La precarización en el trabajo mata
Publicado el 03/09/25 a las 9:55 pm
Por Luis Puig1
Durante el periodo de transición hacia el nuevo gobierno, definimos encarar un flagelo que pasa desapercibido en el país: ocurren más de 40.000 siniestros laborales al año y entre cada 7 y 10 días muere un trabajador accidentado.
Esto no es obra de la fatalidad, tiene que ver con múltiples factores. El principal es la organización del trabajo, tal cual lo establece la ley primogénita en el tema, la 5032 de 1914, el empleador es responsable de la organización del trabajo y a su vez deudor de salud y seguridad.
Al comienzo de la segunda década de este siglo, la siniestralidad en el trabajo marcaba, según el BSE, la existencia anualmente de 52.000 accidentes laborales y la muerte de 56 trabajadores. Teniendo en cuenta que los registros del Banco no incluyen la totalidad de los accidentes, la situación era más grave aún.
¿Qué fue lo que permitió comenzar a cambiar esta realidad? La presentación en el Parlamento del proyecto de Ley sobre Responsabilidad penal del empleador.
Este proyecto, que fue bombardeado por las Cámaras Empresariales y desde tiendas políticas de derecha y hasta por algunos dirigentes del FA, posibilitó instalar en la agenda pública este flagelo y que saliera del desconocimiento general.
Se decía que el objetivo era que los patrones fueran presos por el solo hecho de serlo, y hasta se fundamentaba que la Ley en caso de sancionarse sería declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
Nada de esto ocurrió. Lo que sí ocurrió fue que se comenzó a invertir en prevención, se mejoró la organización del trabajo, se contrataron técnicos prevencionistas y se avanzó en salud, seguridad y cuidado de la vida de los trabajadores.
Con la discusión y aprobación de la Ley se pasó de 52.000 accidentes laborales y 56 muertos por año en 2013, a 38.000 accidentes y 32 muertos en 2017 según datos del BSE. Fue un acierto y de estricta justicia establecer que poner en peligro grave y concreto la vida, la salud y la integridad física del trabajador, tuviera sanción penal.
¿Con esto alcanza? Rotundamente no, debe propiciarse un cambio cultural en el Estado, los empleadores y los trabajadores que vincule el trabajo con la vida y no con el accidente, el sufrimiento y la muerte.
El cambio en el Estado debe ser revertir la baja percepción del riesgo que en general existe en sus jerarcas. Pareciera ser que los funcionarios públicos no estuvieran expuestos al riesgo y en realidad, en todas las actividades este está presente. Además el Estado terceriza y mucho, se debiera proteger a los trabajadores de las empresas tercerizadas contratadas .
¿Cuál es el mayor caldo de cultivo para la siniestralidad en el trabajo? Sin duda la precarización laboral. Cuando a un trabajador se lo contrata por día o por semana, cuando su salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas de su familia, difícilmente su principal preocupación sea la seguridad, seguramente va a aceptar cualquier condición laboral para tener un sustento.
Esto hay que cambiarlo de raíz, se debe combatir la precarización laboral y establecer condiciones dignas para el trabajador/a.
Hemos tenido años de un Estado ausente en materia de protección de derechos y eso incentiva la impunidad de quién es el actor más fuerte en la relación laboral, dejando al trabajador en condiciones de indefensión. El ataque a los sindicatos y a toda organización popular en el periodo anterior fue nefasto también en este aspecto.
Esto se vincula también con la fortaleza o debilidad de la organización sindical. Allí donde hay sindicatos fuertes la normativa en general se cumple, donde los sindicatos son débiles o inexistentes la impunidad campea.
Nos hemos propuesto que la estrategia de impulsar el “Compromiso Nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo” llegue a cada rincón del país (tal cuál nos comprometimos en el lanzamiento del 1ero de abril en Torre Ejecutiva), dado que si esto no fuera así, sería solo papel pintado, incapaz de cambiarle la vida a nadie.
A las 24 horas del lanzamiento estuvimos en Salto promoviendo este compromiso con empleadores y trabajadores, y al orto día en Bella Unión con los cañeros. Hemos generado un hecho inédito, en este lugar fronterizo, a 600 km de Montevideo, se llevó adelante un proceso de capacitación y de fiscalización con presencia diaria durante 10 semanas, que cambió radicalmente la condición de trabajo de los trabajadores de la caña de azúcar.
Esta experiencia nos deja en mejores condiciones de llevar experiencias similares en el Citrus, las canteras de piedra y el arroz entre otras actividades, donde hay mucho por hacer para lograr condiciones dignas de trabajo.
- Luis Puig integra el Comité Central del PVP, y actualmente se desempeña como Inspector General de Trabajo y Seguridad Social, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ↩︎
