martes 27 de octubre, 2020

Constanza y otras formas de hacer política.

Publicado el 05/03/14 a las 11:30 pm

espacio567
Por Pablo Anzalone, Secretario General del PVP.

Democratizar la política, acercarla a la gente, abrir nuevos y mayores canales de participación ciudadana, dar más opciones a las mujeres y a los jóvenes, reformular el vínculo entre el funcionamiento del Estado y la sociedad son algunas de las estrategias a impulsar en el próximo período de gobierno. Es el alma de una política de izquierda que no quiera verse atrapada y mimetizada en la red del Estado, sin que ello signifique desentenderse de hacer política y gestión, también en el Estado.

La descentralización de las políticas públicas significa transferir más poder a la comunidad, no solo a los gobiernos locales sino a la ciudadanía, al entramado social. La ley de descentralización que creó el tercer nivel de gobierno, los municipios, dio un paso importante con la constitución de los gobiernos locales y su electividad por parte de la ciudadanía. Pero dejó afuera las formas de participación social que dependen hoy de la voluntad política del Intendente o Alcalde. Cabildos, asambleas vecinales o las formas de participación de la sociedad civil que se adapten a cada realidad del país deben existir en forma preceptiva en la ley. Para que la gente tenga ámbitos donde hacer oír su voz, donde gestar propuestas para su localidad o zona, para recibir información y rendiciones de cuenta de los gobernantes. Espacios regulares instituidos donde puedan participar las organizaciones de la sociedad civil y también mecanismos de consulta a la ciudadanía sobre temas específicos o formas de democracia directa como el Presupuesto Participativo (PP). En el PP los vecinos tienen la posibilidad de elaborar propuestas y someterlas a la votación de la ciudadanía, resolviendo sobre una cantidad determinada de recursos. Ese estímulo a la creatividad, a pensar el espacio colectivo, a incidir en las decisiones sobre el barrio o la localidad, tiene un gran valor democrático. Este tipo de experiencias no tienen por qué reducirse a los gobiernos locales o departamentales sino también pueden implementarse desde lo nacional o combinando acciones de todos ellos.

Los gobiernos locales deben tener presupuesto propio y mayores posibilidades de acción local, procurando ganar en eficiencia y articular en forma más clara con los gobiernos departamentales y nacionales.

Se trata en el fondo de construir una sociedad más participativa, una democracia más plena, donde los derechos humanos puedan ejercerse en forma integral, sin fracturas sociales, sin desigualdades profundas que comprometan el desarrollo pleno de las personas, cualquiera sea su género, su etnia, su orientación sexual.

Esta gran estrategia pasa en primer lugar por la democracia interna dentro de los partidos y las organizaciones sociales, por iguales posibilidades de participación de hombres y mujeres, negros y blancos, de todas las orientaciones sexuales. Implica promover a su interna formas más participativas y horizontales, de mayor cercanía e intercambio. Es notoria la postergación de las mujeres en la política nacional y eso no solo vulnera sus derechos sino que priva al sistema político de una impronta que lo enriquecería. Algo similar sucede con los jóvenes.

Estamos hablando también de una relación más próxima de los cargos de gobierno con la ciudadanía, con evaluaciones de desempeño, rendiciones de cuentas, explicitación y discusión de planes, códigos de ética y criterios de gestión transparentes.

Incorporar a más jóvenes a la lucha política es un gran desafío para la izquierda, donde el énfasis no debe ser solo la edad sino la capacidad de “revolucionar”, repensar e innovar en las ideas y las prácticas. Significa crear espacios y transferir responsabilidades sin miedos.

El próximo gobierno debe replantearse la reforma del Estado desde la planificación participativa como eje, donde la población involucrada y los trabajadores se constituyan en actores firmes. Creando escenarios compartidos para valorar prioridades y líneas de acción. No es posible realizar esta reforma contra los trabajadores sino con ellos, escuchando, recogiendo sus saberes y requiriendo su compromiso mayor con la comunidad.

Democratizar el Poder Judicial significa ni más ni menos que más democracia. No hay argumento para no reformar la Justicia. Hacerla más eficiente, accesible, transparente es todavía un gran debe. Se trata de hacer más transparentes los ingresos, ascensos, traslados, sanciones, evaluación de desempeños, estableciendo un sistema que dé mayores garantías y reduzca la discrecionalidad actual. La concentración de poder en la Suprema Corte de Justicia es excesiva. Es necesaria una estructura donde se distribuyan en ámbitos distintos sus tres grandes funciones: órgano máximo jurisdiccional, dirección administrativa del Poder Judicial y órgano responsable de definir la constitucionalidad de las leyes. Se ha retardado excesivamente la sanción de un nuevo Código de Proceso Penal, por una resistencia corporativa que no admite que un Ministerio Publico y Fiscal fuerte, con presupuesto e independencia es también un componente fundamental de la Justicia.

Este nuevo diseño institucional general requiere de una reforma de la Constitución. La impronta democratizadora y la consagración de los derechos humanos debe ser su principal contenido.

La candidatura de Constanza es por sí misma un hecho nuevo que replantea la participación de las mujeres en las más altas responsabilidades políticas. Pero además su discurso y sus propuestas ponen el énfasis en esa apertura a formas nuevas de hacer política.

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