APOLOGÍA DE LAS PRUEBAS PISA Y EL EMBATE CONTRA LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Publicado el 31/01/11 a las 8:48 pm

Por Walter Fernández Val.

Conocido en español como el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA es una prueba que se desarrolla por iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A partir del 2000, PISA se realiza cada tres años para evaluar a estudiantes de entre 15 y 16 años. El contenido de la evaluación abarca competencias en tres áreas: lectura, matemáticas y ciencias.
Esto indica que el Programa evalúa solamente habilidades en las áreas mencionadas, y no más que eso. Es importante mencionar que, en PISA no se evalúa el aprendizaje de los conocimientos establecidos en los programas de las escuelas, ni tampoco está diseñada para evaluar el desempeño de los docentes, ni de los programas vigentes.
La ligereza con que se maneja la tesis por parte de algunos actores sociales que el sistema educativo uruguayo está en crisis pues las pruebas PISA así lo demuestran es llamativa. Es claro que tras la vocinglería se encubren estrategias políticas.
Descorramos el velo para analizar algunas de ellas.
En primer lugar reflexionemos sobre el ataque de la derecha al gobierno de la educación del Frente Amplio. El argumento principal: el sistema educativo uruguayo estaría al borde del colapso por la falta de calidad. Queremos detenernos en el concepto de calidad, vocablo del cual se han apropiado los proyectos educativos
neoliberales. Desde nuestra óptica la calidad de la educación refiere a la coherencia entre planes, programas, currículos, métodos y medios educativos en general con los principios y fines de la educación, a la participación docente y a su nivel de profesionalización. Además, se trata de la pertinencia de los procesos educativos con respecto a los proyectos social y educativo del país, al grado en que los aprendizajes
resulten de estrategias y métodos en los que el educando, aprendiendo a aprender, se apropie no sólo del conocimiento sino del proceso que le conduce al mismo. Y también al grado en que los integrantes de la comunidad educativa se sienten comprometidos con los centros educativos de su localidad y contribuyen a sus buenas condiciones edilicias, equipamiento y mantenimiento.
Claro está que las pruebas internacionales no evalúan esto. Sí hacen hincapié en la sacralización de lo cuantitativo y lo tecnocrático en una pertinaz búsqueda de resultados basados en la adquisición de competencias supuestamente necesarias para insertarse efectivamente en el mercado, llevando a la educación a un grave distanciamiento de la realidad social, y a la desatención de las propuestas de
docentes, estudiantes y referentes familiares.
Pero además si de crisis hablamos, hay que recordar el panorama de la educación pública al comienzo de la gestión del anterior gobierno. Al año 2003 los países de América Latina y el Caribe destinaban en promedio 4,5% del PBI para educación pública, Uruguay sólo superaba a República Dominica dentro de un grupo de 18
países analizados. Debemos agregar además en la ANEP, un parque edilicio en muy mal estado, clientelismo acumulado por décadas, sin materiales didácticos, en una confrontación constante con docentes y estudiantes y con las lamentables consecuencias que supuso la implementación a partir de los años 90 de reformas de neto cuño neoliberal.
Tampoco las pruebas PISA evalúan programas como el de Maestros Comunitarios, Educación Física en todas las escuelas, programa de educación sexual en todos los subsistemas, enseñanza de la historia reciente, carreras tecnológicas terciarias coordinadas por la UTU y la UDELAR, un sistema integrado de Formación Docente que se convertirá en universitario con el advenimiento del IUDE, campamentos educativos, boletos gratuitos para los estudiantes de Ciclo Básico y la puesta en marcha de una educación pública en clave de Derechos Humanos. Además de la entrega de un computador portátil para cada estudiante de primaria y ciclo básico.
En otro orden, quién se atreva a disentir con las pruebas antedichas será objeto de duro castigo. Tal es el caso del Consejero electo del Consejo de Educación Secundaria profesor Daniel Guasco, quién expresó que es difícil comparar a Uruguay con un país como Finlandia, «que hace 12 años destina 8% del PIB a la educación».
A nuestro criterio una observación acertada que al menos merece un análisis acerca de la relación directa que existe entre la inversión en educación sostenida en el tiempo y los resultados educativos. Sin embargo en un ejemplo de intolerancia, dirigentes políticos conservadores pidieron a voces su renuncia o destitución, tildando a Guasco de representar intereses corporativos. Un tiro por elevación que pretende sentar posición contraria a la existencia de docentes electos en el sistema. Claro está que habría que estudiar un poco la historia del Consejo de Educación Secundaria que desde su creación en el año1935 mediante la ley Orgánica N° 9523, contaba con 3 docentes electos en un Consejo de 7 miembros, y fue con esta representación electa
que la Educación Secundaria mejor funcionó en la historia.
Para finalizar, mencionaremos las críticas provenientes desde las mismas tiendas del oficialismo. Ya desde el año 2009 el Ministro de Economía y Finanzas expresaba que se habían entregado “cuantiosos” recursos y no se veían resultados positivos en la ANEP. Si bien el incremento de recursos es real (3,1% del PBI para la ANEP en el año 2009) hay que contextualizar el destino de estos montos.
En un organismo como la ANEP que cuenta con alrededor de 60.000 funcionarios (muchos de ellos en Comisión en el Mides, Poder Legislativo y Ministerio de Educación y Cultura), el porcentaje mayor del presupuesto se destina a las retribuciones salariales. Es así que en el año 2009, el 81 % del gasto del Ente se
destinó a sueldos, el 10 % a gastos de funcionamiento y el restante 9 % se utilizó en Inversiones. El grueso de las asignaciones financieras llegó a la ANEP en 2008, una pauta de ello es que las remuneraciones de sus funcionarios recién alcanzaron en ese año los niveles que tenían en 2002 con el gobierno del Presidente Batlle.
Por estos días, el actual equipo económico del MEF coincide con la apreciación del anterior Ministro de Economía (y de la Misión del Banco Mundial que llegó a Uruguay en este año y que confluye en esa dirección), que aún no se perciben impactos del esfuerzo presupuestal realizado en el período pasado. Digamos que esperar resultados educativos ligados a la inversión luego de décadas de asfixia económica,
en un lapso de 1 a 3 años puede parecer ingenuo. Dado el nivel intelectual de quienes esto expresan es claro que no se trata de ingenuidad, sino que la intención es alentar ciertas reformas estructurales de diseño economicista en el sistema educativo.
Hay quienes piensan con razón que el Ministerio de Economía es un superministerio que puede proponer acciones en los diversos organismos del Estado.
En un estudio reciente el Instituto Cuesta Duarte considera que pese al crecimiento económico, se ha avanzado poco en la redistribución de la riqueza, el 20% más rico se apropia del 47,7% del ingreso nacional mientras que el 20% más pobre se debe conformar con apenas el 5,7% de los ingresos totales. A estas cuestiones debieran dedicar sus fuerzas los economistas del MEF y dejar la conducción del sistema
educativo a los educadores.

NOTA: El autor es Profesor de Matemática