jueves 22 de octubre, 2020

El proyecto de Manini y la reacción de las organizaciones de derechos humanos.

Publicado el 12/08/20 a las 6:49 am

Cabildo Abierto presentó un proyecto que busca derogar la ley que declaró imprescriptibles los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar (1973-1985). Ante esta nueva arremetida del partido militar, organizaciones vinculadas a los derechos humanos exigen un claro pronunciamiento del gobierno: ¿de qué lado está?

Los cabildantes Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano le pusieron la firma al proyecto de ley para reinstalar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley Nº 15.848). Se trata de una legislación que busca prescribir crímenes que fueron concebidos “de lesa humanidad” por la ley Nº 18.831 en el año 2011 y que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional en el año 2013.

Esta iniciativa, que ingresó al Parlamento el día 4 de agosto, surge en el contexto de cuatro procesamientos a militares y de permanentes ataques al sistema judicial por parte del partido militar. En este escenario, varias organizaciones vinculadas a los derechos humanos no demoraron en pronunciarse.

La primera respuesta surgió por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del Pit-Cnt, que emitió un comunicado manifestando que “no resulta extraño que el partido liderado por Manini Ríos asuma las mismas conductas que han desempeñado los artífices del terrorismo de Estado, tratando de asegurar la impunidad, por todos los medios, inclusive irguiéndose en una suerte de poder detrás del sillón presidencial”.

Por otra parte, el documento deja claro que la propuesta de Cabildo Abierto implicaría que el Estado uruguayo se aparte de sus obligaciones internacionales. “Nos sentimos en la obligación de alertar sobre eventuales iniciativas que sean funcionales a la estrategia de dilación de los demorados pronunciamientos de responsabilidades penales aún pendientes”.

Caras y Caretas dialogó con Raúl Olivera, director del Observatorio Luz Ibarburu, quien expresó que comparte la postura de la responsabilidad que implicaría para Uruguay apartarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mas allá de la cuestión jurídica, opinó que es importante hacer un análisis político, en el entendido de que “la impunidad no es el efecto único de una ley, la Nº 15. 848, sino que hay una dimensión del análisis que tiene que ver con las políticas públicas del actual gobierno en relación a este tema”.

“Personalmente hago un paralelismo con lo que significaron las conversaciones del pacto del Club Naval (acuerdo entre jerarcas,militares y representantes del Partido Colorado, Unión Cívica y Frente Amplio en 1984) y el pacto que dio origen a la coalición. En aquel tiempo se decía que el tema de la impunidad sobrevoló y aquí lo que sobrevoló es el tema de la violación a los derechos humanos. Sobrevoló y quedó plasmado simplemente en un compromiso que tiene que ver con la  búsqueda de los desaparecidos, pero sin consecuencias de carácter jurídico”, agregó.

¿De qué lado están?

Por otro lado, mediante el comunicado, se le exige al gobierno multicolor que realice un pronunciamiento claro sobre cuál es su postura: “Si enfrenta la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado de acuerdo a las obligaciones emanadas del pacto de San José de Costa Rica; o si, por el contrario, opta por políticas a favor de la impunidad que lo expongan a responsabilidades ante el sistema interamericano de derechos humanos”. Sobre este punto, Olivera enfatiza en que, dado el marco actual, y para la “tranquilidad democrática del Estado uruguayo”, es necesario que los distintos partidos de la coalición, sobre todo el Partido Colorado y el Partido Nacional, se expresen. “No alcanza con decir que el planteo de reinstalar la ley de caducidad no está dentro del acuerdo político de la coalición porque en la Ley de Urgente Consideración se incorporaron y se aprobaron artículos que no estaban incluidos”.

“El comportamiento de los dos sectores mayoritarios de la coalición de gobierno a lo largo de estos últimos 35 años con relación a esas obligaciones asumidas legítimamente por el Estado uruguayo, y las recientes manifestaciones cuestionando el cumplimiento por el sistema judicial de las obligaciones emanadas de la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman de febrero de 2011, hacen necesario que esos dos sectores políticos hoy se expresen con inequívoca claridad”, agrega el comunicado.

Entre argumentos retrógrados y presión militar

Luego de presentar el proyecto ante el Senado, se pudo escuchar a Manini Ríos decir que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Gelman en 2011 “fue totalmente lesivo” para la soberanía del país. A su entender, “anteponer estos tratados a nuestra Constitución es aceptar que se nos gobierne desde afuera”. Así lo expresó durante la media hora previa de la sesión de la cámara alta del martes 4 de agosto. Por su parte, Olivera calificó el argumento del cabildante como “retrógrado”, ya que “si hay algo en que la humanidad ha avanzado es en la creación de instrumentos de carácter internacional que tiendan a garantizar que la violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado no prosperen y, si lo hacen, que reciban el justo castigo”.

Consultado sobre la motivación que impulsó la presentación de este proyecto por parte de Cabildo Abierto, Olivera no dudó: “La cuestión de fondo en esta movida son las presiones”. En tal sentido, hizo referencia a los reiterados ataques al sistema judicial, a Fiscalía y a los propios jueces. “Sería muy simplista pensar que el ataque a Fiscalía está unicamente vinculado al caso del exintendente de Colonia Carlos Moreira. Recordemos que en Uruguay el titular de la acción punitiva es el fiscal. Si este no encuentra elementos para investigar, por más que el juez quiera, la causa no prospera. De esta forma, la Fiscalía se transforma en un elemento clave de la persecución criminal”.

Con respecto al caso puntual del fiscal Jorge Díaz y la insistencia por parte de legisladores de Cabildo Abierto en que este sea removido de sus funciones, señaló Olivera que se pueden confirmar esas presiones. “No olvidemos que Díaz ha sido el fiscal que ha tenido una postura más clara en relación a la necesidad de que Uruguay tenga una política de persecución criminal hacia los terroristas de Estado”. Además, agregó, “la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos es el único instituto creado en estos últimos 15 años que ha sido eficaz”. Estas presiones, según Olivera, no solo recaen sobre el partido militar, sino sobre todos los partidos tradicionales. “Recordemos que está pendiente el procesamiento del militar Armando Méndez, personal de confianza política del gobierno de Lacalle”.

Un general fuera de control

Otra de las organizaciones que se expresó al respecto fue Crysol, la asociación que nuclea a expresas y expresos políticos de Uruguay. En un artículo de opinión al que titularon “Un general fuera de control”, se refirieron a “la inconstitucional ley que Guido Manini Ríos y sus cabildantes pretenden implantar para retroceder al plebiscito de 1980 cuando la ciudadanía les dijo NO”.

Gastón Grisoni, de Crysol, explicó a Caras y Caretas que la organización entiende que las normas de derechos humanos son una gran conquista de la humanidad. “Son normas destinadas a proteger a los ciudadanos para dignificar la vida de las personas en la sociedad. Desde el horror de la Segunda Guerra Mundial, las normas de derechos humanos y las violaciones a ellas, cuando son masivas,sistemáticas y generalizadas, son consideradas crímenes de lesa humanidad”.

Ante el argumento que utiliza Manini al decir que “nos gobiernan desde afuera”, Grisoni señala que justamente para eso existe el derecho internacional y sus normas. “Son para defender a los ciudadanos frente a los funcionarios del Estado. Cuando ocurren violaciones a los derechos humanos, al igual que cualquier otro delito, es imprescindible que los Estados investiguen, esclarezcan y sancionen con el objetivo de no alentar esas conductas e intentar impedir que se repitan. En tal sentido,las violaciones a los derechos humanos son crímenes de lesa humanidad que deben ser sancionados para evitar que se repitan”.

Grisoni coincidió con la postura de que este proyecto para reinstalar la caducidad obedece a las presiones ejercidas por las fuerzas castrenses simplemente porque la misma Ley de Caducidad surgió en un contexto de empujes militares. “La Ley 15.848 surgió de la presión militar. Fue votada en diciembre del año 1986, cuando comenzaron a ser citados a declarar por la Justicia los primeros militares, entre ellos José Nino Gavazzo. En aquel momento, el teniente general Hugo Medina, cuando llegaron los citatorios del Poder Judicial, los escondió en la caja fuerte y se negó a convocar a los involucrados. A raíz de esa situación, surgió una gran amenaza de desacato por parte de las Fuerzas Armadas y se generó, por la lógica de los hechos, una presión indebida por parte de los militares que se subsanó mediante esa ley que funcionó como una amnistía para los responsables de violaciones a los derechos humanos”.

Agregó que las operaciones políticas por parte de Cabildo Abierto “se llevan a cabo justo cuando está arriba de la mesa una solicitud de desafuero para Manini por su involucramiento en ocultar información que debió llegar al Poder Judicial”. “Manini está involucrado en un hecho claramente delictivo: Gavazzo declaró ante tribunal de honor que había asesinado y desaparecido el cuerpo de Roberto Gomensoro, en 1973, y hay seis generales que lo involucran directamente. Ahora, él pretende hacer olvidar esa solicitud pendiente y presiona a sus socios de la coalición para que voten su desafuero”.

Al finalizar, el comunicado de Crysol advierte que la lucha por la verdad y la justicia no terminará. “Seguiremos repudiando a los criminales y torturadores, convocando a la condena social, reclamando la condena institucional y persiguiendo la condena a 100 años de soledad porque, como afirmara Gabriel García Márquez, esas estirpes no tienen y no merecen una segunda oportunidad sobre la tierra. Menos en la nuestra”.

Defender la barbarie es ser parte de ella

Por su parte, Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, manifestó que no le sorprendió esta iniciativa que presentó Cabildo Abierto para reinstalar la caducidad. “Es lógico dentro del planteo del surgimiento del partido militar. Está compuesto por militares retirados que reivindican la dictadura. Esto es parte de la búsqueda de la impunidad y los ataques a la Justicia son estrategias para obtener privilegios para militares acusados de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos”.

Sobre el rechazo a los tratados internacionales que manifiesta el partido militar, Errandonea agregó que “Uruguay debe cumplir los acuerdos con los que se comprometió en el año 1985. Los tratados están previstos en la Constitución y tienen rango de ley”. “La humanidad y las políticas de derechos humanos han avanzado a partir de las barbaries que se han cometido a lo largo de la historia y con base en ello se va legislando y se van buscando acuerdos para impedir esos acontecimientos. El problema es que cuando uno defiende esas barbaries o es parte de ellas, necesita aferrarse a políticas de pseudonacionalismo”.

Consultado sobre algunas expresiones que Manini disparó estos días, en el marco de la presentación del proyecto, como por ejemplo “ni a Jack el Destripador lo persiguieron tanto”, tampoco se mostró sorprendido. “No olvidemos que el líder de Cabildo Abierto, el senador Manini Ríos, llegó a poner como ejemplo la masacre cometida en la Batalla del Sauce de 1870, diciendo que luego de esos episodios se firmó la paz y a nadie se le ocurrió reclamar nada. como si eso fuera lo decente y lo natural”.

Corte de DDHH pide a Uruguay no votar el proyecto de ley de Manini

Otro de los organismos que se pronunció al respecto de esta nueva maniobra de Cabildo Abierto fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el pasado miércoles le pidió a Uruguay que no apruebe el proyecto de ley que presentaron integrantes del partido militar que pretende limitar los juicios y procesamientos de militares acusados de reprimir y torturar durante la dictadura.

La CIDH manifestó su “preocupación” ante la presentación de proyecto mediante un comunicado publicado en Twitter. “De ser aprobada, tal medida podría representar el incumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman sobre la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables y adecuar la legislación interna para estos efectos”.

Para finalizar, el organismo exhorta a Uruguay a “abstenerse de aprobar iniciativas de esta naturaleza y a fortalecer esfuerzos para seguir avanzando en la investigación de estos graves crímenes, en la identificación de sus responsables y en la aplicación de las sanciones pertinentes”.

Tomado de CARAS & CARETAS

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