Plan político del PVP 2026                  

Publicado el 20/04/26 a las 5:20 pm

FUNDAMENTOS POLÍTICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Aprobado en general por el Comité Central del 11 abril de 2026. La aprobación final del documento será en el próximo CC.

INTRODUCCIÓN

El inicio de este año 2026 marcó algunas tendencias que ya en el mes de marzo han tomado cuerpo estableciéndose como componentes relevantes de la realidad política global, regional y nacional que han conducido al Uruguay a un callejón estrecho en sus perspectivas de progreso económico social, y al Frente Amplio –nuestra fuerza gobernante– a un desgaste político tanto en el terreno del gobierno, como de la militancia y también en la confianza de la sociedad. Hace diez años en el correr de 2016 durante la campaña de las elecciones internas dijimos en forma pública, que el Frente Amplio había dejado de acumular fuerzas, que la ralentización económica, la no concreción de objetivos, la falta de iniciativas políticas del gobierno y el desapego de la militancia nos ponían en un camino de riesgo. Nada cambió –nos encontramos con los límites del proyecto frenteamplista cuando se retrajeron los precios de los commodities y con una derecha en ofensiva, y no fuimos capaces de construir una nueva síntesis para tomar otro camino–, y 2017 se transformó, mal que nos pesara, en un camino hacia el 39% de octubre de 2019.

En estas últimas semanas, múltiples referentes independientes de izquierda, de la academia, del movimiento social y de nuestros propios partidos han dicho que este es un año “bisagra”, un momento político de “inflexión” e ideas semejantes, a modo de aviso, ante la aparición de aquellos nubarrones en el horizonte.

No tenemos mayor prioridad en este 2026 que crear las condiciones políticas, económicas y sociales imprescindibles para que el 2027 no se transforme en otro 2017, anticipo de otra derrota, y esta es una tarea para todos los frenteamplistas, para todo el movimiento y para toda la coalición, para los militantes en la sociedad y para los responsables en las instituciones, y para nosotros PVP en la parte que nos toca.

CARACTERIZACION DE LA COYUNTURA

CONDICIONANTES DEL MARCO INTERNACIONAL

El estallido geopolítico que se produce a partir de la primera presidencia de Trump, pero que se venía incubando desde la segunda presidencia de George Busch en la década anterior, ha sacudido el tablero mundial que desde hacía treinta años estaba basado en el dominio unipolar de los EE.UU. y en la hegemonía del capitalismo neoliberal.  

Sistema que hasta hoy, aun con el declive relativo de Europa y Japón, domina el mundo y ha garantizado que los EE.UU. y sus trasnacionales hayan controlado hasta la segunda década del siglo los grandes mercados en su beneficio.

Ese dominio económico estaba basado en la mayor capacidad de su producción, en el control de las cadenas globales por sus trasnacionales, en la primacía de la productividad industrial y por supuesto una marcada primacía del complejo industrial-militar y del poder militar de los EE.UU. desplegado en sus centenares de bases, y descargado contra países débiles en sus continuas guerras aun después de la implosión de la Unión Soviética. Así como su predominio tecnológico en materia de tecnologías digitales comandado por las corporaciones gigantes de Silicon Valley que marcan el paso en las transformaciones de las formas de producir, intercambiar y de la vida social.

El ascenso de China consolidado en esa segunda década en el co-primer lugar económico y científico técnico mundial, y en proceso acelerado en la década actual de alcanzar el equilibrio militar, incluyendo la disputa del entorno orbital terrestre, ha provocado la reacción violenta de EE.UU. que ha hecho saltar por los aires el sistema multilateral de “reglas”, y desencadenado la tensión geopolítica y las guerras y ataques a la autodeterminación y soberanía de los países que estamos viviendo en la actualidad.

El “American First” y la ideología MAGA es una respuesta ultra reaccionaria y violenta para enfrentar el declive relativo de los EE.UU. a nivel internacional y el deterioro económico de su sociedad en su espacio interior. Este proceso es síntoma del declive histórico del imperio norteamericano y como contracara, del surgimiento de un mundo multipolar. 

Este 2026 escribe un nuevo capítulo. Una contraofensiva militar e intervencionista de vastas proporciones que, aunque a largo plazo no cambiará la tendencia histórica, está desencadenando factores de poder y alianzas, cuyos impactos se sentirán por lo menos, hasta entrada la próxima década.

Además de la continuación del genocidio al pueblo palestino en Gaza, se ha producido el segundo bombardeo a Irán y el asesinato de casi todo su gobierno y muchos de sus mandos militares, en una nueva escalada del imperialismo norteamericano y su aliado israelí. El ataque que continúa desde hace un mes ha roto la cadena de abastecimiento de gas y petróleo y ha bloqueado la tenue recuperación que se insinuaba en el centro del capitalismo después de años de bajo crecimiento.

Su repercusión a diferencia de otros ataques anteriores (tan ilegales y criminales como este), es mundial y ha sacudido el tablero geopolítico. Veremos como se procesan las consecuencias, y los acuerdos y alianzas que puedan derivarse. 

A) EL MARCO REGIONAL

Visto desde la perspectiva tradicional de relación centro-periferia, el hecho determinante de este momento histórico en nuestra región es el regreso de los EE.UU. al ejercicio ofensivo              –diplomático y militar– de la vieja doctrina Monroe: “América para los Americanos” que en términos geopolíticos reales significa América Latina patio trasero de los EE.UU. Y esto no es una consigna ideológica, es una cuestión estratégica con mayúsculas, que limita nuestra soberanía y condiciona la vida de nuestras sociedades. 

El bloqueo criminal a Cuba, convertido ya en un cerco de hambre, es un crimen de lesa humanidad sólo comparable al nazismo más repudiable.

El asalto militar a Caracas, el secuestro del presidente Maduro y la muerte de su guardia, además de apropiarse del petróleo e imponer el control geopolítico ha tenido por objeto una demostración de fuerza “intimidante” para toda la región.

Solo Brasil ha logrado que se respete su soberanía. No ocultan el objetivo de tumbar a Lula, pero la intervención tiene que ser soterrada, conspirativa, híbrida, al estilo de la CIA.

Colombia también ha mantenido una postura de autonomía, pese a las grandes presiones que ha sufrido.

América Latina debe alinearse con los intereses norteamericanos por alianza o por imposición, empezando por impedir las inversiones de China en nuestros territorios que EE.UU. interpreta que amenazan sus posiciones, impedir la construcción de puertos como en el sur de Argentina, o expulsarlos de los que ya tenían como en Panamá. Garantizar el acceso de las empresas norteamericanas a las reservas estratégicas en las condiciones que ellas exijan, y soportar los aranceles y las condiciones de comercio que EE.UU. quiera imponer. 

Pero hay otro aspecto que no se puede dejar de apreciar, se han tejido alianzas geopolíticas con gobiernos de derecha del continente que creen encontrar en esas alianzas un lugar de poder en el espacio neoliberal de occidente que le garanticen control del poder a las elites del 1%, y condiciones de hegemonía y seguridad al abanico que va desde el 1% hasta las clases medias altas.

La historia continental demuestra que estos gobiernos “de elite” no dudan a la hora de defender sus intereses de clase. Criminalizan la lucha social, recortan gravemente los derechos, (y especialmente los de los trabajadores), se sostienen en derivas autoritarias y eternizan la pobreza y explotación de buena parte de su población como una consecuencia “normal” de la reproducción ampliada y concentrada del capital, garantizada por la influencia directriz de las grandes corporaciones sobre el Estado. Eso se llama bloque de poder hegemónico.

Demás está decir que es más seguro para las elites de derecha, imponer estos modelos siendo socio menor y amigo del sistema dominante del norte. Sobre todo, en esta coyuntura en que el gobierno de Trump impone su visión racista, xenófoba, anti inmigración y exporta hacia nuestro continente su doctrina de seguridad nacional que incorpora las fuerzas militares y su misión de guerra en el tratamiento de las cuestiones de seguridad interior de nuestros estados. El caballo de Troya de esta penetración es la doctrina de “guerra contra las drogas” tan fracasada como cínica desde que los EE.UU. y Europa son los mayores consumidores de drogas del planeta, el jugoso tráfico de armas que llega a los arsenales de los narcos viene del norte y es allí mismo donde se encuentran los mayores paraísos fiscales y entidades financieras de lavado.  Pero Trump ha llevado esto a un nuevo estatus, imponiendo la declaración de terroristas a los cárteles y convocar a sus “socios” a una alianza “de seguridad”; el “escudo de la américas” (fundada el 7/3/2026): “EE.UU. entrenará a los ejércitos de las naciones aliadas… para desmantelar los cárteles… Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias malignas procedentes de fuera del Hemisferio Occidental”.

Se conoció que Itamaraty le manifestó a Washington su negativa a que se clasifique al Primer Comando de la Capital y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas, porque este cambio podría abrir la puerta a intervenciones extranjeras en el país (La Diaria recoge declaraciones del Canciller Mauro Vieira, 26/03/2026). Pero el planteo no quedó ahí; se transmitió también al Secretario de Estado Marco Rubio que Brasil busca una mayor acción conjunta en la lucha contra el tráfico internacional de armas. “La gran mayoría, casi todas las armas en manos de organizaciones criminales en Brasil provienen de los EE.UU. Necesitamos trabajar juntos para combatir este tipo de delito y el contrabando de armas” afirmó el canciller brasileño.

Bajo estas premisas rechazamos la integración de nuestro país a ese “escudo de la américas”, que pretende arrastrar a América Latina a un clima político de “estado de guerra” de occidente contra el mundo, manipulando con el poder gigantesco de sus redes de comunicación la conciencia social en beneficio del imperio norteamericano. Y sobre todo, buscan el objetivo preciso de adoctrinamiento de nuestras fuerzas de seguridad interna y de nuestras FF.AA. e incentivar la interoperabilidad de tropas. Consecuentemente pediremos al Congreso del FA la activación inmediata de las comisiones pertinentes para discutir estos asuntos.

Nuestro gobierno ha comunicado en estos días su plan de seguridad pública cuyo contenido respaldamos porque constituye un importante salto en calidad como política pública, por su integralidad y amplitud de enfoques y de actores estatales, institucionales y sociales, ante un problema trascendente de nuestro país. Pero es de orden insistir en que la actuación de las FF.AA. en la seguridad interior está estrictamente delimitada por la ley, y solo y concretamente en esos casos se admite su participación. Tal el caso de la ley de Fronteras, o la de Derribo o la custodia perimetral de cárceles o las funciones policiales de la Prefectura Nacional Naval en su jurisdicción. 

B) INTEGRACIÓN REGIONAL

Unasur fue liquidada hace diez años, Celac está siendo vaciada al día de hoy y la OEA más que nunca es tratada como un ministerio de colonias, o simplemente ignorada. No hay foros de concertación política para la defensa del derecho internacional y la soberanía.

Se mantienen en pie los acuerdos de comercio. La Aladi con su poca importancia de siempre y los demás son acuerdos fundamentalmente de cada uno y cada quien mirando hacia afuera. El imperio trabaja a favor de la fragmentación y no hay construcción estratégica de un espacio interior continental integrado para la cooperación y el desarrollo.

Una vez más, Brasil está liderando iniciativas estratégicas con visión de integración sudamericana. Hay que observar con expectativa el desarrollo de los corredores interoceánicos impulsados para fortalecer la vinculación con Asia Pacífico, y los movimientos norteamericanos para bloquearlos, caso del puerto de Chancay en Perú, y vendrán otros.

Solo el Mercosur sigue siendo el proceso de integración imprescindible para sostener las condiciones de nuestras negociaciones internacionales, impulsar cooperación y complementación interna y promover nuestros factores de desarrollo aún dentro del cuadro de ralentización en que se encuentra. Su importancia es estratégica y, por encima de los sesgos ideológicos de cada gobierno, debemos reafirmar nuestro compromiso e impulsar la integración plena de Bolivia y apoyar si así lo solicita su gobierno, el reintegro de Venezuela.

Bajo estas condiciones, nuestro continente no logra romper su trayectoria de bajo crecimiento y aplicar ese crecimiento a generar la masa crítica de factores necesarios para el desarrollo. Empezando por la igualdad social que es la energía latente y más poderosa que tiene nuestro continente para desarrollarse. 

En la Cepal se habla de nueva década perdida de América Latina entre 2014 y 2024 cuando el crecimiento cayó a sólo 0,9% aun por debajo del 1,4 % alcanzado en la década de 1980, la “década perdida” original de la región.

José Antonio Ocampo refiere al reiterado concepto de factores estructurales que están detrás del mal desempeño económico de la región y destaca fundamentalmente lo siguiente: “La mayoría de las economías latinoamericanas han experimentado una desindustrialización prematura desde las reformas de mercado de la década de 1980 [léase neoliberalismo, agregado nuestro], lo que las ha dejado en fuerte dependencia de las materias primas en Sudamérica y de manufactura de baja calificación en los países del norte de la región [léase maquila, agregado nuestro]. Con las políticas industriales abandonadas o debilitadas, y un nivel de inversión en investigación y desarrollo sorprendentemente bajo, apenas 0,6% del PBI, en comparación al 2,6% en China y 2,7% en las economías de altos ingresos, el crecimiento de la productividad se ha estancado” (La Diaria, 13/10/2025).

Las proyecciones de recuperación del crecimiento que se hicieron para 2025 y 2026 en la región, también han sido muy modestas, en el rango de 2,4%.

URUGUAY: NUESTRO PAÍS Y NUESTRO GOBIERNO

En línea con las transformaciones a nivel económico, político y geopolítico, la sociedad sigue un curso de cambio profundo y acelerado. Cambios que a nivel global y de los estados muestran características comunes como: fuerte concentración de la riqueza, desigualdad acentuada, un mundo del trabajo cada vez más desagregado, presencia cada vez más amenazante del crimen organizado, etcétera. Las sociedades se encuentran marcadas por el individualismo, aislamiento, consumismo, violencias, desesperanza, falta de perspectivas, y en especial un predominio de las emociones negativas que desplaza a la razón. Todo ello en el marco de una revolución tecnológica dominada por todopoderosas corporaciones que ha llevado a que la dinámica productiva y la vida social se desarrolle cada vez más a través de las comunicaciones e intercambios por medio de las redes digitales.

Nuestro país no escapa a esta realidad general, aunque su momento actual arrastra todavía los efectos beneficiosos del freno al neoliberalismo resultado de las luchas en defensa de las empresas públicas y de los derechos de los trabajadores y las mayorías sociales, y el aplicado durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, a pesar de que no hayamos logrado los niveles de inversión y los cambios estructurales suficientes para generar un desarrollo sostenido. Este cuadro se ve agravado por el retroceso de los 5 años de gobiernos de derecha y su estrategia de los “malla oro”, que no sólo deterioró las condiciones sociales, sino que nos devolvió el gobierno con el país envuelto en el paquete de un desastre en las cuentas nacionales y una catarata de deudas.

En estas condiciones y sin mayoría propia, nuestro gobierno “pasó” el presupuesto en 2025 y logró desplegar una serie de mejoras en múltiples planos, con énfasis en la situación de pobreza infantil y adolescente notoriamente agravada por la gestión del gobierno anterior, atender aunque no fuese en su totalidad requerimientos de todos los demás incisos, mantener un nivel básico de inversión y proyectar un déficit menor, con mejoras en la tributación (Impuesto a las corporaciones multinacionales según los criterios de la OCDE, y gravamen a los incrementos patrimoniales de rentas del exterior).

Un cuadro general de “mejoras dentro de lo posible”, sin grandes reformas, pero con una proyección de superación gradual para los años siguientes atada al crecimiento económico proyectado.

Sin embargo, esta expectativa de un mejoramiento gradual se ha roto, las proyecciones de crecimiento se han revertido. El anuncio del viceministro de economía, hecho apenas cuatro meses después de instalado el gobierno, de que el programa no se podía cumplir porque no alcanzaban los recursos, planea como una amenaza sobre todo el proyecto quinquenal y confirma que 2026 es un año bisagra que exige una profundización del debate político sobre las vías para el logro de los objetivos.

2026: AÑO BISAGRA

Precisamente, no se trata de un desacuerdo sobre los objetivos, el propio ministro de economía dice: “Acá el país vive de una manera confortable en promedio, con acceso a una prosperidad que hace 25 años no teníamos, al tiempo que mantiene un 17% de la población en situación de pobreza, concentrada en la niñez. Yo extendería eso a casi una tercera parte; hay un millón de personas en Uruguay que están en una situación vulnerable. Ese es el objeto central de políticas de un gobierno de izquierda. Ahora, si no hacemos nada, si las relaciones laborales, la política energética, el mundo de la logística, el mercado de valores, no se pueden tocar porque hay intereses que siempre aparecen o posturas ideológicas diciendo que esto no se puede hacer, ¿a dónde vamos? A un crecimiento del 1% anual como hemos crecido en la última década. […] Voy a los temas de regulación y tampoco los podes tocar. Tenemos que pensar distinto, si no lo que tenemos es esto: una economía mediocre que no abre la suficiente cantidad de oportunidades y que no genera los recursos para atender a la población más vulnerable, y eso es una bomba de tiempo, y sobre todo es muy injusto” (La Diaria, 20/03/2025). Nuestro ministro ha condensado como en una cáscara de nuez el debate estratégico que tenemos que asumir, y además ha demostrado que tiene plena conciencia del “tiempo político” en que debemos resolver. Vale dejar en claro que el Ministro no tiene otro límite político a sus iniciativas que el programa del Frente Amplio y dentro de ese espacio hay todavía un gran trecho por recorrer.

De hecho, ha anunciado un conjunto importante de medidas en el campo de la microeconomía, que vendría a complementar lo que ya se ha hecho en la macroeconomía.  

Pero al mismo tiempo el ministro ha explicitado sus límites: “… Tenemos la convicción de que lo hecho en la ley presupuestal es lo suficientemente ambicioso como para que ahora tengamos los recursos y tengamos que trabajar en consolidar eso”. Y a párrafo seguido agrega:           “… Por un tema de incertidumbre tributaria me he comprometido a que no va a haber modificaciones tributarias adicionales en este gobierno, salvo que una circunstancia exógena que no controlo me obligue a hacerlo”.

A su vez, en la misma nota admite que en el escenario actual, la rendición de cuentas (junio 2026), no tendrá un recorte generalizado, pero sí el diferimiento de algunos compromisos. Agregando que las metas de política social serán protegidas, y que en todo caso los efectos serán sobre otras áreas.

Pues bien, para nosotros aquí estamos en una cruz de los caminos.

Creemos que la condición predominante, no solo en la coyuntura actual, sino en la proyección de los dos próximos años, es la insuficiencia de recursos para alcanzar los objetivos que comprometimos ante la sociedad. Se abre necesariamente un debate sobre cuál es la base de sustentación, la base material, económica para realizar el proyecto político. 

AMPLIAR LOS RECURSOS PARA LA REDISTRIBUCIÓN

Estos desafíos se estaban planteando desde la aprobación del presupuesto, ya que teníamos conciencia de las limitaciones de recursos para poder afrontar los compromisos programáticos del Frente Amplio en su plenitud. 

No sabemos si la época actual de guerra geopolítica y económica desatada desde el norte, la inutilización del sistema multilateral de comercio, la inestabilidad y la amenaza permanente; son un factor exógeno de riesgo que lleve al equipo económico a “abrir” el análisis tributario. Para nosotros hay bastante evidencia de que en una coyuntura como ésta, manteniendo por cierto la estabilidad que debemos garantizar, el destino del país exige iniciativas más allá del estímulo y la decisión de los “inversores”. Hacer depender del crecimiento económico el despliegue de políticas de distribución o de inversión del Estado, y no abrir la posibilidad de otros caminos para atenderlas con más recursos, nos limita fuertemente para afrontar la desigualdad estructural en nuestra sociedad.

En particular adherimos a la campaña del 1% al 1% más rico. En los últimos diez años el crecimiento de Uruguay ha sido mínimo, pero los grandes capitales se han reproducido con grandes ganancias, en base a la fortaleza institucional del Estado, y el trabajo de toda la sociedad de donde extraen el plus valor que acumulan. Sin embargo, el país es más desigual, la niñez y la adolescencia es más pobre, y una tercera parte de la sociedad se mantiene en condiciones vulnerables.

Están comprometidas las trayectorias educativas, el nivel general de conocimiento y la capacidad productiva de la sociedad, y hasta su mismísima reproducción demográfica que desde principios de siglo descansa en los hogares más pobres.

El capital es amoral, pero por lo menos por un sentido de responsabilidad social, el “mundo de los negocios” debería admitir la urgencia de detener la cristalización de esta fragmentación social.

Pero en esta coyuntura crítica, este 1% en sí mismo limitado, no agota el análisis de la cuestión de los recursos.

UN DEBATE NECESARIO: RENUNCIA FISCAL E INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y DESARROLLO

Un informe publicado por el economista y diputado (1001) Bruno Giometti sobre un estudio del FMI que sugiere que una reforma “relativamente modesta” de los incentivos a la inversión, podría reducir la renuncia fiscal en 0,4% del PBI (La Diaria, 19/11/2025). A valores actuales equivale a unos 300 millones de dólares anuales.

El informe señala que en Uruguay el “sistema de gastos fiscales” es complejo; con alrededor de 180 incentivos fiscales activos que permanecen en vigor durante décadas.

El 12 de marzo, nuevamente la Diaria publica un informe actualizado de Giometti y Rodrigo Alonso, también economista y diputado (1001), cuyos dos primeros párrafos reproducimos: “Uruguay acumula más de una década de bajo crecimiento económico. En este marco existe consenso sobre la necesidad de revertirlo, y de a poco se comienza a abrir un debate sobre cómo impulsar el desarrollo, entendido no solo como crecimiento, sino como un proceso cualitativo orientado a transformar la estructura productiva y mejorar las capacidades nacionales. En ese marco es positivo que la OPP esté promoviendo un espacio participativo para diseñar una Estrategia Nacional de Desarrollo. Uno de sus ejes es la cuestión impositiva, y, en particular el gasto tributario: lo que el Estado deja de recaudar por exoneraciones fiscales. En Uruguay ese gasto supera los 5.000 millones de dólares anuales (6,7%) del PBI, casi el doble del promedio latinoamericano (3%-4% del PBI). Dentro de ese universo, el IVA concentra cerca del 44%, el IRAE el 22% y el Impuesto al Patrimonio el 21%”.

El Ministro Oddone había anunciado y efectivamente se realizaron mejoras al decreto reglamentario de la ley de Inversiones. Se excluyó la industria tabacalera y se mejoraron los puntajes de empleo con mayor importancia social y para descentralización, con ampliación de beneficios adicionales para Mipymes. Mejora del indicador para los sectores priorizados por los ministerios del área productiva, y otras. Los autores concluyen que tratándose efectivamente de mejoras no alteran la naturaleza esencial de la herramienta.

Entre los beneficiados se citan por ejemplo a los supermercados Devoto y Disco por 84 millones de dólares cada uno en el periodo 2008-2024, y de ahí para abajo, grandes tiendas, bancos (los privados y extranjeros prácticamente todos), la banca de quinielas y hasta Tenfield y el diario El País.

Es imprescindible reabrir el debate sobre qué sentido tiene que toda la sociedad subsidie estos emprendimientos, y cuál es el vínculo con una orientación estratégica de la inversión hacia el desarrollo. Y vale la pena insistir en esto si se lleva en cuenta además la negativa persistente de nuestros gobiernos de exonerar de IVA (o al menos rebajar) al cooperativismo de vivienda (la mejor solución de vivienda social que ha tenido el país en medio siglo) mientas se subsidia la construcción privada de vivienda para que le vendan a la gente cajas de 26m² por 120.000 dólares como bien se ha denunciado desde múltiples actores sociales y políticos, y como recientemente lo ha realizado el Senador (90) Gustavo González (lo de cajas va por nuestra cuenta).

Y más aún vale esta discusión si se agrega la acumulación miserable de apoyos y exoneraciones que ha recibido el cooperativismo de producción y demás iniciativas de producción familiar y de economía social, en los últimos veinticinco años, so pretexto de que es ineficiente y que no tiene escala. En todo caso no la tiene porque no lo hemos incorporado como se debe a un proyecto de desarrollo estratégico nacional. Siempre atados a la idea de que los trabajadores tienen que sentarse en un banquito como clase subsidiaria esperando que el señor inversor venga a ofrecerles trabajo. Esta es una de las renuncias de planeamiento estratégico más inexplicables que ha cometido nuestra izquierda, que es al mismo tiempo un importante incumplimiento programático.

EMPRESAS PÚBLICAS

Dentro de este triángulo uruguayo compuesto por fiscalidad, inversión pública y desarrollo, nudo central de la vida del país, se encuentra un actor fundamental: nuestras empresas públicas recientemente puestas en la tapa de los diarios.

Comencemos por recordar que parte del engaño político-fiscal del gobierno de Lacalle consistió en utilizar fondos de las empresas públicas en 2024 a cuenta de impuestos que iban a tener que pagar en 2025. Pero más allá de los impuestos, hay una cuestión de fondo: cómo deben reinvertir las EE.PP. sus ganancias, cuánto debe ir a la bolsa de rentas generales y cuál es su plan de desarrollo. Son además un espacio central para el desarrollo de capacidades nacionales y formación de especialistas en distintos temas, donde se desarrollan tecnologías y knowhow,  dentro del país. A su vez, utilizando como herramienta el poder de compra que disponen las mismas, generando una demanda para industrias  nacionales. Es de destacar el rol protagónico del Estado no solo como regulador, sino también como planificador, promotor, fundamentalmente productivo.

Recordemos que en el periodo 2008-2024, multinacionales que compiten directamente con Antel han recibido importantes beneficios fiscales; Telefónica (Movistar) 484 millones de dólares, Claro 128 millones (Giometti y Alonso, La Diaria, 12/11/2015).

Y finalmente la cuestión del capital accionario, planteado por el Secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez. Para enmarcar la discusión vamos de nuevo a la nota de La Diaria ya citada al ministro Oddone: “No soy de los que cree que los monopolios públicos sean un problema. En primer lugar no le tengo temor a los monopolios siempre y cuando tengan una adecuada regulación… El punto central es generarles a las empresas públicas un marco de funcionamiento que les permita perseguir sus objetivos específicos siguiendo los lineamientos de la política económica”. Respecto a la propuesta publicada por Sánchez agrega: “Acá hay dos mecanismos: o busco deuda o busco capital. En el medio hay una infinidad de instrumentos en los cuales uno puede ir aproximándose a la apertura de capital, de una parte menor, en ningún caso habilitante a que puedan haber accionistas que controlen la empresa”. 

Compartimos totalmente el límite que pone el ministro. ¿Pero cuáles son las garantías? Porque después que cualquier modificación legal abra la canilla, la cantidad de agua que pase dependerá de quien gobierne la llave. ¿Y si la llave la gobiernan los que entregaron la terminal de contenedores? 

Vamos a insistir en que las garantías están en el programa.

Los trabajadores de las empresas públicas jugaron y siguen jugando un papel fundamental en las propuestas y desarrollo de las EE.PP., así como también  en la resistencia a la implantación de las políticas neoliberales privatizadoras. Nada parece cambiar al respecto.

EL FRENTE AMPLIO ANTE LAS EXIGENCIAS DE LA COYUNTURA

El estilo dialoguista del gobierno ha sido arrasado por una derecha arrebatada por su demagogia política y su necesidad de revancha. Ya nadie cree su cuento de que están dispuestos a involucrarse seriamente en la aplicación de “políticas de Estado”. El eje de todo su trabajo es desgastar al Frente Amplio acicateados por un empuje internacional reaccionario. Es una ingenuidad y una irresponsabilidad no comprenderlo.

El Frente Amplio se encuentra afectado por el estado general de debilidad ideológica de la izquierda, pero además por factores que nos son propios, algunos coyunturales y otros de más largo anclaje.

Comienza a aparecer de nuevo en el frenteamplismo (ya lo vivimos en 2016), una lógica peligrosísima: los enojados y desencantados, con la consecuencia de una parte de la militancia que se desmoviliza, aunque resultado de razones muchas veces comprensibles.Y por otro lado, los oficialistas centrados en la defensa del gobierno y una visión muy predominantemente institucional. Es la lógica mecanicista del medio vaso lleno y el medio vaso vacío. La realidad política es un proceso; el medio vaso lleno sirve para no retroceder y el medio vaso vacío sirve para avanzar. Sin avance suficiente habrá derrota política, como ya le pasó al ciclo progresista latinoamericano recientemente.

Construir una síntesis sobre vías y metas para esta etapa

Necesitamos construir una síntesis sobre las vías y las metas para esta etapa, no alcanza con objetivos posibilistas y de adaptación. A pesar del marco desfavorable, no hay espacio para retroceder ni en los recursos para solventar, ni en la capacidad para gestionar el conjunto de políticas públicas que hemos implementado. La coyuntura indica con claridad que cualquier retroceso significa el sacrificio del proyecto político.

No se trata de rediscutir los “Principios” de todo. Se trata de cohesionar las ideas fuerza de esta etapa, los objetivos a alcanzar (incluido el programa de gobierno), los recursos materiales necesarios y resolver la capacidad organizativa y de comunicación para desplegar la lucha con eficacia. La oportunidad que no se puede perder es el Congreso. El Frente puede escuchar, pero ha llegado el momento de decir.

Tenemos además un escenario permanente de lucha mucho más difícil que en los años anteriores en el seno mismo de la sociedad. Y esto por un vasto conjunto de factores sobre los que tenemos una colección de análisis y diagnósticos, que no cabe reproducir aquí.

Importancia del movimiento social organizado

Lo que si tenemos que reafirmar en esta instancia es la importancia fundamental del movimiento social organizado y su lucha para mantener el proceso de acumulación social como valla frente al avance desintegrador de las derechas.

La transformación progresista de una sociedad germina y se mantiene en la lucha social organizada. Hay momentos históricos de aceleración de esa transformación, son momentos de síntesis política: el movimiento social impulsa al gobierno, a partidos con programas que representan las aspiraciones de los grandes colectivos que se abren camino hacia la transformación social.

Relación FA y movimiento social

La aplicación del programa es lo que retroalimenta la fuerza democrática transformadora de ese movimiento social. Es necesario manejar esos puentes con un rigor estratégico total, porque de ello depende la acumulación histórica general.

En nuestro caso el movimiento sindical organizado en el PIT-CNT ha hecho aportes relevantes. Es una oportunidad que la OPP los haya convocado al diálogo por una estrategia nacional de desarrollo (END). También otros actores sociales tienen que ser tenidos en cuenta. Como el Movimiento Cooperativo, o del Congreso Nacional de Educación; con los que por indiferencia o por discrepancias, se han abierto distancias que nunca debieron de haber ocurrido. Tenemos que actualizar una mirada abarcativa de todo el movimiento social organizado, y asegurarnos que después de la escucha, siga el diálogo, la síntesis y la incorporación a la práctica. De lo contrario será inevitable el distanciamiento con la sociedad.

FA como actor político central

Es necesario reiterar la importancia del FA como el actor político central. En él se da la lucha política para lograr una correlación de fuerzas que permita llevar adelante un programa de transformaciones de fondo. 

El FA coalición y movimiento pluri-ideológico y policlasista tiene en la actualidad una correlación de fuerzas interna que no sostiene una línea de ruptura con el neoliberalismo, lo que no justifica dar por caducado ese proyecto de carácter histórico y características propias que ha logrado importantes conquistas, acceder al gobierno en cuatro oportunidades, y permitido mantener unidas a las fuerzas populares evitando las divisiones y enfrentamientos que en otros países sus expresiones políticas han sufrido (Bolivia, Chile, Ecuador). Lo que supone para nosotros un gran desafío e interpelación sobre la necesidad de una alternativa de izquierda.

Las transformaciones del capitalismo y de la sociedad obligan a revisar en profundidad cuáles son las concepciones, las estrategias que hagan posible avanzar hacia el objetivo del socialismo y la libertad. Se podrá discutir la política de alianzas y el instrumento político adecuado para llevar adelante las batallas a dar en la marcha hacia ese objetivo, pero hoy parece claro que es el FA el lugar de la Unidad de las fuerzas progresistas que resulta fundamental para enfrentar la ofensiva de la ultra derecha.

El enemigo principal es el proyecto de la Derecha y la estrategia de avance del Imperio y, para detenerlo y derrotarlo resulta indispensable fortalecer al FA como protagonista de la escena política en el marco de una lucha conjunta con el movimiento sindical y las organizaciones populares. 

La realidad actual muestra que en las bases del FA, en importantes sectores de izquierda existe disconformidad con la actuación del gobierno. Este se defiende mostrando sus logros, que son reales, pero la opinión generalizada es que no alcanza. Existe una distancia considerable entre las necesidades insatisfechas, las demandas y no sólo lo hecho, sino respecto a los objetivos que se propone alcanzar en éstos cinco años. “La revolución de las pequeñas cosas” no sólo no produce cambios importantes en la situación sino que no entusiasma, no genera esperanza.

Una propuesta de izquierda de cambios profundos

En términos más técnicos esta profundidad significa que se trata de cambios estructurales. ¿Pero qué son los cambios estructurales?

Cuando la Cepal y otras agencias del sistema ONU hablan de crisis estructural en América Latina, se refieren a décadas de crecimiento lento, desindustrialización prematura, e inversión insuficiente. Además de productiva, una endémica insuficiencia en investigación y desarrollo para aplicar tecnología, mejorar la productividad y producir bienes con mayor valor agregado. Este bajo crecimiento se acompaña con pautas regresivas de distribución de la riqueza, tanto en la aplicación del trabajo a la creación de valor, por los bajos salarios y la muy alta informalidad del empleo; como por la redistribución que opera a través del Estado, debido a sistemas impositivos regresivos, basados en impuestos al consumo más que a las ganancias y los patrimonios.

El correlato social de este estancamiento es la desigualdad, la pobreza y la exclusión social de vastos sectores sociales, y especialmente un gravísimo cuadro de pobreza infantil.

Esta situación se ve agravada –retroalimentada– por un descenso en el nivel y la culminación de los aprendizajes en la educación pública, deterioro de los hábitats y pauperización territorial, envejecimiento demográfico de la sociedad. Un capítulo especial merece la expansión y el impacto social del crimen organizado que se alimenta de la pobreza.

Se ha conformado de este modo una determinada estructura económico-social que, para ser superada, tiene que removerse en su conjunto, con políticas integradas que vayan a la raíz, a las causas y rompan el círculo de reproducción del estancamiento.

Esto es precisamente la transformación estructural, los cambios estructurales.

Para acometer esta transformación tenemos que tomar en cuenta tres experiencias contemporáneas que en nuestro continente (y en Uruguay no somos la excepción), tienen una contundencia arrolladora:

Primero: Para hacer frente a esta realidad no basta con las políticas de mercado o promercado. Esto es una desviación neoliberal que nos ha hundido en un ciclo de décadas perdidas, que bajo esas mismas premisas neoliberales no tiene horizonte de superación.

Segundo: La derecha siempre identificada con el neoliberalismo, no tiene una respuesta superadora ante esta crisis que ella misma ha desatado. Repitiendo a Dani Rodrik: “la derecha prospera profundizando divisiones en la sociedad, mientras que la izquierda cuando es exitosa, las supera por medio de reformas.

Tercero: El ciclo progresista de América Latina de las dos primeras décadas muestra que aun impulsando un conjunto de mejoras y reformas, si éstas no alcanzan el grado de profundidad y de integralidad suficiente, no logran una transformación progresista sostenida en el tiempo. De consiguiente la acción del Estado bajo un gobierno progresista resulta un factor determinante, tanto para la planificación estratégica del conjunto de políticas públicas, la gestión de sus proyectos de transformación y para la obtención de las inversiones y las fuentes de financiamiento suficiente. 

EL MOVIMIENTO SINDICAL Y SOCIAL ANTE ESTA COYUNTURA

El PIT-CNT jugó un papel clave en la resistencia al avance neoliberal, así como en la construcción de iniciativas frente a las políticas de la derecha durante el gobierno de Lacalle. Fue centro dinamizador que junto a la Intersocial y al Frente Amplio llevaron adelante la lucha contra la LUC, primer paso de recuperación de fuerzas de un movimiento popular golpeado por la derrota del FA, la ofensiva de la derecha y la pandemia del COVID.

También fue vanguardia en la lucha en defensa de la Seguridad Social, impulsor del referéndum para enfrentar los efectos de la ley regresiva y antipopular de Lacalle. Referéndum que planteaba la vuelta a los 60 años para poder jubilarse, que las jubilaciones mínimas fueran equivalentes al salario mínimo nacional, y eliminar las AFAP –es decir el lucro del sistema de seguridad social–. Proceso que generó una gran batalla política popular, aunque por primera vez el Frente Amplio no apoyó una iniciativa de democracia directa del PIT-CNT y pese a que no logró triunfar en los resultados electorales, resultó en un fortalecimiento de la conciencia política y social de amplio sectores sociales y de izquierda del movimiento popular.

El 1º de mayo de 2025, ante la nueva coyuntura, el PIT-CNT planteó en su masivo acto declarar «emergencia nacional» la pobreza infantil, proponiendo financiar un plan de erradicación mediante una sobretasa al Impuesto al Patrimonio del 1% más rico del país. Para destinar recursos directos a las infancias y adolescencias. 

En el Congreso del PIT-CNT aprobó impulsar una Estrategia Nacional de Desarrollo. Planteos para afrontar los problemas de empleo, ingresos por el trabajo y relaciones laborales. Enfatizando en la reducción de la jornada laboral y la seguridad social.

Al mismo tiempo múltiples organizaciones sociales y comunitarias que abarcan desde temas como el hambre, convivencia, infancias, salud, culturales, educativas, barriales, etcétera, han sido y son una acumulación de resistencia a los impactos de los 5 años de gobierno de la derecha, sostén de un tejido social agredido y base para transformaciones del futuro.

En este último año también las organizaciones sociales han sido base importante de la acción solidaria internacionalista con el pueblo palestino, las agresiones a Venezuela, el bloqueo criminal a Cuba y los ataques a Irán.

LAS PRINCIPALES LINEAS DE ACCION DEL PVP

Empezando por casa, el PVP debe fortalecerse para dar la discusión estratégica que trace el camino de evitar que el Frente Amplio quede empantanado en la adaptación a la realidad existente. Evitar todo corrimiento hacia el posibilismo, mantener el foco en la transformación estructural y mantener vivo el horizonte aspiracional alternativo a lo hoy existente. Está claro que para lograr este objetivo tenemos que fortalecernos como partido y multiplicar nuestras capacidades para actuar sobre la coyuntura y sobre el quehacer estratégico.

Desde este posicionamiento fundamental, y en base al informe político desarrollado arriba, acordamos las siguientes líneas prioritaria de acción:  

1. 2026: un Congreso para fortalecer la lucha por las transformaciones. Es una prioridad de la coyuntura el fortalecimiento del Frente Amplio y la definición en esta etapa de los consensos suficientes para cohesionar a la fuerza política y alcanzar una mayor capacidad de lucha. Y esto incluye también la defensa de las políticas que implementamos desde el gobierno y la capacidad de disentir y debatir cuando se desvían o no se logran los objetivos. 

Esta etapa debe culminar en un Congreso de calidad, que no cometa el error de fugar hacia el futuro y que defina los elementos necesarios para mantener la acumulación durante este período. 

Convencidos además de que en esta etapa es imprescindible una actualización del debate sobre la sustentación económica para la aplicación del programa. Y de que necesitamos alcanzar en corto plazo una síntesis política superior.

• Lucha contra la desigualdad y dignificar la vida. Implica que el accionar en la política desde la sociedad y el Estado tiene que tener como agenda revertir los procesos que pauperizan la vida, y garantizar que todas las vidas son dignas de ser vividas. Asegurar el derecho a la alimentación; la reducción drástica de la pobreza y desigualdades a través de la reconstrucción superadora de políticas sociales integrales; acceso universal a los derechos de trabajo, salud, educación, vivienda, cuidados y cultura; priorizar el presupuesto para vivienda y enfrentar la problemática de violencia que atraviesa toda la sociedad y sus causas estructurales.
• Las desigualdades estructurales del país se reflejan en el alarmante porcentaje de niños y niñas que viven bajo la línea de pobreza. Esto es resultado de la feminización de la pobreza, de la fragmentación social y territorial, de las grandes barreras que implican los cuidados para la inserción al mercado laboral, entre tantos otros factores. Por eso, en sintonía con las definiciones programáticas del gobierno es necesario aumentar de forma significativa el presupuesto diseccionado a: políticas de vivienda dirigidas a hogares pobres con niños y niñas a cargo, fortalecer y ampliar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ampliar políticas de becas para la culminación de ciclos educativos de mujeres jefas de hogar, etcétera. Por esto es importante que en futuras rendiciones de cuenta se amplíe el presupuesto para estas líneas programáticas y así incidir en la pobreza multidimensional en hogares con infancia.
• Coherente con nuestra concepción estratégica de que la acumulación histórica de transformación social de izquierda se gesta en la lucha del movimiento social organizado en el campo de su autonomía y de su independencia de clase, adherimos y participamos de la campaña del impuesto de 1% al 1% más rico de la sociedad para erradicar la pobreza infantil.  
• Otra de las manifestaciones graves de la desigualdad social son las personas en situación de calle. Partir de la propuesta presentada por el Mides y Presidencia de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, que junto con el abordaje de la emergencia se propone desarrollar un nuevo modelo integral para prevenir, reparar y superar la situación actual a nivel nacional, que supone la participación de otros ministerios como el de Salud, Vivienda, Interior, etcétera. La participación comunitaria es otra de las líneas clave a continuar y para afirmar esta perspectiva integral.
• Apoyamos las posiciones que aspiran a que el diálogo de la seguridad social culmine con el reconocimiento de la libertad de jubilarse a partir de los 60 años, la jubilación mínima que equivalga al salario mínimo nacional y la eliminación de las Afap.
• Concretar la duplicación del presupuesto para vivienda definido en el programa para responder a las situaciones de urgencia habitacional, el apoyo al cooperativismo y para implementar políticas de arrendamiento social.
• Desde el Plan Nacional de Seguridad, de su perspectiva integral y con la participación de todos los actores del Estado y la sociedad, enfrentar la problemática de la violencia que atraviesa toda la sociedad y sus causas estructurales, poniendo énfasis en la emergencia de la violencia basada en género –resultado del sistema patriarcal– y hacia las poblaciones pobres, especialmente jóvenes. 

3. Defensa de los derechos y libertades, y profundización democrática: Es necesaria una democracia real, donde las personas, la solidaridad se encuentre en el centro. Una democracia que gire en torno al valor humano de cada ciudadano/a supone la defensa y afirmación de los derechos humanos; la participación social en la toma de decisiones de lo común y público; políticas de género y étnico-raciales; abordar en forma sistemática el componente cultural.

• Afirmación de los Derechos Humanos y de las libertades democráticas y públicas. Afianzar la lucha por memoria, verdad, justicia y nunca más. Incorporar al debate el derecho a la resistencia de los pueblos reconocido por la ONU, que permita profundizar la reflexión y el contenido de las políticas públicas de memoria. Retomar y profundizar las investigaciones sobre espionaje en democracia realizadas en el Parlamento. Asegurar que las políticas de memoria se implementen de forma coherente con la legislación vigente y por tanto la casa donde fue secuestrada Elena Quinteros sea un Sitio de Memoria.
• La lucha ideológico cultural se ha transformado no solo en una plataforma de defensa del humanismo y la agenda de derechos, sino en un campo de batalla. La derecha reaccionaria quiere terminar con la cultura de la libertad, la libertad de cátedra, el multiculturalismo, la justicia social, la equidad racial, el activismo ecológico y por supuesto las luchas feministas y de la diversidad. Bajo las renovadas banderas de tradición, familia y propiedad, van de nuevo por el camino del odio. Esto no tiene nada de espontáneo, es una estrategia de lucha de la reacción. Para responder es urgente que fortalezcamos nuestra cohesión ideológica de base y que multipliquemos nuestras capacidades de comunicación y movilización.
• Jerarquizar el trabajo, como fuerza transformadora y creativa: Implica reconocer el trabajo como el origen de la riqueza de una sociedad, colocando a los/as trabajadores/as y a todas las formas de trabajo como la fuerza que mueve la economía. Dignificar todas las formas de trabajo, en especial los trabajadores tercerizados, de plataforma y otras formas de precarización e informalidad. Creación de trabajo y empleo, recuperación salarial, mejora del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral.
• Priorizar los bienes comunes: Implica posicionar lo colectivo, los bienes que son públicos y que nos permiten mantenernos como sociedad en el centro, que estén al servicio de todos, no de una minoría, luchando contra la desigualdad.  
• Nueva reforma tributaria que incluya a las grandes fortunas, impuesto sobre la renta progresivo, impuesto a las herencias elevadas, tributación de la renta agraria extraordinaria y la revisión de las exoneraciones tributarias. Reforma de la Caja Militar.
• Concretar un Polo público de Inversión y desarrollo, integrado por las empresas y el sector financiero público para aprovechar las sinergias de una acción conjunta y base para desplegar una política de desarrollo.
• Defensa de lo público: a) de la Educación Pública, por una educación laica, gratuita y obliga-toria, con la participación de todos los actores involucrados y los recursos necesarios para su implementación desde la primera infancia hasta el nivel universitario en todo el país; b) de la Salud Pública. Recuperar la estrategia de Atención Primaria de la Salud como eje, a ASSE como actor central, el papel de contralor del Ministerio de Salud, la participación de todos los actores involucrados y los recursos necesarios para responder a las necesidades; c) Empresas públicas y sus servicios, revirtiendo las acciones que debilitan, tercerizan y degradan la cantidad, calidad y alcance de los servicios del Estado; • Defensa del puerto y del agua.
• Defensa de la soberanía y la lucha contra el extractivismo, como premisa de los procesos de democratización, de desarrollo social, de integración regional y de inserción internacional.

6. Estrategia nacional de desarrollo. Avanzar en una propuesta de una Estrategia Nacional de Desarrollo es imprescindible para forjar una alternativa de izquierda. Es una tarea que no realizaremos solos sino sumándonos a los debates de la izquierda social y política. Esta propuesta incluye articuladas todas las dimensiones de nuestra plataforma programática y nos desafía a profundizar con una perspectiva transformadora. En particular es indispensable la reconstrucción del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, concibiendo a la ciencia como un motor productivo y de bienestar de la sociedad y así abordar desde el Estado las implicaciones del desarrollo tecnológico. 

El PVP ya desde su 7ª Conferencia (2012) viene planteando la necesidad de un plan de desarrollo, siguiendo una tradición de la izquierda de hacer centro en este enfoque: “1. Una estrategia de largo plazo. El crecimiento sostenido de la economía uruguaya, en un contexto internacional de crisis profunda de los grandes centros capitalistas, pone sobre la mesa la consideración del tipo de estructura económica que va surgiendo de estos procesos. Y de manera similar con todos los planos de la sociedad, la política, la cultura, la ideología, el entramado social y comunitario. Una estrategia de largo plazo en materia de desarrollo aparece como una necesidad, y también como una carencia, para poder avanzar en la superación del capitalismo existente y en la construcción de un modelo de desarrollo alternativo. El desafío para la izquierda es salirse del molde y construir una alternativa real donde no sea el mercado y la acumulación de riquezas y poder, los que regulen la calidad de vida de hoy y de las futuras generaciones. 2. No cualquier crecimiento económico construye desarrollo. El crecimiento económico es importante para un país, muy importante. Pero no cualquier crecimiento construye desarrollo, como tampoco sirve cualquier inversión extranjera. Y por el contrario corremos el riesgo de hipotecar nuestro proyecto de largo plazo”.

Los ejes del accionar de la Estrategia Nacional de Desarrollo pasan por el programa del FA, por la propuesta del PIT-CNT, y la convocatoria de la OPP.

La OPP presentó en el Parlamento el Proceso de diálogo para la construcción de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El comité ejecutivo está integrado por dos representantes del PIT-CNT, dos de las cámaras empresariales, dos del Poder Ejecutivo, OPP y ANDE y un representante del comité académico donde participa la Udelar. Los resultados esperados para fines de 2026 son alcanzar un consenso nacional sobre un “portafolio priorizado de transformaciones implementables y contar con primeros pilotos en territorio y una hoja de ruta a tres años”.

Las Bases Programáticas del FA contienen este reclamo de una END, como la comisión también estará integrada por el Parlamento, se podrá hacer el seguimiento, así como por la Comisión nacional de programa. 

7. Política internacional. Uruguay reitera permanentemente –y lo hace bien– su adhesión y respaldo al multilateralismo y a los principios del derecho internacional. Pero ocurre que ambos están siendo arrasados y nos vemos casi a cada día en la necesidad no solo de proclamarlos, sino de defenderlos denunciando consecuentemente su violación. Ya planteamos arriba la situación de nuestra región. No podemos permanecer sin pronunciarnos, no sólo como Fuerza Política, sino que hemos sido involucrados como Estado.

Consideramos imprescindibles tres pronunciamientos por parte del Uruguay: 

1. Rechazar de plano cualquier intento o vestigio de invocación en los tiempos actuales, de la “doctrina Monroe”. 
2. Dejar en claro nuestra no convalidación de la llamada política de guerra a la drogas y nuestra no participación en el llamado “Escudo de la Américas”. 
3. Retomar el proceso de denuncia del TIAR (Tratado Interamericano de Defensa) iniciado por Uruguay durante el último gobierno del Frente Amplio e interrumpido por el gobierno del presidente Lacalle Pou. Este tratado (Tratado de Río de 1947) fue firmado como un pacto interamericano de defensa mutua para prevenir y reprimir amenazas y actos de agresión contra algún Estado miembro. La vigencia de este tratado es un contrasentido, pero también una amenaza. Un contrasentido por sus propios antecedentes, cuando Argentina lo invocó en su “guerra de las Malvinas” EE.UU. por sus compromisos en la OTAN, apoyó a Gran Bretaña. Contrasentido porque estamos a las puertas de un nuevo orden mundial multipolar que exige el rescate real del multilateralismo y no el alineamiento “occidente” frente al resto del mundo bajo unas hipótesis de conflicto que no compartimos. Y porque nuestras propias relaciones internacionales, según nuestra soberanía y nuestra conveniencia, no van en esa dirección. Ya explicamos arriba porque esas hipótesis de conflicto son funcionales al adoctrinamiento de las FF.AA., de los países miembros del tratado según la visión geopolítica y los intereses norteamericanos.

Pero la vigencia del tratado encierra otro peligro de antecedentes cercanos. En 2019 fue invocado para actuar colectivamente en la llamada Crisis de Venezuela. Y se activó luego de una votación 16 a favor, uno en contra, una abstención y una ausencia. El voto en contra fue de Uruguay. La resolución no contemplaba intervención militar pero comprometía a los estados a identificar y sancionar a personas y entidades asociadas al gobierno de Nicolás Maduro que estén vinculadas a actividades ilícitas, como blanqueo de capitales, financiación de terrorismo o tráfico de drogas, corrupción o violaciones de los DD.HH. Es el ejemplo típico de la desviación y el peligro. Un tratado de seguridad y defensa entre estados, es utilizado para que estados parte intervengan en los asuntos internos de otro, investigando “personas físicas” y sancionando fuera de su jurisdicción y sin debido proceso, bajo pretexto de amenaza. Una monstruosidad. Trump no necesita tratados para invadir y matar. Pero si se necesitaran, esta “mutación” del TIAR se podría usar para legitimar un Plan Cóndor simplemente declarándonos terroristas a todos nosotros.

• Apoyar la iniciativa de la Presidencia del FA, la Carifa y la Comisión Nacional de Programa del FA de discutir una estrategia de largo “plazo” ante el nuevo escenario internacional.