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Partido por la Victoria del Pueblo | ANULAR LA LEY DE IMPUNIDAD |
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Variaciones. Las negociaciones con Estados Unidos
Escribe: Gabriel Papa
Conocer los fundamentos que animan a la contraparte suele ser una ventaja a la hora de negociar. En ese sentido la Bipartisan Trade Promotion Authority Act votada por el Congreso estadounidense en agosto de 2002 es transparente.
Allí se plantea –en la sección 2101 (b), 2– que “la expansión
del comercio ha sido el motor del crecimiento económico. Los acuerdos
comerciales maximizan las oportunidades de los sectores cruciales y cimientos de
la economía de Estados Unidos, tales como la tecnología de la información, las
telecomunicaciones y otras tecnologías líderes, industrias básicas, bienes de
capital, equipamiento médico, servicios, agricultura, tecnologías ambientales y
propiedad intelectual. El comercio generará nuevas oportunidades para Estados
Unidos y preservará su poderío sin igual en los asuntos económicos, políticos y
militares. Estados Unidos, fortalecido a partir de la expansión del comercio y
las oportunidades económicas, enfrentará los desafíos del siglo XXI”.
Si el párrafo anterior explicita los intereses
estadounidenses en términos generales, la citada ley establece con claridad, a
lo largo de sus numerosas secciones, los objetivos sectoriales así como los
mecanismos y plazos a partir de los cuales el Congreso de Estados Unidos otorga
al Poder Ejecutivo la autorización para negociar acuerdos comerciales. Objetivos
y mecanismos que pasan por promover que la contraparte adopte las normas y (des)regulaciones
que aseguren el libre acceso de sus empresas al mercado de bienes y servicios
del país en cuestión, provea de las garantías que Estados Unidos estima
necesarias para sus inversiones y reforme, según sus indicaciones, la
legislación relativa a la propiedad intelectual. Al tiempo que preserva las
áreas (y las políticas que las amparan) calificadas como “sensibles”, que serán,
en todo caso, negociadas en el plano multilateral.
En
materia de plazos, las previsiones contenidas en la ley obligan a que las
negociaciones con Uruguay se desarrollen en un muy corto período, más
precisamente los tres meses del verano.
Cabe agregar que la posibilidad de que el país transite
por este camino ha sido calificada como la “variante kamikaze” por el ex
embajador en Estados Unidos Álvaro Diez de Medina, quien es, como se sabe, un
gran partidario de la firma del TLC.
Ante este panorama, la mención de que el gobierno
propondría la negociación de un “tratado a la uruguaya” luce, cuando menos, algo
confusa.
En primer lugar porque el
acuerdo en bienes debería abarcar, de acuerdo a la normativa de la OMC, una
parte “sustancial” (es decir alrededor del 90 por ciento) del comercio entre los
dos países. Es, justamente, tal amplitud la que ha provocado la reacción de los
socios del Mercosur en el sentido de que dañaría “el corazón” del bloque, es
decir el arancel externo común y la posibilidad de avanzar en la construcción de
la unión aduanera.
En
segundo lugar porque el “formato” bajo el cual Estados Unidos negocia, de
acuerdo a la mencionada ley, incluye ineludiblemente los capítulos de servicios,
políticas de competencia, compras gubernamentales y normas relativas a la
propiedad intelectual. Pretender eliminarlos de la mesa de negociaciones parece
una verdadera utopía. En este punto, la apuesta consistiría en limitar
sustancialmente la “profundidad” de las normas negociadas, algo que no tiene
antecedentes y que afecta el propio alcance y sentido que constituyen el
fundamento de la “autoridad para negociar” de que dispone el Ejecutivo
estadounidense. En todo caso, la viabilidad de esta opción sería un asunto de
estricta (geo)política. En efecto pasaría por la voluntad de Estados Unidos de
concretar un acuerdo con Uruguay en el marco del enfrentamiento que procesa, en
el plano de las negociaciones multilaterales y regionales, con Argentina y
Brasil.
En
tercer lugar porque no parece razonable que Uruguay pretenda innovar hasta el
punto de “imponerle” al Congreso estadounidense un nuevo formato, distintos
contenidos y otros mecanismos y plazos de negociación. Formato y contenidos que,
a su vez, deberían conformar tanto la normativa de la OMC como las exigencias
derivadas de los compromisos regionales.
En
definitiva, el país tiene poco más de una semana para diseñar una salida “a la
uruguaya” del complejo panorama en el que, por propia voluntad, se encuentra
inmerso.
BRECHA
