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Partido por la Victoria del Pueblo ANULAR LA LEY DE IMPUNIDAD

 

DOCUMENTO APROBADO EN LA 5TA CONFERENCIA NACIONAL DEL PVP

17 y 18 de marzo de 2007 

Indice:

1) Conceptos  generales sobre la etapa..................................    1

2) Claves de la aplicación del programa progresista.............    4

3)      La experiencia de gobierno.................................................    5

4)      Los cambios estructurales...................................................    9

5)      Democratización de la sociedad y el Estado....................    12

6)      DDHH: Avances hacia la verdad y la justicia.....................    13

7)      Lucha contra la pobreza y la indigencia..............................    15

8)      Política económica................................................................    16

9)      La fuerza política Frente Amplio y el gobierno progresista   18

10)  Ejes de la orientación del PVP en la etapa........................    19

1)      CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA ETAPA:  gobierno nacional progresista, cambio del mapa político (mayoría parlamentaria),  cambios en los gobiernos municipales. Persistencia del bloque en el poder en la economía, en las estructuras sociales, en  los medios de comunicación y en la inercia de las estructuras estatales.

La conquista del gobierno nacional por el Frente Amplio,  la constitución de mayorías frenteamplistas en ambas cámaras parlamentarias y el triunfo en 8 Intendencias del interior del país, son transformaciones  profundas del mapa político que marcan una nueva etapa en la vida del país. Son hechos que recogen una larga historia de luchas, avances y derrotas y marcarán un periodo sustancial hacia el futuro.  

Una caracterización de la etapa debe reconocer que  están en curso procesos   no consolidados, procesos contradictorios en la sociedad donde juegan fuerzas sociales con intereses distintos y contrapuestos . Estos procesos interactúan  con el gobierno configurando a éste como un campo de tensiones. 

Han habido avances importantes  en el plano de los Derechos Humanos, en el funcionamiento de los Consejos de Salarios y la aprobación de la Ley de Fuero Sindical, en la formalización de una parte de los trabajos en negro, en las políticas de salud (Sistema Nacional de Salud), en la educación ( asignación de recursos  y  proceso amplio de discusión para culminar en una ley de educación), en la implementación de programas para paliar la situación de indigencia (PANES), entre muchos otros aspectos. Por otro lado la política económica definida ha priorizado los compromisos de superávit fiscal, estableciendo limites  importantes a la inversión social y productiva. En un contexto de buenos precios a los productos uruguayos, con un crecimiento muy importante del PBI, han faltado políticas activas de empleo, que hagan retroceder sustantivamente la desocupación, incluyendo entre ellas el fomento del cooperativismo, de las micro y pequeñas empresas. Los procesos de redistribución del ingreso a favor de los mas perjudicados son todavía lentos en algunos casos e inexistentes en otros. En episodios iniciales con  efectos en la interna frenteamplista el gobierno promovió y obtuvo la aprobación  parlamentaria del envío de tropas a Haití y del Tratado de Inversiones con EEUU. La evolución del tema de la  instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos prácticamente dejó de ser una cuestión de debate interno y  se convirtió en confrontación nacional con Argentina.

 A lo largo del año 2006 se llevó adelante un debate trascendente respecto a la realización de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Mucho mas que una controversia puntual sobre un aspecto de la política económica estuvo en juego la definición de un nuevo marco estructural al proceso uruguayo. Desde la conducción económica se abogó fuerte en pos de esta alternativa, utilizando la “vía rápida”, en función de los beneficios que surgirían del acceso al mercado norteamericano. La derecha blanca y colorada, las mayores organizaciones empresariales, los medios de comunicación  se alinearon en una campaña fuerte a favor. Como PVP promovimos una posición claramente contraria e impulsamos el debate respecto al tema en la interna del FA, en sus estructuras de base, en las organizaciones sociales y en la prensa. Para ello desarrollamos  acuerdos con  figuras como Couriel, Chifflet, Licandro, Caetano que jugaron un rol muy activo para ampliar el espectro de opiniones contrarias y también con el Partido Comunista que actuó firmemente para oponerse al TLC. La creación del movimiento en defensa de la soberanía por parte del Pitcnt y Fucvam expresó la resistencia a nivel social  y  el llamado “grupo de los 52” a las personalidades que suscribieron  una convocatoria pública  al respecto. Las contradicciones dentro de los sectores mayoritarios del FA fueron  incrementándose y fue creciendo la oposición al TLC. Lo que en algún momento pareció una decisión gubernamental prácticamente tomada por Tabare con respaldo de los grupos mayoritarios del FA, la totalidad de los partidos tradicionales y las cámaras empresariales, se fue convirtiendo en un verdadero debate nacional y terminó en que el propio presidente desestimó la  posibilidad del TLC por la vìa rápida.  La confrontación de proyectos ha persistido luego en hechos como la negociación y firma del TIFA, la visita a Uruguay del presidente G. Bush y mas globalmente en concepciones diferentes sobre la inserción internacional del paìs.

Una visión parcializada sobre cualquiera de estos aspectos puede generar un posicionamiento simplificador,  acrítico o por el contrario descalificador del conjunto del proceso. Tampoco se trata de hacer  una suma o resta abigarrada de rasgos, sino de analizar los nudos de la situación, las contradicciones en pugna, las potencialidades y los obstáculos para el cumplimiento del programa frenteamplista, y definir una línea de acción política y social   coherente  con una estrategia a mediano y largo plazo. Ese análisis es el que pretendemos desarrollar en este documento.

En esa estrategia debemos asumir a cabalidad que somos parte del gobierno frenteamplista. Participamos activamente en la elaboración y definición del programa y ahora se trata de llevarlo a la práctica. Desde el gobierno, desde la fuerza política  y también desde las fuerzas sociales. En función de ese compromiso tenemos un punto de vista propio y crítico y aportamos desde ese posicionamiento, a la unidad del conjunto del FA y a la labor del gobierno.  Apostamos todos nuestros boletos a que podamos generar las transformaciones de fondo comprometidas en el programa frentista, que el FA pueda mantener su respaldo popular y aun acrecentarlo, y que pueda volver a ganar en las próximas contiendas electorales.

Está claro, por lo tanto, que discrepamos en profundidad con aquellos sectores que  se ponen en la vereda de enfrente, que desarrollan una  prédica contra  el gobierno frenteamplista,  y promueven en la militancia una actitud de descrédito y escepticismo . No nos parece que ello contribuya a fortalecer opciones de masas más radicales sino probablemente acentúe la desmovilizaciòn.  

Los avances en el plano político de la izquierda no son irreversibles. El bloque en el poder persiste en las estructuras económicas y sociales, en el monopolio de los medios de comunicación y aún en las propias estructuras estatales. Las estrategias  de desgastar, de desprestigiar o desestabilizar al gobierno progresista, o  de cooptarlo para sostener el status quo, o de ambas cosas a la vez,  están  a la orden del día  y para ello la derecha tiene muchos instrumentos. La herencia de décadas de políticas conservadoras y neoliberales, ha dejado consecuencias  arraigadas –basta  mencionar como ej. el  endeudamiento externo e interno a niveles sin precedentes en el país- que siguen operando no sólo como obstáculos pasivos sino como factores activos  de resistencia al cambio progresista .

 Las relaciones de fuerzas internacionales también influyen en el contexto nacional en varios sentidos. La concentración de poder  en  EEUU, la ausencia de grandes divisiones en los centros imperialistas, el peso del gran capital a través de los organismos internacionales de crédito y la OMC, conforman un  escenario mundial de grandes condicionamientos y amenazas. La globalización de las relaciones económicas ha generado mayores niveles de dependencia a las economías subdesarrolladas. El  cuasi-monopolio del poder militar en EEUU y su política de agresión bélica  avasallando las normativas y la institucionalidad internacionales  opera como una amenaza permanente sobre los demás países. Rusia y China aparecen como obstáculos aunque no decisivos a las políticas norteamericanas de dominación mundial.

      Por otro lado el desgaste de las opciones neoliberales en América Latina  ha generado un conjunto de  triunfos electorales de alternativas de izquierda de muy variada condición. Alcanza ver el mapa político latinoamericano para percibir la riqueza de la etapa actual. Para una estrategia popular, antiimperialista y socialista es fundamental analizar en profundidad los procesos que están en curso en nuestro continente. Uno de los mas interesantes en este plano ha sido la conquista del gobierno boliviano por una fuerza política de origen indígena, campesina y sindical, con un discurso claramente popular, que está promoviendo cambios estructurales en dicho país. También los recientes triunfos en Ecuador y Nicaragua se suman a un contexto de cambios políticos en Latinoamérica. El protagonismo hemisférico de Hugo Chavez en fuerte alianza con Cuba, es un factor que genera hechos políticos fuertes hacia una confluencia de América Latina  con signo popular. América Latina constituye hoy  la región del mundo donde las corrientes de izquierda, populares y socialistas, no solo siguen existiendo sino que  protagonizan experiencias de gobierno.

 Al mismo tiempo en el MERCOSUR, (que es la alianza más significativa en esa perspectiva) existen  problemas graves que dificultan su profundización. El conflicto en torno a la instalación de las papeleras es un aspecto parcial de las dificultades en la relación entre los países de la región y muestra la incapacidad del bloque para resolver estas contradicciones. Las asimetrías entre los países no se reducen sino por el contrario y la integración en otros planos como el productivo, social, cultural, político, no avanza.  Incluso en temas tan sensibles como el de la Deuda Externa  los posicionamientos diferentes hicieron muy difícil aunar fuerzas.  Por otro lado existen posturas de consolidación del bloque que pasan por temas antes descuidados: la política energética, la infraestructura, y la creación de Fondos financieros regionales para el apoyo a emprendimientos entre países. La situación  del PT en Brasil, el mayor partido de izquierda del continente en el país más poderoso, mostró la vulnerabilidad de estos gobiernos a la corrupción pero también su capacidad de sustentación electoral aún cuando el propio partido resultó muy desgastado en este proceso. Existen hoy movimientos de derecha tendientes a la desarticulación o debilitamiento del MERCOSUR. Sobran ejemplos a lo largo de la historia en especial entre los países africanos, en los que  todas las perspectivas de desarrollo independiente fueron ahogadas en guerras intestinas aparentemente con fines nacionalistas, que terminaban fortaleciendo a las multinacionales y creando más dependencia.

Si en épocas pasadas hubo quienes concebían los procesos históricos –de avance de las fuerzas populares, de desarrollo de las fuerzas productivas, etc.- como inexorables y en ascenso hacia el socialismo,  la realidad nos mostró y nos sigue haciendo ver un panorama mucho más cambiante, más en pugna, donde el “campo de posibilidad” es mayor. Por ello mismo mayor es la responsabilidad de definir e implementar estrategias correctas.       

2)      CLAVES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA PROGRESISTA.           El programa frenteamplista tiene cuatro grandes ejes:  desarrollo productivo, democratización de la sociedad y el Estado,  Justicia social  e  Integración regional.  Su aplicación -dijimos hace años- significaba una modificación sustancial del bloque en el poder, es decir alteraciones de las correlaciones de fuerzas entre clases que van mas allá de lo coyuntural para estructurar relaciones de dominación o hegemonía diferentes . [1]

La  conquista del Gobierno por parte del FA  no significa resolver de por sí estas transformaciones sino  el comienzo de un nuevo periodo en esa pugna. Una etapa con posibilidades mayores para los intereses de los sectores populares y también con un riesgo incluso mayor de frustración de las expectativas generadas  dado que el FA recogió a lo largo de tres décadas los efectos del descontento y las luchas populares  como  única alternativa política, electoral y de gobierno al status quo  imperante.

En  esa confrontación  económica, ideológica y política, un factor decisivo es el fortalecimiento de los sectores sociales populares. Nos referimos a su acceso  a una distribución diferente de la riqueza, pero también  al crecimiento de  su organización y de su predicamento sobre el conjunto de la sociedad. Lo que Gramsci planteaba como hegemonía.

En el Encuentro del club Progreso afirmábamos que la aplicación  del programa frenteamplista no era  un acto administrativo, ni sólo una tarea de gobierno, sino un proceso donde trabajan y luchan un conjunto de actores políticos y sociales. Un escenario de expectativa -y aún de confianza- en la labor del gobierno, pero de pasividad y desarticulación social y política, es negativo para el desarrollo de una estrategia de cambios.     

En los últimos dos años  podemos decir que la  reconstrucción y el crecimiento de la organización popular, de las redes sociales, ha tenido pasos significativos en el desarrollo del movimiento sindical a partir de los Consejos de Salarios y de la  Ley de Fuero Sindical.  En la conducción sindical predominó  una estrategia inteligente que preservó al movimiento obrero de la dicotomía  confrontación /acatamiento en relación con el gobierno progresista,  y mantuvo una postura movilizadora, manteniendo la independencia de clase, enfrentando a la derecha, presionando al gobierno desde dentro de los procesos de cambio. No un compromiso de paz social que desmovilice al movimiento ni una postura meramente reivindicativa, que enfrente a los trabajadores con el gobierno progresista y que termine haciendo el juego de la derecha.  Ese fortalecimiento de la organización sindical no es un hecho menor,  en particular porque alcanza a sectores de trabajadores más desorganizados y postergados. Queda mucho por avanzar en este plano y sobre todo en relación con la población  desocupada y semi ocupada, que  es la más desarticulada y vulnerable .

En esta perspectiva tienen importancia la situación del cooperativismo y de las organizaciones de micro y pequeños emprendimientos. Como trama de organización social tienen especial relevancia  los mecanismos de descentralización en tanto creación de organización comunitaria con base en cada territorio. En estos aspectos  sigue habiendo una  gran debilidad .

3)      LA EXPERIENCIA DE GOBIERNO.

La asunción del gobierno nacional es una situación nueva para la izquierda.

La experiencia de gobernar en el ámbito nacional  debe motivar una reflexión  que no se agote en las encrucijadas visibles.  Incorporar las herramientas del pensamiento marxista y de izquierda sobre el Estado, analizar otras experiencias latinoamericanas o mundiales  anteriores y contemporáneas, profundizar en el conocimiento de nuestro propio Estado, nos ayudará a comprender  las encrucijadas  invisibles. Aquellos aspectos sobre los cuales la gran prensa no coloca el reflector y son esenciales para la profundización del proyecto frentista.

Destaquemos  algunos  temas en esa experiencia de gobierno :

a)      Relación de las estructuras estatales con el programa de cambios

El accionar de los medios de comunicación  y de los distintos voceros de la derecha, opera en un sentido contrario a toda iniciativa transformadora o que afecte intereses. Recordemos la campaña contra la ley de humanización de las cárceles y los Apocalipsis augurados, los ataques al  MIDES por el Plan de Emergencia, al  MSP por el SNS, la virulencia patronal contra la ley de fuero sindical. Era previsible, es cierto, pero es un factor fuerte que juega sobre la experiencia de gobierno y encuentra debilidades o contradicciones en las respuestas.

El enfrentamiento de la gremial de los transportistas  apoyado por la patronal de taxi metristas y por la Asociación Rural, confluyendo con una prédica altamente confrontacional de la totalidad de las cúpulas coloradas y blancas, fue un ensayo de desestabilización y desgaste. Las conversaciones secretas con las cúpulas militares de Sanguinetti y Lacalle agravaron estos movimientos. La respuesta del gobierno y del movimiento sindical  permitieron derrotar esta intentona. No ha sido una coyuntura intrascendente y es necesario analizarla para que deje enseñanzas para el FA y su militancia.       

Para realizar los cambios en la cúpula militar fue necesario previamente cambiar la legislación que habilitara a ascender un mayor número de coroneles a comandante en jefe. Ese movimiento previo del gobierno, que pasó casi  desapercibido en la sociedad fue una forma de adelantarse a los problemas y  preparar el terreno para dar una respuesta ante una situación crítica de esa naturaleza. La  subordinación efectiva de los mandos al poder civil es un paso hacia la democratización de las FFAA  , de su doctrina y  sus autoridades. Como muchas veces denunciamos en las ultimas décadas los partidos colorado y blanco preservaron elementos de la Doctrina de la Seguridad Nacional dentro de las instituciones militares.

Por otro lado existen  variadas formas de resistencia de las instituciones a incorporar acciones y políticas sustantivamente diferentes a las desarrolladas históricamente. No se trata solo de mandos  blancos o colorados que actúen contra las políticas impulsadas desde el nuevo elenco directriz, sino de las estructuras mismas que no están hechas para desarrollar políticas activas que incrementen la respuesta estatal ante los problemas de la emergencia social o productiva. Toda iniciativa requiere sortear un número tan grande de obstáculos que apenas la conducción política deja de seguirla hasta el último detalle, se detiene, y el ritmo “normal” continua. Todo lo que se pierde de vista se para. Esa dinámica  estructurada es tan fuerte que insume la mayor parte del tiempo de la conducción  sólo mantenerla funcionando, y la dedicación de esfuerzos a lo realmente transformador termina siendo muy menor. Menor por lo menos en relación con las necesidades que plantea el programa de cambios. La estructura estatal es muy capaz de absorber un discurso progresista en su conducción, a condición de mantener los mecanismos de establecen la reproducción de las practicas habituales.

Las estructuras jurídico-políticas actuales deben ser analizadas críticamente en un proceso que apunte a su transformación progresista.

 

b)      Relación del Estado con la población y en particular con los sectores populares.  

La distancia que el Estado establece en relación con la población -temática analizada por distintos teóricos marxistas- refiere a su autonomía relativa en relación con los demás niveles sociales pero también a su forma de operar en relación con el bloque en el poder. El Estado reproduce relaciones  de dominación específicas al mismo tiempo que articula la cohesión global donde funcionan las demás formas de dominación económicas, ideológicas, sociales.

En el programa del FA se afirma  que los servicios estatales están organizados en forma inversamente proporcional a las necesidades sociales. Quienes más necesitan reciben los peores servicios y a la inversa.

A su vez, esa ajenidad, ese extrañamiento o alienación del Estado en relación con la población, se traduce en escasos o nulos mecanismos de participación de los ciudadanos (y más aun de los sectores populares) en relación con esos servicios. Sus  opiniones no cuentan, no existen formas para que lleguen, para que interactúen entre sí y con los servicios  en territorio y mucho menos a nivel nacional. Existe una opacidad en el funcionamiento del Estado, mucha  información pertinente no se registra, o si existe no circula, no se difunde y menos aún  está vinculada a formas de participación y control.   Hay problemas estructurales (concentración del poder institucional, ausencia de información adecuada, ausencia de mecanismos de participación, etc.) y otros que provienen de la debilidad del campo social, es decir de las correlaciones de fuerza de los distintos actores.

El impulso a la organización de los usuarios del sistema de salud, con Asambleas Representativas de cada zona, apoyadas y convocadas por las comisiones de salud de los Concejos Vecinales, es una experiencia a valorar para promover la participación comunitaria con base territorial . La reivindicación de la participación de los usuarios en la conducción del Sistema Nacional de Salud, que está planteada dentro del Plan de la Reforma, es un aspecto importante  hacia la conformación de un actor social con presencia nacional. Se retoma así  la experiencia del BPS en cuanto a la presencia de organizaciones sociales en su Directorio como factor de democratización, transparencia y mayor eficiencia.

Los procesos  de descentralización que se empezaron a instrumentar en los gobiernos de izquierda en el interior, son también avances sustanciales que con sus particularidades y especificidades deben ser objeto de una mayor preocupación de la fuerza política.

c)      Relación del Estado  con sus funcionarios.

A diferencia del Estado actual que considera a los funcionarios públicos como elementos pasivos  de una maquinaria burocrática a la que se paga  mal (aunque en muchos estamentos se obtengan ingresos altos) y se le exige poco, el proyecto progresista  sostiene la participación del trabajador público en la gestión (en la mejora de la gestión) y promueve su compromiso con el servicio a la comunidad y con las transformaciones populares.  La experiencia de la IMM sin embargo mostraba el fracaso de algunos intentos en ese sentido que  terminó en la reproducción de los mecanismos tradicionales de gestión y  en el predominio de enfoques sectarios y corporativos en el gremio de trabajadores, con fuerte confrontación con el gobierno frenteamplista. Errores en la conducción política y  escaso trabajo político e ideológico de la fuerza política sobre los trabajadores confluyeron en  este resultado. La participación de los trabajadores en la gestión  quedó así como un componente discursivo sin gran sustento en experiencias concretas. Durante más de 10 años no se volvieron a plantear tácticas fuertes en este plano.

En muchas instituciones estatales se encontró un gran desorden administrativo y una enorme disparidad de remuneraciones, de relaciones laborales y condiciones de trabajo. Hay  que tener en cuenta que el actual funcionamiento del Estado ha ido tejiendo una red de compromisos internos que determinaron beneficios (en algunos casos no pequeños)  que separan a unos trabajadores de otros y que vulneran  a la población usuaria y la eficiencia institucional. Son irregularidades  difíciles de modificar. El funcionamiento de una trama de micropoderes  sostiene el status quo y resiste los cambios .

La postergación de muchos sectores desde el punto de vista salarial y funcional es un factor de desmotivación y contribuye  también a  crear condiciones para planteos que reducen el horizonte de su lucha a su beneficio económico inmediato y rechazan la posibilidad de procesos graduales en este plano. El  prolongado conflicto de los médicos de Salud Publica mostró también como la reivindicación se entrelazó con la oposición a los cambios de fondo.

Las limitaciones presupuestales  provenientes de la situación del país y del marco global  definido desde el área económica son  un obstáculo para avanzar en este plano.

Como en otros aspectos centrales del gobierno hay en el tema de la relación con los funcionarios  una cuestión de voluntad política. Una estrategia de participación no puede concebirse  como un acto, o pretender desarrollarse sólo con una táctica o con una modalidad y sobre todo no puede desprenderse de un trabajo político, ideológico, programático y cultural para promover el involucramiento de los trabajadores con una transformación progresista del Estado y con el servicio a la población.

Las experiencias  de talleres por Centro de Salud realizadas en algunos sectores del MSP con apoyo de la Oficina de Servicio Civil  fueron enriquecedoras  hacia la búsqueda de modalidades participativas. Y al mismo tiempo constituyeron una oportunidad para realizar un intercambio directamente con los trabajadores sobre los contenidos programáticos y políticos de las propuestas en curso. También la discusión presupuestal y del Plan de Trabajo fueron instancias participativas que dejan enseñanzas.

Sin embargo no hay un impulso central, fuerte, orientador en este plano desde el Poder Ejecutivo, ni desde la fuerza política, que  enmarque las experiencias puntuales en un proceso mas amplio. Proceso complejo que no puede plantearse en términos simplificados,  pero que es fundamental encarar.

d) Los modelos de gestión existentes y los alternativos.

El modelo de gestión existente en el aparato de gobierno es el resultado de un proceso histórico donde el Estado de origen batllista, en crisis pero con  fuerte arraigo en la inercia burocrática, y en el clientelismo  blanco y colorado, fue golpeado por el tsunami neoliberal. La resistencia popular y otros factores contribuyeron a que la política de desmantelamiento del Estado en beneficio de los grandes capitales multinacionales no alcanzara en Uruguay los niveles de otros países de América Latina. Pero su influencia quedó marcada en un debilitamiento del aparato estatal operado desde su propia conducción, donde la subordinación al capital privado funcionó aunque no la transferencia de la propiedad estatal. La ineficiencia estatal fue una profecía autocumplida por los defensores de las privatizaciones y de los grandes negociados a expensas del erario público.

Hablar de modelos de gestión y de planificación significa  desentrañar rasgos  comunes,   características generales.

Los modelos llamados  de “planificación normativa” parten del supuesto básico de que hay un sujeto que planifica y luego objetos de la planificación. La presunción de conocimiento objetivo de la realidad que sustenta la planificación del sujeto forma parte de la concepción positivista del conocimiento. La relación vertical, no  participativa que subyace a esta concepción puede complementarse con la legitimidad político electoral o con el saber técnico -tecnocrático- o con los imperativos de la modernización, de la revolución tecnológica y la competitividad en los nuevos mercados globalizados. Todos estos argumentos tienen gran influencia mediática  y no han sido desmontados a través de una critica sistemática.    La concepción de la “planificación estratégica situacional” (C. Mattus) parte de la existencia de múltiples sujetos con intereses distintos que tienen su  propia visión de la realidad y sus propias planificaciones. Por lo tanto planificar debe incluir buscar alianzas y enfrentar enemigos. Otras concepciones de la planificación como la familia de metodologías PPGA  --Planificación  Participativa y Gestión Asociada—de la FLACSO intentan avanzar en la ampliación democrática  de la toma de decisiones y la participación social en la gestión urbana. [2]  Las corrientes de la pedagogía crítica y de la educación popular también hacen aportes fecundos en esta dirección.

Desde el proyecto progresista se hace necesario avanzar hacia un modelo de gestión participativo y eficiente. En ese sentido la fijación de objetivos claros, y de planes de trabajo para alcanzarlos  debe ser una instancia de participación y de involucramiento de los trabajadores y mandos medios –aplicando por ej. una metodología de educación popular-. Al mismo tiempo  este tipo de metodología de gestión ofrece  herramientas  para el monitoreo y la evaluación  regular de los planes de trabajo. De esta forma  pueden instrumentarse  rendiciones  de cuentas de la labor realizada, lo cual es un elemento de transparencia hacia la población.   

En esta búsqueda de un modelo de planificación y de gestión alternativo es necesario someter al análisis crítico las distintas concepciones planteadas, que no son neutras en sus supuestos ni en sus consecuencias. A la vez  es importante ir generando experiencias  que enriquezcan la reflexión y la acción en este plano.

4)      CAMBIOS ESTRUCTURALES: 

Sistema Nacional de Salud, Ley de Educación, Reforma Tributaria, Plan de Equidad,  etc. Contenidos, posibilidades, resistencias.

Durante mucho tiempo desde la izquierda se sostuvo que no alcanzaba con la sustitución de las personas, o incluso de los partidos  en el gobierno, sino que era imprescindible la transformación de las estructuras. Desde nuestro punto de vista ese pensamiento sigue vigente para concebir la aplicación del programa del FA. Al mismo tiempo las transformaciones estructurales no surgen de un devenir histórico inevitable, ni del desarrollo de las fuerzas productivas o ni del nuevo fetiche : los imperativos de la globalización. Requieren actores políticos y sociales que desarrollen practicas transformadoras. Por eso sigue siendo vigente posicionarse  en la necesidad del compromiso individual y colectivo, del involucramiento personal, de la coherencia entre vida y convicciones, de la reafirmación  de los valores éticos de la solidaridad, la equidad y la participación democrática, la rebeldía ante la injusticia como actitud de vida.

Importa  destacar en el análisis y en el discurso que las transformaciones profundas se basan en muchas experiencias parciales gestadas a contracorriente durante los periodos anteriores. Es decir que se apoyan en los esfuerzos de gente que en su ámbito fue capaz de producir cosas distintas a las preconizadas por el pensamiento dominante, en salud o en educación, en lo productivo o en lo social.

a)      La propuesta de Sistema Nacional de Salud   por ej    fue elaborada por el FA a través de una metodología participativa y debatida ampliamente en el Congreso Héctor Rodríguez..  Para ello, tomó en cuenta  distintas experiencias internacionales al respecto pero en particular, se basó en dos elementos propios de la realidad uruguaya: la descentralización participativa implementada en Montevideo por el Gobierno Municipal  del FA y la participación de las fuerzas sociales (trabajadores, jubilados y empresarios)  en la dirección del Banco de Previsión Social. Es decir  mecanismos de participación comunitaria asentados en el territorio, que parten de la dimensión local para procurar integralidad y democratización, pero también  participación social en la conducción del aparato estatal, sin enfoque corporativo, contribuyendo a la conformación de actores sociales generales con incidencia en la escena política.  La aplicación de una estrategia de Atención Primaria de Salud, a su vez, tiene un punto de apoyo importante en una rica experiencia desde la IMM, las policlínicas comunitarias, así como desde organizaciones como FUCVAM, y otras instancias comunitarias. Vale la pena recoger estas experiencias, reivindicarlas para fundamentar las prácticas innovadoras y la adopción de políticas generales que vayan más allá de lo parcial, de lo piloto, para constituir movimientos transformadores globales. Es una forma de valorar los esfuerzos de tantas  mujeres y hombres  para resistir la oleada neoliberal y de disputar la hegemonía frente al pensamiento continuista, burocrático o acomodaticio.

Las reformas estructurales en Salud son una batalla política. Como tal la conducción del MSP planteó al FA a través de su Mesa Política y sus coordinadoras y comités de base, el desarrollo de una campaña de información y movilización para defender la aplicación del programa. Esa convocatoria a movilizar la fuerza política implicaba también considerar su rol como un factor activo e influyente en la escena nacional. Las diversas charlas y reuniones que comenzaron a generarse en los comités  recogieron una actitud de apoyo y compromiso con las reformas planteadas. Sin embargo no hubo continuidad en esta línea de acción y dicha campaña todavía no se ha desarrollado. La información a la población y mas aun su movilización en torno a esta temática presentan importantes carencias. Las presiones corporativas se han desplegado a  lo largo de todo el período  para frenar o por lo menos obstaculizar los cambios. Cada vez que hubo vacilaciones en la conducción de la reforma dichos cuestionamientos se incrementaron. También los choques con el Min. de Economía en torno a  la creación del SNIS y sus características han sido un elemento de rémora y en algunos casos de bloqueo de este proceso.

b) En el plano de la Educación  es trascendente la decisión de generar un gran debate nacional en torno a tres ejes y su implementación a pesar de todos los cuestionamientos de los partidos de derecha. Los tres ejes son centrales para el futuro del país en este plano:

1)      qué educación necesita un proyecto de país productivo,

2)      qué educación requiere la democratización de la sociedad  y

3)      los contenidos de una nueva Ley de Educación.

Este debate se desarrolló a nivel de todo el país en un amplio esfuerzo que se tradujo en cientos de asambleas territoriales, en reuniones sectoriales, en mas de trescientos documentos. La realización del Congreso pedagógico con mas de mil participantes, que discutieron con seriedad y compromiso en las distintas comisiones es también un logro importante.  Sin duda podrán señalarse limitaciones  en sus contenidos o en el involucramiento de los distintos sectores del quehacer educativo, pero el  hecho de convocar a su realización y luego llevarlo a la practica durante todo un año son grandes pasos. Una contraposición muy nítida al estilo centralizador y autoritario de la Reforma Rama. Y sobre todo es una oportunidad para transformar la educación con un sentido popular, crítico, liberador, arraigada en el trabajo, vinculada a un proyecto de país con justicia social, desarrollo productivo y democratización de sus relaciones  internas.  Abrir espacios permanentes para que los docentes opinen e influyan sobre las cuestiones más generales del proyecto educativo y puedan participar del gobierno de la enseñanza, sería un avance sustantivo. Pero que otros actores del hecho educativo sistemáticamente postergados  como los alumnos y la comunidad  puedan participar en un proceso de discusión tan  importante, y también  puedan participar del gobierno del sistema educativo, constituirían hechos nuevos y removedores. Para todos los actores estas instancias requerirán superar el corporativismo estrecho, una acción vigorosa, con amplitud de miras y ser capaces de producir un análisis crítico de la situación y de las grandes líneas de la transformación del sistema educativo de cara a un país distinto .  El debate  sobre el abordaje de la “historia reciente”  es uno de los puntos álgidos de este proceso donde  blancos y colorados resisten en forma virulenta la modificación del discurso oficial  que desde hace 30 años  sostiene la estructura de poder.  Temas como el rol de las FFAA durante y después de la dictadura, los crímenes cometidos, la red de complicidades  civiles, político partidarias, empresariales y de los medios de comunicación, los alcances y consecuencias del terrorismo de Estado,  tienen una enorme actualidad.

c) La Reforma Tributaria es otro cambio trascendente que se procesó durante el 2006 y cuya aplicación va a marcar al 2007. La presentación pública de sus grandes ejes para generar una consulta al respecto, marca un  hito en la política económica. No existía en el programa del FA una elaboración más detallada sobre este tema, que fue una especie de tabú, por la incidencia que tuvo en la derrota electoral de 1999. El proyecto presentado a fines de 2005 no fue procesado a la interna del FA antes de lanzarlo a la luz publica, razón por la cual la fuerza política lo conoció  al mismo tiempo que la derecha y los distintos sectores sociales involucrados. En un momento esta iniciativa apareció con un carácter casi cerrado desde el Ministerio de Economía  cuyo trámite parlamentario estaría reducido a la aprobación a carpeta cerrada. Sin embargo hubo una discusión real en la bancada frenteamplista sobre los contenidos que culminó en una negociación  con modificaciones que mejoraron el proyecto inicial.  En la próxima etapa   está planteada su implementación a partir del  segundo semestre. La derecha tomará este tema como uno de los ejes de confrontación para manipular  a los sectores llamados de “clases medias” contra el gobierno progresista. Hay por lo tanto una batalla política y comunicacional en este campo . Al mismo tiempo importa analizar la implementación de esta reforma a la luz de sus consecuencias sobre la redistribución del ingreso.

Es válido rescatar el cuestionamiento a la estructura tributaria anterior por regresiva desde el punto de vista social y retomar la contraposición histórica de Reforma Tributaria cuyo eje sería el Impuesto a la Renta de las personas físicas, reduciendo la carga de impuestos indirectos e incrementando los directos. Era y debe ser un gran instrumento de redistribución del ingreso y un estímulo al desarrollo productivo.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas  se mencionan desde fines del 2005 nueve reformas estructurales que están en marcha: reforma del sistema financiero, reforma tributaria, reforma de la administración tributaria , reforma del sistema previsional, construcción de un clima de negocios propicio para el incremento de la inversión productiva,  reforma del proceso y la estructura del presupuesto (tope legal al gasto publico, compromisos de gestión, etc), reforma de la administración de la deuda pública, reforma del Estado y renovación de las bases de sustentación de la inserción internacional del país. Son temas sustantivos que  hay que analizar desde la fuerza política y discutir con la población.  Ni que hablar que si el TLC con Estados Unidos  prosperara  sería  una gran transformación  estructural, solo que no de signo progresista. En ese mismo sentido la autonomía del Banco Central  es  una discusión próxima con  efectos trascendentes.

Sin duda hay que incluir en el análisis las reestructuras de las políticas sociales, las políticas  democratizadoras y las de desarrollo productivo. Pero además es la mayor importancia decodificar los procesos en curso, incluirlos en la consideración de la fuerza política, relacionarlos con los ejes programáticos comprometidos.

Merece  destacarse   que el  gobierno nacional ha definido como propósitos estratégicos para el año 2007  la Reforma del Estado, la  elaboración e implementación del Plan de Equidad y el impulso al Uruguay Productivo.

Los contenidos de cada uno de estos grandes  ejes  marcarán la vida del país por un periodo prolongado  y en torno a ellos se configurarán las pugnas de intereses y proyectos contrapuestos, las alianzas y debates nacionales, externos pero también internos  al FA.

5)      DEMOCRATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO.

La democratización  de la sociedad y el Estado son fines en sí mismos, objetivos y ejes estratégicos del programa frentista, y también medios para su aplicación en profundidad. Como señalamos más arriba, ello tiene mucho que ver con las modificaciones en las correlaciones de fuerzas entre las clases sociales.

A diferencia del primer gobierno departamental de Montevideo cuyo bandera principal fue la descentralización participativa, el gobierno nacional  progresista no ha priorizado un proyecto democratizador trascendente. Por lo menos en esta primera etapa. 

No se ha desarrollado una propuesta de Asambleas Deliberantes, ni de Consejos Vecinales u otras formas de participación social y ciudadana que asuma una dimensión nacional. Las Juntas Locales no deben limitarse a promover la representación partidaria local sin una proyección democratizadora  donde la participación de la sociedad civil juegue un rol protagónico. En el importante campo de los gobiernos municipales frenteamplistas no se ha articulado entre sí y con el gobierno nacional  un impulso coordinado  para promover una descentralización participativa.

Este es un déficit importante en el proyecto de gobierno.

Afirmar este señalamiento  no significa dejar de valorar los procesos de participación comunitaria que se están organizando en torno a la Salud, ni la  discusión realizada  sobre el tema Educación o las mesas de discusión sobre seguridad ciudadana. En otros aspectos importantes como la conducción de los entes estatales,  se optó por incluir a  ex dirigentes sindicales en los directorios de BPS, Ancap, UTE, Bse, etc.

Pero la ausencia de un proyecto global de democratización debilita las políticas sectoriales en esa dirección. 

No hay ninguna medida puntual que resuelva de una vez una temática tan compleja, tan imbricada con las relaciones de poder de la sociedad. No se trata de un acto sino de una estrategia. Pero si el FA no se plantea esa estrategia como una de sus prioridades, si no se diseñan e implementan mecanismos de consulta a la población, y más aún, de participación en la toma de decisiones, si no se define una táctica específica para avanzar en este sentido, la “lógica de los hechos”, la dinámica institucional reproduce los  mecanismos tradicionales de distanciamiento y exclusión.

No empezamos de cero. Hay una experiencia de más de una década de descentralización en Montevideo  que requiere un análisis en profundidad . Las limitaciones externas e internas encontradas en este  proceso condujeron a una situación  que podría caracterizarse como de estancamiento. En esa situación  pueden discernirse  componentes estructurales  y componentes que hacen al accionar de los actores institucionales y sociales. La nueva administración municipal montevideana liderada por Ricardo Ehrlich promovió en el 2005 la realización de un Foro Ciudadano con dos vertientes: Presupuesto Participativo y Agenda Montevideo. Fruto de estas instancias de discusión en cada zona comunal y luego a nivel global, se definieron una serie de líneas de trabajo. En el  caso del Presupuesto Participativo se está implementando un porcentaje del presupuesto municipal de inversiones para ser decidido directamente por los vecinos luego de un proceso participativo de reflexión y propuestas. La experiencia del 2006 mostró un potencial de elaboración de propuestas importante en la ciudadanía, con mas de 2300 propuestas presentadas. La votación de los concejos vecinales y de las propuestas para cada zona parece demostrar que la incorporación del presupuesto participativo contribuyó a detener un descenso en la participación ciudadana en este ámbito y dinamizó la instancia de consulta.  En cuanto a la Agenda Montevideo se trata de un proceso de discusión sobre temas definitorios de un proyecto de ciudad  futura, a 30 años de plazo, que van desde lo urbanístico a las políticas sociales, y al propio proceso de descentralización. En estos aspectos no se ha avanzado aún.

La descentralización participativa no debe concebirse como un fenómeno municipal, ni en su temática, ni en sus actores institucionales o sociales, aunque tenga a los gobiernos municipales como protagonistas relevantes. Una de las limitaciones del proceso vivido en la década anterior  ha sido el circunscribirse a las temáticas municipales. La nueva coyuntura  donde el gobierno nacional y varios gobiernos departamentales están en manos del FA  crea  posibilidades y necesidades diferentes para articular las políticas nacionales  con los  procesos de participación ciudadana. En esa articulación los gobiernos municipales pueden cumplir un rol  fundamental, gestando formas de gobierno en territorio con una fuerte impronta democratizadora.

La información y la comunicación son elementos esenciales de una estrategia democratizadora. Como hemos denunciado muchas veces, el monopolio de los grandes medios de comunicación en manos de un pequeño grupo de poder es un obstáculo  fundamental. En ese terreno no han habido todavía pasos importantes.

El fortalecimiento de la prensa  comunitaria  oral y escrita también es un componente clave de una estrategia de este tipo, y tampoco han existido medidas de impacto para  avanzar en este plano.

La información  sobre la labor del gobierno y más en general sobre aspectos de la realidad que contribuyan a generar una ciudadanía activa, son  cuestiones deficitarias hasta el momento. Información que permita construir comunicación  con la población, en un  dialogo que implica saber transmitir y también  escuchar.  De esta forma se puede alentar las expectativas de cambios de grandes sectores promoviendo su involucramiento activo en las transformaciones.

6)      DDHH:  AVANCES HACIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA. 

Como  en pocas áreas de la vida del país, en este periodo se profundizó el resquebrajamiento del muro de silencio y complicidad que aseguró la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y amparó el mantenimiento de la doctrina de la Seguridad Nacional dentro de las FFAA.

La responsabilidad de la conducción política colorada y blanca respecto a la impunidad es muy clara no solo a través de la redacción y aprobación de la ley de caducidad sino de una interpretación abusiva e ilegal de su texto durante dos décadas.

Desde la izquierda han existido concepciones y practicas muy diferentes. Por un lado  ha habido una tenacidad en la denuncia y en la movilización por Verdad y Justicia desde las organizaciones de DDHH, las organizaciones sociales y desde algunas fuerzas políticas entre las que estamos. Por otro lado hubo quienes sostuvieron que nada se sabría hasta que las generaciones involucradas ya no estuvieran y también que no hay justicia terrenal  válida para aquellos crímenes. Otros enfoques desestimaron la temática en función de las preocupaciones populares por la situación económica y social.  Se especuló con la  resistencia de los militares y hasta con eventuales desequilibrios al gobierno frenteamplista. Durante mucho tiempo las discusiones giraron entre los principios  y el realismo político que aconsejaba atemperar los reclamos, reducirlos a saber la verdad o aún una parte de la verdad. Sin embargo la experiencia del gobierno de Kirchner en Argentina mostraba que la firmeza en este campo, lejos de debilitar a un gobierno democrático, lo fortalecía y acrecentaba su caudal de apoyo popular. Con una táctica distinta en nuestro país quedó demostrado que ese espacio de crecimiento democrático también existía.

Merece destacarse la aprobación de la ley que implementa la Corte Penal Internacional y  que tipifica los delitos de Lesa Humanidad  de tortura y desaparición forzada . También  el tratamiento legislativo respecto a la creación de una institución de Derechos Humanos , definida en el programa del FA.

El procesamiento de Juan Carlos Blanco por el caso Elena Quinteros en el año 2002 significó un cambio en la situación de los DDHH probando que la supuesta verdad incuestionable de que nadie iría preso por los crímenes de la dictadura no era tal. La lucha llevada adelante por el PVP y otras fuerzas contra la impunidad se ve reflejada en este hecho.

Así el procesamiento y la prisión del grupo de torturadores mas reconocido significó un cambio en calidad en la situación de los Derechos Humanos. A ello se suma el procesamiento y el encarcelamiento de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, cabezas civiles de la dictadura. 

La decisión del gobierno progresista de entrar en los cuarteles a buscar los restos de los desaparecidos, la habilitación del  accionar de la justicia en sucesivos casos que le fueron consultados en el marco de la ley de caducidad, el cumplimiento por parte del Ministerio del Interior de los mandatos del Poder Judicial, la detención y el encarcelamiento de los torturadores mas connotados, son hechos que fueron  naturalizando ante la población la subordinación de las FFAA  al poder civil. La resistencia de los estamentos de conducción militar tuvo que canalizarse a través de los medios formales y legales, sin contar ya con el escudo del poder político. Sin embargo la mentira y el ocultamiento de la verdad siguen siendo una política institucional castrense tal como lo reflejan los distintos informes presentados al P. Ejecutivo.  La aparición de algunos restos óseos de los compañeros desaparecidos  es un paso en dirección a la verdad, pero todavía muy insuficiente.

El gobierno progresista redujo  drásticamente  la impunidad  aplicando estrictamente  la ley de caducidad  declarando fuera de la misma los casos en los que existió móvil económico, los  crímenes cometidos fuera del territorio nacional, y la responsabilidad de los mandos militares en todas las violaciones a los DDHH  . También quedó abierta la posibilidad de asumir la tesis del delito permanente para las desapariciones forzadas dejándolas todas fuera del marco de la ley de caducidad. Fue entonces donde pudo percibirse que también desde el Poder Judicial existían complicidades  fuertes con la impunidad. Ante esta nueva situación  y en una lógica de avance democrático se planteó en el Parlamento la posibilidad de una Ley Interpretativa que obligara al P. Judicial a aplicar la justicia en los casos excluidos de la Ley de Caducidad  por el P. Ejecutivo. Esta iniciativa no prosperó pero la discusión sobre la Ley Interpretativa  comenzó a generar tantos cuestionamientos a la propia Ley de Caducidad que habilitó a plantear la anulación de la misma.  La acumulación de fuerzas que comienza a construirse en torno a la posibilidad de  anulación de la ley de caducidad  era impensable hace unos años.

Existe hoy una campaña por la anulación de la Ley de Caducidad que ha logrado concitar un apoyo significativo y tiene espacios  en la prensa y la opinión pública. Decenas de actos y charlas, reportajes, pintadas, pronunciamientos políticos y sociales, van  construyendo pasos en esa dirección  y necesitan un impulso mayor. 

 Hoy  nadie puede posicionarse  públicamente  contra la búsqueda de la  Verdad y  las apelaciones a desestimar la Justicia -dentro y fuera del FA- han perdido drásticamente su espacio político y su  red de complicidades se desmorona.  Las múltiples acciones para rescatar la memoria histórica de las luchas populares tienen un  gran campo para desarrollarse. De forma similar  hay mayores posibilidades para  ampliar el espacio de practicas antiautoritarias, que cuestionen el secreto, la opacidad, el escamoteo de cuestiones relevantes a la consideración publica y a la participación ciudadana. 

Los elementos de información  que van surgiendo solo abren mas interrogantes que deben ser respondidas por las FFAA.  La  confirmación de la existencia de un segundo vuelo desde Argentina a Uruguay trayendo mas de veinte compañeros del PVP que aún siguen desaparecidos  configura un hecho gravísimo respecto al accionar dictatorial dentro del país. Hasta ahora no ha habido una respuesta a este hecho. Por el contrario se acumulan mas elementos sobre otros traslados de compañeros de distintas  organizaciones (PCR, GAU) hacia Uruguay sin que las estructuras institucionales militares ni los mandos asuman estos hechos y los esclarezcan.

El decreto del P. Ejecutivo resolviendo el cierre de una etapa en la investigación sobre los desaparecidos deja interrogantes  sobre las características  de la etapa que viene, por lo menos desde el ángulo del gobierno.

 Avanzar en el conocimiento de la verdad por parte de la opinión pública, lejos de cerrar el tema aumenta el compromiso con sectores más vastos de la población a los que les es difícil entender la impunidad como un herencia maldita

7)      LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA INDIGENCIA Y POR LA JUSTICIA SOCIAL.

El incremento drástico y reciente de la pobreza y la indigencia,  con fuerte predominio en la población infantil, es el fenómeno social más trascendente de las últimas décadas.

El impacto social de la crisis de 2002 muestra el agotamiento de un modelo de acumulación que comenzó a gestarse a inicios de los años 90, en Uruguay y en buena parte de los países de América Latina. Algunos componentes de este modelo de acumulación, que redundaron en un crecimiento de la pobreza y un aumento de la desigualdad fueron la apertura externa, la liberalización comercial, y la reducción del empleo industrial y público. No se puede explicar esta crisis y sus consecuencias  sin analizar el conjunto de la reforma neoliberal.

Se desencadenó una brusca redistribución de los ingresos, generando altos niveles de concentración  por un lado y de despojo por otro. Esta situación de emergencia social  ha producido importantes procesos  de exclusión, de debilitamiento de las redes sociales, con fuerte impacto sobre la situación sanitaria, educativa y en general sobre la calidad de vida de amplios sectores populares

Revertir esta situación es uno de los compromisos más importantes del FA, de su programa y de los planteos de Tabaré Vazquez en la campaña electoral. Coherentemente con este compromiso el Gobierno progresista definió como  prioridad nacional la implementación del Plan de Emergencia. De esta forma el gobierno puso los temas de la indigencia y la pobreza en el centro de la escena política. El Plan de Emergencia fue calificado de “buque insignia” del gobierno y fue atacado de forma acorde con esa priorización.

Esa jerarquización  dentro del conjunto de las políticas de gobierno es plenamente compartible.

Sin embargo vale la pena analizar como se diseñó  esta política, porque  entre varias alternativas posibles  se optó  por un esquema  que presenta puntos críticos.

a) Ha sido centralmente una política focalizada en la indigencia y ello genera dificultades por que éste es un núcleo duro de pobreza,  difícil de distinguir de otras situaciones de pobreza, difícil de revertir y difícil de encarar con un enfoque no asistencialista. Según cifras de INE  la cantidad de indigentes está alrededor de 100 mil personas mientras que la pobreza llega al millón de compatriotas. El PANES se propuso llegar a 200 mil personas, o sea 40 mil hogares. Sin embargo se han inscripto en el PANES  cerca  de 200 mil hogares, alrededor de un millón de personas. Es decir que la demanda fue muy superior a las definiciones de indigencia y a las previsiones del PANES.   

b) El PANES  quedó centrado en el programa Ingreso Ciudadano que tiene un fuerte contenido asistencialista y no habilita ninguna forma de participación comunitaria. Con la dificultad  adicional  de promover de esta forma  un reclamo de asistencia mayor a los recursos previstos. Otros programas como el de maestros comunitarios o de Trabajo por Uruguay  tienen otra riqueza y pueden conformar políticas permanentes.

c) Por lo menos hasta el momento no se han creado mecanismos de participación comunitaria  para  proponer iniciativas locales, para implementarlas o para controlar su implementación, para evaluar  el Plan o colaborar con él.

d) La integralidad de las políticas sociales  no ha  pasado por ahora de la constitución del Gabinete Social  y de  Mesas de Articulación Social por región en Montevideo. Esa articulación en territorio y la adecuación en cada realidad local  siguen siendo  puntos débiles del diseño actual. Hay una georeferenciación muy clara de la pobreza y esa delimitación territorial debe considerarse de forma jerarquizada a la hora de concebir las políticas sociales. La coordinación de las políticas educativas, de salud, de vivienda, de empleo, etc en las áreas territoriales mas carenciadas –- es imprescindible para  generar otras posibilidades de calidad de vida  en una población  mas amplia, menos focalizada, avanzando hacia políticas universales.

e) La escasa articulación con políticas productivas, o políticas activas de empleo, reduce y hace más compleja la salida de la situación de emergencia. Las carencias en materia de políticas activas de empleo crea un obstáculo muy fuerte a las respuestas a la emergencia social.

La participación comunitaria, la integralidad de las políticas sociales y la articulación con políticas de desarrollo productivo son elementos claves para no terminar realizando acciones compensatorias de las consecuencias de modelos económicos y sociales que continúan reproduciendo la pobreza. 

Es importante tener en cuenta que el Plan de Emergencia ha estado y seguirá estando en el ojo de la tormenta. La virulencia de los ataques que ha recibido el PANES y el MIDES  responden a estrategias políticas de la derecha, a actitudes de clase y a cálculo político.  Muchos de los cuestionamientos provienen de quienes generaron  con sus políticas las situaciones de miseria que hoy se pretende atender. Nunca hasta ahora había existido una sensibilidad gubernamental para procurar respuestas a esta situación.

En la implementación debe tenerse en cuenta que se trata de un Ministerio sin estructura  que da sus primeros pasos  y que el propio MIDES  ha generado instancias de debate e intercambio tanto sobre el Plan de Emergencia como sobre el Ministerio de Desarrollo.

A escasos meses de la finalización prevista para el Plan de Emergencia se vuelve todavía mas importante discutir y proponer las estrategias a mediano plazo a llevar adelante en el plano de la justicia social . En un contexto de crecimiento  destacado del PBI y de condiciones internacionales muy favorables para el país queda cada vez mas claro que las teorías del desborde son una mistificación y se requieren políticas activas de redistribución social.

La redistribución social de la riqueza es un capitulo fundamental del proyecto de la izquierda que excede la atención a la emergencia . Cabe analizar y denunciar los puntos de partida de desigualdad  y promover, desde el gobierno, desde la fuerza política y desde las organizaciones sociales, lineamientos fuertes para avanzar en este plano. Por ejemplo en lo que refiere a la niñez que concentra los peores índices en materia social. 

Hasta el momento el principal impacto sobre la pobreza lo ha tenido la instalación de Consejos de Salarios, el aumento del salario mínimo, el aumento de la formalización del empleo, y sobre todo, el aumento del salario real, todo ello producido por un activo involucramiento del movimiento sindical y una adecuada posición del Ministerio de Trabajo.

Destacamos como elemento fundamental e irrenunciable en materia de lucha contra la pobreza, la centralidad del trabajo como elemento de inclusión social. Eso requerirá la articulación de la política económica con el modelo de país productivo de modo que las políticas sociales, mas allá de las necesarias políticas focalizadas, den como resultado una seguridad social fruto de una vida laboral digna y la solidaridad  intergeneracional.

El Plan de Equidad que está en elaboración es un elemento clave para el diseño de políticas permanentes en este plano. Su consideración amplia por la fuerza política y por la sociedad importa para darle sustentabilidad y mayores alcances. Debe tenerse en consideración la gran concentración de la riqueza que se generó y  sigue aumentando en el país. La redistribución pasa por tres aspectos fundamentales como son las políticas sociales conformando un sistema de protección social, una política tributaria adecuada a esos fines y la generación de trabajo digno con incremento del salario real .

8)      POLÍTICA ECONÓMICA.

Estabilidad macroeconómica. Ausencia de políticas sectoriales de desarrollo y políticas activas de empleo en el marco de un proyecto nacional de desarrollo. Inversiones.

Puntos críticos que han estado presentes en toda esta etapa  son el empleo y el ingreso de los hogares. Si bien  muchas veces se jerarquiza  el balance de cuenta corriente, incorporando el movimiento de capitales, desde el ángulo del desarrollo de un país productivo es relevante  la existencia de un gran balance comercial negativo. Es un síntoma de la debilidad de las políticas activas de desarrollo productivo. La apuesta a la estabilidad macroeconómica y a crear un clima de negocios favorable a la inversión –centrando ésta en la inversión extranjera directa— concebida como el centro de la política económica deja afuera a otras estrategias posibles. En el programa del FA se habla de políticas de promoción de cadenas agroindustriales con mayor potencial de desarrollo y de competitividad, se habla de formas de protección y también de políticas activas de empleo. Estos elementos no han  sido priorizados  en la política económica actual.

El esquema general del gobierno progresista se ha estructurado con un equilibrio donde la conducción económica  opera como garantía de confiabilidad  para el gran capital y los organismos internacionales. Ello ha permitido dos años sin grandes movimientos de desestabilización. Pero también ha tenido un costo hacia las políticas de desarrollo productivo. La ausencia de una consideración política respecto a estos temas debilita a la fuerza política y también al gobierno. Aún cuando los argumentos a favor de las opciones realizadas fueran incontrastables o fueran ampliamente mayoritarios en la fuerza política, es necesario reflexionar con un sentido global y desde los compromisos programáticos  sobre las alternativas adoptadas y otras posibles. Esa reflexión política significa a la vez no  reducir el análisis y el debate a los reclamos sectoriales.

La discusión presupuestal   y de la Reforma Tributaria a nivel de la bancada frenteamplista  abrió una instancia de participación de la fuerza política por lo menos desde sus representantes parlamentarios, en la consideración de los temas económicos. El debate sobre el TLC con Estados Unidos fue, en cambio, mas amplio y alcanzó a la prensa , a las estructuras orgánicas del FA, y a la sociedad civil. La creación de un movimiento en defensa de la soberanía con integración  bastante amplia refleja un debate real sobre las orientaciones económicas.  La defensa de la apertura comercial como la panacea para el desarrollo (via acuerdos de libre comercio) tiene mucho de fundamentalismo, que no toma en consideración las diferencias de  poder entre las distintas economías.

La política aplicada en relación al pago de la deuda externa que ha incluido adelanto en el pago de intereses, privó de esos recursos a la inversión productiva, en vivienda, educación, salud, etc. Según un informe del Banco Central  del 2006 a pesar de los enormes recursos asignados al pago de servicios de deuda el monto global de la misma siguió aumentando. El gobierno ha desestimado el reclamo de las organizaciones sociales en cuanto a la realización de una auditoria ciudadana que analice como se contrajo esa deuda, en qué periodo y las responsabilidades de los organismos internacionales de crédito, de los gobiernos, y de quienes se beneficiaron, para definir posteriormente la estrategia y definiciones políticas a adoptar.

Se mantiene la tendencia de una política económica concentradora y excluyente. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en el período que va desde julio de 2005 a junio de 2006 el 20% mas rico de la población aumentó su participación en el ingreso nacional de 49,8% al 50,4% mientras que el 20% mas pobre disminuyó su participación.

La clase dominante  uruguaya incluye entre otros la oligarquía ganadera, la burguesía agroindustrial, los grandes exportadores, la burguesía comercial, los banqueros , el oligopolio mediático y la burguesía de Estado[3]. Naturalmente la acción estratégica de estos sectores ha determinado sustantivamente la definición de la agenda política. En efecto sus centros institucionales han impulsado esencialmente un modelo primario exportador tendiente a generar economías de enclave, conforme a una apuesta de captación de inversiones privadas transnacionales.

El gran desafío del gobierno frenteamplista consiste en torcer el rumbo de las políticas de apertura y desregulación  implementadas desde los años 90; o dicho de otra manera, en la constitución de un nuevo proyecto de país.

El actual gobierno difiere notoriamente en muchos aspectos respecto de las administraciones precedentes, características ya señaladas oportunamente en distintas partes de este documento. El campo de tensiones constituido entre las distintas fuerzas sociales, presente en la situación nacional y en el gobierno, pone un énfasis fundamental  de nuestra acción en el rumbo de la política económico. Un énfasis que pase por el equilibrio macroeconómico y el resto del recetario del Consenso de Washington, y por una inserción internacional signada por un eventual TLC con los EEUU, no es el camino. Este extremo significaría un claro alejamiento de los objetivos programáticos del Frente Amplio.

En este punto y en el desafío de construir un modelo de desarrollo acorde con los objetivos del país productivo, se anudan las contradicciones de la sociedad y del gobierno y se concentran las tensiones respecto de la fuerza política. La actual coyuntura revela en forma clara las contradicciones sociales básicas que influyen y se reflejan también en el gobierno. Como consecuencia quedó abierto un periodo en el que la correlación de fuerzas definirá el futuro escenario. Entre otros si el gobierno progresista simplemente navegará sobre las olas de la lógica neoliberal o por el contrario impulsará políticas transformadoras de carácter popular y a la vez, profundizará la integración social y política regional. 

9)       LA FUERZA POLÍTICA  FRENTE AMPLIO y EL GOBIERNO PROGRESISTA.

Esta problemática  alcanza uno de los nudos de la conformación del sistema político en el capitalismo y aun en los sistemas  que fueron llamados de “socialismo real”. Es por lo tanto una cuestión  trascendente, sobre la cual importa profundizar hacia este primer y fundamental periodo de gobierno frenteamplista, pero también  hacia una perspectiva de largo plazo, hacia los nuevos regímenes a construir en el plano social y político.

La relación entre gobierno y fuerza política ha sido un punto crítico del accionar del Frente Amplio. Desde las concepciones iniciales de ruptura del cordón umbilical en el caso del gobierno municipal de Montevideo, hubo un largo debate interno que se plasmó en un importante documento aprobado por el Congreso  H. Rodríguez.

El peligro de la estatización del “partido” con su consiguiente institucionalización y debilitamiento de su vida interna, de su arraigo popular y su militancia, está muy vigente. Salvando las distancias de proyectos e historias a los partidos tradicionales les pasó algo similar, hasta llegar a la derrota y la crisis que viven actualmente. Como en muchos otros planos autodefinirse de izquierda no vacuna al FA de este riesgo.

En todo caso el carácter movimientista  que combinó con el carácter de coalición partidaria, le agrega fortalezas específicas. La existencia de los comités de base, las coordinadoras y departamentales ha generado una cultura política propia al FA que se traduce en sus órganos de dirección, en el Plenario Nacional, la Mesa Política y mucho mas en su Congreso. A pesar del debilitamiento objetivo de los comités de base y también de la prédica en su contra bajo el ropaje de la modernización, la estructura de base sigue teniendo influencia importante en el FA.  Una influencia saludablemente crítica e izquierdista que va mas allá de la filiación partidaria de los delegados de base. 

En los primeros meses de gobierno frenteamplista  se adoleció de relegar y marginar a la fuerza política  de  las principales cuestiones  enfrentadas.

No fue así en cambio en el plano departamental de Montevideo donde R.Ehrlich ha tenido una actitud de información y dialogo  con la estructura departamental frenteamplista. A nivel del gobierno nacional tampoco las actitudes fueron homogéneas.   En casos como la reforma de Salud, como ya mencionamos antes, la conducción del MSP planteo a la Mesa Política y a las coordinadoras –con apoyo de la Div. Salud IMM— el desarrollo de una campaña de información y movilización en defensa de las transformaciones  estructurales comprometidas en el programa del FA.  Múltiples charlas en comités generadas a partir de esa iniciativa  mostraron una buena concurrencia y una actitud de apoyo activo por parte de la militancia , incluso en medio de un conflicto duro y prolongado con el gremio médico. Es importante fortalecer la capacidad de convocatoria y movilización de los comités, exigiendo información  y debate pero sin cultura de internismo, o de mera queja ante las postergaciones,  sino de cara a gestar acciones políticas hacia la población.

Asumir las  propuestas programáticas como motivo de una acción política de masas y no solo como tarea de gobierno, es un cambio de perspectiva en relación al rol de la fuerza política y también del gobierno.

El cuestionamiento a la forma de procesar el relacionamiento entre FA y Gobierno  pasó de ser una crítica aislada  de las bases, del PVP y algunos otros, a formar parte de las consideraciones de varios sectores e incluso del balance oficial  al año del triunfo electoral.

La decisión de reactivar la Comisión de Programa y las Unidades Temáticas forma parte de esta reflexión autocrítica y abre caminos para fortalecer a la fuerza política en ese plano. Iniciativas como el Curso de Formación en DDHH promovido por la Com. DDHH del FA  que recogieron  una amplia  participación durante varios meses, demuestran que existe un potencial  de convocatoria importante.

El rol de la fuerza política  es relevante además en relación con la unidad del accionar parlamentario del FA . En un conjunto de  temas de variada dimensión  han aparecido discrepancias  que ponen en  cuestión la unidad de acción y al mismo tiempo la forma de adoptar resoluciones colectivas de la fuerza política. La existencia de discrepancias no es un hecho nuevo para el FA, sino que constituye parte ineludible de su historia y de su funcionamiento como alianza política. Lo nuevo es que en esas discrepancias aparece como actor principal el gobierno, sus ministros o el presidente de la república, arriesgando su desautorización .

Hay compañeros que   han argumentado que debe votarse lo mismo siendo oposición  o siendo gobierno para ser coherentes con los principios de la izquierda. Desde nuestro punto de vista hay una cuestión de identidad  que  es fundamental preservar  y ello incluye indiscutiblemente los principios y también otros elementos que no son principios pero tienen gran relevancia política. Convertir en principios la mayoría de las cuestiones llevaría  a un tipo de análisis o de debate rígido, desvinculado de las estrategias y las tácticas en juego.  Sin embargo nosotros hemos defendido públicamente que no nos parece cuestionable cambiar de opinión o de posición en una temática específica. Con mas razón si hay contextos diferentes. Pero lo que no es aceptable en ningún caso es  que no se expliciten las razones de la variación, y que esas consideraciones no formen parte de instancias colectivas de reflexión y resolución de la fuerza política.

De allí la importancia del funcionamiento adecuado de la fuerza política. La  pluralidad de puntos de vista y la unidad de acción solo se compatibilizan con  la democracia interna y la fortaleza orgánica. Con una responsabilidad de gobierno, en aguas turbulentas,  ambos aspectos resultan esenciales. 

Desde el momento inicial de constitución del gobierno progresista con los principales dirigentes frenteamplistas  y un  relegamiento de la fuerza política y su funcionamiento, a la situación actual  se ha avanzado en el reconocimiento del rol estratégico de la fuerza política. Aunque está claro que del reconocimiento formal a la practica cotidiana hay un trecho grande.

El debate sobre el TLC con Estados Unidos dejó claro que no alcanza con la voz del P. Ejecutivo sino que la fuerza política tiene un papel a cumplir ante encrucijadas programáticas y políticas. También la discusión   en la bancada parlamentaria sobre presupuesto y Reforma Tributaria, cuyo resultado fueron modificaciones reales a los proyectos iniciales fueron casos donde el Ejecutivo debió negociar con representantes de su fuerza política los contenidos de las iniciativas promovidas.   

Sin embargo solo una preocupación permanente para informar y discutir en toda la estructura política partidaria puede sostener en el tiempo una practica acorde con esas definiciones. Los movimientos de reducción de la Mesa Política implementados luego de la  elección interna, van en un sentido contrario a ese fortalecimiento.

Las elecciones internas del FA fueron una demostración de la jerarquización que tiene la fuerza política ante la militancia . Sus resultados indican cuales siguen siendo las opciones que recogen mayor apoyo dentro del FA a dos años de la elección nacional.

 Las perspectivas electorales hacia el 2009 empiezan a jugar en el escenario prospectivo. La polarización entre la candidatura presidencial de Astori y eventualmente la de Mujica aparece como un marco muy posible de ordenamiento de fuerzas. La posibilidad de la reelección presidencial agrega un elemento de complejidad a este panorama pero no lo modifica completamente.

10)  EJES DE LA ORIENTACIÓN DEL PVP EN LA ETAPA.

Líneas de acción.

 De las reflexiones anteriores surgen un conjunto de líneas de acción para el PVP en la próxima etapa. La pérdida de Hugo Cores como secretario general, principal dirigente de la organización y la figura pública mas importante, crea una situación compleja para el PVP. Es un golpe duro que nos enfrenta a nuestras debilidades. Dificultades de proyección publica, de organización, de crecimiento, de respaldo electoral, entre otras. Al mismo tiempo se destaca la fuerte identificación ideológica y política de un colectivo de compañeros y compañeras, que viene de una larga trayectoria pero que se actualiza en lineamientos comunes de accionar político y social. Cabe señalar  la inserción en el movimiento  social y  en la estructura política, así como en los lugares que se han asumido dentro del gobierno nacional y departamentales. 

Esquemáticamente podemos destacar como ámbitos principales de la acción del Partido:

a)      Hacia y desde la fuerza política.  La labor en los comités, coordinadoras, unidades temáticas, comisiones centrales, para que cumplan ese rol  fundamental de ámbito de debate y resolución  política, así como de motores de acción política de masas hacia la población en defensa del programa de transformaciones comprometido.

b)      Hacia y desde el gobierno. Desde las instancias de gobierno donde trabajan militantes del PVP  se trata de promover la aplicación del programa y de realizar un aprendizaje en la labor de gobierno y una reflexión crítica sobre la misma. El gobierno nacional y también los gobiernos departamentales brindan un conjunto de herramientas que debemos asumir como propias.  También son un campo de tensiones donde se puede operar con iniciativa. No somos espectadores ni fiscales del gobierno. El funcionamiento regular y preparado de la Agrupación de Gobierno es un ámbito a afirmar  como instancia de discusión política de los compañeros insertos en roles de gestión y como aporte a la reflexión partidaria.   

Un balance de la gestión en todas las instituciones de gobierno donde participamos es importante para colectivizar la información pero sobre todo para elaborar líneas políticas que se proyecten mas allá de lo puntual.

Desde el ángulo de la proyección pública del PVP un capítulo a tener en cuenta son los compañeros que tienen responsabilidades de gobierno.

c)      Hacia y desde el movimiento sindical. El rol de los trabajadores organizados en el presente período es fundamental. En el crecimiento de la organización  y como protagonistas de la escena política nacional. La creación de un frente sindical  puede significar un  fortalecimiento importante de nuestra labor en este campo. Los liderazgos de compañeros del PVP que se han ido forjando tienen una gran relevancia hacia el movimiento obrero y en buena medida también en la escena política nacional. 

d)      Hacia y desde las formas de participación comunitaria.  Las temáticas vinculadas con la descentralización participativa, como parte esencial de una estrategia de democratización, requieren reflexión crítica, iniciativas y un trabajo consecuente como partido.

e)      La prédica y el análisis orientador. La complejidad del periodo y las contradicciones de la situación pueden generar desorientación en la militancia y precisamente en aquella con un espíritu crítico que podría cumplir un rol importante en lo político y lo social. Conscientes de que la visualización pública es un punto crítico de nuestro accionar, debemos  potenciar todos los espacios a los que accedemos.

f)       La  afirmación del PVP como colectivo de reflexión y acción  en los distintos planos que la situación plantea. Para ello la información que llega regularmente es un instrumento importante. La generación de instancias de discusión como la Agrupación de Gobierno,  Mesas Redondas, Talleres, etc. contribuyen a formar una visión amplia de lo que está sucediendo y de las acciones a desarrollar en estos contextos.

g)      El fortalecimiento orgánico del PVP.  La regularización del funcionamiento del local  y del área de finanzas brindan una base para continuar con una política de fortalecimiento organizativo.

La 9 conferencia nacional en curso es una instancia para definir los rumbos políticos del partido con el aporte de todos los militantes. La elección del Secretariado y del Comité Central es un paso para jerarquizar y afirmar las instancias orgánicas de dirección. Al mismo tiempo es imprescindible la creación de áreas de trabajo donde se integren y asuman responsabilidades cada vez mas compañeros y compañeras.

En todos los aspectos que hacen al accionar político del PVP sigue siendo válida la necesidad de buscar diálogos, e incluso acuerdos o alianzas  con otros sectores frenteamplistas con los que podamos sumar fuerzas para el logro de los objetivos planteados. 

Para  encarar todos estos desafíos  es fundamental definir con claridad los rumbos de nuestro accionar político en la etapa y comprometer los esfuerzos para llevarlos adelante.

[1] Al hablar de poder en este texto -siguiendo a Nicos Poulantzas- estábamos hablando de la capacidad de clases y fuerzas sociales de realizar sus intereses. Intereses económicos, ideológicos y políticos, con desiguales desarrollos en cada campo, concebidos como el horizonte de sus prácticas de clase. Estas prácticas de las distintas clases están   determinadas por las estructuras, es decir por los sistemas de relaciones establecidos, y que, al mismo tiempo, actúan sobre dichas estructuras. De allí la importancia de clarificar y potenciar las practicas transformadoras.

 

[2] Las metodologías PPGA comprenden las siguientes metodologías: 1) Planificación Participativa 2)Gestion Asociada para implementación estrategica y/o gestión de redes.3)Planificación gestión con Información, Consulta y Consenso (ICC).4) Prospectiva participativa.5)Audiencias Públicas participativas. 6) Consenso Intersectorial para conflictos urbano-ambientales.7)Planificación-acción con participación comunitaria para Mapas de Riesgo.8)Metodología para Consejos Participativos de Políticas Publicas “Fuelle de Bandoneon”.

[3] Véase La composición social del Uruguay, Instituto Cuesta Duarte, 2001.

 PVP - Partido por la Victoria del Pueblo - Frente Amplio - Uruguay