Otro camino económico es necesario para este gobierno.
Red de Economistas de Izquierda del Uruguay

Transcribimos el último capítulo del libro "Otro camino económico" de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU).

Un grupo de economistas de izquierda salió ayer al cruce de la propuesta actual del gobierno con fuertes criticas al modelo presentado por Danilo Astori. Los expertos Oscar Mañán, José Rocca, Gustavo Melazzi, Joaquín Etchevers, José Pedro Lopardo, Antonio Elias y Jorge Rosa, presentaron ayer en el Teatro "El Galpón" dicho plan alternativo al modelo que lleva adelante la administración Vázquez

Puntos de partida

La política económica es un instrumento al servicio de los pueblos. Su decisión soberana, a partir de cada escenario inicial, establecerá las aspiraciones y el camino para construir con todos la propia historia.
Nos interesa intercambiar ideas en torno a las diferentes alternativas o caminos que la política económica nos ofrece, en la situación concreta del Uruguay 2006 y a partir del triunfo histórico de octubre del 2004, que le permitió al EP-FA-NM acceder al gobierno y con mayoría absoluta.

Nos sentimos parte del rico, sacrificado y largo proceso popular que logró tales objetivos. Por consiguiente, tenemos presente y nos motiva actuar la muy difícil situación por la que atraviesa el país, especialmente los trabajadores y todos los sectores postergados. Los diagnósticos y objetivos de nuestro gobierno indican con claridad suficiente dónde estamos parados y, por otro lado, cuáles son las aspiraciones de la mayoría.
El objetivo concreto de nuestro actual esfuerzo parte de que la política económica adoptada por nuestro gobierno es "Un Camino Imposible" (véase documentos adjuntos) y que es urgente proponer alternativas.

Entendemos que lo correcto es proponer "Otro Camino", pero no como modelo cerrado, sino en tanto lineamientos básicos; puntos estratégicos sobre los cuales construir entre todos y democráticamente un proceso que respete los aspectos centrales por los que se movilizaron el pueblo uruguayo y sus organizaciones, y que la ciudadanía adoptó como propios.
No se trata de pedir "una rápida materialización de los objetivos" sino cuestionarnos por dónde deberíamos transitar; cuál es el rumbo concreto, explícito, y no vagas alusiones a "cambios que se verán en el futuro". Además, el difícil escenario en el cual hay que actuar lleva a reconocer las restricciones existentes. Pero nuestra opción no es "desconocer los límites que el Uruguay tiene en materia de endeudamiento"; y tampoco la de aceptar sin más la agenda de restricciones (que es la agenda del status quo), cuya aceptación lleva a una penosa historia que ya conocemos.
Teniendo en cuenta las restricciones, nuestra opción es intentar cambiar el
rumbo, tal como fue aprobado por la ciudadanía, en función de las necesidades de la mayoría.
En definitiva, "no se trata de debatir sólo lo posible" sino, con esta perspectiva, construir con todos un camino de lo necesario. Los cambios profundos requieren decisiones importantes y en el momento apropiado.

Ejes para otro camino posible

Proponemos siete ejes fundamentales, que presentamos con independencia de sus interrelaciones.

Los niños primero

Estamos convencidos de que en perspectiva histórica, y ante la necesidad de jerarquizar las acciones de gobierno, el grupo social en el cual debemos centrar nuestros esfuerzos es el de los niños. Son el futuro, y nos enfrentamos al impactante desafío de que más del 50% se encuentra en la pobreza.
Se debería implementar un programa permanente y a posteriori del Plan de Emergencia que garantice la alimentación en las Escuelas Públicas a todos los niños hasta superar la edad escolar. En locales ampliados, con personal adecuado, articulando programas de producción de alimentos sanos de diversos sectores, con horario extendido que, a su vez, permita enriquecer labores docentes, cumpliendo actividades lúdicas, cuidando su salud, etc.; esto constituiría un claro mojón de la refundación del nuevo Uruguay.
Los niños y la educación: ¿qué mejor centro para la comunidad?

Uruguay Productivo y Natural

Es un eje al cual claramente se le dio prioridad y con el que nos comprometimos ante la ciudadanía. Es preciso concretarlo. Avanzar en las formas para impulsarlo.
Su natural complejidad no debe llevarnos a claudicar ante la necesidad de concretar propuestas. Tampoco repetir que el mercado debe decidir (en realidad los capitalistas nacionales o internacionales), tradicionalmente lo ha hecho y sus resultados están a la vista.
Un primer tema es el de la inversión. Lo primero es estimular y fomentar la inversión realmente productiva, y no cualquiera. A tales efectos, y enmarcado por las orientaciones que apruebe el Estado, debe comprometerse efectivamente con ellas, respaldando con instrumentos concretos a quienes estén dispuestos a actuar o propongan áreas a desarrollar. Se trata de ir mucho más allá de "cuidar equilibrios y que el mercado decida".
La tarea de gobierno debe incluir el apoyo a proyectos específicos (incluso asociado con privados), así como involucrarse con los que se le presenten y considere positivos, a nivel nacional y en el ámbito del Mercosur. Esta es la verdadera historia de la gran mayoría de los sectores de desarrollo del Uruguay; sólo que ahora seremos cuidadosos de sus implicancias, y también de su impacto ecológico.
A tales efectos, un instrumento privilegiado a impulsar podría ser el de los Convenios de Producción entre particulares y el Estado. En los Convenios ambos se comprometen por escrito con una producción determinada con los créditos necesarios; eventual-mente con aportes de capital; facilitando y agilizando todos los trámites; con convenios salariales de largo plazo; con estímulos o fomentos precisos, etc. El país todo logra por esta vía claridad y seguridad productiva y de objetivos sociales en un horizonte de mediano y largo plazo.
En función de su aporte inmediato al Uruguay Productivo, al empleo y a la calidad de vida, los ámbitos a privilegiar para la inversión serían el agropecuario, la pesca, la industria, el turismo, también el urbanismo, tradicionalmente relegado, y aquellos que impulsen las áreas tecnológicas del futuro.
El segundo componente, directamente vinculado al anterior, es el de empleo. Los enormes problemas de desocupación, subocupación, exclusión del mercado de trabajo, e incluso de mala calidad e insuficiente remuneración en una parte importante de los empleos existentes, sólo comenzarían a encontrar solución si el objetivo Uruguay Productivo progresivamente logra resultados positivos.
Los programas de empleo (hoy inexistentes), por consiguiente, deben ser ante todo programas de producción. Sólo así obtendremos su sostenibilidad en el tiempo y, en consecuencia, un efecto multiplicador y de aporte a la producción nacional.
Tercero, el sector externo. El argumento que sostiene abordar primero las restricciones externas, para luego abocarse a las internas ha sido implementado sin éxito por muchos países. Esta opción forma parte de los dogmas del neoliberalismo. En este Camino Posible estamos de acuerdo, y respetamos los compromisos con la ciudadanía, que establecen que lo primero es el desarrollo nacional, tratar de revertir la "deuda interna" con los pobres, los trabajadores Y con todos aquellos que sufren desde hace mucho tiempo, sin ver los frutos de su duro esfuerzo.
Es más, al contrario del neoliberalismo, que coloca el crecimiento de las exportaciones como centro de sus objetivos (así sean primarias, de monocultivos, desatiendan necesidades sociales o impacten negativamente la ecología), pensamos que lo primero es el desarrollo nacional, y que, ante todo, el sector externo debe responder a sus necesidades.

También reafirmamos que con apertura externa irrestricta el desarrollo es imposible. Esto es así en relación al comercio exterior (no hay un solo país en el mundo que no lo verifique) y también en cuanto al movimiento de capitales de ' corto plazo. Es imprescindible establecer restricciones a este último, para que la tasa internacional de interés no genere flujos desestabilizadores, y para poder defender la moneda nacional. Los acuerdos comerciales de gobierno a gobierno, con especial énfasis en los países del Mercosur, deben ser una responsabilidad estatal a abordar.
En este ámbito regional, nuestro gobierno debe impulsar acuerdos e inversiones para la complementación concreta de sectores productivos. En los flujos externos de mercancías y de capital, un instrumento clave a desarrollar es la creación de un banco para financiar el comercio internacional e inversiones comunes de los países del Mercosur.
Mucho se habla del tipo de cambio (TC), y creemos que en demasía. Hay ciertos puntos de partida: un TC "atrasado" es un seguro desestímulo a la inversión; si se encuentra algo "adelantado" (como correctamente lo estimula Argentina) es muy probable que los particulares decidan invertir. Pero el TC no es la variable más influyente en la inversión sino la rentabilidad y seguridad a largo plazo.
El actual ejemplo argentino también nos clarifica en cuanto a que un TC "adelantado" debe acompañarse de cierto nivel de control de cambios. Por ejemplo, aplica detracciones a las exportaciones cuando estima necesario regular los ingresos del sector exportador, lo que a su vez aporta recursos importantes a los gastos estatales. Los equilibrios macroeconómicos es otro de los temas a abordar de manera diferente. Es simplemente de sentido común plantear la necesidad de cuidar ciertas relaciones proporcionales entre las variables económicas. Pero los equilibrios que se manejan con machacona reiteración son los neoliberales, que atienden casi exclusivamente variables financieras, y que expresan objetivos de política económica que sirven a grupos sociales muy poco interesados en lo productivo; en el respeto económico y ético a quienes producen, y a la población en general. En definitiva, especialmente poderosos grupos económicos del exterior.
La experiencia enseña que las tan citadas "anclas" cambiaria o monetaria, en realidad ocultan el ancla real a la que recurren: el ancla salarial (véase Recuadro).
Es preciso considerar equilibrios macroeconómicos que contemplen la inversión, el empleo, el comercio exterior, la distribución del ingreso. En la historia económica se les conoce genéricamente como los equilibrios clásicos.

Con base en lo anterior, concluimos que el "criterio neoliberal de déficit fiscal cero (o peor aún, un superávit fiscal con destino al pago de la deuda) debe sustituirse por un equilibrio relativo en el largo plazo, de manera de posibilitar un impulso estatal a la actividad económica y a la recuperación de salarios, y otros ingresos de los trabajadores.
Del mismo modo, en la experiencia uruguaya y latinoamericana las típicas políticas contractivas, rígidamente antiinflacionarias, demostraron generar enormes costos sociales sin impulsar la inversión y ni siquiera un mínimo crecimiento económico. Por el contrario, procesos levemente inflacionarios pueden estimular la actividad económica, la generación de empleo y no necesariamente problemas graves al ingreso de los trabajadores.

Estado: líder del desarrollo

La actual coyuntura permite alentar el objetivo de un Estado incluyente, que redistribuya el poder social. Apoyado en el respaldo popular y en los ejes programáticos es posible impulsar una economía diferente, para lo cual el gasto y la inversión deben ser herramientas claras y directas.
El Estado debe cambiar su actitud actual. De simple garante y sustento de decisiones de los empresarios (el "mercado") debe pasar a ser el orientador general de las actividades económicas del país. No sólo como regulador sino como impulsor y responsable del desarrollo económico y social. Sólo así cumpliremos los objetivos a que nos comprometimos; un país de equidad, de desarrollo, de un proyecto de país consensuado por la mayoría de los ciudadanos.
Se constituiría por este camino un Estado incluyente, que tome en cuenta los distintos intereses sociales, pero privilegiando a los más desposeídos e incluyendo en su quehacer a los trabajadores, y se comprometa con ellos de forma democrática y participativa.
Este papel orientador y comprometido, concreto, es el que recomendó incluso el propio Banco ínter-americano de Desarrollo y que es el papel histórico que asumió al apoyar y fomentar directamente sectores productivos.
El rumbo, las locomotoras del desarrollo, el compromiso con los esfuerzos privados y de toda la sociedad deben ser asumidos por el Estad© democrático. Vimos ya, por ejemplo que un instrumento importante en tal sentido: los Convenios de Producción.
Estas orientaciones y el apoyo directo constituyen sin duda impulsos mucho más reales que genéricas alusiones a "equilibrios macro" o ala "estabilidad".

Condiciones de vida

El compromiso de nuestro gobierno con la mayoría de la sociedad requiere concretarse en principio por tres vías. La primera es tradicional, referida a las remuneraciones, al empleo y a la distribución del ingreso.
Las necesidades de la población y el fortalecimiento del mercado interno exigen un nivel salarial progresivamente superior al actual. El énfasis en el Uruguay productivo y en las inversiones debería incrementar el empleo de calidad, y la consideración de la distribución del ingreso obliga a plantearse una reforma fiscal distinta a la propuesta, y que sea realmente estructural, acorde con los compromisos electorales.
La segunda vía es desarrollar una política que podemos llamar de costo de vida. En ella el Estado desarrolla mecanismos para estimular la producción (agroindustria alimenticia) y defender la estructura y niveles de precio de componentes de la canasta básica. Ya mencionamos la necesidad de aplicar cierto control de cambios; también acordar políticas de producción y distribución de estos bienes básicos, y una real reforma fiscal también contribuye en este sentido.
Por último, una política decidida y creativa en política urbana tiene amplios impactos positivos sobre la población. Puede, a su vez, incidir también sobre una "ciudad cultural y productiva" al estimular la integración y riqueza social, y también el turismo.

Financiamiento

Luego de acordar los componentes fundamentales de la política a impulsar por nuestro gobierno (la nuestra es una de las propuestas posibles) ya es tiempo de abordar los aspectos financieros.
Destacamos desde el inicio un punto central: todo financiamiento deriva del trabajo de los uruguayos. Por lo tanto, los frutos de ese trabajo deben ser, primero, para los uruguayos.
La actual política económica adoptó como criterio prioritario y excluyente el pago de la deuda externa tal como nos la reclaman desde el exterior, y que nos conduce a Un Camino Imposible. Vimos también que el uso de dicha deuda en el país no condujo al crecimiento; no se destinó a inversión para aumentar la capacidad productiva del Uruguay; no llevó a un mejoramiento de la distribución del ingreso; no alivió la situación de pobreza y miseria ("extrema pobreza", la llaman) de cientos de miles de uruguayos.
Es muy importante destacar que esta situación era de pleno conocimiento del FMI y del BM, y que los gobiernos anteriores. aplicaban escrupulosamente sus instrucciones de política económica. Pese a los fracasos, y aún frente a la enorme deuda externa acumulada (obviamente impagable), continuaron otorgando sus préstamos y respaldo político a todos los gobiernos anteriores.
Su compromiso y corresponsabilidad son ineludibles.
Estos antecedentes, y los montos que (hasta ahora) este gobierno se comprometió a pagar por el acuerdo con el FMI, obligan imperiosamente a un cambio de política. De no ser así, lo seguro es que el país sufrirá costos altísimos en todos sus ámbitos, y desembocará en una gran frustración.
Lo primero y coyuntural es no seguir endeudándonos. Los últimos meses incrementamos la deuda en más de mil millones de dólares. Y el objetivo del gobierno es simplemente contratar nueva deuda para pagar la anterior.
En segundo lugar, la cuestión de fondo es que debemos decidir nuestro desarrollo y la "deuda" interna con los necesitados. Los pagos a los acreedores externos se resolverían a posteriori.

Este proceso lleva su tiempo (estamos muy atrasados), pero mientras avanza no podemos seguir transfiriendo al exterior impresionantes sumas (véase artículos anteriores), que generan increíbles consecuencias, como las que vivimos mínimamente con los recortes a las solicitudes presupuéstales en educación, salud, obras públicas, vivienda, etc.. Urge reducir y limitar estos pagos al exterior, y reorientar los recursos hacia el desarrollo nacional.
Una vez que resolvamos las prioridades de nuestro desarrollo, nuestra propuesta es continuar con el pago de la deuda externa, pero: a) el monto total de la deuda pública en moneda extranjera no debe aumentar; b) el pago de intereses no podrá ser superior al 10% de los ingresos del Gobierno Central; c) el pago de amortizaciones no será superior al 50% del superávit primario del Gobierno Central.
De esta manera, dispondremos de recursos para aumentar la capacidad productiva del país y afrontar la deuda social.
La experiencia de muchos países latinoamericanos avala esta postura.
El otro sustento importante del financiamiento es instrumentar una verdadera Reforma Fiscal. También en este tema los compromisos con la ciudadanía indican con claridad sus orientaciones centrales.
En Uruguay también hay ahorros en poder de instituciones financieras y de particulares, es falso que no haya capitales y que sólo dependemos de la mistificada "inversión extranjera". Si nuestro gobierno resuelve impulsar proyectos concretos, ofrecer respaldo a las inversiones, aportar seguridades en el mediano y largo plazo, en el marco de lo que señalamos anteriormente, esos ahorros podrán canalizarse y beneficiar el conjunto del país aportando, simultáneamente, una rentabilidad suficiente.
Es particularmente urgente revisar la normativa que obstaculiza al BROU para que éste desarrolle una política crediticia; hoy el banco debe tener un encaje casi tres veces mayor que el de la banca privada.
Por último, privilegiar los acuerdos intergubernamentales de financiamiento, en especial del Mercosur, y líneas especiales de complementación y articulación para proyectos concretos impulsados por nuestro gobierno.

Democracia, participación

El movimiento popular y sus organizaciones gremiales y partidarias han defendido siempre, y con total justicia, la plena democracia como uno de los pilares ineludibles de una sociedad más justa y solidaria. Su lucha concreta, durante muchos años, construyó efectivamente y paso a paso los componentes democráticos fundamentales.
Al momento de acceder al gobierno, todo ello se potencia. Por su propia historia, y por convicción, las formas democráticas se deben aproximar progresivamente a la máxima artiguista: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana.
Pero también nuevos ámbitos se incorporan a la participación. En especial, el ámbito estatal, lo que implica el conjunto de decisiones e impulsos ejecutivos concretos para orientar el futuro del país, y que debe abrirse a la participación, convocando a los ciudadanos y, en particular, a los trabajadores. Así debería ocurrir, por ejemplo, con la propuesta del Presupuesto Nacional; la reforma tributaria; proyectos concretos, etcétera.
La movilización popular, cada vez más consciente y organizada, es a la vez el mejor respaldo de un gobierno de objetivos nacionales y populares, y el mejor objetivo, el más trascendente a lograr en esta etapa. Como decía el Che, en aquella famosa carta al Dr. Quijano: "nosotros no somos más libres por tener más horas para ir a la playa, sino por ser más conscientes".

Nuevas instituciones para una nueva sociedad

Es notorio el fracaso de las políticas centradas en mejorar el sistema de incentivos para fomentar la inversión y el crecimiento económico mediante cambios institucionales que favorecieron la apertura, la desregulación, la liberalización de mercados y la flexibilización laboral. Pero además, dichas políticas fueron nocivas para el funcionamiento estructural de la economía, generando islas de dinamismo vinculadas al comercio exterior y manteniendo de rehenes a los sectores del mercado interno, con desarticulación sectorial y desintegración económica general.
La institucionalidad internacional de Bretton Woods (FMI, BIRF, OMC, BID, etc.) fue creada y utilizada para implementar el proceso de penetración y expansión del capital transnacional a nivel mundial. Las políticas emanadas del Consenso de Washington son parte de dicho proceso que generó un aumento significativo de la vulnerabilidad de nuestra economía y altísimos niveles de exclusión y segmentación social.
Debería reconocerse que no es posible resolver los graves problemas y el futuro económico del país sin destruir el blindaje institucional y el bloqueo mental construido por los sectores dominantes a nivel mundial.
Es imprescindible cambiar las reglas de juego de la economía y la sociedad creadas a lo largo de tres décadas, utilizando para ello la dictadura militar y la guerra de baja intensidad contra la organización de los trabajadores y los movimientos sociales. Si retomamos lo anteriormente señalado y la concepción que inspiró el Programa del Congreso del Pueblo sería necesario realizar múltiples cambios institucionales y estructurales que incentiven la producción nacional generando, entre otros aspectos, los mecanismos de protección imprescindibles para que pueda desarrollarse el país productivo.
La agenda de cambios institucionales, entre otros aspectos, debería incluir:

ü      La creación de reglas y mecanismos que permitan una conexión selectiva, comercial y financiera, al mercado mundial, evitando la apertura indiscriminada y el proteccionismo a ultranza. El proceso de apertura de nuestra economía nos ha dejado en debilidad absoluta respecto al poderío económico, financiero y comercial del resto del mundo. Se deben recrear las fronteras de nuestra economía y ampliarlas lo máximo posible en el marco sudamericano, para tener la capacidad de incidir a través de la política económica y las políticas públicas en los procesos de producción, acumulación y distribución. Es necesario impulsar procesos de integración, más allá de las permanentes dificultades y frustraciones. Nuestra economía es muy pequeña y es fundamental que se pueda tener acceso a un mercado regional ampliado. La integración económica debe incluir necesariamente procesos de complementación productiva y de reducción de las asimetrías.

ü      Devolver al Estado su papel como actor fundamental del proceso económico, lo que permitiría favorecer el desarrollo del mercado interno y de actores sociales fundamentales, como los trabajadores. El Estado, en el marco de una disputa por la hegemonía, puede ostentar una autonomía relativa que le permita, mediante la gestión concreta de sus políticas, enfrentar el poder económico que se expresa fundamentalmente en el mercado que -por su propia lógica - no atiende las demandas de los que no tienen capacidad de pago, que impulsa procesos de centralización y concentración de la riqueza y que genera una salida permanente de recursos materiales y humanos de nuestra economía hacia los países centrales. Como consecuencia cuestionamos los cambios de reglas que buscan reducir el papel del poder político en el proceso económico, por ejemplo, la autonomía que se pretende otorgar al Banco Central.

ü      Nuevas normas para la economía pública a fin de priorizar el pago de la deuda social y el desarrollo productivo sobre el pago de la deuda externa: a) una nueva política presu-puestal, que debe expresarse en las rendiciones de cuenta, destinada a impulsar la producción nacional y la atención de las necesidades básicas lo que implica aumentar la inversión pública y el gasto social en salud, alimentación, educación y vivienda; b) una reforma tributaria destinada a que efectivamente paguen más quienes tienen más, lo que significa, necesariamente, que tengan una carga proporcionalmente mayor los ingresos del capital que los del trabajo y que, a su vez, sea un instrumento para propiciar un cambio estructural de la economía acorde con los objetivos de desarrollo nacional; d) una norma, en los. términos plantados anteriormente, que fije un monto máximo de intereses y amortizaciones de la deuda pública que puede pagar el país y límite los niveles de endeudamiento.

ü      La creación de disposiciones obligatorias que garanticen el libre acceso a la información para ampliar la transparencia en la gestión pública y facilitar la participación democrática e informada de la sociedad en la toma de decisiones. En ese sentido, complementariamente con el punto anterior, es necesario implementar una auditoria de la deuda pública externa e interna.

ü      La elaboración de normas que favorezcan, tanto, la organización sindical y la defensa de los derechos a los trabajadores del campo y la ciudad, como el desarrollo de un área de propiedad social a partir de las unidades productivas (industriales, comerciales y agropecuarias) cerradas o en proceso de cierre.

ü      Incluir en el marco normativo el principio de que la propiedad social tiene preferencia respecto a otras formas de capital en todos los ámbitos de la economía. Dicho marco no puede sustentarse, como se sostiene actualmente, en un principio de "neutralidad" respecto a las diferentes formas de capital: las normas bancadas no privilegian la banca cooperativa; el proyecto de reforma tributario elimina las exenciones a las cooperativas; el anteproyecto de Ley de Concursos y Reorganización Empresarial no tiene entre sus objetivos la recuperación de las empresas por parte de sus trabajadores, tampoco la preservación del empleo de dichos trabajadores.

ü      El problema fundamental no está en la rapidez de los cambios sino en la dirección de los mismos: o se crea una nueva trayectoria hacia el desarrollo o se consolida el predominio del capital trasnacional y sus aliados locales. Para implantar un nuevo modelo de desarrollo es imprescindible un programa económico alternativo y una nueva estrategia de acumulación que le dé viabilidad.
Nada de esto será posible sin movilización popular, sin la radicalización de la democracia, sin un proceso de articulación solidaria y convergencia programática entre las fuerzas sociales y políticas dispuestas a preservar el carácter emancipador el proyecto histórico de la izquierda uruguaya.

Convoquemos al pueblo a construir su propia historia.

PVP - Partido por la Victoria del Pueblo - Frente Amplio - Uruguay