Un hecho que enaltece al país.
Publicado el 23/08/13 a las 11:11 pm
Escribe Pablo Anzalone.
El allanamiento del llamado “Royal Bank of Canada” es una demostración que en nuestro país el lavado de dinero del narcotráfico ha dejado de ser un campo más de la impunidad de los poderosos. Durante décadas se supo que el gran negocio del narcotráfico tenía tentáculos en agentes financieros, cambios y bancos que se prestaban para ingresar esos enormes fondos al mercado formal con total impunidad. Y bufetes jurídicos que los defendían utilizando todas las normas para su protección. Algo importante cambió en el país cuando a partir de 2005 algunos de estos personajes empezaron a ser investigados, detenidos y procesados.
La empresa allanada por orden judicial no es un banco en Uruguay sino un agente de valores que solo actúa en operaciones off shore desde la zona franca. Tiene antecedentes por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. A través de ellos ingresó al país el dinero del narcotraficante Gustavo Duran Bautista con el cual compró la estancia en Salto donde le fueron incautados 500kg de cocaína. Surgieron en ese momento sus vinculaciones con una SAFI (sociedades financieras promovidas en el gobierno de Lacalle) uruguaya con sede en San Pablo que tenía un testaferro colombiano a la cabeza. A este “banco” se le aplicó una multa de grandes dimensiones a raíz de su intervención en aquel negociado.
Sería interesante investigar más sobre como el sistema de zonas francas ha controlado el origen de los capitales que se posan en estos terrenos. Son espinas de neoliberalismo que nos quedaron de períodos anteriores.
El tratamiento mediático del tema drogas carga las tintas en el micro tráfico y las bocas pero exime y defiende a los delincuentes de cuello duro que lucran con el gran negocio, lo amparan y viabilizan. Sabemos el efecto de fragmentación social que generan las bocas en los barrios, pero los tiburones y no las mojarras son los grandes responsables de los impactos que crea la droga en diferentes contextos. Mientras se pide mano dura contra los pibes chorros, incremento de las penas, llenando las cárceles de pequeños traficantes, usando y abusando de la cárcel como mecanismo de sanción, despierta protestas inusitadas un allanamiento para pesquisar los mecanismos a través de los cuales ese chorro de dinero que es el poder del narcotráfico se blanquea.
Muchas veces se cuestiona la labor de la policía ante la comisión de delitos. Sin embargo las cárceles llenas son una muestra de los resultados del accionar policial. Y también de sus limitaciones, porque la seguridad es un derecho humano que solo se puede alcanzar asociado a una convivencia integrada, reparando la fractura social que continúa a pesar de los avances de los últimos años.
En esa batalla ideológica por la seguridad y la convivencia, por los valores que aspiramos sean adoptados por nuestros jóvenes de todos los estratos sociales, es clave la credibilidad. Y ella se ve vulnerada si hay permisividad hacia el lavado de dinero y la complicidad con el gran narcotráfico, o si se cede al chantaje de empresas que se retiran de plaza porque son investigadas en este campo. No son de recibo las presiones de la Asociación de Bancos y los representantes de las zonas francas.
El compañero Danilo Astori ha manifestado su preocupación respecto al retiro de esta empresa, junto con menciones a la renovación ideológica dentro del Frente Amplio. La decisión de dar una señal política con estos contenidos nos parece muy desacertada. Desde nuestro punto de vista no hay ninguna renovación ideológica que pueda incluir ceder ante presiones de grupos económicos de este tipo. Por lo menos ninguna de izquierda. Más bien al contrario las señales ideológicas que un gobierno de izquierda debe dar es que no duda en tocar los intereses de los poderosos cuando está en juego el bien común.
Desde la Junta de Drogas de Montevideo se está trabajando mucho, en sintonía con la Junta Nacional de Drogas para desarrollar una red de atención con mayores respuestas al consumo problemático de sustancias. Centros como “Ciudadela” de diagnostico, derivación y seguimiento, programas como “Aleros” con estrategia de cercanía, centros de escucha como los de zona 8 y zona 3, proyectos como el “Achique” de Casavalle, que se suman a dispositivos que tienen amplia trayectoria como El Portal Amarillo y el *1020, entre otros muchos esfuerzos. Las políticas sobre el tabaco muestran un camino de regulación estatal, información y educación sobre los perjuicios del consumo problemático que arroja enseñanzas para trabajar sobre otras drogas como el alcohol y la marihuana. Los proyectos de ley sobre ambas problemáticas que hoy están en debate son avances muy significativos en ese sentido.
Pero todo esto se debilita como política y como mensaje si se pierde la integralidad que articula la acción sobre la demanda con el control de la oferta, incluyendo el accionar sobre los cómplices de cuello blanco del gran narcotráfico.
Pablo Anzalone es Coordinador de la Junta Departamental de Drogas de Montevideo.
