EL VALOR PEDAGÓGICO DE LAS LUCHAS POPULARES
Publicado el 30/03/21 a las 6:32 am
Por Raul Olivera Alfaro
El paso del tiempo y con ello, las nuevas generaciones que se fueron incorporando a la vida ciudadana, ponen en el orden del día la necesidad de trabajar en la construcción de una cultura en derechos humanos, en el que, el conocimiento del pasado y su relación con las luchas populares actuales, se tornan necesarias.
Ese es un desafío para quienes pertenecemos a una generación, que hace más de 35 años atrás, tuvo cierta expectativa de que, conquistadas las libertades democráticas en 1985, también se había logrado reinstalar un atributo ineludible de la democracia: el derecho ciudadano de reclamar la reparación de todo aquello que la actuación ilegal del Estado uruguayo había afectado profundamente. Con esa expectativa, acudimos ante los poderes del Estado, demandando ese derecho fundamental: el de la verdad, la justicia y la reparación. Larga era, hace 35 años, la lista de responsables que aspirábamos que el Estado democrático llevar ante los tribunales, entre ellos a Eduardo Ferro, a Antranig Ohannessian, a Ayelmiro Pereira y a Jorge Silveira, los últimos exmilitares y expolicías recientemente procesados. Sobraban los testimonios y las pruebas, para que el sistema judicial los llamara a responsabilidad.
Sin embargo, en diciembre de 1986, cediendo a las presiones de los militares, el Parlamento se apresuró a destruir aquellas expectativas, consagrando la impunidad con la aprobación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
En aquellos vergonzosos días de finales de 1986, el entonces senador Luis Alberto Lacalle Herrera, que años después sería presidente, auguraba que con la aprobación de la ley de caducidad que protegía a militares y policías de la acción de la justicia, “se cerraba un tiempo y, en ese sentido el país necesita definitivamente cerrar el de las memorias sombrías, convertirlas en un recuerdo que por definición se va a ir desvaneciendo. Tal es la sabiduría – sostenía Lacalle padre-, de la vida privada individual, pero también la de las colectividades de las naciones y de los pueblos”.
El hijo de quien así se expresaba y que actualmente detenta la presidencia de la república, tenía 13 años. Seguramente, creyó que eso sería así, y cuando algunos hechos empezaron a cuestionar aquella visión conformista y cómplice, trabajó desde el parlamento para que las cosas continuaran siendo como era la aspiración de su padre. Hoy, con 48 años, al frente del Estado, y liderando una coalición ultraconservadora, comprueba que el problema sigue planteado y que la empecinada lucha de las organizaciones defensoras de los derechos y las víctimas movieron “las perillas”, que paulatinamente van permitiendo que los Antranig Ohannessian, los Eduardo Ferro, finalmente terminen rindiendo cuentas ante los tribunales de justicia.
También nosotros aprendimos, la realidad nos enseñó, que, en el Uruguay, la justicia no es algo que naturalmente viniera como atributo inseparable de la democracia. Que hay que lucharla, para que sea una realidad.
La ley de caducidad y la cultura de impunidad emergente de ella, fue el gran obstáculo que los impulsores de la impunidad idearon y pusieron en práctica, para que no fuera, por muchos años, atendido el justo y necesario derecho a la verdad, la justicia y la reparación sobre los crímenes del terrorismo de Estado. Y cuando esa ley inconstitucional y violatoria de las normas internacionales, no fue suficiente, se diseñaron políticas estatales, muchas veces cómplices, y otras, omisas.
A todo eso, se le ha asestado un nuevo golpe. Que demoró demasiado, es cierto, pero no por ello debemos restarle importancia. Que las nuevas generaciones sepan de las dificultades de estas luchas por verdad, justicia y reparación, también es importante desde el punto de vista pedagógico, pues es un elemento que también debería dejar enseñanzas para los desafíos del hoy. Hacer un recuento de esas dificultades que se debieron enfrentar en la defensa de los derechos humanos, nos deben servir de insumo para hacer realidad, por ejemplo, el referendo contra determinados artículos de la ley de urgente consideración.
Fueron 35 largos años, de una batalla contra el tiempo, desarrollada en los más variados escenarios políticos y sociales. Ese esfuerzo contra la impunidad fue el que impidió que se “cerrara un tiempo” y que supiéramos alumbrar las memorias sombrías con el compromiso de las nuevas generaciones que hoy deben valorar adecuadamente toda esta lucha.
