El Ministerio, los sindicatos y el poder estructural
Publicado el 08/01/26 a las 7:14 pm
Por Angel Vera
El contexto
En Uruguay, el 30% de la fuerza de trabajo percibe salarios sumergidos, insuficientes para cubrir el costo de vida. A ello se agregan desigualdades estructurales que afectan a jóvenes, mujeres y personas con menor nivel educativo. Los salarios sumergidos castigan particularmente a algunos sectores rurales, el servicio doméstico, el comercio, los gastronómicos y el hotelero, sectores de trabajo intensivo, empleo precario e informal.
En este cuadro estructural son usuales las amenazas de despido, las prácticas de división de los trabajadores y el asedio a los intentos de organización sindical. Por ello la situación es más grave en el interior del país, en actividades zafrales, territorios de altos niveles de desempleo y dependencia de uno o dos sectores productivos.
Por todo esto existen áreas donde la defensa de los derechos laborales y el control del cumplimiento de las normas pueden considerarse parte de las luchas por la subsistencia.
Las herramientas
La Inspección General del Trabajo fiscaliza el cumplimiento de la legislación laboral, recibe denuncias, aplica sanciones y previene riesgos. Sin embargo, su capacidad real depende de factores que exceden la letra de la ley, por ejemplo, la cantidad de inspectores, la coordinación con otros organismos del Estado y también la correlación de fuerzas sociales.
Luis Puig, al frente de la Inspección, busca fortalecer la presencia territorial y priorizar aquellos aspectos del trabajo donde se pone en riesgo la vida, la salud y la dignidad de los trabajadores. Su orientación, como la de Juan Castillo, actual ministro de Trabajo, se nutre de una trayectoria sindical prolongada, conocedora de las actitudes patronales y de las reacciones antisindicales. De aquí que en marzo se anunciara el “Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo” para poner en práctica herramientas que ya existían.
Los ejes
Uno de los ejes centrales de la actual gestión es la prevención de accidentes laborales. A eso apunta la promoción activa de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador. Esta no se concibe como un instrumento estrictamente punitivo. En todo caso, incentiva la inversión en seguridad y promueve la minimización de los riesgos a la hora de organizar el trabajo. Los resultados históricos de esta ley muestran una reducción significativa de accidentes y muertes laborales.
Otro eje es la visibilización de problemas aparentemente naturalizados. Campañas de difusión pública, recorridas nacionales y actividades de capacitación en todos los departamentos buscan instalar la idea de que la precarización conlleva siniestralidad. La educación en prevención ayudará a custodiar los derechos a la seguridad y salud laboral en beneficio de toda la sociedad.
Un tercer eje es la articulación con otros organismos del Estado para abordar situaciones complejas que van más allá de la fiscalización convencional.
Los límites
Un tema persistente son las prácticas antisindicales. Como decíamos más arriba, en muchos sectores persisten despidos selectivos de delegados, persecución contra los intentos de organización e incluso utilización de rompehuelgas. Para el Ministerio, estos hechos no son conflictos individuales, sino ataques a derechos colectivos.
Resulta difícil lidiar con los límites estructurales. A veces las resoluciones pueden llegar tarde. Los recursos humanos son insuficientes para la fiscalización de todo el territorio nacional. Sin embargo, la acción del Estado puede vencer muchos obstáculos en la medida de que la defensa del trabajo implique una ágil interacción entre el Estado y la sociedad civil. Por eso las denuncias constituyen un recurso imprescindible.
Un ejemplo
Paysandú es un departamento con una de las tasas de desempleo más altas del país, con una fuerte dependencia del sector citrícola. Allí se constató en una empresa la existencia de trabajadores, mayoritariamente extranjeros, en condiciones de informalidad absoluta, alojamiento indigno, restricción de la movilidad y exposición a riesgos graves para su vida y salud. La intervención del Ministerio permitió desbaratar la red de trata y explotación laboral.
El operativo mostró, por un lado, la capacidad del Estado de actuar cuando hay denuncia, voluntad política y coordinación interinstitucional. Por otro, dejó en evidencia que estas prácticas no ocurren en la marginalidad, sino en empresas reconocidas, integradas a circuitos productivos legales. Semejante grado de superexplotación constituye una práctica de reducción de costos particularmente grave en condiciones de alta vulnerabilidad social.
La actuación de la Inspección fue decisiva en lo que hace a sus tareas específicas desde el labrado de actas, la intimación al pago de salarios adeudados y la protección de los derechos de los trabajadores. Cabe destacar la actuación de la Fiscalía de Paysandú en el establecimiento de las responsabilidades que emergen de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador entre otras normas.
Aprendizajes
En resumen, en el correr de 2025 se reforzó la idea de que la organización y la denuncia tienen sentido. El Estado puede actuar a pesar de los límites objetivos que impone el capital concentrado y la debilidad sindical en sectores clave. De hecho, en este periodo se constató una reducción sustantiva de los accidentes laborales.
La articulación entre distintas áreas del Estado demuestra que la responsabilidad empresarial no se diluye en intermediarios ni tercerizaciones.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cumple con sus fines de defensa de los derechos laborales. No obstante, en primerísimo lugar, resulta imprescindible la organización y la lucha colectiva ante los enormes desafíos pendientes.
Nota
En la fotografía que acompaña la nota aparecen de izquierda a derecha: Luis Puig, inspector general del Trabajo; Carolina Cosse, presidenta de la República en ejercicio; Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social; y Andrea Bouret, subinspectora general. La fotografía fue tomada del sitio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en ocasión de la presentación del informe sobre «Accidentalidad Laboral 2025» el 30/12/2025. El resumen puede encontrarse en https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/comunicacion/noticias/cosse-hay-nada-importante-vida
