Una batalla cultural y contra el tiempo
Publicado el 22/01/16 a las 6:30 am
Por Daniel Gatti
La lucha por verdad y justicia sobre las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura hay que plantearla también a largo plazo, como una batalla cultural en la que se deberá buscar involucrar a los más jóvenes, dijo a Brecha el coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera.
Raúl Olivera es, desde hace mucho tiempo, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt, y, desde 2012, uno de los principales referentes del Observatorio Luz Ibarburu (Oli), una red que reúne a organizaciones de la sociedad civil. “Nuestra intención original era crear una cátedra obrera de derechos humanos vinculada al Pit, pero después la idea fue evolucionando y el observatorio surgió con la finalidad de monitorear el proceso de justicia vinculado con el terrorismo de Estado. No había ningún instrumento independiente que lo hiciera y estábamos en un momento clave: en 2011 Uruguay había sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Juan Gelman y se abría un nuevo capítulo en esta historia”, cuenta a Brecha.
La iniciativa de la central sindical logró atraer a algo menos de 20 asociaciones que habían venido trabajando en el tema, a menudo de manera concertada,1 y el observatorio surgió para “materializar el derecho a la justicia, desconocido en Uruguay. Todos esos grupos consideraron que concretar el proceso de verdad y justicia ordenado por la Cidh era central para consolidar la democracia en el país y que ese proceso pasaba necesariamente por dejar atrás la impunidad reinante”.
Un puñado de militares y civiles presos tras años, décadas, de denuncias suficientemente probadas no significaba que Uruguay estuviera en “la vía de la justicia”. “Muy lejos de ello: el Estado, la justicia, el poder político, habían pecado a lo largo de los años por flagrantes omisiones representativas de una actitud general de retranca, sólo desmentida parcialmente en momentos puntuales de impulso que se frenaron en 2012.”
Ni siquiera existía (apenas tres años atrás, siete después del inicio de la “era progresista”) información sistematizada sobre las causas abiertas, las que estaban archivadas, las que podían desarchivarse; el acceso a la (mucha) documentación disponible era por lo menos dificultoso; la colaboración de las autoridades estatales, escasa o nula… A nivel judicial “no había una adecuada investigación penal, menos aun una organización del sistema adaptada para estas causas, y en las jerarquías lo que predominaba era una visión conservadora, además de desactualizada sobre la evolución de la jurisprudencia internacional en este terreno”. Aprovechando estos vacíos, la defensa de los acusados de violaciones a los derechos humanos jugaba prácticamente de taquito, “con una estrategia coordinada centrada en la dilación de las causas de manera que la muerte de los imputados impidiera saldar jurídicamente la verdad y responsabilidad de los hechos”.2
Fue con este panorama que se encontró el Oli cuando comenzó a operar en octubre de 2012: no contaba, en resumen, con informaciones básicas. Porque no estaban sistematizadas en ningún lado. O simplemente porque no estaban. “Pudimos detectar que ciertas causas de derechos humanos habían sido desarchivadas, pero otras no y no había rastros de ellas. Cruzando datos de sentencias, por ejemplo, pudimos reconstruir algunas, saber si se aplicó o no la prescripción en otras. Pero muchas se nos escapan. Hace tiempo que me pregunto qué ha pasado con Antranig Ohanessian, el ‘Armenio’ que operaba por la Ocoa en Automotores Orletti. Sabemos que lo detuvieron en 2013, acusado de desapariciones en Argentina en el marco del Plan Cóndor. Espero que esté preso, porque no sabemos si lo está, o dónde, y qué juzgado maneja su expediente.”
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En sus primeros tiempos, el observatorio apenas tenía fondos para funcionar. “Contábamos con el apoyo del Pit-Cnt, que nos cedió un local y nos dio un respaldo económico, y con poco más. Una primera fase de nuestro trabajo consistió en reunir y sistematizar la información disponible, crear una base de datos y una página web. Pero evidentemente no bastaba. Las carencias que constatamos en el proceso de justicia, que impedían el avance de las causas, impusieron que pasáramos a una etapa superior.” A mediados de 2014, el Oli logra una financiación internacional suficiente para crear un equipo jurídico estable, el Ejoli, dirigido por Pablo Chargoñia e integrado por tres abogadas part time, Silvia Antúnez, Natalia Jubin y Florencia Retamosa. “Es un equipo de justicia transicional como no hay otro en este país, que trabaja en contacto con las organizaciones de derechos humanos”, apunta Olivera.
En febrero de 2015, apenas instalado, el Ejoli asume una treintena de causas de desaparición forzada, torturas, ejecuciones, sustracción de menores, delitos sexuales. Un convenio de pasantías con la Facultad de Derecho de la Udelar iniciado en marzo último le permitió tomar más. Hoy patrocina un total de 44 y asumirá otras dos en febrero, lo que representa una cuarta parte de las 173 causas actualmente activas.
JUDICIALIZACIÓN. La base de datos sobre delitos del terrorismo de Estado del observatorio, que maneja información sobre 284 expedientes diseminados en 44 sedes penales, es también única en el país. “Ninguna estructura estatal la tiene”, asegura el coordinador, lo que deja traslucir lo poco relevante que ha sido el trabajo de las instituciones oficiales en la materia. Peor aun es la realidad que muestra esa base a partir de la información recabada: de los alrededor de 200 casos de desapariciones forzadas denunciadas, sólo en 80 ha habido procesamiento o condenas de represores, el 40 por ciento; en los de homicidio la proporción es todavía menor: apenas hubo procesamientos en 17 de los 124 registrados. Y no hubo ninguno por violencia sexual y ni siquiera por las torturas a las que fueron sometidos los miles de uruguayos que pasaron por las cárceles de la dictadura. “No ha existido aquí una política de persecución. Cuando el propio fiscal de Corte dice que el Estado no tiene una política criminal de estos delitos es muy fuerte”, apunta el coordinador ejecutivo del observatorio.
Y no es que Uruguay carezca de instituciones para encarar la sanción de estos crímenes. Por el contrario, las tiene en exceso. “Hay una institucionalidad superpoblada de instrumentos supuestamente encargados de terminar con la impunidad. En total unas seis unidades, dependientes de diferentes instancias.” En 2013 el Oli le propuso al gobierno crear “una unidad policial especializada que estuviera al servicio de la justicia en materia de crímenes de terrorismo de Estado”. La unidad se formó, pero su eficacia ha sido más que dudosa. Olivera rescata, sí, el trabajo realizado por Isabel Wschebor como coordinadora de la Secretaría sobre el Pasado Reciente (a propósito de su situación, véase recuadro aparte). “Es una especialista en estos dominios que tiene muy buenas intenciones y una fuerte dinámica, pero una golondrina no hace verano”, dice. “Cuando se discutió el presupuesto nacional el Pit planteó que se otorgaran recursos para políticas en derechos humanos. No los hubo, ni siquiera para la implementación de una serie de beneficios para los ex presos políticos contemplados en la ley de reparación aprobada en 2006 y que están todavía pendientes. Es en esas ocasiones, entre otras, que quedan claras las intenciones políticas de un gobierno.”
PACTOS Y MITOS. El coordinador del Oli piensa que “ha habido algunos progresos en estos últimos años”, consecuencia de la resistencia “obcecada” de quienes han mantenido la llama encendida. Identifica fundamentalmente dos: por un lado, la derrota de los sucesivos intentos de clausurar el tema; por el otro, la permeabilidad que habría ido mostrando el Poder Judicial a “nuevas maneras, si se quiere más ‘modernas’ o ‘progresistas’ (es él mismo el que pone las comillas con la entonación) de encarar los delitos relacionados con el terrorismo de Estado”. Con una contra grande en este último caso: el avance se habría producido “a destiempo”. En claro: tarde, muy tarde. Para ciertos casos, demasiado tarde.
“En algún momento va a haber que desmitificar cómo se implementó la política de derechos humanos en Uruguay”, piensa Olivera. No es novedad que la salida de la dictadura fue pactada y que la izquierda política participó en ese pacto, “pero los consensos a los que se fue llegando ahondaron el pacto. Hubo un permanente intento de acotar el tema, que no sorprende de parte de los defensores de siempre de la impunidad, pero que puede resultar chocante de parte de otros. Cuando aparece la propuesta de la Comisión para la Paz se estaba dando en el mundo un avance de la justicia universal. La comisión vino a ponerle un freno de manera elegante, porque a cambio de que el organismo se constituyera hubo una renuncia por parte de alguna gente a insistir sobre el ‘quién’, es decir al reclamo de saber las identidades de los responsables para poder juzgarlos, cuando había habido un compromiso de que ese punto era irrenunciable. Durante la discusión parlamentaria de la ley que creaba la comisión, los partidos de derecha defendían la reserva absoluta de sus actuaciones y la confidencialidad de sus fuentes por un plazo de 50 años. Los de izquierda planteaban limitarlo a 20. Transaron en 35, lo que supuso que recién en 2037 se pudiera acceder a esa información. Un legislador de la derecha dijo entonces que habían ganado la batalla del tiempo: ‘ya nadie estará vivo y se habrá resuelto el problema’ del eventual castigo”.
Más tarde, cuando se trató el tema de la anulación de la ley de caducidad, el Pit-Cnt propuso una fórmula que tenía fuerte respaldo jurídico y que en principio apoyaba la bancada del Frente Amplio, pero posteriormente ésta decidió impulsar una ley interpretativa que tenía evidentes vicios. “En los hechos supuso un nuevo acotamiento, un nuevo límite a la pretensión de verdad y justicia. Se tiende a lo mismo, a poner palos en la rueda, cuando se ‘compra’ que los archivos en que constan las actuaciones de los cuerpos represivos han sido quemados, cuando no se brinda la información requerida o cuando no se reglamenta la ley de 2008 que crea el Archivo Nacional de la Memoria, que tenía como objetivo reunir toda la documentación disponible y dispersa sobre el terrorismo de Estado.” Se ha perdido mucho tiempo en estas idas y vueltas, mucho, dice Olivera suspirando y preguntándose si se ha tratado de simples avatares, de un concurso de torpezas y timideces que terminaron confluyendo, producto de azares varios o de una estrategia. “En ciertos casos, los de los represores y sus abogados, claramente es una estrategia. Apuntan a que la vida resuelva: a que se vayan muriendo tranquilamente, en su casa, unos y otros. Lo lamentable es que haya también de este lado quienes piensen lo mismo y actúen en consonancia.”
La presión de la sociedad civil ha supuesto, sin embargo, que esa estrategia no haya cuajado, por lo menos no completamente. La aparición de cuerpos en los cuarteles desbarató todas las teorías de las que se había hecho eco la Comisión para la Paz; el descubrimiento de archivos desmintió a quienes decían que no existían; el propio surgimiento del Oli “puede significar que el proceso de justicia se relance”. La justicia, precisamente, piensa Olivera, en cierta manera ha ido evolucionando. “El sistema penal uruguayo es oscuro, y en este terreno es oscurísimo.
Eso no ha cambiado, pero si hacés una lectura sobre qué opinaron los jueces que se fueron incorporando desde abajo a los tribunales de apelaciones ves que muchos resolvieron bastante bien las cosas. Se está dando cierta ósmosis. Al comienzo los que hablaban de derecho internacional y de justicia universal eran un puñado de abogados, jueces y fiscales, hoy ya se habla más abiertamente”. Pero el coordinador del Oli vuelve sobre el tema del tiempo. Del destiempo. “Es claro que esto llega tarde, y que el día que el proceso se consolide no va a operar para estos casos que estamos tratando.”
TRASMISIÓN. Uno de los objetivos del observatorio es construir masa crítica en un tema en que no es fácil hacerlo porque se puede decir, tal como piensa desde su propia perspectiva Crysol, la asociación que agrupa a ex presos políticos, que “tiene fecha de caducidad”. “Por un lado tenemos que aprovechar los recursos existentes y la experiencia acumulada, fortaleciendo a la sociedad civil. En Uruguay ha habido una cierta especialización en esta materia (si se trata de ubicar los restos está Familiares, de reparación se ocupa Crysol, de las causas el Oli, de acceso a la información Cainfo), y de eso debemos hacer una fortaleza. Y sobre todo hay que pensar a futuro, apuntar a los jóvenes para que tomen conciencia de lo sucedido y actúen como alertas”, dice Olivera.
El observatorio ya lo está haciendo. Dos de los pasantes de la Facultad de Derecho que se incorporaron el año pasado, Leonardo di Césare y Romina Lagarriga, han quedado vinculados. “Fue muy interesante el trabajo con ellos, porque no tenían mucha idea sobre el tema y provenían de una facultad hegemonizada por la derecha. Se sensibilizaron con lo que vieron, y cambiaron la cabeza hasta en la forma de trabajar, porque se sumaron a un equipo, rompiendo con el clásico individualismo de los profesionales del derecho.” La experiencia fue tan positiva que el orden estudiantil propuso su generalización en el Consejo Central de la Universidad. Fue aceptado, y este año habrá pasantes de otras facultades (Ciencias Sociales, Psicología y otras) en el Oli. Ya hubo una reunión con el vicerrector Hugo Rodríguez Almada para ir definiendo las formas concretas del trabajo. “Nos proponemos armar una biblioteca de derechos humanos que pueda servir de referencia, aumentar la presencia en el Interior, mejorar el trabajo en comunicación, y estas pasantías pueden venir bien.” La Universidad llegó a plantear sumarse formalmente al Oli, pero el punto quedó en stand by. “Algunos en el observatorio opinaron que no debíamos sumarla, porque se trata de una institución del Estado y debemos mantenernos al margen del Estado a toda costa. Como uno de nuestros principios es que las decisiones se toman por consenso, quedó allí.”
Es central el trabajo hacia los jóvenes, insiste Olivera. “La batalla que estamos librando tiene un enorme componente cultural. Lo tuvo siempre, pero lo tendrá más en el futuro.”
1. Secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt, Serpaj, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Onajpu, Hijos, Ielsur, Crysol, Fundación Mario Benedetti, Mesa Permanente contra la Impunidad, Pro-Derechos, Colectivo Denunciantes Octubre 2011, Fucvam, Feuu, Fundación Zelmar Michelini, Movimiento Educadores por la Paz, Comisión por Memoria de los Fusilados de Soca, Asociación Civil ex Trabajadores del Diario El Popular.
2. Informe anual 2015 del Oli, presentado el 30-XII-15.
El caso italiano
Otro ejemplo
En 1999 un grupo de uruguayos respaldados por una serie de organizaciones sociales presentó denuncia por la desaparición de sus familiares, todos de origen italiano, ante la justicia de la península. El expediente fue evolucionando muy lentamente, y el año pasado se inició finalmente en Roma un megajuicio por decenas de causas relacionadas con el Plan Cóndor que tuvieron como víctimas a ciudadanos chilenos, bolivianos y sobre todo uruguayos con doble nacionalidad italiana. En las causas uruguayas se presentaron como parte civil el Frente Amplio y el Estado. Pero los abogados que pusieron ambos han obrado como electrones libres, fuera de todo control de parte de sus mandantes. Las quejas de los demandantes se han ido acumulando en estos meses. “Cuando Mónica Xavier era presidenta del Frente Amplio nos consta que se preocupó, pero fue un paréntesis. No así el gobierno. Cuando cambió la administración todo empezó de nuevo, una muestra más de que no ha existido política de Estado en este tema en los últimos años”, comentó Olivera.
TOMADO DE BRECHA, 15/1/2016.
