Del bienvenido al nosotros
Publicado el 01/09/18 a las 3:26 pm
Fotografía Juan Angel Urruzola
Por Valeria España1
Del otro lado del mundo se desata la peor crisis humanitaria de nuestra generación. Los refugiados sirios en todo el globo superan la población total de nuestro país; las fronteras de Europa se extienden más allá de sus límites geográficos, los nuevos campos de refugiados laceran su frágil memoria; también hay deportaciones colectivas en varios lugares de nuestra América Latina; hombres, mujeres y niños corren en el desierto árido de un Estados Unidos inescrupuloso que introduce en jaulas a niñas y niños mientras esperan su deportación.
Nuestro país discursivamente se ha distanciado de esas lógicas. Jurídicamente no existe consonancia con aquellas prácticas; sin embargo, los dispositivos institucionales locales para hacer frente a las consecuencias humanas de la globalización aún son deficitarios, la improvisación en el caso a caso prevalece, en términos generales hemos mostrado no estar preparados –por el momento– para hacer frente a los flujos migratorios que ha estado recibiendo el país en los últimos años.
La peculiaridad de la nueva corriente migratoria no es necesariamente su magnitud, sino su origen latinoamericano y caribeño.
El censo de 2011 reveló un Uruguay casi sin migrantes, el porcentaje de habitantes de origen “extranjero” registrado fue del 2,3% de la población. De acuerdo al análisis de datos administrativos puede identificarse que ese panorama ha ido cambiando en los últimos 7 años, registrándose un aumento en la demanda de residencias; sin embargo hasta que no tengamos un nuevo censo será difícil conocer con exactitud las cifras de la inmigración reciente en nuestro país.
Cuando desde distintos espacios se habla de la normativa de “avanzada” en materia migratoria con la que contamos, se refieren a la ley 18.250. Si bien esta ley supuso un importante avance al reconocer el derecho a migrar, la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros y crear una institucionalidad específica, como lo es la Junta Nacional de Migraciones y el Consejo Consultivo Asesor de las Migraciones, a diez años de su promulgación podemos afirmar que han existido diversas dificultades para implementar su contenido y garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos ahí reconocidos.
Además de la ley 18.250 la narrativa oficial coloca como logros “indiscutidos” de la actual gestión la Ley 19.254 –que busca facilitar la residencia para el caso de familiares de uruguayos y ciudadanos del Mercosur y Asociados– (2014), el Documento Marco de Política Migratoria (2016)2 y el recientemente aprobado Decreto 870 que busca facilitar la regularización migratoria de personas en situación de vulnerabilidad (2018).
Además de esas acciones, algo que ha caracterizado la gestión migratoria en los últimos años es la continuidad de una política del control de flujos migratorios no deseados a través de la imposición de visas y el interés de aumentar el número de categorías migratorias.
En el caso específico de visas que se piden a ciudadanos de origen latinoamericano (Cuba,3 República Dominicana, Haití y Surinam) puede identificarse que cualquier política de restricción agrava la situación de vulnerabilidad de los inmigrantes, justamente porque es en las zonas de exclusión e ilegalidad donde las organizaciones criminales captan más víctimas, especialmente aquellas personas que ya sufren diversas discriminaciones por razones de sexo, edad, pertenencia étnico-racial, identidad y orientación sexual.
Como muestra la experiencia en diversos países, las medidas de esta naturaleza solo contribuyen a la estigmatización y a la generalización del miedo a la inmigración.
Las acciones asumidas por el Estado con respecto a las personas migrantes no constituyen una política inclusiva, sino un sistema de clasificación administrativa, de seguridad y control: básicamente, otorgar documentos de identidad, aprobar residencias, y evitar flujos migratorios no deseados a través de la imposición de visas y otros controles.
En la medida que no problematicemos otras dimensiones, como las condiciones de vida o el acceso a los derechos, como por ejemplo el acceso a los derechos civiles y políticos, se estará apostando a una migración dócil, transitoria, silenciada que no construye un camino común.
La apuesta para pensar una ciudadanía en términos mucho más amplios, implica visibilizar a las personas migrantes como sujetos políticos, implica intentar de-construir por qué Uruguay junto con Myanmar son los únicos países del mundo que no permiten la naturalización, es decir la obtención de la nacionalidad a personas no nacidas en el territorio.
¿Cuáles son los desafíos que plantea la construcción de una política migratoria de izquierda en un contexto regional y global en el que se han tomado medidas restrictivas que criminalizan migrantes?
El avance de la derecha y particularmente en la región ha implicado una importante regresión, a partir de decisiones ejecutivas se ha ido desmantelado la institucionalidad y normativa en materia migratoria al tiempo que se ha dado la espalda a los compromisos internacionales y regionales asumidos.
Estamos en una encrucijada y ante una oportunidad para que Uruguay defina claramente su posicionamiento sobre los desafíos que plantea el abordaje de la movilidad humana en el siglo XXI y las acciones que está dispuesto a impulsar para hacerle frente.
No somos ajenos a la humanidad que huye, que fluye y transita el globo. Tenemos que comprometernos con las historias globales, con la posibilidad de que nuestra comunidad sea más grande y diversa, para que las personas que nacieron en otras latitudes que quieran renacer en esta tierra, que quieran forjar un presente y un futuro en este país, puedan hacerlo.
