El agua como derecho. La última frontera de identidad
Publicado el 24/07/23 a las 4:58 pm
Por Augusto César
Se dice que el ser humano se acostumbra a las peores situaciones; en los últimos días, solo se puede llegar a la conclusión que los uruguayos no solo aguantamos con una pasmosa resignación, sino que tendemos a justificar lo inexplicable; y reaccionamos con particular encono con quien nos advierte de nuestra ruina.
Este seguro será tema de estudio que algún cientista social adoptará para dirimir si es el resultado de un exitoso mecanismo de disciplinamiento o la simple indolencia crónica de una sociedad provinciana.
Hace meses nos enfrentamos a una Emergencia Hídrica, que el Gobierno sólo reconoció cuando llegamos al “Día Cero” –concepto citado por el investigador Eduardo Gudynas en referencia a la crisis del agua potable en Ciudad del Cabo, en 2018.
A diferencia del drama africano, donde se activó un plan de contingencia cuando la reserva cayó al 13,5%, Paso Severino estuvo por debajo del 3% y sin embargo, el Poder Ejecutivo no decretó medidas drásticas; apenas activó un mecanismo de endeudamiento que permite saltarse controles de las compras estatales.
Pero esta dimensión política del asunto, que a menudo es banalizada o presentada como distante por medios de comunicación y referentes políticos, al grito de: “por qué no hicieron obras en el gobierno del FA”, tiene un efecto directo en la población. Es que, más que otras veces, es la demostración palmaria de la violación de un derecho humano, el del acceso al agua potable, recurso indispensable para la vida.
La situación trascendió fronteras y la ONU manifestó su preocupación por el deterioro de la calidad del agua que afecta a más del 60% de la población. Los expertos internacionales señalan que especialmente afecta a grupos vulnerables, como la niñez y adolescencia, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas. Esto es reconocido por las autoridades de la salud que recomiendan no consumir el agua de OSE.
Para ONU, la recomendación de comprar agua embotellada para beber, genera el riesgo de privatización de facto del agua para consumo humano.
El daño ya está en marcha: una médica de una zona vulnerable de Montevideo recibe en la consulta a una mujer preocupada por los dolores de panza de su hija pequeña. La madre, muy angustiada, le explica a la doctora que está sola con dos niños a cargo y que apenas puede darles de comer. “No alcanza para comprar agua, tengo que elegir…”, dice cargada de culpa, mientras la profesional intenta explicarle que no es su culpa pero sabe que el dolor persiste. En Malvín Norte, es una adulta mayor la que se acerca y explica, entre llantos, que por su enfermedad no le corresponde agua según recetan en la policlínica. La impotencia gana a la médica que tiene que disimular para calmar a quien no puede ayudar.
El acceso al agua de calidad está consagrado en nuestra Constitución desde 2004 por una mayoría abrumadora de uruguayos. Nos enseñaron que el agua era una de las riquezas.
Hasta ahora la respuesta del Gobierno es la descalificación y el enojo contra los expertos y la oposición. No podemos naturalizar una violación de nuestros derechos.
Tomado de CHISPA 13.