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Torturas...
Escribe: Ignacio Ramonet
"Nosotros no
torturamos", afirmó George W. Bush. Era el 7 de noviembre último en Panamá, al
final de una gira de cinco días por América Latina, una región largamente
martirizada por regímenes dictatoriales -apoyados por Washington- que
practicaban masivamente las "desapariciones" de sospechosos y la tortura. El
presidente de Estados Unidos respondía así a las recriminaciones formuladas por
el diario The Washington Post (1) contra los servicios de información
estadounidenses, acusados de llevar a cabo secuestros clandestinos de personas y
torturas fuera de Estados Unidos, en prisiones secretas llamadas "sitios
negros".
¿Se puede creer a Bush? La respuesta es no. ¿No había acaso afirmado, para
invadir Irak, que el régimen de Sadam Hussein estaba vinculado con la red Al-Qaeda?
¿Y que Bagdad poseía "armas de destrucción masiva"? Dos mentiras en nombre de
las cuales Washington desencadenó una "guerra preventiva" que costó la vida a
decenas de miles de personas (entre ellas, más de 2.000 militares
estadounidenses).
Bush no es de fiar. Menos aún sobre la cuestión de la tortura. Varios informes,
elaborados por instituciones que están más allá de toda sospecha, como la Cruz
Roja Internacional, Amnesty International o Human Rights Watch (2), confirman
que, desde los atentados del 11 de septiembre, las autoridades estadounidenses
ya no respetan, en su lucha contra el "terrorismo internacional" (3), las
Convenciones de Ginebra sobre el trato debido a los detenidos, ni la Convención
de las Naciones Unidas contra la tortura.
La administración de Bush cambió las reglas del juego al decidir, el día
siguiente al 11 de septiembre, instaurar tribunales de excepción y crear, fuera
del territorio de Estados Unidos -y, por ende, fuera de toda jurisdicción
estadounidense- la prisión de Guantánamo para encarcelar a "prisioneros del
campo de batalla" (calificación diferente de "prisioneros de guerra", lo que
impide el recurso a la Convención de Ginebra).
La tesis neoconservadora del jurista Alberto Gonzales, ex asesor del presidente
y actual Attorney General (ministro de Justicia) es, de algún modo, la
siguiente: Estados Unidos no debe "debilitarse" por respetar los derechos
humanos. En dos informes remitidos en febrero y agosto de 2002, Gonzales
modificó el derecho relativo a la tortura. Este término designa ahora, en
Estados Unidos, sólo los actos "que afecten irremediablemente a la integridad
física de los prisioneros". Más allá de este umbral, todo suplicio es legal.
¿Cómo sorprenderse
de que, desde diciembre de 2002, en la cárcel de Bagram, Afganistán, la
utilización de la tortura por parte del ejército estadounidense se haya
convertido en sistemática? Allí, los sospechosos son "encadenados en sus celdas
y golpeados con frecuencia", "lanzados contra las paredes o las mesas", o
reciben "patadas en la ingle y las piernas", o se les vierte "agua en la boca
hasta que se ahogan". Muchos mueren (4).
Una investigación dada a conocer por The New York Times (5), confirmó la rutina
de los tormentos infligidos por militares estadounidenses que, en la mayoría de
los casos, torturan a sus detenidos sin siquiera interrogarlos... La
investigación reconoce que las técnicas utilizadas por los hombres del 519º
batallón de información militar en Bagram les fueron enseñadas en Guantánamo...
Y que ese mismo batallón 519 ha estado después a cargo de los brutales
interrogatorios de la prisión iraquí de Abu Ghraib.
Otras
investigaciones revelan que la Central Intelligence Agency (CIA) secuestra a
sospechosos en todo el mundo -en Alemania, Italia, Suecia y otros lugares- para
entregarlos a países amigos, como Arabia Saudí, Jordania o Egipto, donde pueden
ser torturados sin límites. Recientemente, algunos informes han demostrado que
la CIA disponía de una verdadera red de cárceles secretas en todo el mundo
-calificada por Amnistía Internacional de "gulag de nuestro tiempo"-, algunas de
las cuales estarían ubicadas en países de la Unión Europea (¿Polonia?) y de
Europa del Este (¿Rumanía?)
Además de repugnante en los planos jurídico y ético, todo esto se revela como
desastroso para el prestigio moral de los estadounidenses en el mundo. Como
otras democracias enfrentadas a la amenaza del terrorismo, Estados Unidos ve
convertirse la cuestión de la tortura en un dilema político central. En su
debate con el vicepresidente Richard Cheney, defensor de una línea dura, el
senador republicano John McCain recordó que, dado que existen sanciones que un
gobierno democrático jamás debe infligir a un ser humano, la grandeza de la
democracia reside en su capacidad de prohibirse recurrir a ciertas medidas de
fuerza. La primera de ellas es la tortura.
Notas:
(1) Dona Priest, "CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons", The Washington
Post, 2 de noviembre de 2005.
(2) Ver "Violación de los derechos, muertes sospechosas y torturas", extractos
del informe de Human Rights Watch, Le Monde diplomatique, edición española,
abril de 2004. Ver también Stephen Grey, "La CIA deslocaliza la tortura", Le
Monde diplomatique, edición española, abril de 2005.
(3) En realidad debería decirse contra el "terrorismo islamista", puesto que
auténticos terroristas internacionales que actuaron a favor de Washington, como
Luis Posada Carriles (culpable de la muerte de decenas de inocentes) continúan
bajo la protección de las autoridades estadounidenses, que se niegan a
extraditarlo. Ver Leonard Weiglass (páginas 14 y 15).
(4) Le Monde, París, 16 de marzo de 2005.
(5) International Herald Tribune, París, 21 de marzo de 2005.
Tomado de Le Monde Diplomatique, 12/2005.
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