Jóvenes: La policía está armada y es peligrosa

La opinión de SERPAJ frente a la ejecución de un joven y varios otros baleados a mano de un policía en Malvín Norte.

El comunicado de Serpaj

Ante los gravísimos hechos ocurridos el 22 de noviembre pasado en el complejo de viviendas de Euskal Erría en Malvín Norte queremos expresar nuestro dolor e indignación por la muerte de Santiago, y solidarizarnos con su familia y sus amigos heridos en el mismo episodio.

Teniendo en cuenta la reiteración de casos de utilización arbitraria e imprudente de armas por parte de policías en operativos relacionados sobretodo con jóvenes, y de los casos de corrupción, de tortura y malos tratos en los centros de detención, expresamos:

La muerte de Santiago y las heridas graves provocadas a sus amigos por un policía no son un hecho aislado sino el producto de una modalidad de tratamiento de los conflictos sociales que consiste en acentuar el control y la represión sobre los más débiles y excluidos.

Este hecho nos debería convocar a reflexionar sobre el relacionamiento de la policía y la comunidad, en especial con los jóvenes.

Desde 1995 las políticas de seguridad ciudadana han centrado su atención en los jóvenes, depositando en la consideración hacia ellos los peores males. Mientras no se realicen reformas serias y de fondo que democraticen la institución policial y eduquen e instruyan a sus funcionarios en el respeto a los derechos humanos, no cambiar la imagen que los ciudadanos en general tienen de la fuerza pública.

Aquellos funcionarios que sean objeto de denuncias por abuso de funciones, torturas y malos tratos deben ser apartados inmediatamente del cargo.

Las acciones de la institución policial deberán orientarse en todos sus términos hacia la erradicación total de las prácticas violatorias de los derechos humanos que han puesto en riesgo la vida y la integridad física de sus víctimas.

La profesionalización del cuerpo policial, la jerarquización y dignificación de su función, deben ser una prioridad para el Estado, incorporando a aquellas personas que demuestren fehacientemente estar capacitadas para realizarla.

Cuanto más grande es la distancia entre la policía y la sociedad, el ejercicio de las tareas de prevención y de seguridad termina enfrentándolos.

Convierte al vecino, al joven, en un potencial enemigo del orden y del sistema, propicia la intolerancia y genera así una lógica de los hechos por la cual se terminan violando los derechos de aquellos a quienes se debería proteger.

Asimismo planteamos la necesidad de reflexionar acerca de cuál ha sido el tratamiento público que ha tenido el relacionamiento de los habitantes del complejo Euskal Erría con los vecinos del asentamiento, para evitar incurrir en estigmatizaciones y buscar afianzar así el tejido social.

Transcribimos la nota del semanario Brecha sobre los acontecimientos:

QUÉ PASÓ EN MALVÍN NORTE

Los agentes del miedo

El centro de la tragedia de Euskal Erría 70 es un círculo vicioso en el que la Policía enciende un polvorín y luego se niega a intervenir por exceso de riesgo . En el centro queda un joven muerto a balazos y otros cinco heridos. Alrededor están las reacciones de la gente a esa agresión, los antecedentes, los conflictos intergrupales, los desbordes y la ocupación de los espacios urbanos.

Fabián Werner /Diego Sempol

Explicar el asesinato de Santiago Yerle en el Complejo Euskal Erría 70 no es fácil. Nada permitía anticipar su muerte, después de todo su vida no era muy diferente a la de sus amigos, ni a la de sus compañeros de clase de cuarto año: un poco rebelde, con muchas ganas de terminar las clases y empezar a trabajar para tener su plata, asiduo asistente a los partidos en los que jugaba Cerro, el club de sus amores.

Los episodios del lunes 22 desnudan por ello una gran heterogeneidad de problemas y preguntas, algunos entrelazados con los protagonistas, otros reflejo de la forma en que los hechos fueron mostrados por los medios de comunicación.

LA EJECUCIÓN. A las 8.30 de la noche del lunes 22 un grupo de jóvenes de entre 15 y 19 años festejaba el cumpleaños número 18 de Patricio “Pipi” Villafán en la placita ubicada en la esquina de Hipólito Yrigoyen y la rambla Euskal Erría, frente a la torre 30 del complejo del mismo nombre. A pocos metros había una casilla ocupada por uno de los cinco funcionarios policiales que cumplían el servicio 222, y que ya había mantenido varios altercados con vecinos del complejo (fundamentalmente jóvenes) y también con personas de los populosos asentamientos vecinos. A este agente de 31 años, de iniciales C C, con seis años de trayectoria en el cuerpo y antecedentes en los Fusileros Navales de la Armada, al parecer le resultaba habitual amenazar de muerte y agredir físicamente. Según testimonios recogidos después del incidente, se trataba de un hombre violento, que contaba con más de un centenar de denuncias en su contra y que acostumbraba desenfundar su arma de reglamento para matar perros sueltos, amenazar a chicos del complejo o meterse en los asentamientos (área que no le correspondía) disparando al aire e insultando a sus habitantes. Otros vecinos se quejan, en cambio, de que se tiraba en la garita con las piernas hacia arriba y dormía largas horas sin efectuar patrullajes.

Algunos minutos antes de las 21 de ese lunes el agente se aproximó al grupo que coreaba canciones de diferentes hinchadas de fútbol (había simpatizantes de varios clubes en la barra) en forma pacífica. “Acá no los quiero ver, los voy a matar”, les dijo casi en forma rutinaria. Al rato, los muchachos reiniciaron los cantos, pero esta vez incluyeron un clásico futbolero: “Porompompón, porompompón, el que no salta es un botón”. El hombre volvió a encararlos, pero esta vez desenfundó su arma de reglamento. “Si vas a sacar, tirá”, le dijo Santiago Yerle, de 18 años, seguramente convencido de que el policía no abusaría de su poder de fuego. “Santi”, como lo conocían todos en el barrio, fue el primero en sufrir un impacto de bala en la pierna, y luego otro en el pecho. Así empezó la cacería que terminó con la muerte de Yerle, y cinco heridos: Matías Moreno, Matías Cabrera, Leonel Villafán, Patricio Villafán y Sebastián Chapuy. El escándalo provocado por la balacera convocó a vecinos de las torres de Euskal Erría 70 y de los asentamientos vecinos, que presenciaron cómo el agente que cumplía el servicio 222 se ensañaba con su arma de reglamento y con otra pistola calibre 22 contra un joven (Chapuy) que yacía en el suelo.

Esta versión es controvertida por el abogado del agente policial, quien afirma que su cliente habría sido encañonado por Yerle con un revólver calibre 22 mientras otros tres adolescentes del asentamiento le quitaban su arma. El policía asegura &endash;según su abogado&endash; que logró recuperar su pistola en un forcejeo, durante el cual se le disparó un tiro accidentalmente, hiriendo a Santiago. Esta versión fue desestimada por las propias autoridades policiales y no explica la saña con que C C agredió a los otros muchachos.

Los jóvenes implicados y algunos vecinos de la zona narraron que enseguida llegaron al lugar los otros cuatro agentes que cumplían el mismo servicio, y asistieron a su compañero. Para frenar la furia de los vecinos, que ya se había desatado contra los agentes, los compañeros de C C hicieron disparos al aire, pero dos balas impactaron en dos personas que se habían acercado al lugar atraídas por el alboroto (Gerardo Berruti, de 18 años, y Delmiro Galarza, de 70, que fueron heridos en los brazos). De inmediato arribaron al complejo varios patrulleros, que retiraron al agresor y sus colegas del lugar. Ni un solo policía quedó en la zona, y no había nada que pudiera evitar el caos posterior.

DESPUÉS DE LA BALACERA. La gente pedía a los patrulleros que auxiliaran a los muchachos que yacían en los senderos, el pasto o alguna escalera, pero la respuesta fue la omisión de asistencia y más violencia. “A estos pichis hay que sacarlos porque este otro ya es fiambre”, decía un policía mientras se retiraba. Muchas cosas ocurrían simultáneamente: las ambulancias demoraban, los agentes se iban mientras la indignación de los vecinos (del complejo y de los asentamientos circundantes) iba tomando forma en pequeñas asambleas que se armaban en cada una de las torres para analizar la situación o en arranques de violencia contra las garitas policiales, que en su mayoría fueron incendiadas.

Pero mientras esto sucedía, un grupo proveniente de varios asentamientos aprovechó la ausencia de seguridad policial para invadir el centro comercial del complejo, saquear los comercios y arrasar con bicicletas y motos estacionadas bajo las torres. “Vamos a robar todo, a ver quién nos para”, escuchó un vecino, tanto más aterrado cuanto había visto cómo habían sido robadas también las llaves de entrada de la mitad de las torres (de la 19 a la 37), que estaban en la garita policial ubicada en el centro de Euskal Erría 70. Paralelamente, las llamadas de los vecinos del complejo abarrotaban las líneas del 911. Se les respondía que el operativo para brindar seguridad a la zona ya estaba en marcha. “Hubo 300 llamadas al 911, están registradas todas, forman parte de la investigación que estamos haciendo. Y allí hubo una respuesta un poco tardía en la llegada de los equipos de choque al lugar. Ése es el punto que estamos investigando para determinar quién es el responsable”, declaró el miércoles 24 el jefe de Policía.

FUERA DE FOCO. Al día siguiente de los hechos, el martes 23, varios medios de comunicación prefirieron hacer centro, más que en la agresión policial, en la “imposible convivencia” entre pobres integrados y pobrísimos marginales, que habría quedado demostrada una vez más con el episodio del saqueo del centro comercial. Sin negar este enfrentamiento y la tirantez de la convivencia entre habitantes del complejo y de los asentamientos (“una difícil negociación cotidiana”), uno de los residentes de Euskal Erría habló con radio El Espectador y puso las cosas en su sitio. Lo más grave de todo esto, dijo, fue la actitud de la Policía, primero con la ejecución de Yerle y luego con el abandono del lugar. “Las cosas acá ya no serán como han sido”, señaló.

Euskal Erría es una pequeña ciudad, de 1.474 viviendas y poco menos de 6 mil habitantes, que debe convivir con los vecinos de los asentamientos de la zona. Muchos de los niños de uno y otro lado se cruzan en la escuela del complejo, y no son pocas las mujeres de los cantegriles que trabajan como domésticas en casas de Euskal Erría. Hay también parejas “mixtas”.

Según Mario López Assandri, asesor legal de la Comisión Administradora Central (CAC) del complejo, se ha discutido incluso acerca de la posibilidad de integrar a representantes de los asentamientos a ese organismo, para buscar soluciones a problemas comunes. El de la seguridad, por ejemplo, es uno. Pero curiosamente, el desafío que enfrentan ahora, unos y otros, es resolver quién los protege de aquellos que deberían protegerlos. “La gente que quiere justicia está sitiada. ¿Usted paga inseguridad?”, decía una enorme pancarta que en la noche del martes 23 encabezó la marcha organizada por habitantes de los asentamientos y en la que participaron amigos de Santiago. “Ahora la prensa habla de la guerra entre la gente de acá y la gente del cante, pero eso es mentira. Es para proteger al milico”, decía por su lado uno de los jóvenes que diariamente se sienta en la placita del complejo a tomar mate.

Para Marita García Pose, egresada y coordinadora de la Escuela Pichon Rivière, durante la cobertura de los incidentes en Euskal Erría los medios tendieron a descentrar los acontecimientos al poner el énfasis en aspectos secundarios que distorsionaban el foco. “Algunos programas radiales y televisivos plantearon como central el conflicto entre los vecinos de Malvín Norte (asentamientos versus complejo), un enfoque que coopera con la profundización de un conflicto que no queda tan claro que sea el eje real de la tragedia sucedida”, explicó.

Las interpretaciones propuestas por los medios, para Maren Ulriksen de Viñar, psicoanalista y docente de la Cátedra de Psiquiatría de Niños y Adolescentes de la Facultad de Medicina, están en sintonía con la noción de “seguridad ciudadana”. “Poner en juego al asentamiento y a los excluidos como los violentos que van a robar a los que trabajan y tienen más, cuando lo que sucedió fue que se asesinó a un adolescente, me parece una operación ideológica peligrosísima, porque sitúa la violencia inmediatamente del lado de la pobreza, cuando la violencia en este episodio se ubica en la figura de un policía que ejecutó a un joven e hirió a otros cinco.”

Un breve repaso de las coberturas noticiosas desde el lunes 22 hasta ayer, jueves, permite constatar que la muerte de Santiago, los cinco heridos y el perpetrador habían perdido peso ante la magnificación de los conflictos que existían entre los vecinos (el programa Dicho y hecho emitido el martes 23 por Canal 10 fue paradigmático).

Las responsabilidades e implicancias institucionales empezaron a desdibujarse a medida que las coberturas mediáticas introducían en forma casi compulsiva datos sobre índices de pobreza y escolaridad del barrio. Un paso más se dio en este sentido cuando la Policía insistió en rotular a Malvín Norte como una zona roja aunque las cifras no mostraban un perfil delictivo muy distinto al de cualquier barrio promedio montevideano. Y las explicaciones del ministro Daniel Borrelli terminaron de cerrar el círculo, luego de que apeló a la noción, más que imprecisa, de “enajenación mental” para explicar las acciones del agente policial C C. Figura insostenible si se tiene en cuenta que la pericia judicial psiquiátrica a la que fue sometido el agente revela que no padece ningún tipo de patología mental.

CRISIS INSTITUCIONAL. Por ello, para García Pose, más que un “momento de locura” esta situación sería el emergente más crítico en una cadena de hechos que se repiten (el asesinato de otro joven en el Parque Posadas en mayo de 2001, abusos policiales en Piriápolis y en varias comisarías del Interior en 2003, el acceso de Marcos &endash;quien protagonizó a comienzos de este año los incidentes en el liceo del Hipódromo&endash; a armas en el ámbito familiar). El asesinato de Santiago Yerle sería un eslabón más dentro de una “cultura de la violencia” que habría tenido su momento extremo durante la dictadura y su perpetuación gracias a la crisis económica y los fuertes procesos de exclusión que generó. “Este proceso se naturaliza a través de una subjetividad construida en el miedo donde se asimila la visión del otro, no como diferente o como semejante, sino como enemigo. Y en lo jurídico a través de la ley de impunidad y los escándalos de corrupción, que fueron permeando todos los espacios del imaginario social de un ‘no pasa nada’, que termina disociando los actos de sus consecuencias”, agregó García.

“Es muy fácil y osado decir que todo sucedió porque estaba loco”, protestó por su lado Ulriksen, ya que no se puede olvidar que la locura tiene siempre un origen institucional. “No podemos poner todas las tintas en una persona, porque el loco, el más loco, no mata así si no cuenta con cierta institucionalización de la posibilidad de matar y algo en su historia personal que lo empujen a hacerlo.” Los habitantes del complejo habían realizado varias denuncias contra este agente, recuerda Ulriksen, y estas quejas y críticas, aunque anunciaban el problema, no fueron tomadas en cuenta por las autoridades. Ello revelaría un aflojamiento de los controles sociales y una retracción del diálogo y la participación en general de las personas en todas las instancias que implican su vida cotidiana.

La presencia policial ordena y organiza, subraya Ulriksen, y su función puede articular el diálogo y otra cantidad de intervenciones sin que medie violencia. Pero en Euskal Erría 70 habría sucedido todo lo contrario, ya que lo que primó allí fue la figura del policía en tanto represor.

A su vez los policías que habían respondido al llamado, una vez constatada la muerte del joven optaron por retirarse del barrio, en vez de solicitar más refuerzos para controlar la situación. Su desaparición por más de una hora y media del escenario es evaluada por Ulriksen como un quiebre en los mecanismos de control instalados en la convivencia del barrio, lo que habría permitido la aparición de una violencia social latente. “Hubo una falla, una suerte de caída de la autoridad. Los policías apostados en el complejo habitacional tenían miedo de que la gente los agrediera buscando venganza, pero cuando pasa una crisis uno no se puede ir a su casa. Hay responsabilidades que son propias de la función, y entre ellas está la de buscar una salida”, reflexiona la psicoanalista.

En su opinión, lo sucedido en Euskal Erría 70 sería un salto cualitativo muy significativo. “Los episodios revelan la existencia en el Ministerio del Interior de un fuerte descontrol interno que debería servir para interrogarse sobre sus problemas. La Policía es la que tiene que hacer una revisión interna muy grande, ya que la que está cuestionada aquí es ella en tanto institución. La violencia vino de allí, y eso los desbordó, por lo que dejaron de cuidar al resto de los habitantes del barrio. Se habla de la violencia indiscriminada de la gente del asentamiento cuando se produjeron los saqueos, pero en realidad la violencia indiscriminada aquí fue la del agente policial que asesinó a un joven e hirió a varios otros sin ningún motivo, lo que en ese contexto desencadenó una bola de nieve. Si hubiese habido otra reacción de la Policía, no habrían sucedido los asaltos.”

La complejidad social, aunque muy pocas veces sea valorada por los medios, se hizo nuevamente evidente cuando un grupo de jóvenes del asentamiento levantó durante la noche del martes 23 una suerte de altar recordatorio con flores, carteles y velas a los pies del ombú en el que finalmente murió Santiago. “Estos jóvenes se sintieron identificados con Santiago. Después de todo a ellos les pasa algo similar todo el tiempo: se mueren sus hijos de hambre, no los atienden, no llega nunca la ambulancia. Santiago los representa, porque la Policía los vive persiguiendo sin razón alguna”, explicó Ulriksen. El gesto también podría interpretarse, a su juicio, como un movimiento que busca la integración con la gente del complejo, algo que casi todos parecen haber pasado por alto.

“¿Sabés lo que va a pasar si lo largan al milico?”, se preguntaba en la tarde del miércoles, pocas horas antes de que C C fuera procesado por el juez de la causa, Pedro Hackenbruch. “Se pudre todo. Por suerte nadie sabe dónde vive.” Aunque en un comunicado la CAC del complejo destacaba la importancia del pedido oficial de disculpas por lo sucedido formulado por el ministro del Interior Daniel Borrelli y por el jefe de Policía de Montevideo, para muchos jóvenes de la zona lo único importante era obtener justicia. “¿Y con las disculpas qué hago?”, se preguntó por su parte Rosario, la madre de Santiago.

Por esas horas de la tarde del miércoles, el ombú que está en la placita ya había dejado de ser un santuario para los amigos de Santiago. La madre del joven había pedido que quitaran todo. Algunas horas después, el juez Hackenbruch decidió el procesamiento con prisión del agente implicado por un delito de homicidio culposo y cinco de homicidio en grado de tentativa. A punto estuvo el juez de verse obligado a liberar al agente, ya que los únicos testigos que se habían presentado a prestar declaración antes de las 21.30 del miércoles, sobre el filo del vencimiento del plazo con que el magistrado contaba para formular una acusación, habían sido los jóvenes sobrevivientes a la agresión y una mujer. Nadie ha brindado explicaciones de esas ausencias. ¿Miedo? ¿Campaña de amedrentamiento?

Ahora los vecinos discuten junto con la Policía cómo estructurar un nuevo plan de seguridad para la zona que contemple las particularidades internas del complejo. Mientras tanto, los “camellos” policiales miran al Euskal Erría desde las esquinas, los granaderos lo patrullan y los pobladores del asentamiento denuncian provocaciones de parte de los agentes. Un clima tenso, que le dicen.