ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA DESREGULACION Y PRIVATIZACIÓN DE LA ELECTRICIDAD

Publicado el 28/09/08 a las 12:00 am

Por Gabriel Portillo

Como ya se ha dicho la desregulación y privatización de la electricidad representa un traspaso  de la propiedad y el control de la electricidad de manos públicas a privadas. La ‘liberalización’ implica que el objetivo de alcanzar un servicio que se brinde en tiempo y forma a toda la población cumpliendo tres aspectos básicos por lo que nosotros entendemos  un «servicio de bien público esencial»: universalidad (acceso por parte de toda la población), permanencia (o continuidad en el tiempo, sin cortes) y estabilidad en los precios o tarifas más allá de los vaivenes de la economía pasa a ser sustituido por el ideal mercantil de la competencia, el mito de la capacidad de elección del consumidor, y la prioridad de la eficiencia económica, medida en función de los beneficios o de la tasa de rendimiento de las inversiones. La privatización de de las actividades del sector eléctrico no es algo que los ciudadanos hayan exigido o deseado.

El descontento popular es clarísimo en Argentina, hoy el Estado no puede asegurarle el suministro a una nueva industria que se instale en nuestro país hermano, el industrial tiene que hacer inversiones en respaldo propio, pensemos por ejemplo ahora en otros casos: India, Indonesia y Ghana, Perú, Ecuador y Paraguay, las protestas han conseguido congelar las propuestas de privatización, en algunos países. En la República Dominicana, varias personas fueron asesinadas durante las manifestaciones organizadas contra los cortes de energía impuestos por empresas privatizadas. En Sudáfrica, miles de personas marcharon durante una huelga general de dos días para protestar contra la privatización, que tildaron de ‘apartheid resucitado’. En Papua Nueva Guinea, varios estudiantes fueron asesinados cuando miles de personas se concentraban contra el plan de privatización de servicios públicos, entre los que estaba Elcom, la administración encargada de la electricidad.
Incluso en China, los trabajadores protestaron contra la venta de una central eléctrica de la provincia de Henan a una empresa privada, y amenazaron con “bloquear la autopista estatal y tendernos sobre los raíles mientras los trenes nos arrollan”, pero lo cierto es que, con la privatización y la reestructuración, los precios han aumentado o, al menos, se han hecho extremadamente volátiles, la supuesta disciplina del mercado se ha visto eclipsada por la manipulación de los precios de las empresas eléctricas, que buscan incrementar el precio de la electricidad y maximizar los beneficios.

En California, el costo de la electricidad de usuarios residenciales y comerciales aumentó en 11.000 millones de dólares sólo en un año, y otros miles de millones salieron del bolsillo de los consumidores y las empresas públicas de California para ir a parar a empresas eléctricas privadas y a agentes intermediarios del sector energético, muchos de ellos en otros estados. Se clausuraron minas, aserraderos y fábricas de aluminio; se despidió a trabajadores (Beder, 2003).

El principal método que han utilizado consiste en retener parte del suministro para crear una escasez artificial y, de ese modo, elevar los precios. Los productores, al mismo tiempo, cortaban la capacidad de producción para realizar tareas de mantenimiento justo cuando se necesitaba mayor suministro (Beder, 2003). Los productores y los distribuidores vendían electricidad a otros estados y, cuando los precios se disparaban en California a causa de la escasez, volvían a vender a California a un precio muy superior del que habrían conseguido en otro caso. De hecho, durante el periodo del 2000 cuando supuestamente, había mayor escasez, se exportó más electricidad de California que en el año anterior, y no había ninguna normativa para evitar que los productores se comportaran así porque eso obstaculizaría el libre mercado (Berry y Riccardi, 2001:A-1). Pero no fue hasta que Enron entró en bancarrota que salieron a la luz documentos que demostraban que las compañías energéticas habían estado manipulando los precios de la electricidad en California y ganando dinero a expensas de empresas públicas y consumidores con prácticas fraudulentas. Enron, por ejemplo, creaba la falsa impresión de que las líneas eléctricas estaban congestionadas exagerando la potencia que pensaba transmitir a través de ellas. De ese modo, recibía dinero para reducir un colapso que no se iba a producir. Los pagos para descongestionar las líneas podían alcanzar los 750 dólares por MWh (Oppel, 2002; Oppel y Gerth, 2002).
Sin duda, Enron no era la única empresa que empleaba este tipo de estrategias para manipular los precios. Un ex operador del sector de Goldman Sachs explicó al New York Times: “La razón de ser de los operadores es generar los máximos beneficios posibles al amparo de la legalidad (…) Esa fue mi experiencia: si no manipulabas el mercado cuando podías hacerlo, te amonestaban” (Kahn, 2002). Esta manipulación de los precios permitió a proveedores privados elevar el precio al por mayor de la electricidad de 30 dólares por MWh, antes de la desregulación, a tarifas punta de miles de dólares por MWh.
¿Qué pasaría en Uruguay?, donde la generación no es un servicio público y desde el sector privado se presiona para abrir a la competencia con reaseguro por parte del Estado, en caso de los años con alta capacidad de generación hidráulica.

El mercado eléctrico australiano tampoco se ha visto exento de estas prácticas. Los productores que abastecen al Mercado Eléctrico Nacional (NEM) pueden retener parte de su capacidad productora en días calurosos, esperar a que los precios aumenten y, después, volver a ofrecer esa misma capacidad a precios inflados. Esto significa que los precios pueden oscilar entre los 30 y los 1.000 dólares australianos por MWh. Los productores admiten que, con este método, persiguen la ‘optimización financiera’, es decir, hacer dinero.

No es fruto de la casualidad que Australia del Sur y Victoria, los únicos estados que han privatizado totalmente el suministro eléctrico, presenten los mayores precios residenciales de
todos los estados meridionales. En cambio, en Nueva Gales del Sur, donde los servicios eléctricos mantienen la titularidad pública, los precios se han ido reduciendo durante la última década. La administración reguladora de Australia del Sur declaró que más del 20 por ciento del precio de la electricidad pagado por los consumidores se debía a la privatización.

Nuestro vecino mayor Brasil durante los años noventa, el sistema eléctrico brasileño fue adquirido por una compleja red de inversores privados extranjeros.  Light Serviços de Electricidade (Light) se subastó en 1996 y fue adquirida por un consorcio formado por la francesa EdF, la estadounidense AES y la brasileña CSN. Las condiciones del contrato establecían que Light adquiriría electricidad hidroeléctrica del Estado a 23 dólares por MWh y la vendería a los consumidores por 120 dólares, una cantidad muy superior a los 75 dólares que EdF cobraba a los consumidores más acomodados en Francia.
Así, los consumidores experimentaron un tremendo aumento de los precios mientras los propietarios extranjeros repatriaban los beneficios y evitaban invertir en ampliar la capacidad de producción (McKee, 1996; Benjamin, 2001; Costa, 2001).

La lógica que se quiere imprimir ya pasado en otros países como Argentina o la India para poner dos países bien distintos. Se pretende adquirir electricidad a un precio fijo sin que la empresa este obligada a proporcionar dicha electricidad. Además, siempre se debe pagar por el 100 por ciento de la capacidad productiva de la central, las 24 horas del día, independientemente de si se necesita o si se dispone de energía hidráulica que es mucho más barata. Con esta forma de encarar un negocio a pesar de los elevados precios que cobrarían, todos los riesgos son a cargo del gobierno y no de los inversores.
En las Filipinas, por ejemplo, el precio de la electricidad suministrada por los productores privados de electricidad, incluso antes de la crisis asiática de 1996, era de 76 dólares por MWh, cifra superior a los 57 dólares que costaba la electricidad de la empresa estatal Napocor (Albouy y Bousba, 1998). Los consumidores filipinos pagan ahora por la electricidad los precios más elevados de toda la zona ASEAN.

En la mayoría de países del mundo en que la electricidad se ha privatizado o desregulado, los hogares y los pequeños comercios han tenido un aumento –astronómico en sus tarifas.

En un sistema desregulado, el ahorro acumulado con la reducción de costos en la producción ya sea por máquinas más económicas o de producción hidráulica es absorbido principalmente por las empresas eléctricas privadas, ya que se enciendan sus máquinas o no, se paga igual por disponibilidad y a partir de esta lógica comienza las posibles maniobra que explicábamos, siempre tendientes a aumentar el precio por el que el Estado paga el MWH, en este caso UTE como responsable del servicio público de distribución.

El mercado carece de una planificación centralizada que decida las centrales que operarán en función de costos lógicos y marginales. En ese contexto, “la planificación centralizada se ve sustituida por las señales de los precios” (Quiggin, 2001:7). Los propietarios de una central que está parada gran parte del día necesitan que el precio que obtienen con las horas pico les compense por los períodos de inactividad.
De modo que, incluso en un mercado competitivo, los precios fluctuarán. Esta fluctuación se ve exacerbada por la facilidad con la que las empresas privadas pueden usar su poder de mercado o crear una escasez eléctrica artificial para forzar los precios al alza, incluso en momentos de menor demanda. Los mercados eléctricos generan así una discrepancia entre el precio y el costo de producción.

Al suplir la planificación estatal, se supone que las fuerzas del mercado deben garantizar la existencia de suministro, ya que, en principio, el mercado tiene la capacidad de equilibrar la oferta y la demanda mediante la competencia. En la práctica, sin embargo, el mercado ha resultado ser un mecanismo muy poco eficaz para asegurar un servicio fiable y un suministro adecuado, por no decir que en Uruguay ha fracasado ya que nuevamente el Estado tuvo que encarar las inversiones necesarias para impedir un colapso energético.

En el mercado, la falta de oferta provoca el aumento de los precios y esto, en teoría, sirve de incentivo para construir nuevas centrales. Pero, de hecho, tal como hemos visto en el apartado anterior, la recompensa económica siempre es mayor al crear escasez y, por lo tanto, la mayoría de empresas prefiere evitar inversiones arriesgadas que sólo reducirán el precio aumentando la oferta.

El sistema eléctrico brasileño que antes de la privatización había funcionado perfectamente durante décadas, objeto de admiración y envidia por su gran disponibilidad de hidroelectricidad barata, se vino abajo, y  Brasil se vio enfrentado a tal escasez de electricidad que fue necesario introducir racionamientos, con los consecuentes problemas económicos y sociales.

Mientras que la mayoría de inversiones en Sudamérica han surgido a raíz de la plena privatización y se han caracterizado por la adquisición extranjera de empresas estatales, las inversiones en Asia Oriental y Meridional se han “centrado en introducir productores de energía independientes en mercados dominados por empresas integradas verticalmente de propiedad estatal” (Izaguirre, 2000:5).

Las empresas privadas, exentas de obligaciones sociales, pueden desempeñar actividades rentables mientras que el gobierno sigue asumiendo las tareas no rentables del suministro eléctrico, como la protección medioambiental y el acceso equitativo. En el pasado, los gobiernos podían subvencionar las actividades no rentables con las que sí lo eran. Por lo tanto esto aumento lo problemas sociales preexistentes en lugar de paliar o mitigar con políticas sociales desde las empresas públicas de electricidad.

Otro capitulo importante es la insistencia en la separación de las tareas de transmisión, generación y distribución en lo que se llama unidades de negocio, esto supone para el caso de UTE dividirla en tres. La energía eléctrica como producto no se puede almacenar y por lo tanto la interdependencia de los tres sectores de la cadena se hace manifiesta y su accionar debe responder a una planificación centralizada. La desintegración no es tal en los hechos y solo se proclama a los efectos de justificar el desmantelamiento de las empresas públicas. Todos los segmentos de la cadena de producción y comercialización de electricidad deben ser servicios integrados verticalmente, inclusive la generación debido a su interdependencia física y económico financiera.

La falta de inversiones en las infraestructuras de transmisión, por ejemplo, explica en parte los numerosos apagones que se sucedieron en los estados del noreste de EEUU y el Canadá en 2003.

La desregulación ha traspasado las responsabilidades de inversión que evitarían estos sucesos al mercado. Pero los agentes del mercado están más interesados en la rentabilidad conseguida que en la fiabilidad ofrecida.

En un informe elaborado por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU), Oppenheim (2001:20) señalaba:

La infraestructura de la industria es cada vez más antigua y necesita un mantenimiento constante (…) Los problemas comprenden desde postes declarados obsoletos por los trabajadores que no se sustituyen a conmutadores en carga que son inoperantes y que afectan a los niveles de voltaje, pasando por transformadores que no se revisan y corren el grave riesgo de explotar. Las cuadrillas de trabajadores de todo el país observan que los cables se comprueban con menor frecuencia, que los ciclos de inspección de subestaciones y cajas de empalme se extienden, y que los postes obsoletos a menudo no se sustituyen. Componentes clave del sistema no funcionarán como deberían a causa de su envejecimiento, de la falta de reparaciones, o de ambas cosas.

La falta de mantenimiento también propició en parte los apagones de Nueva York, Chicago, Long Island, Nueva Jersey, Nueva Inglaterra y Texas. Por ejemplo, una serie de incendios en los transformadores eléctricos provocó apagones en Nueva York durante el verano de 2002.

El mercado compite por el menor precio inmediato, no por el menor precio durante la vida útil de un producto. En el sistema desregulado, el incentivo está en vender más electricidad a precios elevados. En el actual sistema eléctrico, le es mejor subvencionar lámparas de bajo consumo más eficientes que construir otra central. Propuesta presentada por el sindicato en julio del 2005 y que hoy recién se concreta.

En la mayoría de países donde la industria eléctrica integrada verticalmente se ha desmantelado para fomentar la competencia, la consolidación de la industria ha desembocado en la reintegración del sector. Los agentes de la industria compiten para crear un nuevo conjunto de estructuras integradas vertical y horizontalmente. El caso emblemático es Argentina.

La privatización de los servicios no sólo está traspasando bienes de propiedad pública a manos privadas, sino que también los está concentrando en un número cada vez menor de empresas trasnacionales.

La concentración de la propiedad también mina la capacidad de los gobiernos nacionales para controlar a los propietarios extranjeros. Éstos pueden interrumpir servicios por motivos políticos y económicos, anulando así una parte fundamental del sistema económico sin que los gobiernos puedan remediarlo. Empresas estadounidenses, por ejemplo, cortaron el suministro eléctrico en la República Dominicana para obligar al gobierno a pagar la deuda que éste había contraído con ellas. Las grandes corporaciones de la energía están ya muy bien situadas para operar conjuntamente o formar un cártel para presionar a los gobiernos, controlar los precios y limitar la competencia (Chávez, 2002).

Tal como observaba Walt Patterson (1999:84):
Las multinacionales del petróleo con una amplia cartera de actividades en diversas partes del mundo nunca han dudado en sugerir que se retirarán de una determinada concesión o cerrarán un determinado yacimiento petrolero si la política del gobierno parece ser contraria a sus intereses. Las multinacionales eléctricas, también con grandes carteras, tendrán a su disposición una estrategia disuasoria mucho más potente.

La desregulación del sector eléctrico, argumentando criterios de eficiencia esconde atrás un voraz interés por expropiarnos a nivel nacional de rentas en “negocios seguros”. El desarrollo  nacional debe estar signado por un Estado velando por la concreción de una estrategia de desarrollo energético con una visión de independencia. No es posible desarrollar una estrategia nacional entregando soberanía en un sector clave como el eléctrico. Sin duda el sector privado nacional tiene un rol muy importante a desarrollar en la fabricación de equipamiento asociado a la generación de energía eléctrica, como ser calderas a leña y aerogeneradores, el impulso desde el Estado a estos sectores es clave en el sentido de desarrollar tecnología endógena. La desregulación es enfocar el problema energético que vive el país desde el dogmatismo, sin enfocar nuestra principal vulnerabilidad nuestra dependencia a factores externos, la desregulación nos pondrá en el escenario más elementos de dependencia y menos soberanía.

El pueblo no podrá influir en el funcionamiento de servicios básicos, las condiciones de suministro, la fiabilidad de la prestación, la accesibilidad a ésta o el precio. Es necesario un cambio en nuestra legislación que acompañe los cambios políticos surgidos de las urnas.

Materiales Consultados:
Informe Unión FENOSA: Situación del sector eléctrico en Guatemala, Nicaragua y Colombia  ISP. San José de Costa Rica .Junio del  2006.
Informe del estudio encomendado por la Internacional de Servicios Públicos (ISP)  a  Universidad de Greenwich “Empresas Eléctricas en América Latina 2007”.
Anuario de Servicios Públicos 2005/2006
“California Dorada” “Inseguridad neoliberal en el abasto eléctrico…El déficit energético” Periódico del Frente de Trabajadores de la Energía México 2005.
El fracaso de la desregulación. El caso California. Movimiento de Solidaridad Iberoamericana
Sobre la crisis energética Argentina. InfoMORENO