Punto de inflexión
Publicado el 22/05/24 a las 6:04 am
Por Daniel Gerhard
El pasado martes 7 de mayo fue un día relevante para el debate político, incluso dentro del frenteamplismo. Carolina Cosse, nuestra precandidata a la Presidencia de la República, puso en el centro de la discusión la cuestión de la convivencia y la seguridad pública, pero no ingresó al tema anunciando nuevas cárceles y equipamiento policial.
En las últimas décadas, cada vez que incursionamos en el debate sobre seguridad, hemos quedado atrapados por un dogma de la derecha: el combate al delito a través de las fuerzas policiales y el aumento generalizado de las penas eran la llave para frenar la curva ascendente de todo tipo de violencias y apartamientos de la ley. En esa deriva ingresaron también nuestros gobiernos, y ni hablar el actual gobierno de coalición. El resultado de este abordaje no admite otra calificación que la de absoluto fracaso: vivimos una sociedad cada vez más violenta y nuestra población carcelaria aumentó casi un 300% en lo que va del siglo. Sin embargo, son pocas las veces en que una candidatura a la Presidencia se atreve a complejizar el tema y desarrollar propuestas que vayan más allá de las habituales promesas de represión del delito, es decir de insistir en el camino fracasado que no hemos dejado de recorrer como sociedad.
Necesitamos evitar la violencia del delito antes de que ocurra, para eso debemos actuar de forma contundente sobre los contextos que la generan, y allí está el corazón de la primera entrega del Plan País, que con ese objetivo incluye medio centenar de propuestas de todo tipo, enmarcadas en el programa de gobierno del Frente Amplio. No las vamos a enumerar, pero sí nos detendremos en su denominador común: estar presentes. Estar presentes como Estado y como comunidades, recuperando espacios y multiplicando oportunidades. Esto no implica en absoluto dejar a un lado la labor policial pero sí demanda no delegar en este cuerpo toda la tarea. Incluso en el Plan se aborda un emergente muy doloroso dentro de la institución como es la alta tasa de suicidios y los problemas de salud mental en general, reforzando el acompañamiento y la asistencia profesional.
El Plan País, además de incluir decenas de propuestas inmediatas para aliviar la vida de quienes la pasan peor y para desarrollar más presencia pública allí donde urge, allí donde gana terreno el narco, también aborda un tema fundamental que es la reincidencia de las personas privadas de libertad. La misma asciende al escandaloso 75% y para revertir esta situación se asume el compromiso de desplegar nuevos planes de acompañamiento, tanto previos al egreso como post salida en libertad. A su vez se anunció la derogación de dos artículos de la LUC claves, uno referido al microtráfico, que llevó a muchas mujeres a la cárcel, y otro que habilita grandes pagos (más de 100 mil dólares) en efectivo, entorpeciendo los controles sobre lavado de activos. Estos dos artículos, que casi logramos derogar mediante el referéndum, son una evidencia más de como este gobierno reprimió al eslabón más débil de la cadena y a la vez le abrió la canilla a los grandes narcotraficantes.
El Plan País es una buena noticia para los de abajo, para los sectores populares y las capas medias, para quienes padecieron los recortes en salud o nunca pudieron alquilar una casa. Los anuncios abren una esperanza para ese medio millón de trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 25.000 pesos. Pero, además, la primera entrega de este Plan, fue un punto de inflexión en el debate sobre seguridad y convivencia.
Sigamos por este camino.
