La difícil construcción de un nuevo modelo
RELACIONES LABORALES

Escribe: GABRIEL PAPA

El renovado conflicto sindical-patronal se procesa en el marco de una recuperación de la actividad económica y con la intervención de un Estado que se posiciona del lado de los trabajadores. 

A estar por el tono y los contenidos de algunas de las discusiones que ocupan un lugar central en el escenario público habría que concluir que el país se encuentra procesando un cambio radical de las reglas que hacen a la propiedad y gestión empresarial y, en consecuencia, a "las bases mismas del sistema democrático". Es que los noventa no han pasado en vano y poco falta para que sesudos politólogos fundamenten que la esencia de la democracia se encuentra irremediablemente ligada al irrestricto imperio de la propiedad privada.
Difícilmente se puede extraer conclusión distinta si se toma nota de que, a fines de 2005, veinte cámaras empresariales afirmaban que existe "una estrategia del gobierno que apunta al desplazamiento de los empresarios en la gestión de las empresas, determinando un nuevo orden en nuestra sociedad". La semana pasada la Asociación Rural, la Cámara de Industrias y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios "alertaban" a la opinión pública acerca del "avasallamiento" del "Estado de derecho y, consecuentemente, contra la convivencia democrática " que se habría producido en relación con las vicisitudes por las cuales transita el "caso Dancotex".

NO TANTO.

Pero el panorama no es tan grave como se lo presenta. La actividad económica y, más concretamente, la inversión no han -por lo menos todavía y de acuerdo a las cifras oficiales conocidas- acusado el tan temido "desborde sindical". Además, en los consejos de salarios, el Ministerio de Economía instrumenta con mano firme una serie de pautas en materia de recuperación del salario real que están "en línea con el crecimiento esperado del PBl", de manera que la "gradualidad de la recuperación del salario real no afecte el empleo".
Una observación más atenta de los hechos indicaría que la primera de las manifestaciones empresariales fue una reacción ante la votación de la ley de fuero sindical, una iniciativa que hace a la propia calidad de la democracia y que sólo se puede interpretar como socialmente negativa desde posiciones que, benignamente, se deben calificar como muy conservadoras. Mientras tanto, la segunda de las proclamas empresariales se refiere a un conflicto en cuyo origen se encuentra la imprevista decisión empresarial de cerrar el lugar de trabajo de 300 personas de la mano de una suerte de "síganme los buenos", es decir otorgando prioridad a aquellos trabajadores dispuestos a trasladarse a la nueva localización elegida. Al respecto, la experiencia mundial de los últimos veinte años indica que los frecuentes e intensos procesos de deslocalización nunca han sido sencillos y siempre han sido resistidos por los trabajadores, las autoridades locales afectadas y el propio poder político, que invariablemente intentan diseñar soluciones que trascienden el simple cobro de la indemnización por despido.

PERO MUCHO.

Pero tampoco es aconsejable eludir la verdadera magnitud de los problemas, sobre todo cuando buena parte de las decisiones en materia económica se encuentra bajo el casi exclusivo control de los propios empresarios privados. Sector que, a partir de la década del 90 operó, en alianza con los gobiernos de turno, en un marco crecientemente desregulado y flexibilizado. Es en dicho contexto que hay que "entender" la (sobre)reacción empresarial frente a una "agenda" en materia laboral que -tras restablecer el funcionamiento de los consejos de salarios, aprobar la ley de fuero sindical y adoptar el decreto de prevención de conflictos- plantea la discusión de una ley de negociaciones colectivas, la redefinición de la responsabilidad de las empresas proveedoras de mano de obra tercerizada, la revisión del régimen que involucra a las empresas unipersonales, la extensión de los plazos relativos a la realización de reclamos laborales y la regulación de la actividad de las empresas recuperadas.
El cambio de las reglas de juego es relevante e implica una nueva ecuación con relación a la postura del Estado y, dentro de la empresa, con relación a las formas y contenidos de la gestión de los recursos humanos (y costos salariales asociados). Y el empresariado, se sabe, no es inmune a la tan mentada "resistencia al cambio" que se suele atribuir a los orientales de a pie.
A efectos de calibrar la magnitud de los cambios quizás convenga recordar la manera como, hace poco más de cuatro años, un informe* caracterizaba al "nuevo modelo" de relaciones laborales imperante en los noventa. Allí, desde los subtítulos se presentaba a un Estado que pasaba "de la intervención a la prescindencia y de la regulación a la flexibilidad", a un movimiento sindical que había transitado de "la iniciativa (durante la recuperación de la democracia) al desconcierto ", y un empresariado que iba de "la defensa pasiva (de sus intereses) a la iniciativa". Es así que, en el "nuevo modelo" el Estado "no convoca más consejos de salarios, pasando a la libre negociación salarial salvo en áreas de reserva; genera ámbitos de negociación que sólo se mantienen en la banca y las empresas públicas; paraliza la producción legislativa protectora del trabajador y comienza a flexibilizarla; mantiene su abstención en la regulación del derecho colectivo". Respecto a la acción de los sindicatos, se apuntaba que "pierden protagonismo; desciende su tasa de afiliación al 16 por ciento y, aunque no en igual cuantía, su poder de convocatoria; mantienen la estructura organizativa; reclaman el mantenimiento depuestos de trabajo junto con el tema salarial; comienzan a priorizar la negociación dejando el conflicto como herramienta final si aquélla resulta infructuosa". Mientras tanto, los empresarios "tienen un rol protagónico impulsando la flexibilidad; mantienen su organización; dejan de negociar en la rama y adoptan distintas estrategias para ser más competitivos". Las estrategias empresariales son presentadas como "pasivas" (centradas en la reducción de costos y concretadas con o sin el acuerdo de los trabajadores) o "activas" (cuando los empresarios "adoptaron estrategias que implicaron transformaciones más profundas, como reconversión de su producción, introducción de nuevas tecnologías, búsqueda de nuevos mercados, asociaciones estratégicas. En estos casos (...) habitualmente intentaron involucrar a los trabajadores en los cambios (...)", anota el informe).
Como consecuencia de tal configuración, y en un marco caracterizado por la apertura económica y la creciente incorporación de tecnología, se produce "el debilitamiento de la práctica negociadora; la negociación descentralizada; la flexibilidad como tema de negociación; el descenso de la conflictividad: reducción de paros generales y de rama y aparición de conflictos de empresa y el aumento de la conflictividad por el empleo".
En definitiva, ¿constituye una opción la vuelta al "viejo modelo"? Y, más precisamente, ¿es posible?

DISTINTO.

Es que los temas complejos no admiten abordajes simples. Todo indica que sería un grave y costoso error estratégico intentar (re)construir un conjunto de reglas de juego laborales -legislación, regulaciones, conducta por parte de los organismos del Estado- inspirado exclusivamente en el modelo que imperaba antes de los noventa. Fundamentalmente si se tiene en cuenta que éste era el continuador del vigente antes de la dictadura cuyas bases, a su vez, habían sido echadas en los cincuenta. Es evidente que, por ejemplo, los contextos económico (globalización y apertura mediante) y tecnológico cambiaron radicalmente. En este plano, si la búsqueda de la "competitividad" a partir de la sistemática rebaja de las condiciones de vida y de los derechos de los trabajadores es un camino sin salida, la "fuga hacia un pasado mejor" es, desde una perspectiva de izquierda, la menos inteligente y la peor de las opciones.
En este sentido, ¿quién está pensando en un modelo de relaciones laborales coherente con el nuevo modelo de desarrollo que se pretende? Más concretamente, ¿qué pasó con el Compromiso Nacional?

* "Transformación de las relaciones laborales", Programa de Modernización de las Relaciones Laborales, Universidad Católica, 2001.

Tomado de BRECHA, 27/06/06.

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