LA REFORMA SOCIAL DEL GOBIERNO

Publicado el 11/07/11 a las 11:37 pm

Por Daniel Olesker.
Ministro e Integrante del Gabinete Social.

El programa de gobierno del Frente Amplio siempre ha sostenido que el crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. De hecho el Uruguay ha tenido experiencias en ese sentido. Basta recordar el crecimiento económico de 1974 a 1980 durante la dictadura que llevó a la más importante concentración y exclusión de la riqueza y el ingreso que haya vivido el país; pero también hay que recordar la década de los 90 en la que, con importante crecimiento económico la distribución permaneció estancada y la exclusión social aumentó. Es lo que en su momento llamamos modelo LACE (liberal, aperturista, concentrador y excluyente).

Por ello no hay manera de modificar las condiciones de distribución para transformar el crecimiento concentrador y excluyente en distributivo e incluyente que con la acción del Estado.
La experiencia internacional muestra que los mejores niveles de distribución del ingreso están en los países que, habiendo alcanzado importantes niveles de crecimiento, al mismo tiempo y simultáneamente desarrollaron políticas activas de distribución. (el caso más paradigmático son los países escandinavos).

¿Cuáles son esas políticas activas del estado que actúan sobre la distribución del ingreso? Al menos tres: (ver gráfico)

a) las que actúan sobre los ingresos, es decir sobre salarios y jubilaciones
b) las que actúan sobre el mercado de trabajo aumentando la cantidad y la calidad del empleo
c) las políticas de acceso con justicia social a los servicios sociales.

En esta nota me referiré a la política social, para en una nota posterior hablar de la política de empleo y salarios.
La reforma social se ha sustentado en 5 pilares que la definen como de inclusión social:

1) De cada quien según sus ingresos a cada quien según sus necesidades

Lo que diferencia una política social de izquierda de una política social excluyente y conservadora es la separación tajante entre la forma de financiar la política respecto
Es decir de una parte las personas beneficiarias de la política social contribuyen a su financiamiento según su ingreso (sea a través de impuestos como en el caso de la educación o a través de contribuciones a la seguridad social como en el caso de salud) y reciben el beneficio según sus necesidades que en general están asociadas a su edad, su sexo, su localización en el territorio, etc..
El concepto de igualdad en una reforma social que pretende socializar el servicio está basado en esos dos pilares respecto al financiamiento y al acceso que se resume en la frase del subtítulo muy cara para nosotros:
“de cada quien según su ingreso a cada quien según su necesidad”

2) Carácter universalista del acceso.

El segundo fundamento de las políticas sociales incluyentes o socializantes es su carácter universal, es decir que están diseñadas para el conjunto de los ciudadanos del país. No son acciones focalizadas para dar respuesta a un problema concreto sino acciones en las que convergen todos los ciudadanos.
Obviamente la igualdad junto a la universalidad supone por un lado, como se dijo en el punto anterior contribuciones financieras diferentes bajo el lema de que paga más quien tiene más y por otra parte no excluye que en ese marco haya prioridades en el proceso de construcción de la política. Así fue con niños y adolescentes en la reforma de salud, pero en 2016 a 9 años de iniciada todos los demás sectores quedarán incluidos en el FONASA.

3) Conducción del Estado.

El tercer componente de una política social es la conducción del estado. Ha quedado más que demostrado y el Uruguay de los 90 es un vivo ejemplo de ello que el mercado no es bueno para generar inclusión social y acceso con justicia social a la política social.

Sólo el estado puede garantizar universalidad (nadie invertiría sino hay conducción pública en una policlínica en el medio del campo), justicia social (nadie podría sino el estado recaudar y luego gastar según prioridades) y accesibilidad. Cuando el mercado define el acceso, sólo acceden los que pueden pagar. La salud mental que ingresa en setiembre al SNIS, es un ejemplo; hoy que no esta en el sistema y se debe pagar privadamente, sólo acceden los que la pueden pagar, más allá de las necesidades de cada quien.

4) Participación social

El cuarto componente de una política social incluyente es la participación social, es decir que los ciudadanos organizados en sus diferentes formas (sindicatos, organizaciones de usuarios, organizaciones de mujeres, entre otras) participen en las políticas sociales en sus tres fases: en el diseño, en la ejecución y en la toma de decisiones. La reforma de la salud, la seguridad social y la ley de educación son ejemplos más que notorios de esta visión de construcción de poder popular.

5) Incremento presupuestal para complementar los recursos del desarrollo de la política social.

Finalmente todo lo anterior sería letra muerta sino acompañamos esta estrategia de recursos económicos.
El gráfico 1 nos muestra lo que han sido los recursos asignados entre 2004 y 2010 a 5 ejes de la política social relevantes y que contienen el grueso de ésta, a saber, anep, universidad, asse – msp, inau y asignaciones familiares.

El gráfico es claro, se han duplicado en precios constantes en 6 años los recursos asignados a la política social en todos los rubros con el mayor porcentaje en salud. (en el anexo se ven los detalles en monto del aumento del gasto).
El cuadro 1 nos muestra como estamos en la región dado este incremento sustantivo de recursos.

Como se ve con claridad en América somos los líderes en gasto social bien distanciados del resto.
En síntesis la reforma social del gobierno, de la que en la nota anterior hemos punteados sus principales planes, no es sólo una respuesta a la coyuntura. Es un cambio estructural que socializa el acceso, lo universaliza, le da justicia social y pone acelerador en el tránsito hacia una sociedad de iguales.