes en un sistema descentralizado y sujeto a múltiples interpretaciones y procedimientos.
No es nueva la situación en la que la comunidad internacional, entrampada en valores y requisitos que pocos países podrían cumplir al pie de la letra, exige a la República Bolivariana de Venezuela que dé explicaciones, compruebe doblemente o presente las actas (algo que ningún sistema electoral del mundo contempla hacer dentro de sus procedimientos regulares y en caso de excepcionalidades, no logra hacer el mismo día o el día después de las elecciones).
La profunda disputa, por quién controle el destino del territorio venezolano, suelo bajo el cual reposa la reserva de petróleo convencional más grande del mundo, es muy profunda, claro está y poco tiene que ver con defender el concepto de democracia, bastante malogrado ya por muchos países de la comunidad internacional.
La batalla por Venezuela
Por Valerio Arcary
Las acusaciones de fraude, la movilización de la extrema derecha y el papel del imperialismo reflejan una Venezuela profundamente fracturada, donde la lucha por el poder se enmarca en un contexto de crisis social y económica, y el destino del país parece oscilar entre la continuidad del régimen actual y el peligro ultraderechista.
El representante del capital no necesita más del 20% de los votos para gobernar: ¿no tiene la burguesía los bancos, los trusts, (…) los ferrocarriles? Más arriba hemos visto la relación de fuerzas en su aspecto parlamentario. Pero esto no es más que un espejo curvo. La representación parlamentaria de una clase oprimida disminuye considerablemente su fuerza real y, a la inversa, la representación de la burguesía, incluso en vísperas de su hundimiento, siempre está enmascarada por su fuerza imaginaria. Sólo la lucha revolucionaria revela la verdadera relación de fuerzas. En la lucha directa e inmediata por el poder, el proletariado (…) desarrolla una fuerza que supera con mucho su expresión parlamentaria.
Trotsky
El CNE (Consejo Nacional Electoral), organismo subordinado al Gobierno, anunció que Maduro había ganado las elecciones y, al día siguiente de los comicios, formalizó su designación. La oposición de extrema derecha denuncia fraude y anuncia que obtuvo un 70% de los votos. Si bien es justo exigir que el Consejo Nacional Electoral publique el resultado final del 100% de los votos y publique las actas, la carga de la prueba del fraude recae en quienes cuestionan la imparcialidad del recuento. La mera sospecha no basta. Hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba categórica. Aunque es esencial que se hagan públicos todos los datos, la suposición de fraude por parte de la campaña de la oposición de extrema derecha no debería bastar por sí sola para que se posponga indefinidamente el reconocimiento de la victoria de Maduro.
No es necesario embellecer al régimen, que es autoritario y ha reprimido tanto a las fuerzas reaccionarias que quieren derrocarlo como silenciado y proscrito a las corrientes de izquierda que se apoyan en la clase trabajadora, para admitir la victoria de Maduro. Aunque bonapartista, el régimen tiene una base social indiscutible. Aunque el PSUV es monolítico, y Nicolás Maduro es un caudillo, incluso un poco caricaturesco, tienen una implantación social incuestionable. Es más, es previsible que, en alguna escala, un voto no «madurista» sino antifascista y antiimperialista beneficiara a Maduro. El país está fracturado social y políticamente. La oposición neofascista también tiene una base social, y ha atraído votos anti-Maduro que no son de extrema derecha, y ha demostrado en las calles que tiene apoyo. Este apoyo no debería sorprendernos, teniendo en cuenta el asedio económico que ha estrangulado a Venezuela, en diferentes niveles de intensidad, durante los últimos diez años.
Así como no es razonable idealizar al régimen, tampoco es prudente idealizar la experiencia «chavista» como un proceso ininterrumpido de construcción del «socialismo del siglo XXI». El gobierno de Maduro ha asumido un proyecto de regulación estatal nacionalista del capitalismo con reformas sociales. Nunca hubo un proceso de ruptura anticapitalista como el de Cuba en 1961. La situación social es muy grave, con altos niveles de pobreza y desempleo que explican la emigración de al menos el 20% de la población. El bloqueo imperialista no es el único factor del colapso económico y social, porque el gobierno no es inocente ante la creciente desigualdad social, pero es abrumadoramente el más importante. Antes de la elección de Chávez en 1998, las condiciones de vida de la mayoría del pueblo eran dramáticas. Hoy, Venezuela está al borde del peligro de una guerra civil.
El análisis del resultado de las elecciones no puede reducirse a una consideración ingenua, strictu sensu, de los procedimientos jurídico-electorales. No debemos olvidar que incluso en los países donde los regímenes liberal-democráticos han adoptado las formas más avanzadas, la lucha de las fuerzas populares se enfrenta a obstáculos. El poder del capital manipula el sufragio, porque el control de la riqueza facilita el control del poder. Las elecciones pueden ser más o menos libres, pero la expresión de la voluntad popular siempre está distorsionada por la fuerza social, como el dominio de los medios de comunicación o la manipulación de las redes sociales, hasta cierto punto. Un análisis marxista debe evaluar la dinámica política y social del conflicto.
La decisión de María Corina Machado de intentar promover una movilización de masas desde el cierre de las urnas con acciones violentas e incendiarias para defender la autoproclamada victoria de Edmundo González forma parte de una estrategia golpista que no fue improvisada. Los criterios para caracterizar las movilizaciones, según la brújula marxista, son, esquemáticamente, cuatro: (a) se evalúan las tareas político-económicas que se plantean al país, es decir, el contenido histórico-social del programa de movilización, tanto si el sujeto social es consciente de estas tareas como si no lo es; (b) se estudia quién es el sujeto social, es decir, las clases o bloque de clases que se han unido para salir a la calle y protestar; (c) se identifica la dirección política de las movilizaciones, el sujeto político; (d) por último, los resultados, es decir, el desenlace del proceso.
El programa de las movilizaciones de la oposición de extrema derecha es el derrocamiento del gobierno de Maduro. Pero no se trata de una «revolución democrática» contra una tiranía. Si María Corina y Edmundo González toman el poder, la imposición de un régimen dictatorial sería inexorable. Lo que está en juego es un realineamiento de Venezuela con EEUU, como una semicolonia, la privatización de PDVSA y la entrega de las mayores reservas de petróleo a las grandes corporaciones petroleras, así como el encarcelamiento de dirigentes chavistas y la represión de las organizaciones populares. Un programa contrarrevolucionario. No debe impresionarnos si son más o menos masivas. Recordemos las manifestaciones de los «amarelinhos» en Brasil en 2015/16 para derrocar al gobierno de Dilma Rousseff, denunciando que sólo el fraude podía explicar cómo Aécio Neves fue derrotado en las elecciones de 2014. El programa de denuncia del fraude también se llevó a cabo en 2019 en Bolivia contra la reelección de Evo Morales, y sirvió de detonante para el golpe de Estado policial-militar. El sujeto social es la burguesía «histórica» y la mayoría de la clase media, aunque a las calles salgan también sectores populares. La dirección política es indudablemente neofascista. Los resultados sólo pueden ser una derrota histórica para la lucha de los trabajadores y el pueblo y la aniquilación de la izquierda por una generación.
En definitiva, Venezuela está siendo convulsionada por una movilización contrarrevolucionaria dirigida a un derrocamiento insurreccional del gobierno de Maduro. El 29 de julio hubo marchas, acciones de grupos para derribar estatuas de Hugo Chávez en diferentes lugares y saqueos. El martes 30 de julio, Edmundo González y Maria Corina convocaron una manifestación en el centro de Caracas y lograron reunir a decenas de miles de personas. El país está profundamente fracturado, social y políticamente. Las concentraciones, como en EEUU, encabezadas por Trump, y en Brasil, por Bolsonaro, buscaban subvertir el resultado electoral. Pero Venezuela está aislada internacionalmente, porque el gobierno de Maduro defiende una inserción independiente. La elección en Venezuela nunca ha sido entre dictadura o democracia. Estados Unidos y la Unión Europea han sido y son cómplices de regímenes dictatoriales y autoritarios en todos los continentes. Pero nunca ha habido la menor injerencia contra los jeques de Arabia Saudí, otro gran productor de petróleo. Pero en Venezuela lo han intentado todo para derrocar primero a Chávez y luego a Maduro. ¿Por qué? Porque quieren reducir el país a la condición de semicolonia y tener acceso irrestricto a sus reservas de petróleo.
TOMADO DE jacobinlat.com, 01.08.24
La victoria de Nicolás Maduro y el golpismo latente
Por Carlos Fazio
Lo volvió a hacer. El chavismo bravío lo volvió a hacer. En medio de una campaña mediática de intoxicación (des)informativa y una guerra comunicacional de última generación en la que participó el propio Elon Musk −el megamillonario sudafricano residente en Estados Unidos y propietario de X, antes Twitter− como “padrino” de la extrema derecha venezolana, las bases bolivarianas volvieron a ganar otra batalla, esta vez en las urnas: Los votos le ganaron a los bots y a Elon Musk.
Pero la guerra sigue. En su fase actual, se trata de una guerra híbrida que utilizó las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio como instrumento para impulsar un golpe de Estado oligárquico, contrarrevolucionario y de características fascistas, tutelado por Washington a través del Departamento de Estado; la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono, y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque algo limitada esta última porque tiene que operar desde la Embajada de EU en Colombia, con la colaboración del lobby cubano-estadunidense de Miami, Florida, con Marco Rubio y el senador Bob Menéndez (declarado culpable de 16 cargos penales debido a “un caso clásico de corrupción a gran escala” según dictaminó la corte federal) a la cabeza.
Una conspiración que contó, además, con la complicidad de la ultraderecha cartelizada de Europa y América Latina, y de los presidentes de Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay, que intentan reeditar al fenecido Grupo de Lima como instrumento de la política de ‘cambio de régimen’ Made in USA.
El objetivo: imponer un régimen paralelo con Edmundo González Urrutia, el testaferro de María Corina Machado, como mascarón de proa; una suerte de Juan Guaidó 2.0, en referencia al autoproclamado “presidente encargado” sin elecciones de por medio, un fantoche producto de laboratorio de las fábricas de élite y de las políticas desestabilizadoras de Washington, implantado a golpes de twitter por el ex presidente de EU, Donald Trump, y los guerreristas y supremacistas del ‘gobierno en las sombras’ (Deep State) que le rodeaban en la Casa Blanca: John Bolton, Mike Pompeo y el criminal de guerra convicto del caso Irán-Contras, Elliot Abrams.
Así, podría decirse que si la fracasada asonada cívico-militar del 11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez constituyó el primer golpe mediático del Siglo XXI (a partir del papel clave jugado por los tres principales conglomerados privados locales: Venevisión, del magnate Gustavo Cisneros; Globovisión, bajo la batuta de Alberto Federico Ravell, y Radio Caracas Televisión [RCTV]), la actual intentona en curso constituiría un golpe digital en redes al estilo Maidan en Ucrania, en 2014, pero actualizado con tecnologías sofisticadas.
En realidad, se trata de un golpe de Estado continuado que sigue el esquema de las ‘revoluciones de colores’ (golpe suave) de Gene Sharp, que desde junio pasado comenzó a manufacturar en las llamadas redes sociales y los medios oligopólicos privados una metarealidad mediante la difusión de noticias falsas (fake news) y distorsionadas matrices de opinión, que adaptando la técnica militar del enjambre a las plataformas comunicacionales, “posicionaron” al candidato de la ultraderecha, Edmundo González, más de 30 puntos arriba del aspirante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, en busca de su reelección.
Una guerra comunicacional asimétrica estratégica, que sigue los parámetros de la Doctrina Conjunta de Operaciones de Información del Pentágono, que combina el empleo integral de la guerra electrónica, las operaciones psicológicas (PSYOP), las operaciones en las redes de computadoras y celulares (guerra cibernética) y la decepción militar, como herramientas de manipulación y de fabricación de una determinada percepción de la población nativa y las audiencias del exterior, a lo que se sumaron desde junio pasado sabotajes contra el sistema eléctrico e infraestructura crítica, intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y un blackout informativo sobre sus actividades de campaña.
Apagón informativo protagonizado, también, por las agencias noticiosas internacionales y los consocios mediáticos hegemónicos occidentales (entre ellos, Bloomberg, CNN, Reuters, EFE, AFP, The New York Times, France 24, Euro News, los diarios El País, ABC y El Mundo de Madrid y El Universal y El Nacional de Caracas), que a partir de invisibilizar y prácticamente ‘cancelar’ al candidato del Gran Polo Patriótico, fueron configurando un universo paralelo al margen de la realidad. Para ello, ocultaron y/o desestimaron otros sondeos demoscópicos como los de Hinterlaces, ICS, Dataviva e Ideadatos, que ubicaban al presidente Maduro como eventual triunfador de los comicios.
Según alertó un par de días antes de la jornada electoral el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el plan consistía en cantar “fraude” en la tarde del día de los comicios desde un centro paralelo ubicado fuera del territorio venezolano, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único árbitro de los procesos comiciales. Desde ese lugar ubicado en Miami, los conspiradores golpistas se conectarían a lo que la oposición dirigida por la golpista María Corina Machado llamó la “transmisión oficial”.
Prácticamente hasta las 5 de la tarde del domingo 28 de julio (una hora antes del cierre de las casillas), la jornada estuvo caracterizada por un clima de paz, tranquilidad y absoluta normalidad, además de fervor cívico y una masiva participación ciudadana. En los distintos canales de televisión, los diez candidatos, incluido el de la Plataforma Unitaria, Edmundo González, ponderaron la jornada electoral como un ejercicio democrático y pacífico, como una fiesta cívica; y todos destacaron la eficiencia del sistema electoral y su rapidez: menos de un minuto en sufragar.
Avanzada la tarde existía una gran expectativa por el primer informe que debía emitir el Consejo Nacional Electoral después de las 22 horas, aproximadamente. Pero fue casi hacia la primera media hora del lunes 29 de julio, que el CNE emitió su primer veredicto, al declarar que con el 80 por ciento de los votos escrutados Nicolás Maduro era el vencedor con el 51.20 por ciento de los sufragios, siete puntos arriba del opositor Edmundo González.
Ya entonces había comenzado una nueva fase de la intentona golpista, con la puesta en marcha de una operación psicológica de gran envergadura, propia de la guerra híbrida, en el marco de la cual grupos de guarimberos violentos, motorizados, buscaron calentar las calles e incendiar y caotizar el país, provocando disturbios y actos vandálicos en varios estados de la República, mientras en las redes sociales circulaban con gran profusión videos y noticias falsas de hechos ocurridos en años anteriores.
Asimismo, con el paso de las horas se dilucidaría por qué el CNE había declarado la victoria irreversible de Maduro sin completar el 100% de los sufragios: los nodos del sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral habían sufrido un ataque cibernético masivo para que no hubiera resultados esa noche y María Corina Machado pudiera “declarar” vencedor a su prestanombres, Edmundo González.
El ataque para provocar un “apagón electoral” había sido lanzado desde Macedonia del Norte, un pequeño país de las ex Yugoslavia, en los Balcanes, donde un grupo de hackers se ha especializado en delincuencia cibernética a través de granjas de bots (y todavía el martes 30, ya entrada la noche, continuaba). Como parte del sabotaje cibernético que relentizó el sistema de transmisión, el fiscal identificó a dos venezolanos prófugos de la justicia: Lester Toledo y Leopoldo López, y también a la lideresa de Vente Venezuela, María Corina Machado.
Pasado el mediodía del lunes 29 de julio, después de recibir las credenciales del presidente del CNE que lo acreditaban para un nuevo mandato de seis años (enero 2025-2031), el presidente Nicolás Maduro dijo que el nuevo intento golpista era protagonizado desde el exterior por los líderes de la industria de la contrarrevolución Juan Guaidó, Antonio Ledesma, Julio Borges y Leopoldo López. También dijo que el fascismo no entiende de diálogo ni democracia y se le combate con la ley y la Constitución. Y acusó a Elon Musk, el dueño de X (ex twitter), de ser el “padrino” de la extrema derecha venezolana y de financiar y estar detrás de la desestabilización y las campañas de odio, respaldando la ideología fascista de María Corina Machado. Asimismo, aseveró que el Pentágono crea nuevas tecnologías, y personajes como Musk y Zuckerberg ponen la cara.
Por la noche del martes 30, la unión cívico-militar-policial había recuperado las calles y el país estaba en aparente calma. Las autoridades anunciaron la detención de 730 guarimberos (entre ellos 10 líderes), acusados de terrorismo. En el saldo reportado de los disturbios callejeros figuraban un oficial muerto por disparo y 23 militares heridos. Muchos de los detenidos eran venezolanos repatriados que tenían preparación militar; 90 por ciento estaban drogados y 80 por ciento tenía antecedentes penales.
Un día antes, en una drástica e inesperada decisión, Nicolás Maduro anunció el rompimiento de relaciones con Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay. El mensaje fue obvio: Venezuela va a negociar directamente con Estados Unidos, no con gobiernos peleles.