MEDIOAMBIENTE E IDONEIDAD
Quisiera creer pero me cuesta

Escribe: María Urruzola.

La Haya le dijo que no a la Argentina. ¿Le dijo que sí, entonces, a Uruguay? Nada menos seguro, pese a los análisis triunfalistas que han predominado estos últimos días ("ganamos 14 a 1", sic). Es obvio que cada uno interpreta el fallo a su gusto, pero vale la pena el esfuerzo de leerlo (1) y retener alguno de sus pasajes para los dilemas que vendrán.

Y en particular, para quienes aspiran -aspiramos- a pensar el presente en función de la construcción del futuro, interesa leer la opinión de los tres jueces integrantes de dicho órgano que optaron por dejarla por escrito, matizando la línea de razonamiento de la Corte. Los tres apoyaron la decisión, pero advierten con distintos argumentos que la Corte podría haber razonado de otra manera, entre las medidas cautelares y el tema de fondo. Así lo expresó el egipcio Ronny Abraham: la Corte funda su decisión esencialmente sobre la falta de urgencia y la ausencia de peligro evidente de daño irreparable (que emanaría de la construcción de las plantas) lo que le permite evitar la mayoría de los problemas de fondo .

La Corte no ordenó la suspensión de las obras de Botnia y Ence, pero eso nada significa sobre el fondo de la demanda de Argentina, es decir la violación por parte de Uruguay del Tratado del Río de la Plata. El debate de fondo, que ahora quedó claramente explicitado en La Haya, es saber si cualquiera de los dos países puede tomar decisiones ambientales que involucren el Río Uruguay, medianera natural que para siempre compartiremos, sin el acuerdo explícito y escrito del otro. Dicho al revés: es imperioso dilucidar si cada país tiene derecho de veto sobre las decisiones del otro, tan pronto el Río esté involucrado.

Cuando en el horizonte se barajan plantas celulósicas para acá y para allá (sobre el Río Negro, sobre el Paraná, etcétera) es obvio que encontrar una respuesta consensuada con Argentina en función del derecho ambiental que se ha ido construyendo en los últimos 30 años, en base a desastres evitables pero no evitados, es de suma importancia para la región -es decir para nuestro maltratado MERCOSUR-, y también para los nietos del futuro que seguirán siendo rioplatenses.

Con respecto a ese derecho ambiental, que deberemos integrar a nuestra realidad en general tan lenta para las novedades (¿qué pasó con los niños contaminados con plomo?), la Corte de la Haya nos recuerda su filosofía: "El medio ambiente no es una abstracción, sino el espacio donde viven los seres humanos y del cual dependen su calidad de vida y salud, así como las de las futuras generaciones. La obligación general que tienen los Estados de controlar que las actividades desarrolladas dentro de los limites de su jurisdicción o bajo su control respeten el medio ambiente de los otros Estados o en las zonas que carecen de jurisdicción nacional forma parte del cuerpo normativo del derecho internacional del medio ambiente".

La Corte dejó también por escrito una advertencia: "el Uruguay asume necesariamente el conjunto de riesgos ligados a toda decisión de fondo que la Corte pudiera emitir en una instancia ulterior; que la Corte destaca que la construcción de las plantas sobre el sitio actual no puede ser reputada como que constituye un hecho consumado dado que, así como ha tenido ocasión de subrayar, si fuera establecido que la construcción de obras conlleva un menoscabo a un derecho, no podemos ni debemos excluir a priori la posibilidad de una decisión judicial que disponga el cese de los trabajos o la modificación o desmantelamiento de las obras".

En otra columna referida al estado de la institucionalidad del país, hace un tiempo, escribí que entre la alarma y el abismo en Uruguay prácticamente no mediaba ninguna instancia. Los ejemplos sobran: la crisis bancaria, la aftosa, las inundaciones, la crisis energética, el plomo, la desnutrición en Artigas... cuando nos desayunamos, el techo ya se nos está cayendo sobre la cabeza. La explicación no es muy complicada: tenemos un aparato de Estado anquilosado en prácticas, formación y sistemas operativos viejos de varias décadas (salvo excepciones).

Por eso, cuando la Corte de La Haya funda su dictamen también en que Uruguay comprometió su "intención de respetar plenamente el medio ambiente y todos los derechos humanos de los uruguayos y los argentinos, a través de una conducta caracterizada por la transparencia, la buena fe y la voluntad de actuar de forma cooperativa y solidaria y reiteró expresamente que las dos plantas operarían respetando los estándares de la Unión Europea para esta industria, que entrarán en vigor para la Unión Europea en 2007", yo quisiera creerlo, pero no puedo. Porque todavía no sé qué pasó con los derechos humanos de los niños contaminados por plomo, ni tengo noticias de que el Estado haya hecho nada con la contaminación producida por la planta de Dirox en San José.

La mayoría de la ciudadanía quiere creer. Necesita creer. No se plantea siquiera la posibilidad de que el actual equipo de gobierno diga una cosa en público y la verdad pueda ser otra muy diferente. Como por ejemplo que el Estado no tiene capacidad técnica, ni operativa, ni presupuestal para controlar efectivamente a las plantas de celulosa. Algunos jerarcas lo dicen a puertas cerradas. Lástima que el gobierno prefiera prometer que transparentar. Asume una responsabilidad ante el futuro que, si falla, será imperdonable.

(1) http://www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cau/cauframe.htm

Tomado de Montevideo COMM, 17/07/06.

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