martes 2 de junio, 2020

20 de mayo: Quo vadis

Publicado el 20/05/20 a las 10:00 pm

Por Raúl Olivera Alfaro y Sara Méndez

La propuesta de que escribiéramos juntos un artículo a propósito de la marcha del 20 de mayo era para ambos un gran desafío, a pesar de haberla realizado casi siempre juntos, atravesados por los mismos reclamos e incertidumbres. Para empezar, teníamos que resolver –en este saludable desborde de iniciativas, que el ingenio de muchísima gente pone en juego para superar la limitación que nos impuso la emergencia sanitaria– hacia dónde rumbear con nuestra reflexión. La respuesta a una interrogante similar es sobre lo que finalmente resolvimos escribir. De ahí el título del artículo: ¿a dónde vas?

Siempre se marcha a algún lado, no se marcha sin un destino, sin, al menos, un horizonte a alcanzar. Cada 20 de mayo, marchamos para que el Estado resolviera los hechos del llamado pasado reciente, de acuerdo con los retos de cada etapa.

Por eso, cada marcha tuvo una consigna que debió sintetizar un reclamo y a quién se dirigía. De ahí que las consignas con las que se convocó a cada una de ellas fueron, o debieron ser, una suerte de radiografía del estado de situación de la impunidad, y el señalamiento al Estado de hacia dónde debía caminar. Ese destino que se le señalaba al gobierno de turno que conducía las políticas públicas no es algo opinable sobre lo que se pueda argumentar que hay dos bibliotecas: es lo que establecen las normas del derecho internacional y que son recogidas por nuestra Constitución.

Las marchas del 20 de mayo no son una procesión religiosa, en espera de un milagro del cielo, son el reclamo de una reivindicación que debe ser satisfecha por quien está obligado a hacerlo y tiene los medios para ello.

Aquel día de hace 25 años cuando comenzamos a marchar se cumplían 20 años de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, que permanecían impunes, y hacía diez años que Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado había instalado el imperio de la más absoluta e inconstitucional impunidad sobre todos los crímenes del terrorismo de Estado.

Por eso, aquellos eran tiempos en que, agobiados por el resultado del referéndum, se reclamaba un cumplimiento del artículo 4° de esa ley que no concluyera con las falsedades cómplices de los fiscales militares que no encontraron responsabilidades de agentes del Estado en las desapariciones forzadas. Eran tiempos en que, a pesar de que se revelaban informaciones que indicaban que los predios militares eran cementerios clandestinos, el Estado nada hacía por investigarlas. Eran tiempos en que no sabíamos que María Claudia, embarazada, había sido traída a Uruguay para robarle a su hija y luego ejecutarla. Tiempos en que infructuosamente buscábamos a Simón, mientras que las familias de Mariana, de Victoria, de Carmen, de Carlos, de Anatole y Victoria transitaban los complejos procesos del reencuentro con hijos apropiados. Y nada sabíamos de los tres niños Hernández Hobbas, que junto con su madre habían desaparecido. Tiempos en que senadores del Partido Nacional y Colorado eximían de responsabilidad al ex canciller de la dictadura y entonces senador Juan Carlos Blanco por la desaparición de Elena Quinteros. Tiempos en que nos costaba superar los efectos que nos produjo la derrota del referéndum y costaba incorporar el reclamo de justicia a las agendas.

En ese contexto fue que empezamos a marchar cada 20 de mayo.

La primera marcha, de hace 25 años, era “Por verdad, memoria y nunca más, marchamos en silencio, en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones a los derechos humanos”. Rechazábamos, como no podíamos hacer de otra manera, las violaciones a los derechos humanos, sin distinción.

Muchas fueron las peripecias que atravesó en el correr de los años la lucha contra la impunidad, la mayoría de las veces con la franca y abierta oposición de los gobiernos blancos y colorados; otras, con el poco entusiasmo y convencimiento de los gobiernos progresistas, que se pusieron en evidencia en la derrota del plebiscito de octubre de 2009. Fueron tiempos en que debimos buscar justicia en tribunales del extranjero. Tiempos de avances y estancamientos que fueron recogidos, con aciertos y con desaciertos, en las consignas que se levantaron para convocar a las marchas.

Lograr la verdad y la justicia no es, no debe ser una utopía hacia la que se camina dos pasos y ella se aleja otros dos, como dice Eduardo Galeano.

Como el derecho a la verdad y la justicia establecido por las normas del derecho internacional no es una utopía, gracias a las luchas desde la sociedad civil se lograron algunos avances, aunque insuficientes todavía, que contrastan con aquellos tiempos que vivíamos hace 25 años. Algunos de ellos –es el caso de la sentencia en el caso Gelman–, con acierto, nos llevaron a reformular las consignas, el carácter de lo que se reclamaba, aunque el destinatario se mantuvo siempre: el Estado.

Se enjuició al autor del golpe de Estado, a dos civiles por los asesinatos del 20 de mayo de 1976, a militares por la coordinación represiva de 1976, 1977 y 1978, a algunos por el asesinato de María Claudia; el eximido de responsabilidad por los senadores blancos y colorados fue condenado; se restableció la identidad de Macarena y recuperamos finalmente a Simón; los cuarteles empezaron a dejar de ser un coto cerrado para la justicia y se hallaron los primeros restos de desaparecidos, desmintiendo las falsas conclusiones de la Comisión para la Paz. La Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, permitiendo los procesamientos por la muerte de Nibia Sabalsagaray.

Posteriormente, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman produjo varios efectos en la lucha contra la impunidad, que se expresaron en las propias consignas de las marchas. El más importante fue, sin duda, obligar a que el Estado restableciera la pretensión punitiva sobre todas las conductas criminales del terrorismo de Estado, motivando que decenas de denuncias penales de torturas, prisiones ilegítimas y abusos sexuales –todos ellos crímenes de lesa humanidad– se reactivaran o se presentaran por primera vez. Con la esperanza de que el Estado cumpliera con sus obligaciones internacionales, aquel 20 de mayo de 2011 marchamos bajo la consigna “Verdad y justicia y castigo a los culpables”, respaldando la obligación que el sistema interamericano de derechos humanos le imponía a Uruguay, relativa a todas las graves violaciones a los derechos humanos.

¿En qué 20 de mayo estamos hoy?

En el de un gobierno de coalición integrado mayoritariamente por los dos partidos que fueron artífices y sostenedores de la impunidad contra la que marchamos todos estos años, reforzada por la presencia fuerte de un partido militar que reivindica a los terroristas de Estado atacando las demoradas decisiones del Poder Judicial. En un 20 de mayo en que más de medio centenar de solicitudes de procesamiento por el Ministerio Público no se resuelven; un 20 de mayo en que el Poder Judicial archiva la denuncia del asesinato de Vladimir Roslik avalando un juzgamiento fraudulento de la llamada justicia militar y que pone a Uruguay bajo responsabilidad internacional.

A pesar de la situación de emergencia sanitaria que nos obliga a no realizar el acostumbrado reclamo contra la impunidad poblando calles en todo el país, se han sumado distintas actividades que llevan, hoy más que nunca, el reclamo incumplido de memoria, verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Hacia allí vamos.

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