TRANSPARENCIA CERO. Las condiciones del doctor Ruibal Pino.
Publicado el 28/03/13 a las 11:23 pm

Entre la mirada de Filocleón ante la jueza Mota y la revelación del silencio hermético frente al vulgo.
Por Rosario Touriño.
Hay respuestas a inquietudes periodísticas básicas que pueden ser más reveladoras que ríos de tinta. Tienen relevancia en sí mismas. El 10 de marzo, Brecha inició gestiones para entrevistar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino (por vía escrita, como se le indicó). Es evidente que este semanario tiene una historia y un presente en la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Y que, como todos los medios de comunicación, se para desde un lugar y desde una esencia. Pero el objetivo de esta incursión era el más simple de todos: preguntar, escuchar argumentaciones, y volver a preguntar. Repasar antecedentes. Plantear el pensamiento de otros juristas y contrastar información. De la interacción entre las preguntas y las respuestas iba a surgir un resultado. Los lectores sacarían sus propias conclusiones. Ni más, ni menos.
Finalmente, el 13 de marzo, llegó la respuesta desde tan alta magistratura, dirigida a quien encabezó la solicitud, el periodista Ricardo Scagliola.
La transcribimos textualmente:
Respondiendo a su solicitud para pactar una entrevista con el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia hacemos saber a usted que:
1) El señor presidente de la Corporación, doctor Jorge Ruibal Pino, está abierto a concederle la entrevista solicitada en día y hora a confirmar en su despacho (Pasaje de los Derechos Humanos número 1310, planta baja). Se propone su realización para los días lunes, miércoles o viernes a las 13.30 horas.
2) La entrevista podrá abordar la situación económica y necesidad de independencia presupuestal del Poder Judicial. El señor presidente no hará declaraciones en relación con la inconstitucionalidad de las leyes número 18.831 (ley interpretativa) y 18.876 (icir), ya que los argumentos de esas decisiones están ampliamente desarrollados en las respectivas sentencias y disponibles en el sitio web de la institución.
3) Por razones de agenda la reunión con el periodista enviado tendrá una duración máxima de 10 minutos.
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Dicomi. scj
El tono y el contenido de la misiva, así como el tiempo concedido para la eventual entrevista son por demás ilustrativos. En realidad, en el espíritu, la respuesta obtenida por Brecha no difiere de la lograda por los parlamentarios que invitaron a la Corte a explicar el alcance de una decisión, en nombre de una ciudadanía que tiene el derecho a acceder a los meandros de un poder público financiado con los recursos de todos. Quizás este semanario tuvo hasta mayor suerte que una delegación de la Comisión Internacional de Juristas que procuró la semana pasada un encuentro con los magistrados: “Intentamos una entrevista con la scj pero no nos contestaron. Intentamos una con Pérez Manrique (el único ministro de la Corte que votó en contra de la inconstitucionalidad de la ley interpretativa), y había sido confirmada para el jueves, pero luego llamó para cancelarla” narró el brasileño Belisario dos Santos Junior (véase Brecha, 15-III-13). Diez minutos, condicionados y para hablar sólo de los intereses del magistrado, frente a una absoluta falta de respuesta.
Pero tampoco puede decirse que Ruibal Pino aplicara siempre una línea coherente. No es que se haya negado a brindar entrevistas para explicar sus recientes dictámenes. En diálogo con otros medios, el magistrado no se remitió a la pura letra de las resoluciones. A pocas horas del traslado de Mariana Mota, concedió algunos minutos televisivos en los que, sin hacer gala de demasiado garantismo, llegó a manejar que la jueza tenía varios “sumarios abiertos” (apartándose de las consabidas “razones de mejor servicio”). El desliz lo obligó luego a rectificarse y admitir la inexistencia de esos sumarios.
Pues parece que Ruibal explica lo que quiere y ante quien quiere. Está claro que bien poco parece importarle incluso la opinión de un colega suyo de la Corte, el ministro Pérez Manrique para quien todo organismo público está obligado a justificar sus decisiones (Búsqueda, 7-III-12). Por todo lo que antecede es que Brecha ha considerado de interés periodístico transcribir esta respuesta y contribuir a que Ruibal Pino destine esos diez minutos de su tiempo a razones de mejor servicio.
TOMADO DE BRECHA, 22/3/2013.