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Partido por la Victoria del Pueblo | ANULAR LA LEY DE IMPUNIDAD |
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Veinte años de colgamentos. El conflicto MVOTMA-FUCVAM.
Se trata de un diferendo
prolongado (se inició en el año 2000, en los albores de la administración Batlle
Ibáñez) y del que, salvo los cooperativistas y las autoridades, poca gente
conoce las causas, los argumentos en juego y el devenir de sus marchas y
contramarchas. Un diferendo que puede sorprender, además, tratándose de un
gobierno progresista y de una organización social con la cual en general ha
tenido una marcada sintonía.
Fue hace seis años, en efecto, que a partir de un
estudio realizado por el economista Daniel Olesker (hoy jerarca del msp), la
Asamblea Nacional de FUCVAM llegó a la conclusión de que muchas de las
cooperativas afiliadas, que estaban abonando cuotas en muchos casos desde hacía
más de dos décadas, ya habían amortizado largamente los préstamos otorgados. Ese
informe se basaba en que se habían aplicado intereses abusivos –por sucesivas
resoluciones de aumento de los mismos, tomadas durante la dictadura– y a que la
revaluación que por esos años había experimentado la unidad reajustable –en la
que se contabilizan los créditos y los pagos– hacía que ya se hubiera cubierto
con creces el valor de las viviendas, si se consideran indicadores como su valor
en el mercado o su equivalente en horas de trabajo.
Existía además otro elemento de disputa: la pretensión
del BHU de cobrar los llamados “colgamentos”, generados primero durante la
dictadura y luego en la administración de Julio María Sanguinetti, cuando el
banco resolvió no aplicar íntegramente los reajustes que correspondían –que, por
su monto, no hubieran podido ser pagados por los deudores– contabilizando las
cantidades no cobradas en una cuenta aparte. Esa cuenta, que se llamó luego “colgamento”,
quedaba a la espera de encontrarle una solución jurídica al problema.
Debe señalarse que si bien en principio esta medida
parecía favorecer a los deudores, en realidad el aumento simplemente se difería,
en vez de aplicar la legislación vigente en aquel momento que establecía que de
superar las cuotas un cierto porcentaje del ingreso familiar, la deuda debía
refinanciarse o directamente subsidiar al deudor para que no sobrepasara aquella
proporción.
Estas disposiciones ya estaban contenidas en la ley de
vivienda de 1968 (13.728), en cuyo marco se habían concedido los préstamos, y
especialmente en su modificación de 1973 (ley 14.105), que establecía un sistema
de franjas de ingreso para asegurar que los ingresos menores fueran afectados en
proporciones también menores, para que no quedaran sin cubrir otras necesidades
básicas.
FUCVAM reclamó desde el principio que se aplicaran esas
leyes, y como no se procedió así, impugnó la validez jurídica de los colgamentos.
No estuvo sola: desde que fueron inventados, los colgamentos fueron el centro de
fuertes discusiones, en las que casi siempre estuvo de un lado el BHU y del otro
todo o casi todo el sistema político, y en particular el FA.
Así, en 1984, en la Concertación Nacional Programática
(CONPARO), los Partidos Colorado y Nacional, el FA y la Unión Cívica se pusieron
de acuerdo con las organizaciones sociales en la necesidad de eliminar el primer
colgamento, originado ese año en una resolución del BHU, estableciendo que las
cuotas debían rebajarse abatiendo los intereses, y no tirando el problema para
adelante (véase recuadro).
Sin embargo, aunque en algunas de las primeras
resoluciones del nuevo directorio del BHU se tomó en consideración ese acuerdo,
llegado el momento del reajuste correspondiente a 1985 (que superaría el 120 por
ciento) volvió a aplicarse ese mecanismo, recurso con el que se insistiría aun
el año siguiente.
El gobierno de Sanguinetti tenía claro que
jurídicamente era muy dudoso que el banco pudiera modificar unilateralmente, sin
una base legal –y aun con ella–, las condiciones contractuales pactadas con los
deudores, y que caminaba por la cornisa al no aplicar las leyes de subsidio
vigentes. La excusa que se daba –la falta de reglamentación de la ley 14.105– se
parecía mucho a una tomada de pelo, dado que el responsable de reglamentarla era
el propio Poder Ejecutivo.
Fue por eso que en 1987 y 1988 se presentaron en el
Parlamento sucesivos proyectos que intentaban legalizar los colgamentos, uno de
ellos del propio Ejecutivo y con la firma del ministro de Economía, Ricardo
Zerbino. Esos proyectos nunca fueron aprobados (aunque uno, elaborado
conjuntamente por el FA y el PN, obtuvo media sanción en Diputados), el BHU no
insistió más con los colgamentos, y finalmente en 1990 la ley 14.105 fue
derogada tácitamente, sin que en sus 17 años de vigencia hubiera sido jamás
aplicada.
El problema del pago de las cuotas siguió formando
parte del paisaje, sin embargo, y fue adquiriendo tonalidades cada vez más
sombrías a medida que los ingresos de los deudores (de todos y no sólo de los
cooperativistas) se fueron reduciendo en términos reales y las cuotas fueron
significando una carga cada vez mayor en el presupuesto familiar. Por ello el
Parlamento volvió una y otra vez sobre el tema –aún sin solución– y en
particular el FA presentó en 1996 un proyecto reimplantando el sistema de
subsidios por franjas, firmado por todos sus senadores (entre ellos el actual
ministro de Economía, Danilo Astori), en cuya redacción había intervenido
activamente el entonces senador y hoy ministro de Vivienda Mariano Arana.
Cinco años después, el FA presentó en Diputados un
nuevo proyecto buscando soluciones al tema, en el que se insistía en los
subsidios por franjas, se disponía la retasación de las viviendas buscando hacer
más realistas las deudas... y se eliminaban todos los colgamentos creados por
resolución unilateral del BHU. En la elaboración de ese proyecto, presentado con
las firmas de diputados de todos los sectores del FA y que había contado con el
aval de la Mesa Política, tuvo decisiva participación el entonces senador y hoy
ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica.
Sin embargo, en todo ese lapso el BHU no había dado
respuesta a la solicitud de FUCVAM, por lo cual ésta comenzó a tomar medidas
gremiales para forzar una contestación. Ellas consistieron en una huelga de
pagos (medida ya aplicada por FUCVAM durante la dictadura para resistir el
pasaje compulsivo de todas las cooperativas de propiedad colectiva al régimen de
propiedad horizontal, contando en aquel momento con el apoyo de todos los
partidos políticos que entonces trabajaban por el retorno a la democracia).
De esa forma, en 2001 se decidió no pagar más que el 50
por ciento de las cuotas liquidadas por el BHU, medida que se llevó en los años
siguientes, ante la falta de respuesta del banco, primero al 40 y luego al 30
por ciento, hasta que finalmente se decidió no abonarle más las cuotas al BHU,
continuándose sin embargo la recaudación de las mismas, que se depositaban en
cuentas paralelas en otras instituciones financieras.
La situación tuvo una vuelta de tuerca a comienzos de
2005, luego de que el pc perdiera las elecciones y cuando ya incluso había
asumido el nuevo Parlamento: el directorio del BHU, presidido por Graciela Pérez
Montero, aprobó una serie de quitas a las deudas de las cooperativas, que si
bien no atendía la base de las reclamaciones de FUCVAM (estudio de las deudas
carpeta por carpeta, llevando los intereses al 2 por ciento como en los primeros
préstamos otorgados, eliminación de los colgamentos, supresión de los recargos y
moras generados por las medidas gremiales), en los hechos conducía al mismo
resultado. FUCVAM aprobó esa propuesta –que estaba condicionada a su aceptación
por el nuevo gobierno–, con lo que parecía que el problema y el conflicto
quedaban saldados, pero eso sólo sería el comienzo de un nuevo capítulo de esta
historia. En efecto, aunque el nuevo directorio del BHU, presidido por Miguel
Piperno, se mostró dispuesto a refrendar el acuerdo, las deudas habían sido
vendidas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al reestructurarse las
carteras de deudores del banco, por lo que éste tenía entonces la última
palabra. Y esa palabra fue no.
Los cooperativistas tomaron entonces dos vías
paralelas: por un lado, el reclamo ante la justicia del cumplimiento del acuerdo
a que se había llegado, y por otro sentarse nuevamente a negociar, aceptando
volver a discutir todo desde cero.
En esa negociación, llevada adelante por FUCVAM con el
MVOTMA como principal interlocutor, con una presencia casi testimonial del BHU y
la notoria ausencia en la mayoría de las instancias del MEF, se llegó a varios
acuerdos pero persistieron tres desacuerdos que llevaron a que el gobierno
interrumpiera las negociaciones: la uniformización de la tasa de interés al 2
por ciento (que el gobierno acepta aplicar de aquí en adelante, pero no
reliquidar las deudas a esa tasa), la anulación de los colgamentos y la
aplicación a las cooperativas que contrataron préstamos con el BHU de un
subsidio igual al que se otorga desde 1993 a las que reciben créditos del MVOTMA,
lo que el gobierno acepta aplicar solamente en la medida que cubra la partida de
subsidios que para 2006 otorgara el MEF. Curiosamente, teniendo en cuenta la
historia anterior, el punto más álgido en esta discusión parece ser la
eliminación de los colgamentos, que el FA siempre defendió y propuso siendo
oposición.
La persistencia
del conflicto impide percibir al Fondo de Vivienda los recursos aportados por
los cooperativistas, que contribuirían a potenciar las menguadas partidas
previstas en el presupuesto. Y al movimiento cooperativo lo coloca en una
posición de incertidumbre, respecto a cómo y cuándo pagarán sus deudas quienes
ya han accedido a la vivienda y, sobre todo, con relación al futuro de los que
aún luchan por obtener la misma. E impide al país usar a plenitud la mejor
herramienta que tiene para abordar el problema de la vivienda, como reconoció
recientemente el propio gobierno.
Tomado de Brecha, 21/07/2006
