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Partido por la Victoria del Pueblo ANULAR LA LEY DE IMPUNIDAD

 

 

El dictador invisible
GREGORIO ÁLVAREZ Y SU LARGA SERIE DE CRÍMENES Y RIQUEZA MAL HABIDA

Escribe Néstor Curbelo

 

Gregorio Álvarez jamás ha sido investigado. No fueron indagadas sus cuentas bancarias ni sus propiedades. Vive suntuosamente pero le pagamos una jubilación por su usurpación de la Presidencia de la República.

En los primeros meses de 1971, dentro del Ejército se creó una estructura que, con el correr del tiempo, se transformaría en el Estado Mayor Conjunto (ESMACO). La misión de ese organismo era la de establecer un cuadro diagnóstico de la situación nacional, diseñar la colección de información y su posterior procesamiento, delinear líneas de acción contra la 'sedición'. Al frente de ese organismo se encontraba un oficial entonces recientemente ascendido: el general Gregorio Conrado Álvarez Armeguino (a) 'El Goyo' o 'El Petizo', nacido en Montevideo en 1926.
"El Petizo (Álvarez) no fue exactamente un conspirador, porque para eso se necesita capacidad intelectual y él es más bien 'cortito'. Yo diría que el adjetivo que mejor lo define es el de intrigante", dijo un oficial en situación de retiro consultado por Carras y Caretas.

Ésa y otras fuentes militares consultadas señalaron otra característica del ex dictador: "Siempre fue enormemente ambicioso".

"Tiene un estilo ajeno a las tradiciones del Ejército Nacional -comentó un alto oficial-, parece un general argentino, un tipo de clase alta. Si bien hizo el curso de Estado Mayor en Uruguay estuvo mucho tiempo en Argentina junto a la Caballería y allí agarró ese estilo poco estoico."

"Alvarez era de origen blanco y no tuvo problemas en servirse de los Tenientes de Artigas, así que casi todos los generales que lo acompañaron en el golpe de Estado eran de origen blanco", añadió.
En aquel organismo que dio lugar al ESMACO fueron integrados unos cuantos coroneles que luego constituirían el cerno de la dictadura y marionetas del gran titiritero Gregorio Alvarez.

ESCUELA DE GORILAS

En 1971, aquellos coroneles tenían la misión de estudiar aspectos estratégicos para la marcha del país: el plano macroeconómico, la realidad socioeconómica concreta, los transportes, la producción de carne, los conflictos y relaciones laborales, los temas energéticos y el análisis de la corrupción, particularmente en el sector financiero.
O sea: aquel organismo era no sólo un centro para definir estrategias anti subversivas sino, también, una escuela de gobierno. Con el paso de los años, se convertiría en una verdadera escuelita del crimen vinculada a los más atroces asesinatos políticos pero también a una serie de homicidios poco divulgados y cuyas motivaciones centrales fueron el enriquecimiento ilícito personal en nombre de la salvación de la Patria. En ese plano, el teniente general Gregorio Alvarez brilló con luces propias.

Llegados a este punto conviene recordar que el artículo segundo del primer capítulo de la Ley de Caducidad, en su inciso B establece que no caducan aquellos "delitos que se hubieran cometido con el propósito de lograr, para el autor o para un tercero, un proyecto económico".

Consultado por Carras y Caretas, el doctor Juan Raúl Ferreira recordó que esa precisión a la Ley de Caducidad, a pesar de que su redacción pertenece al fallecido dirigente herrerista Héctor Martín Sturla, "fue introducida por Wilson pensando en el Operativo Conserva y en la probabilidad de que se hubieran cometido secuestros extorsivos".

PATRÓN DE PASTOREO

El teniente general Gregorio Alvarez es hoy propietario de campos y ganados y, por lo menos, de una suntuosa residencia ubicada en Campbell y Américo Ricaldoni, al tiempo que sigue percibiendo una jubilación de privilegio como ex 'presidente' de la 'República' y otra correspondiente a su condición de 'patrón de pastoreo', como cínicamente se definiera ante el Banco de Previsión Social.

A diferencia de su par Augusto Pinochet, Álvarez no ha sido investigado por la comisión de ilícitos económicos a pesar de los fuertes indicios existentes en ese sentido. Entre esos indicios corresponde mencionar el así llamado 'Operativo Conserva', las presiones indebidas sobre propietarios rurales, sus relaciones non sanctas con la Logia P2 -en especial con Licio Gelli y Umberto Ortolani-, su vinculación a una organización encabezada por Julián Safi, sus posibles cuentas en el exterior, las maniobras con el mármol utilizado en la construcción del Mausoleo de Artigas y que culminaran con el homicidio del contador José González, el homicidio del también contador Sáenz y la desaparición de Américo Soca, 'Soquita', un prestamista que se excedió en una calesita realizada con dinero de los generales de la dictadura, y la ejecución en París de su opositor, el coronel Ramón Trabal, quien había investigado las conexiones económicas del Uruguay pre dictatorial.

Más allá de todos esos indicios que la Justicia hubiera debido investigar de oficio por no encontrarse comprendidos en la Ley de Caducidad, Gregorio Álvarez (a) 'Goyo' o 'El Petizo' encabezó la mayor asociación para delinquir con fines de lucro en la historia de la delincuencia nacional.

En efecto, Álvarez fue el capo di tutti capí en la organización paralela que, con anclaje en el Servicio de Información de Defensa (SID), realizó saqueos, secuestros extorsivos y asesinatos en serie y que en su integración contó con figuras fulgurantes como los Gavazzo, los Silveira, los Sande, los Medina y otros que hoy han pasado a un segundo plano en la consideración pública y oficial: Pedro Matos (a) 'El Burro' (segundo jefe operativo del SID presente en Orletti) y el coronel Eduardo Ferro.

El periódico El Observador- rotativo que cuenta con fuentes leales entre los personeros del régimen dictatorial-, aludiendo a informantes del 'entorno' de Medina, Arab y Sande, publicó que el secuestro de la nuera del poeta argentino tuvo fines de lucro.

"Quizás hay que empezar a hablar del dinero que hubo, no sólo atrás del caso Gelman, sino también de uruguayos secuestrados en Argentina y que luego fueron liberados acá (en Uruguay) a cambio de plata."
En 1987, se publicó una obra clave para comprender la corrupción económica bajo la dictadura militar: País vaciado, dictadura y negociados, del economista Miguel Carrió, ex miembro de la Comisión de Banca y Financiamiento del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Economía del PIT-CNT. "La corrupción acompañó al fascismo como dos caras de una misma moneda", afirmó Carrió. "La dictadura no solamente sirvió para llenar bolsillos militares, también los civiles que se adaptaron al modelo económico aplicado pudieron utilizarla en su beneficio".
Carrió señala que "hacia 1972 comienza a delinearse una nueva estrategia de política económica de liberalización y apertura externa, que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-77 elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Bordaberry, que contaba con el contador Ricardo Zerbino como director y con el contador Alberto Bensión como subdirector".

LA CARNE ES DÉBIL

En la obra referida, el economista Carrió describe la Operación Conserva, una maniobra económica que benefició directamente a un grupo de empresarios frigoríficos y a Gregorio Álvarez cuya, esposa, Rosario Flores de Álvarez, integraba el Directorio de empresas frigoríficas. La maniobra consistió en la exportación a Argentina de , carne vacuna uruguaya para la posterior elaboración de Corned Beef en el país vecino.

En la operación fraudulenta participó la empresa Inversur, de José María Alori, terrateniente y uno de los connotados manda más del sector frigorífico.

Alori, por entonces, integró los directorios de diversos establecimientos frigoríficos, entre otros EFCSA (Establecimientos Frigoríficos del Cerro, SA) cuyo abogado y representante ante INAC era el prominente miembro del Partido Colorado Edison Rijo. Alori también fue director de FRIMACAR cuyo representante legal era el doctor Enrique Tarigo. Este Directorio era también integrado por Rosario Flores, esposa del dictador Álvarez.
De acuerdo con el libro de Carrió, el Operativo Conserva determinó que "el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quedó como feliz propietario de la partida de comed beef a un costo promedio de 22 dólares la caja, un 25% por encima del precio internacional del producto, y con una deuda por 15 millones de dólares con el Bank of América, que había financiado la operación".

Carrió afirma que "Finalmente una parte de la conserva fue reexportada por Alori a 16 dólares la caja, perdiendo el Estado la diferencia y ganando Alori las comisiones que INAC pagó por la venta".

En 1985, por iniciativa del doctor Alberto Zumarán, se intentó integrar una comisión investigadora sobre el Operativo Conserva pero no se obtuvieron los votos necesarios para ello.

Ese mismo año, durante la primera administración Sanguinetti, se realizó una investigación administrativa en el Ministerio de Ganadería y Agricultura que arribó a que el Estado había perdido más de 12 millones de dólares y que se había incurrido en numerosas irregularidades contables. No obstante, el ministro Pedro Bonino 'cajoneó' el expediente y, así, nunca llegó a ser investigado por la Justicia.

Pero no se trató sólo de maniobras económicas. La corrupción costó vidas humanas puesto que estos delincuentes no trepidaron en apretar el gatillo cuando se vieron ante dificultades u oposiciones. Los crímenes que cometieron en su carrera por enriquecerse avergüenzan hoy a sus propios cantaradas de armas.

"El asesinato del prestamista Soca significó el fin de la credibilidad del sentido del honor en el Ejército", comentó un ex oficial consultado sobre aquellos insucesos.

Tomado de CARAS Y CARETAS, 26/08/05

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