Elecciones internas y crisis del Frente Amplio.
Publicado el 20/06/11 a las 11:52 pm
Por Pablo Anzalone, Secretario General del PVP- Frente Amplio.
La situación creada luego del fracaso del proyecto de ley interpretativo de la ley de caducidad generó una crisis en el Frente Amplio. Se rompió la unidad de acción parlamentaria, desacatando un mandato expreso y unánime del FA, frustrando la aprobación de un proyecto de ley sobre un tema que polariza al país. La verdad y la justicia han sido banderas hondamente sentidas por la mayor parte de la izquierda, enfrentada históricamente con una derecha civil y militar que sigue atada a la defensa de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.
El impacto mayor sobre el FA surge del hecho que dicho desacato se origina a partir de un gesto político del presidente y vicepresidente de la República que, luego de un año de discusiones y acuerdos en la fuerza política, convocaron a la bancada de diputados para cuestionar el proyecto ya aprobado en el Senado. Se dio el caso que el Vicepresidente acompañó el cuestionamiento del proyecto que había votado sin observaciones pocos días antes, elaborado con la participación de los sectores políticos de ambos dirigentes.
Es evidente que el presidente tuvo tiempos de sobra para haber incidido en el debate interno, sin llegar a enfrentar tan brutalmente las decisiones de la fuerza política. Ambos tuvieron decenas de mecanismos para hacer llegar su opinión en la orgánica frentista en lugar del cuestionamiento mediático en el último momento. Pero el debate público desatado por el presidente Mujica fue más allá de la iniciativa legislativa, y reiteradas veces caracterizó de actitudes de odio y venganza a quienes promovieron la búsqueda de verdad y justicia.
Minimizó y caricaturizó esta cuestión ética y política reduciéndola a algunas viejas que buscan los huesitos de sus familiares.
Varias veces Mujica reclamó una autocrítica de quienes promovimos el plebiscito de 2009 porque no calculamos bien las fuerzas. Aunque el momento, el discurso y la intención política no son compartibles en absoluto, digamos con claridad que en esto tiene razón. Y no sólo tuvimos errores de cálculo sino varios otros.
Lo hemos reflexionado y habrá que ahondar en ello. Hay que hacerse cargo de los fracasos, como bien sabe Mujica y quienes en los setenta fuimos responsables con nuestros errores de graves derrotas del movimiento popular.
Salvando las enormes distancias entre una situación y otra, como PVP hicimos una autocrítica dolorosa y profunda en el año 1977 luego de las derrotas que tantos compañeros desaparecidos nos dejaron. Hicimos autocritica pero al mismo tiempo nos hicimos cargo del reclamo, de su búsqueda y de la recuperación de los niños. Del apoyo y la solidaridad con sus familias. Por ética y por un principio básico de organización.
Cuando se trata de un movimiento amplio con un protagonismo social fundamental, es necesario ser cuidadoso al reflexionar desde una fuerza política que solo comprende uno de los múltiples vectores que esta movilización tuvo.
No puede soslayarse el contexto, porque la iniciativa de reforma constitucional por iniciativa popular tiene que ver con la negativa del parlamento en el 2006 de anular la ley. Al tiempo de ver errores surge la pregunta sobre la acumulación que la recolección de firmas pudo generar sumando a miles en un tema que algunos decían que no convocaba a grandes masas.
Hacerse cargo significa también poner en el escenario a quienes desde la izquierda nunca promovieron nada y a veces se opusieron a la lucha por verdad y justicia. Con la lógica absurda de los “combatientes”, o por no poner en riesgo la victoria electoral, o por el resultado del referéndum, o porque “la gente sólo se ocupa de sus problemas económicos”, omitieron, minimizaron y en muchos casos directamente atacaron públicamente estas causas. Si es por cálculo, hay que recapacitar porque a pesar de la derrota el tema sigue convocando a cien mil personas en la calle. No hay tema en el país que reuna tantas voluntades.
No lo hay. Reclamando la verdad como derecho de todos y responsabilidad del Estado. No es menor. Herir esa sensibilidad y esa causa profundamente política es un quiebre peligroso.
Creo que sería válido que Mujica mismo, que firmó por el plebiscito y es de valorar este apoyo a la campaña, autocriticara sus dichos de que solo cree en la justicia divina y que la verdad se sabrá cuando estemos todos muertos.
Se equivocó en esas afirmaciones. Se demostró en el gobierno frenteamplista que la Justicia podía actuar y hay torturadores presos y procesados. También hubo y hay investigaciones, algunas históricas, otras judiciales que han llevado verdad a algunos de los episodios dolorosos del pasado. Muy insuficientes es cierto, y lejos de la responsabilidad que tiene el Estado en ese sentido, pero las hubo. Lamentablemente cuando esa investigación como en el caso del Juez Vomero desentraña el asesinato de Nibia Sabalzagaray, se desata una campaña de la derecha junto a contadas opiniones desde la izquierda, que pretenden eximir al general Dalmao de sus responsabilidades. Intentando desacreditar a la actuación independiente de la justicia con argumentos absurdos de que un alférez no participaría nunca de la tortura. O sumando a la campaña de desprestigio sobre la jueza Mota que tiene por abanderado a Jorge Batlle, quien junto a Gonzalo Aguirre visitaron a la Suprema Corte de Justicia con clara intención de presionar sobre la misma.
Así como hay que señalar y aprender de los errores de la campaña por la anulación de la ley creo que uno de sus grandes aciertos fue no transformar el tema en un debate interno de la izquierda, ni apostar al cobro de cuentas. Porque en el fondo los mayores responsables son los 20 años de impunidad y esa trenza entre los dirigentes blancos y colorados con la ultraderecha civil y militar de la dictadura. Es ese país reaccionario, autoritario, injusto, que defiende sus valores y también sus criminales. Defiende una impunidad selectiva: para los agentes estatales de terror pasar la página; para los niños y adolescentes de 16 y 17 años cárcel de mayores. Una derecha que resguarda a sus abogados como Curbelo Tammaro, ahora procesado por lavado del narcotráfico.
Sin embargo reducir la crisis del Frente Amplio a este episodio y a este tema sería una gran simplificación. Desde mediados de 2009 el Frente Amplio viene desarrollando un debate autocrítico amplio que llegó a conclusiones comunes importantes. No es posible analizar la crisis actual sin considerar ese balance autocrítico reciente, que se tradujo en un documento aprobado por unanimidad del Plenario Nacional en diciembre de 2010. Como tampoco sería correcto reflexionar sobre cómo salir de esta crisis sin tener en cuenta la propuesta de “Estrategia para la etapa” que surgió de una elaboración colectiva de los sectores
y bases frenteamplistas. Transformar estos acuerdos en acción política, en movilización frenteamplista, pasa por cambios fuertes en el Frente. En ese sentido proponemos con fuerza la realización de elecciones internas como parte de un relanzamiento del Frente, utilizando los instrumentos democráticos que ya tiene el Estatuto actual para fortalecer su orgánica y su presencia política.
Carta del PVP, número 36.
