domingo 26 de junio, 2022

Balance crítico desde la perspectiva de la justicia ambiental

Publicado el 05/06/22 a las 10:41 am

REDES-AT Uruguay

Como cada año, el 5 de junio conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente y aprovechamos para reflexionar acerca de las crisis socio-ambientales y la perspectiva de justicia ambiental que promueve y por la cual trabaja REDES-Amigos de la Tierra Uruguay. Este año este ejercicio es especialmente relevante cuando se cumplen 50 años de la primera conferencia multilateral, realizada en Estocolmo, donde el centro del debate fue la problemática ambiental.

La perspectiva de la justicia ambiental guarda en su seno no sólo el reconocimiento de la existencia y la gravedad de la crisis estructural multidimensional que amenaza la sustentabilidad de la vida, sino que plantea una fuerte crítica al modelo económico y de producción de carácter depredador, concentrador y excluyente que la genera y la reproduce. También se centra en las injusticias que están en el origen de la crisis y en cómo sus impactos negativos se distribuyen en forma muy desigual entre distintos grupos sociales, afectando en mayor medida a quienes tienen menor responsabilidad en generar esa crisis.

Los principales problemas ambientales del Uruguay han estado históricamente vinculados a la producción agropecuaria dado el perfil productivo de nuestro país. En las dos últimas décadas se dio el mayor crecimiento de la superficie agrícola de la mano del boom sojero y se intensificó el modelo forestal-celulósico. Como consecuencia se dieron transformaciones muy importantes en la estructura productiva y social del agro uruguayo, incluyendo el proceso de extranjerización y concentración de la tierra más intenso de nuestra historia post colonial. La cadena agroalimentaria se oligopolizó en todos sus eslabones, hubo un fuerte desplazamiento de la producción familiar, y la gestión de la tierra y el territorio quedó cada vez más en manos de grandes grupos económicos y empresas transnacionales.

El modelo del agronegocio que se ha impuesto en los territorios de nuestro país es claramente responsable de generar y exacerbar la crisis socio-ambiental y atentar contra la realización de derechos fundamentales. Dicho modelo ha provocado el deterioro de nuestros cursos de aguas, en particular por contaminación y la eutrofización, pero también por alterar el ciclo hidrológico. Lamentablemente, otras consecuencias, como el impacto en la salud de la población por la intensificación del uso de agrotóxicos, no tienen el grado de visibilidad que deberían, a pesar del trabajo tenaz y las denuncias de las comunidades afectadas.

El Estado tiene un gran debe, tanto en el diagnóstico de la situación, como en la prevención y la garantía de justicia para las damnificadas/os, mayoritariamente quienes viven en el medio rural. Ello a pesar de que nuestro país firmó y ratificó el Acuerdo de Escazú, sobre acceso a la información, participación efectiva y acceso a la justicia.

Los incendios forestales, que significaron una brutal tragedia para quienes viven y producen en las zonas próximas a los monocultivos de las empresas forestales, reflejan también la pasividad y falta de control del Estado sobre el accionar de las empresas transnacionales responsables, que gozan de total impunidad, al tiempo que las víctimas no tienen ninguna garantía de acceso a la justicia y a reparaciones.

Reconociendo la importancia de ese trabajo de base en defensa del territorio, estuvimos junto al Grupo de Guichón en Defensa de los Bienes Naturales el 3 de junio, en un seminario en Guichón que permitió denunciar los procesos de contaminación y la impunidad de las empresas responsables, y reivindicar la necesidad de acceso a la justicia, incluyendo un Tratado Vinculante de Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos.

La Reforma Constitucional del Agua bajo ataque

Uruguay ha sido pionero en América Latina en incluir el derecho humano al agua y al saneamiento dentro de la Constitución de la República en un plebiscito histórico en 2004, cuando el pueblo uruguayo se expresó como constituyente. La reforma constitucional consagró el control público del agua potable y saneamiento y revirtió los procesos de privatización de los servicios de agua potable y saneamiento.

A veinte años del inicio del debate sobre los impactos de la privatización del agua y la necesidad de una gestión sustentable y participativa de las cuencas hidrográficas, que condujo a la reforma constitucional del 2004, nos enfrentamos a nuevas iniciativas que cuestionan la decisión de nuestro pueblo y socavan lo consagrado en nuestra Constitución.

Al amparo de la Ley 17.555 del 2002 llamada de “reactivación económica”, OSE ha invitado al sector privado a presentar iniciativas en proyectos que abarcan competencias del ente. Dentro de estas, la más conocida es el Proyecto Neptuno, que fue anunciado por el Presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General y que tiene un importante grado de avance: a fines de abril se dio por aprobado el proyecto de factibilidad y actualmente se está dentro del plazo legal de 120 días que prevé la ley 17.555 para abrir el llamado a licitación que vencerá a fines de agosto.

El proyecto fue presentado por el Consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Saccem, Berkes, Ciemsa, Fast. A su vez, OSE contrató a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y a MEKOROT (empresa de abastecimiento de agua potable originaria de Israel que ha sido denunciada a nivel internacional por violar el derecho al agua del pueblo palestino) para la evaluación y reevaluación del Proyecto Neptuno.

Asimismo, ha trascendido que existen otras iniciativas de privados, incluyendo dos plantas desalinizadoras en el Río de la Plata -una sobre la Costa de Oro, iniciativa presentada por la trasnacional francesa Veolia, y otra para la provisión de agua potable a La Barra y José Ignacio en Maldonado, esta última presentada por PAFED SRL, como representante de IDE Technologies de Israel. También está la iniciativa para el tratamiento de lodos en Aguas Corrientes presentada por TEYMA y Degremont (del Grupo Suez, Francia) y una iniciativa para la eliminación de arsénico en aquellos servicios que no se encuentren ajustados a los mínimos permitidos, que presentó TAFICOR.

La reforma aprobada en 2004 establece claramente que los servicios públicos de agua y saneamiento deben ser prestados exclusivamente por personas jurídicas estatales, y por lo tanto los consagra como servicios públicos no privatizados, y los eleva a la categoría de derecho humano. Este control en manos de personas jurídicas estatales, es decir públicas, incluye la gestión del servicio de potabilización y de distribución del agua. Al promover iniciativas como el proyecto Neptuno, controladas por privados, se establecen fisuras al marco normativo que se estableció con la reforma de la Constitución y se intenta imponer nuevamente la privatización del agua contra la voluntad popular. Las fisuras no constituyen vacíos legales. La Constitución es muy clara. Las fisuras constituyen rupturas y violaciones a lo establecido en la normativa.

Además, el hecho de que los tres proyectos presentados por privados para potabilización de agua se basen en la extracción del Río de la Plata, genera otra señal de alarma. Esto implica un cambio de política, que abandona la responsabilidad de garantizar la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas como lo establece la Constitución. El principal argumento del gobierno para llevar adelante estos proyectos es que la calidad de las aguas está altamente comprometida y que no se sabe si se puede revertir. En lugar de apostar a la recuperación de las cuencas, el gobierno nacional deja que continúe el proceso de deterioro, y abre la puerta a proyectos muy cuestionables desde el punto de vista ambiental, que además conducirán a procesos de privatización.

Por eso afirmamos que estos proyectos violan claramente el artículo 47 de la Constitución, por no tomar medidas claras para la gestión sustentable de nuestros recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico; por no priorizar el uso del agua de la cuenca del Santa Lucía para el abastecimiento con agua potable de la población, lo que viola el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento debe hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico; porque no han pasado por ninguna instancia de participación, a lo que se suma la intervención de personas jurídicas no estatales, como ya se mencionó.

De esta manera, el gobierno está renunciando a un compromiso con las generaciones presentes y futuras de cuidar un bien común esencial para la vida como es el agua dulce, comprando las condiciones y los formatos de negocio que presentan empresas privadas -cuya prioridad está orientada al lucro- como supuestas “soluciones” a un problema socioambiental. Preocupa también el regreso de una trasnacional como Suez que fue expulsada de Maldonado después de la reforma constitucional del 2004 y el desembarco de trasnacionales como Veolia o Mekorot, con los nefastos antecedentes que tienen en su haber.

Intentos por desvirtuar y cooptar la agroecología

La Agroecología ha sido defendida históricamente por las organizaciones que promueven y construyen la Soberanía Alimentaria, como una herramienta transformadora tanto en lo ambiental como en lo social. La Agroecología tiene como objetivo un manejo ambiental y socialmente justo de los agroecosistemas, pero además vincula las propuestas tecnológicas con las relaciones sociales que se quieren promover, y reconoce como sujetos principales de su desarrollo a la agricultura familiar y campesina.

En ese marco, una serie de organizaciones impulsaron desde el año 2015 la discusión y aprobación de una ley que sentara las bases para una política pública de promoción de la Agroecología. Esa ley fue aprobada en diciembre de 2018 y el instrumento para la generación de esa política se denominó Plan Nacional de Agroecología (PNA). La ley 19.717 establece que es “de interés general la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica, tanto en estado natural como elaborados, con el objetivo de fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria, contribuyendo al cuidado del ambiente, de manera de generar beneficios que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la República”. Define como sujetos principales “los productores familiares agropecuarios, así como los sistemas de producción agrícola urbana y suburbana”.

Lamentablemente, en el último año se ha dado una fuerte puja en torno a la definición de la agroecología, entre las organizaciones que impulsaron la ley y tienen una reconocida trayectoria en el desarrollo de la agroecología en el Uruguay, y el gobierno. Además de catalogar los planteos de la Agroecología como ideológicos y por lo tanto presionar para lograr la eliminación de la dimensión de la justicia social y de la crítica al agronegocio, el actual gobierno no ha incluido en el presupuesto los recursos públicos necesarios para la implementación del Plan. En cambio, el gobierno firmó un acuerdo con el Banco Mundial para financiar un proyecto de “Transiciones Agroecológicas” que va a poner el acento en las cadenas agroexportadoras. Aquí se da una disputa de sentidos dado que los propósitos, metodologías y resultados que se esperan de este proyecto, son contradictorios con los propósitos que dieron origen al PNA.

Pero las/os productoras/es familiares agroecológicos siguen construyendo la soberanía alimentaria y la agroecología en diversos territorios de nuestro país, cultivando día a día alimentos saludables en sus sistemas de producción diversificados, y tejiendo una relación de mutuo compromiso con consumidoras/es. Eso es lo que vivimos y celebramos este domingo 5 de junio en la Feria Agroecológica del Parque Rodó. Allí co-organizamos junto a las/os productoras/es que sostienen la feria y la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, una rica jornada de radio en vivo para compartir testimonios y reafirmar que son estas/os productoras/es quienes nos garantizan alimentos saludables y al mismo tiempo cuidan los territorios y el ambiente.

Derecho a la tierra amenazado

Todo lo anterior va acompañado del debilitamiento de herramientas, como el Instituto Nacional de Colonización (INC), que hacen posible el derecho a la tierra y una gestión más democrática y cuidadosa del territorio en manos de la producción familiar. El INC es un organismo público que gestiona tierras públicas facilitando el acceso a predios a productores/as que no podrían acceder a través del mercado. Se define a sí mismo como implementador de una política pública de redistribución equitativa de la tierra, fundamentada en el reconocimiento de la función social de la tierra.

Los últimos movimientos presupuestales, así como los cambios legislativos promovidos y aprobados por el actual gobierno de coalición en la Ley de Urgente Consideración (LUC), cuestionan los cometidos mismos del INC. El artículo 357 de la LUC redujo la cartera de tierras afectadas al Instituto. Tal como alertaba el sindicato de funcionarios del INC –AFINCO– esto significa pasar a la órbita del “mercado unas 120.000 hectáreas que actualmente forman parte de colonias establecidas hace muchos años, y si bien son propiedad de colonos/as, el INC mantiene regulación sobre éstas, y su intermediación impide que empresas no vinculadas al agro, en muchos casos multinacionales, especulen con la tierra como si fuese un recurso financiero”. En tanto, el artículo 358 de la LUC eliminó la obligación de trabajar directamente las fracciones de tierras y eximió de la obligatoriedad de residencia a quienes reciben tierras del INC.

Crisis y falsas soluciones

El avance de la crisis climática y ambiental es incuestionable en todo el mundo. Los impactos de esta crisis no van a disminuir si no se toman definiciones políticas de corto, mediano y largo plazo. Pero no todos los actores están dispuestos a enfrentar con soluciones reales la crisis climática y ambiental. Actores empresariales y en gran medida de carácter transnacional siguen beneficiándose de negociaciones gubernamentales que plantean al mercado como solución. Por eso desde REDES-AT no solo planteamos que los responsables por la crisis climática no pueden ser parte de la solución, sino que sus propuestas constituyen falsas soluciones.

La transición energética es un enorme desafío para los países de nuestra región. Si bien la transformación de la matriz energética ha sido un paso fundamental que inició Uruguay en los últimos años, el cuestionamiento sobre el acceso a la energía como derecho y la propiedad y control público de la misma sigue siendo un debate abierto. En la actualidad, este debate se vuelve aún más urgente porque la tendencia que ha marcado el gobierno es a privilegiar la relación con el capital transnacional, las inversiones extranjeras fuertemente transnacionalizadas y la venta de bienes comunes como mercancías. Cambiar las fuentes de energía es fundamental en un contexto de crisis climática que ya está generando impactos severos, y la incorporación de fuentes renovables es una parte clave de la respuesta. Sin embargo, no es cualquier política energética la que abordará los desafíos de enfrentar la crisis climática. Corremos el riesgo de continuar por la senda de beneficiar el uso de los bienes comunes como mercancía y la apertura y control de estos bienes por parte del capital transnacional.

Vivimos un contexto regional y global de narrativas engañosas que en lo discursivo pretenden atender la urgencia de la crisis climática, pero que en el contenido y en la forma lo único que hacen es proponer más mercado, más negocios y más lucro.

Los países del Sur global son los más vulnerables a la crisis climática y estamos presenciando los efectos de esta crisis en nuestro país. Las respuestas no estarán nunca en el mercado. Asegurar y proteger los bienes comunes, contar con políticas públicas integrales que garanticen de verdad el acceso y goce del derecho humano al agua, el derecho a una alimentación adecuada, a un medio ambiente sano o el derecho a la tierra y el territorio.

Es por eso que vemos con preocupación iniciativas privadas promovidas por el gobierno que impulsan proyectos energéticos inconsultos con la población local y las organizaciones sociales y que transgreden las normativas vigentes en materia ambiental. Por ello reclamamos un debate democrático y en profundidad frente a iniciativas vinculadas a la producción del llamado hidrógeno verde, por los potenciales impactos relativos al uso de grandes cantidades de agua para la electrólisis, el consumo de energía, los riesgos que implica su traslado en grandes volúmenes y sobre todo, por ser iniciativas que profundizan el camino extractivo de los bienes comunes de nuestro país. Las propuestas de proyectos de hidrógeno verde están orientadas a la exportación para el abastecimiento de las necesidades energéticas de países desarrollados, fundamentalmente europeos. No hay posibilidad de pensar una transformación de la matriz productiva para Uruguay si seguimos sin cuestionar el rol que ocupamos en la división internacional del trabajo y sin hacernos la pregunta fundamental acerca de para quién y para qué la energía.

En un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente, continuamos reclamando justicia ambiental, social, económica y de género, convencidas/os de que las transformaciones sociales que necesitamos las construimos de manera colectiva y en unidad con organizaciones y movimientos sociales.

Acceder al comunicado de prensa emitido el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.

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