La transparencia como principio
Publicado el 25/07/14 a las 1:11 am
Por Pablo Anzalone, Secretario General del Partido por la Victoria del Pueblo.
El procesamiento de Alfredo Silva y otros por sus manejos hacia empresas tercerizadas de ASSE pone sobre la mesa una vez más el rol del Poder Judicial en la gestión del Estado. Y por añadidura en la política. El hecho tiene consecuencias políticas porque la derecha ha atacado con vehemencia la participación social de trabajadores y usuarios en la gestión del Estado, acusándola de corporativismo, de sujeción a los intereses sindicales y muchos otros males.
Las cuotas para los partidos de la oposición en cambio, parecen ser impolutas y ajenas a cualquier interés subalterno. La participación empresarial no les parece tan mal y ni que digamos los lobby, las estrategias que tienen los poderosos para incidir directa o indirectamente en la política. De algún lado salieron los millones de dólares que gastaron los candidatos blancos y el colorado en la campaña de las internas. ¿Cuántos compromisos generan esas “donaciones” aunque pretendan ser invisibles?
La judicialización de la política es un problema. Ya que los jueces son actores institucionales con gran poder político, que no surge de ninguna elección democrática. Y en el caso de la Suprema Corte de Justicia con aspiraciones de impunidad y omnipotencia. Sin embargo nadie puede estar en contra de que la Justicia juegue un rol de contralor. En todo caso el problema es la omisión de otros ámbitos. Es más, la necesaria reforma del Poder Judicial tiene que promover la transparencia en los ingresos, los ascensos y las sanciones a su propia interna. Las comisiones parlamentarias de investigación son una instancia válida, importante, para que los representantes políticos jueguen un rol en los mecanismos de transparencia en la gestión pública. Pueden derivar hacia la utilización partidaria o sectorial de los hechos que se investiguen, al circo y la demagogia, pero aportan a la transparencia. Y la política siempre incluye el debate.
Pero la transparencia y la rendición de cuentas no son patrimonio del parlamento. Las auditorías internas de los organismos, la Auditoría General de la Nación, los organismos de contralor, son parte también de ese sistema. La Institución Nacional de Derechos Humanos constituye un gran paso en este rumbo, como lo demostraron las denuncias sobre maltratos en el SIRPA. Hay que defenderla, a ella y a sus integrantes, a capa y espada.
Y las organizaciones sociales, la ciudadanía activa, deberían serlo mucho más. Por eso la participación social en la conducción de Estado es una medida democratizadora también en materia de contralor ciudadano. Incluyendo a los propios representantes sociales. La descentralización participativa es una estrategia fecunda para los objetivos de transparencia. Los Concejos Vecinales, tan ignorados o criticados por algunos, son ámbitos que pueden articular las redes sociales de cada barrio para controlar y exigir rendiciones de cuentas al Estado, tanto a nivel nacional como departamental o municipal. Los Cabildos de los nuevos Municipios también lo son.
El movimiento sindical se desmarcó con claridad en este caso y eso está muy bien, porque los trabajadores tienen un rol fundamental a cumplir en este tema.
La política de este país necesita más democracia, más rendiciones de cuentas a la ciudadanía, más transparencia y más evaluaciones del desempeño de los actores públicos. Estas deben ser ideas fuerza sobre las que hay que insistir en esta campaña y objetivos que deben estar en la agenda del próximo gobierno.
TOMADO DE VOCES, 24/7/14.