El presente trabajo discute de que modo, en el contexto neoliberal, la “reforma del Estado” fue concebida y sigue siendo estimulada por el Banco Mundial. Aborda, inicialmente, la secuencia histórica de las reformas estructurales, enfatizando los contornos generales de las políticas de ajuste y de las reformas de “segunda generación” abogadas por el Banco. A continuación, presenta la evolución de las posiciones del Banco con respecto al tema de la reforma del Estado durante la década de 1990. Después, analiza las propuestas gestadas en el seno del Banco a favor de una agenda política que fuera más allá del “Consenso de Washington”. Finalmente, son discutidas la naturaleza y las implicaciones de la forma por la cual el Banco trata el tema.

El objetivo del presente trabajo es discutir de que modo, en el contexto neoliberal,  la “reforma del Estado” fue concebida y sigue siendo estimulada por el Banco Mundial. Aquí se defienden cuatro hipótesis:

1. El tema sólo fue tomado en cuenta específica después de la crisis de México de 1994. En el centro del debate estuvo la necesidad de una “segunda generación” de reformas estructurales, centrada no más en la “minimización” del Estado y sí en el montaje de un Estado “eficiente”. Sin embargo, las políticas de ajuste estructural ya habían provocado en la práctica una drástica transformación del Estado, en la medida en que reorientaron sus acciones y  establecieron nuevas prioridades estratégicas.

2. Desde el inicio, el asunto fue tratado por el Banco Mundial con un enfoque “administrativista”, que sirve para ocultar dos procesos simultáneos: por una parte, la institucionalización de una nueva configuración de poder, materializada en la supremacía del capital financiero y, por la otra, el ataque a los derechos sociales vinculados al mundo del trabajo.

3. De la forma en que fue concebida por el Banco Mundial, la “reforma del Estado” debe realizar un doble movimiento: por un lado, el “blindaje” de las agencias estatales encargadas de conducir la política macroeconómica contra reivindicaciones democráticas; por el otro, la “ampliación selectiva” del propio Estado, por medio de la creación de un conjunto de “arreglos público-privados” ahora responsables por desarrollar funciones que antes sólo eran desempeñadas por instituciones públicas.

4. La agenda de reformas estructurales preconizadas por el Banco Mundial continúa basada en los marcos fundamentales del “Consenso de Washington”, a pesar del discurso a favor de su superación.

El texto está organizado en cuatro puntos. El primero aborda la secuencia histórica de las reformas estructurales, haciendo énfasis en los contornos generales de las políticas de ajuste, del Consenso de Washington y de las reformas de “segunda generación” patrocinadas por el Banco Mundial. El segundo presenta la evolución de las posiciones del Banco Mundial con respecto al tema de la reforma del Estado durante la década de 1990. El tercero analiza las propuestas gestadas en el seno del Banco Mundial a favor de una agenda política que fuese “más allá” del Consenso de Washington. El cuarto discute la naturaleza y las implicaciones de la forma como el Banco Mundial viene tratando el tema de la reforma del Estado.

1.  Neoliberalismo y reformas estructurales de primera y segunda generación

El tema de la “reforma del Estado”, tal como fue elaborado por el Banco Mundial, tiene como premisas la ascensión de la plataforma político-ideológica neoliberal y la crisis del Estado social-demócrata y de sus variantes nacional-desarrollistas (Vilas, 1997). Los cambios profundos en el régimen de acumulación capitalista y en el sistema interestatal han redefinido paulatinamente la correlación de fuerzas materializada en el Estado, tanto en el centro como en la periferia, dando origen a una nueva expresión institucional de intereses y prioridades. Impulsada por las acciones de los gobiernos Reagan y Thatcher, así como por la creciente gravitación de los organismos financieros internacionales ¾ sobre todo después de la crisis de la deuda externa de América Latina a principios de los años 1980 ¾, ganó fuerza la visión en favor del libre mercado como condición necesaria y suficiente para el crecimiento económico (Anderson, 1995; Fiori, 2001, 1997 y 1995). Para ello, urgía reducir al mínimo la presencia del Estado en la economía, garantizando al mercado la primacía en el destino de recursos y en la fijación de precios.

La crisis del endeudamiento externo de los países latinoamericanos surgida  a principios de los años 80 fue tratada en un inicio con un enfoque circulacionista, basado en el control de la oferta monetaria y en la contracción de la demanda mediante “terapias de choque”. Los resultados desastrosos de esas experiencias, unidos a un mayor reconocimiento de la influencia de problemas estructurales en el desequilibrio macroeconómico, introdujeron modificaciones en las recetas pregonadas por el mainstream (Ríos, 1997:3). De esta forma, la renegociación de la deuda externa y el acceso a nuevas fuentes de financiamiento fueron condicionadas a la adopción de una serie de políticas de ajuste, cuyo objetivo era no sólo asegurar el pago del servicio de la deuda, sino también promover la transformación estructural de las economías nacionales rumbo al modelo neoliberal que, a finales de los años 1980, predominaba en una gran parte del sistema internacional. En el lenguaje del Banco Mundial (2001:61-2), se trataba de superar un tipo de desarrollo “dirigido hacia dentro” y “liderado por el Estado”. La esencia de ese pensamiento era que la mayor parte de las dificultades de los países endeudados se debía, sobre todo, a la “rigidez” y al “cierre” de sus economías, directamente asociadas al modelo de industrialización por sustitución de importaciones y a la “intervención estatal”.

El discurso que atribuía la quiebra fiscal del Estado a sus supuestos excesos en la distribución y en el proteccionismo se convirtió, entonces, en una especie de verdad dominante. El cambio operado en las instituciones económicas de los países periféricos pasó a ser considerado más importante que la reducción de la deuda externa, cuyo servicio aumentó enormemente en los años 80, permitiendo que los acreedores privados saneasen sus carteras. Incluso estando muy endeudada, América Latina transfirió recursos por un monto de 500 mil millones de dólares estadounidenses entre 1983 y 1992, aunque su deuda externa, en el mismo período, creciese de 360 mil millones de dólares a 450 mil millones de dólares estadounidenses (Soares, 2003:23-5). En aquel momento, la acción del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en favor del “ajuste” demostraba su alineamiento orgánico con los intereses del capital financiero internacional (Lichtensztejn & Baer, 1987; Araújo, 1991).

La política económica entonces hegemónica en los círculos internacionales a finales de los años 1980 consistía en un conjunto de diez medidas, conocidas como “Consenso de Washington”: a) disciplina fiscal rígida; b) redireccionamiento del gasto público hacia áreas de elevado retorno económico y potencial para mejorar la renta; c) reforma tributaria; d) tasas de intereses positivas fijadas por el mercado; e) cambio competitivo y liberalización financiera; f) liberalización comercial; g) apertura a la inversión extranjera; h) privatización; i) amplia desregulamentación; j) estímulo y protección a la propiedad privada (Williamson, 1992). Según su organizador, el Consenso de Washington no debía exponerse a la polémica del debate político democrático para que la “economía” no sufriese cualquier tipo de “contagio”. También se sugería a todo el espectro político que lo adoptasen, principalmente los partidos de izquierda, dejando abierta a la discusión sólo el problema de cómo alcanzar el equilibrio entre la eficiencia económica ¾ definida como la soberanía del mercado ¾ y la equidad social (Williamson, 1993).

Por otra parte, las tesis a favor del “Estado mínimo” fueron rechazadas por Williamson (1992:45), alegando que la “liberalización existe para reforzar el mercado” y no para “debilitar al Estado”. Ya estaba claro ¾ al menos para algunos formuladores de políticas a nivel internacional más atentos ¾ que el discurso a favor de la reducción del Estado no podría materializarse, ya que un Estado debilitado no lograría supervisar debidamente el sistema financiero, lo que podría amenazar el funcionamiento de la propia economía capitalista. Todavía, el autor reconocía que no existía “una forma sencilla de resumir los cambios en el papel del Estado, necesarios para sustentar una economía de mercado” (ibid:45). En la misma época, el Banco Mundial también rediscutía el papel del Estado en la economía, en una dirección un poco diferente de las visiones más ortodoxas sobre el “Estado mínimo”, como se discutirá en el próximo punto.

En aquel período, el ataque al debate democrático y al Estado desarrollista implícitos en el discurso neoliberal fueron resueltos con la creación de la figura de las “democracias de mercado”. De ese modo, la promoción del programa económico sistematizado en el Consenso de Washington se convirtió en condición de reconocimiento y parámetro de evaluación de la calidad del régimen político y de la vida institucional de los países periféricos (Vilas, 2001:9). La consecuencia de ese arreglo fue que, cada vez más, las decisiones estratégicas para diseñar una nueva forma de acumulación del capital deberían ser impenetrables a las reivindicaciones de los sectores populares.

Esa fase de ajuste estructural se prolongó hasta 1993 y abarcó prácticamente a toda América Latina, aunque de diferentes formas según las especificidades de cada país (Edwards, 1977:18). En la práctica, esa “primera generación” de reformas se concentró en controlar la inflación y en retomar el crecimiento, a partir de un conjunto de acciones dirigidas al ajuste de la política macroeconómica, a la apertura comercial y financiera, a la desregulamentación de la economía, al ajuste fiscal y a las privatizaciones (Naím, 1996). Al contrario de lo prometido, esa receta no logró revertir la tendencia al estancamiento de las economías latinoamericanas que abarcó toda la década de 1980. Sin embargo, la nueva ola de liquidez internacional vivida a principios de la década siguiente parecía no sólo garantizar las condiciones para el crecimiento económico y el avance de las reformas, sino también corroborar su rumbo y intensidad.

Las políticas de ajuste estructural produjeron diversos resultados. Sin embargo, hay evidencias muy claras que muestran la reproducción de un círculo vicioso de crisis y estancamiento económico, un aumento general de las desigualdades sociales y un aumento de los niveles de pobreza en muchas sociedades (SAPRIN, 2002; Stiglitz, 2003; Borón, 2005 y 2001). Por esta razón, resulta más correcto no denominarlas reformas y sí efectivas contra-reformas (Borón, 2004). Evidencia mayor de ese resultado es la consolidación de una nueva configuración de poder económico y político materializada en la supremacía del capital financiero, en la aceleración de la concentración y centralización del capital, en el debilitamiento de las instituciones democráticas y en la destrucción de derechos sociales vinculados a la protección del mundo del trabajo (Fiori, 2001a y 2000a; Vilas, 2000 y 1997).

A pesar de las señales anteriores de descontento popular con los resultados socialmente regresivos de las reformas, la euforia liberal sólo fue rota en el seno de los círculos dirigentes internacionales por la doble crisis de México: la insurrección zapatista en enero ¾ justamente cuando se iniciaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) ¾ y la crisis financiera a finales de 1994 (cf. Edwards, 1997b:2-3).

Las contradicciones generadas por el proceso de liberalización se expresaron de forma condensada en aquella coyuntura, suscitando en el seno de los organismos financieros internacionales una reevaluación sobre el curso de las reformas. La necesidad de esa revisión se hizo aún más evidente por el desgaste político de los gobiernos neoliberales y, sobre todo, por el duplo fracaso en la retomada del crecimiento económico y en la reducción de la pobreza, observado hasta entonces en la mayoría de los países que adoptaban las recetas del Consenso de Washington (especialmente en América Latina). El contraste con el elevado desempeño económico del este de Asia, que no seguía estrictamente aquella receta, era evidente. De ese modo, comenzó a debatirse más seriamente la idea de que el crecimiento y la prosperidad no podrían lograrse tan sólo mediante reformas macroeconómicas y que sería necesario realizar una “segunda generación” de reformas estructurales, ya no de carácter macroeconómico y sí “institucional” (Naím, 1996). Lo que antes era visto como meta pasó a ser considerado como condición previa para el crecimiento y el desarrollo.

Salió a relucir, de manera decisiva, el debate sobre el papel del Estado. Según altos directivos del Banco Mundial, esa nueva etapa debería, de una forma u otra, ir “más allá” del Consenso de Washington, con la finalidad de crear las condiciones para el crecimiento económico a largo plazo (Burki & Perry, 1998; Stiglitz, 1998). En que pese a la relativa diferencia de propuestas en debate en el mainstream internacional y las especificidades del proceso de implementación de las reformas en cada país, es posible comparar ambas etapas a partir de cinco criterios: a) prioridades; b) estrategia; c) instrumentos; d) forma y velocidad de implementación; e) costos y riesgos políticos para sus operadores y visualización de resultados. La tabla a continuación resume las dos etapas.

Síntesis comparativa de las reformas estructurales de 1ª y 2ª generaciones
 

Fuentes: Naím (1996), Burki & Perry (1998 y 1997), Banco Mundial (2001 y 1997) y Williamson (2004a).

Para el Banco Mundial el mérito de esa agenda de reformas estructurales es, bajo cualquier criterio, incuestionable. No es casual que recientemente se afirmara que “como promedio, donde esas reformas favorables al mercado fueron bien implementadas, acabó el estancamiento económico y recomenzó el crecimiento” (Banco Mundial, 2001:62, JMMP). Por eso se trata de profundizarlas, finalizando las reformas de primera generación que habían quedado pendientes o incompletas, y de ampliarlas, implementando las de segunda generación. En otras palabras, para el Banco Mundial, las líneas centrales de la agenda político-económica que deben adoptar los países periféricos ya fueron íntegramente definidas, a pesar de su estrepitoso fracaso en retomar el crecimiento, reducir la pobreza y minimizar las asimetrías entre los países (Rodrik, 2002; Stiglitz, 2003; Borón, 2004). El problema sólo radica en como proseguir las reformas de acuerdo con las especificidades “nacionales”,  de manera que se neutralicen las resistencias y encuentren mucho más rápido las condiciones para su consolidación (Banco Mundial, 2001:61).

Sin embargo, el Banco Mundial reconoce que las políticas de ajuste estructural provocaron o agravaron el empobrecimiento de segmentos sociales más o menos expresivos en los países donde fueran implementadas. En su opinión (2001: 7 y 66-7), esto es inherente al proceso de ajuste y debe compensarse selectivamente donde el nivel de tensión social  pueda alcanzar niveles más altos. Por ello, los programas de “alivio a la pobreza” son la contracara necesaria del mantenimiento y de la profundización de las políticas neoliberales. No es casual que en el informe más reciente del Banco Mundial (2001) referente al tema de la reducción de la pobreza, se reiteren las políticas de ajuste y todo el paquete de reformas de segunda generación como el camino a seguir por los países “en desarrollo”[1]. De hecho, el énfasis puesto por el Banco Mundial en el alivio de la pobreza tiene un carácter instrumental, con el objetivo de garantizar el soporte político y la funcionalidad económica que necesita el nuevo modelo de acumulación (Soares, 2003; Leher, 1998). En el caso de América Latina, la reproducción de ese conjunto de orientaciones político-económicas podría consolidar una estructura social mucho más regresiva que aquella producida por el nacional-desarrollismo (Borón, 2004:36-7).

2.   Los cambios de posición del Banco Mundial: del Estado “mínimo” al Estado “eficiente”

Como se vió, es en el marco del debate más amplio sobre los rumbos de las reformas neoliberales que se sitúa la discusión sobre el papel del Estado. El carácter inadmisible cada vez más evidente de las tesis a favor del Estado “mínimo” se dió por una serie de razones, entre las que se destacan: a) la evidente concentración del poder en el marco del gobierno central necesaria para promover las propias reformas neoliberales; b) la consciencia social cada vez mayor ¾ en cierto modo ratificada en las deliberaciones de diversas reuniones y conferencias mundiales ¾ sobre problemas vitales para el presente y el futuro de la humanidad (como medio ambiente, educación, pobreza, hambre, desigualdades sociales, salud pública, etc.), cuya solución depende de acciones más contundentes por parte de los Estados nacionales; c) la propia dinámica de las políticas de ajuste estructural, que requiere el fortalecimiento de la acción estatal no sólo para iniciarlas sino también para regular la esfera de acción de los agentes económicos, de forma que se eviten las prácticas condenables por sus propios promotores (“riesgo moral” empresarial, patrimonialismo, corrupción en el sector público, monopolios privados); d) la necesidad de construir mecanismos de respuesta a la aparición de crisis financieras; e) las bajas tazas de crecimiento económico de los países que implementaron políticas de ajuste estructural, incluso con respecto a las metas fijadas por los propios organismos internacionales (Borón, 2005 y 2004; Vilas, 2001 y 2000).

De cierta forma, ese conjunto de factores se tradujo en el reconocimiento de la necesidad de crear una red sólida y eficiente de instituciones públicas que mejorase el funcionamiento de la economía de mercado, previniendo o contrarrestando su tendencia a la inmediatez, al desequilibrio y a la recurrencia de crisis (Williamson, 2004; Naím, 1996). Aunque la fé en la auto-regulación de los mercados no fuese abandonada, en la práctica se reconocía, por diferentes vías, su falacia (Vilas, 2001:10). Sin embargo, esto no implicó cualquier tipo de autocrítica con respecto a los fracasos y distorsiones de las políticas de ajuste estructural, que fueron imputados a problemas de ejecución y a la falta de una autoridad estatal desvinculada de intereses particularistas (Vilas, 2000:4).

El “descubrimiento” de la importancia de las “instituciones”[2] (Naím, 2000) para el desarrollo trajo para el primer plan de la formulación de la agenda neoliberal la “Nueva Economía Institucional”. Esta rama del conocimiento ambiciona construir una teoría sobre la formación y la evolución de las instituciones que pueda incorporarse a la economía neoclásica y ser compatible con ella (Medeiros, 2001:78). La adopción de esa estructura teórica permitió al Banco Mundial aceptar la introducción de una dimensión política para promover la economía de mercado, pero la política quedó reducida al aspecto técnico y instrumental. De ese modo, lo “institucional” fue instrumentado y subordinado a la liberalización económica, construida a partir de relaciones de poder aceptadas como algo dado, naturalizado (Vilas, 2001:10).

Desde finales de los años 1980 estudios del Banco Mundial ya destacaban que las reformas orientadas hacia el mercado requerían la creación de un marco institucional adecuado, de modo que la reducción de la presencia directa del Estado en la economía tuviese como contrapartida la constitución de reglas e instrumentos que optimizasen el funcionamiento de los mercados y disminuyesen sus fallas. Pero fue con el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1991 que el Banco Mundial, por primera vez, sistematizó el nuevo enfoque “amistoso con el mercado” (market-friendly approach), según el cual el Estado debería apoyar, fortalecer y complementar el mercado en régimen de libre competencia. Ya no se trataba más de condenar la intervención estatal en la economía como algo indeseable y sí de reconocer el marco de acción del Estado que se “armoniza” con el mercado, permitiendo el máximo de competencia entre los agentes económicos. En ese sentido, la acción estatal debe estar totalmente al servicio de los mercados ¾ léase, de la acumulación privada del capital ¾, dejando que “funcionen por sí solos, a menos que se demuestre la conveniencia de tomar parte en el asunto” (Banco Mundial, 1991:6). En otras palabras, “para justificar la intervención no basta saber que el mercado no está dando buenos resultados; además de eso, es necesario estar convencido de que el gobierno lo hará mejor” (ibid:153).

El informe señala que Asia Oriental y Japón se desarrollaron mediante intervenciones estatales en el mercado, como protección a la naciente industria y la concesión selectiva de subsidios ¿Esto no invalidaría la tesis según la cual el crecimiento depende de la disminución de la intervención estatal? No, responde el Banco Mundial, porque esos gobiernos: a) sometieron su acción a la competencia interna y externa, favoreciéndola (al contrario de los países latinoamericanos); b) tuvieron el cuidado de no distorsionar los precios relativos en demasía; c) practicaron una intervención más moderada que la existente en el resto de los países “en desarrollo” (ibid:4-5).

De acuerdo con el Banco Mundial, el Estado siempre debería cumplir siete funciones fundamentales: garantizar la estabilidad macroeconómica y el ambiente propicio para la competencia capitalista, mantener el orden público, invertir en “capital humano” (educación primaria y salud básica), construir una infraestructura productiva, proteger el medio ambiente, controlar la natalidad y administrar la seguridad social. En materia económica se afirma que el Estado es siempre propenso al fracaso. Como resultado, se señalan los contornos generales de una reforma del Estado que permitiese crear instituciones públicas más eficaces. Las recomendaciones eran: a) racionalizar la burocracia estatal (modernización técnica, reducción de personal, aumento de salarios, formas de control del trabajo); b) promover un ajuste fiscal y una reorientación general del gasto público; c) perfeccionar la estructura administrativa y legal necesaria para privatizar las empresas del sector productivo estatal; d) transferir la prestación de funciones y servicios públicos diversos a organizaciones no gubernamentales (ONGs), vistas como vehículos más eficaces en promover la participación popular y la lucha contra la pobreza; e) reformar el poder judicial, a fin de abaratar los costos judiciales, facilitar el acceso a la Justicia, acelerar la atención de las demandas y optimizar las relaciones de mercado; f) supervisar la banca privada por medio de una legislación favorable al desarrollo del capital financiero; g) garantizar los derechos de propiedad. Se defiende una apertura económica radical, ya que “los gobiernos tienen que dejar que la competencia interna e internacional se desarrolle sin dificultades” (ibid:10), así como un programa de reformas rápidas y generales, combinadas con políticas paliativas para aliviar la pobreza. Con respecto a la distribución de la renta, se estima que “cuando los mercados son eficientes, por lo general aumenta la equidad de forma espontánea” (ibid:161).

Al año siguiente el Banco Mundial (1992) publicó un informe específico sobre la importancia de la gestión pública para la eficacia y la eficiencia de las reformas neoliberales. Se reiteran todas las premisas del enfoque “amistoso con el mercado”, pero se enfatiza la noción de “gobernanza” (governance), definida como la “forma mediante la cual el poder es ejercido administrando los recursos sociales y económicos de un país para el desarrollo” (ibid:1). Ya no bastaba garantizar las condiciones para un buen gobierno. Era necesario crear un ambiente de reglas y instituciones bien definidas y consensualmente aceptadas, propicias para los negocios, así como desarrollar una gestión compartida de la autoridad pública en diferentes áreas. De nuevo, el objetivo era propiciar las condiciones más adecuadas para la libre competencia.

También adquirió contornos mejor definidos la tesis de que una gestión pública eficiente depende de cuán profunda sea la relación entre las agencias estatales, las asociaciones voluntarias y ONGs. Sobre la base de la distinción liberal clásica entre Estado y sociedad, la estrategia de promoción de la “sociedad civil” entonces preconizada tendría como objetivo fortalecer el poder de los agentes sociales y reducir el poder del Estado. El camino sería el estímulo a la “participación comunitaria” en la gestión de las políticas públicas. Esto favorecería la asignación y uso eficiente de los recursos públicos, la transparencia de la administración y la responsabilidad y la rendición de cuentas de la burocracia sobre sus actividades (accountability).

A partir de este razonamiento se preconiza la creación de una estructura de “gobernanza” basada en un programa de transformación institucional en tres niveles. En el nivel macro, el montaje de un núcleo estatal protegido de presiones privadas “particularistas”, pero inexplicablemente comprometido con las reformas neoliberales. En el nivel individual o microeconómico, el estímulo a comportamientos asociados con la racionalidad moderna individualista y utilitarista propia de un supuesto modo capitalista de ser de validad universal. En el nivel intermedio o social, la organización de una amplia esfera pública no estatal responsable por el vínculo entre los niveles macro y micro, pero de manera localista y corporativa (ibid:13-27). De acuerdo con Vilas (2000:6), ese documento tuvo un fuerte impacto en la formulación de políticas del Banco Mundial y de otros organismos internacionales, así como en la literatura académica estadounidense, introduciendo en la agenda de discusiones sobre las reformas el tema de la “ingeniería institucional”.

En 1993 el Banco Mundial publicó su versión sobre el desarrollo industrial acelerado y prolongado del este de Asia en las décadas siguientes al fin de la segunda guerra mundial.[3] Insistiendo en la primacía del libre mercado, el documento sugiere que el desarrollo de aquella región se debió a la implementación de una combinación sui generis entre los fundamentos de la teoría neoclásica y el enfoque “amistoso con el mercado”, lo que, de cierto modo, ya había sido dicho en el informe de 1991. Se admitió, con numerosas reservas, la importancia estratégica de la planificación y de la acción estatal en la orientación y sustentación del crecimiento industrial mediante políticas sectoriales activas, concesión selectiva de crédito subsidiado, acuerdos entre agencias gubernamentales y empresas, proteccionismo comercial, control de la cuenta capital y prioridad al ahorro interno como fuente de inversión. Si esto evidentemente iba contra las premisas del pensamiento neoclásico ¾ cuya primacía era reivindicada insistentemente por el Banco Mundial ¾, al mismo tiempo se destacaba el lado ortodoxo de la estrategia económica de aquellos países, expresado en ciertas modalidades de política económica y en la inversión pesada en la formación de “capital humano” (educación y salud) y infraestructura. En resumen, el “milagro” del este de Asia no aparece como una vía de desarrollo capitalista alternativa exitosa al neoliberalismo y sí como una expresión más o menos heterodoxa del enfoque “amistoso con el mercado”. Además, el Banco Mundial señaló la naturaleza muy específica de aquella experiencia, cuestionando no sólo si ella podría ser copiada en otras regiones del mundo, sino también si su desempeño no podría haber ocurrido mediante otras estrategias de desarrollo.

Tres años más tarde, el Banco Mundial (1996) publicó un informe específico sobre los problemas y dificultades del Este Europeo y de la Comunidad de Estados Independientes (ex Unión Soviética) en su transición hacia el capitalismo. En lo referente a la reforma del Estado, se reproducía el mismo enfoque diseñado en 1991: “La presencia del Estado debe dejar de ser la norma para ser la excepción. Su intervención sólo se justifica cuando los mercados no bastan (…) y aún en ese caso sólo en la medida en que mejore el funcionamiento del mercado” (ibid:133).

Sin embargo, llama la atención la violencia del proceso de liberalización que se proponía. Sin ningún tipo de moderación, el Estado debería: a) reducir drásticamente su presencia en la producción y distribución de bienes y servicios; b) dejar de restringir y controlar directamente la actividad comercial privada; c) abstenerse de intervenir en el sector financiero; d) concentrarse en fomentar la estabilidad macroeconómica y en ofrecer un marco jurídico e institucional que incentivase el desarrollo del sector privado y la competencia capitalista; e) dejar de ser el proveedor universal de las condiciones de vida de la población; f) fomentar la ideología de que la renta y el bienestar dependen exclusivamente del desempeño de los individuos en el mercado; g) focalizar la asistencia social en los segmentos más pobres de la población. Como la base sobre la cual incidían los tributos se había reducido de modo alarmante, en función de la caída de la actividad económica y de la contracción de los salarios, el Banco Mundial recomendaba el ahorro externo como fuente principal de financiamiento de la economía.

En ese propio año, el Banco Mundial (1996a) publicó su visión sobre la reforma del Estado en América Latina y el Caribe. De nuevo se intentaba marcar la diferencia entre la nueva propuesta y la tesis en favor del Estado “mínimo”, afirmándose que si antes el Estado era visto como “obstructivo y negativo para el desarrollo”, ahora se reconocía que el mismo cumple “un papel especial y innovador en la forma como se relaciona con los mercados” (ibid:11). Según el informe, la reforma del Estado en la región se había convertido en un imperativo en razón de: a) la crisis fiscal de los años 80 vinculada a la crisis de la deuda externa; b) la necesidad de elevar la competitividad de las economías para que las empresas pudiesen ganar mercados en el exterior; c) el aumento de la pobreza, de la desigualdad y de la violencia; d) el aumento de la inquietud social en lo referente al medio ambiente; e) la necesidad de incorporar nuevos conocimientos económicos originados por experiencias exitosas; f) la consolidación y profundización de la democracia mediante la descentralización (ibid:1-2).

Al intentar dar respuesta a los efectos de la crisis de México, el Banco Mundial afirmaba que no bastaban “buenas políticas” para consolidar la estabilidad macroeconómica. Era necesario que los inversionistas nacionales y extranjeros las considerasen estables y creíbles. Correspondía al Estado asegurar las condiciones para construir la confianza (confidence building). De ese modo, se propuso una estrategia de reforma en cinco frentes: a) aislamiento de la política económica ante cualquier control democrático mediante la independencia del banco central, un ajuste fiscal riguroso y cambios en la elaboración y en el manejo del presupuesto, con el objetivo de hacerlo más previsible y vinculado al pago de la deuda pública; b) privatización de bancos públicos y creación de agencias de supervisión del mercado financiero doméstico para afianzar su competitividad y “transferencia”, con el fin de favorecer su integración al mercado global; c) creación de una nueva estructura de producción de bienes públicos (salud, educación, saneamiento, agua, etc) mediante arreglos “público-privados”, sustituyendo “un sistema en que el propio Estado produce y distribuye los bienes públicos por otro donde el sector privado es quien los produce y distribuye y el Estado diseña las políticas y el marco regulatorio, supervisando su entrega” (ibid:5); d) reforma del Poder Judicial con el objetivo de hacerlo más barato, ágil, transparente, accesible a los pobres, capaz de responder a los intereses del capital privado, eficaz en la defensa de la propiedad privada y, sobre todo, comprometido con dinamizar las relaciones de mercado en la sociedad; e) y, finalmente, la reforma de la administración pública, basada en la introducción moderada de principios de mercado ya probados en la burocracia estatal de los Estados Unidos y de algunos países europeos.

En 1997, ya bajo la influencia de la llegada de James Wolfensohn y Joseph Stiglitz a la presidencia y vicepresidencia del Banco Mundial respectivamente, fue publicado el informe sobre el papel del Estado en la implementación, consolidación y avance de las reformas estructurales (Banco Mundial, 1997). Si, por una parte, los presupuestos del pensamiento neoclásico eran nuevamente reiterados, por la otra también se valorizaban acciones que lo contradecían, admitiéndose que ciertos aspectos de la estrategia del este de Asia podrían ser válidos para otros países. Por ejemplo, en términos de política industrial se afirmaba que “cuando los mercados son subdesarrollados, el Estado, en determinadas ocasiones, puede reducir problemas de coordinación y fallas de información y incentivar el desarrollo de los mercados (ibid:6). A continuación se afirmaba que “lo esencial (…) es la capacidad de escoger la mejor intervención y utilizarla de manera eficaz” (ibid:6). En el fondo, el informe no resuelve esos puntos de tensión con el pensamiento neoclásico que él mismo aboga. Aunque reprodujese las líneas centrales del enfoque “amistoso con el mercado”, el informe acababa ampliando un poco más el papel del Estado. De ese modo, aunque repitiese la tesis básica de la complementariedad entre Estado y mercado, se definió al Estado como un “socio catalizador y facilitador” de la iniciativa privada y del crecimiento económico (ibid:6). O sea, ahora se admitía que el Estado no debería sólo complementar el mercado, sino también corregir sus fallas ¾ al menos cuando fuese “estrictamente necesario”.

En términos de reforma del Estado, se proponía una estrategia basada en dos directrices. La primera consistía en ajustar la función del Estado a su capacidad, lo que significaba definir el papel legítimo de las acciones del Estado como siendo: a) garantizar la estabilidad macroeconómica; b) asegurar un ambiente económico no distorsionado (sin control de precios, subsidios, etc.); c) establecer un marco legal claro y adecuado a la libre competencia; d) invertir en infraestructura y en servicios sociales básicos (educación primaria y salud); e) proteger la propiedad privada; f) proteger el medio ambiente; g) promover programas sociales focalizados en los segmentos más pobres. El mensaje era claro: “más allá de lo básico, no es necesario que el Estado sea el único proveedor” (ibid:6).

La segunda directriz consistía en aumentar la capacidad del Estado revitalizando las instituciones públicas, lo que implicaba: a) crear normas y restricciones formales que controlasen la acción arbitraria de la burocracia estatal (por ejemplo, independencia y reforma del Poder Judicial, creación de órganos fiscalizadores, etc.); b) introducir mayor presión competitiva en el seno del Estado, tanto mediante la creación de una burocracia basada en el mérito, austera, corporativa y bien remunerada, como por la competencia en el abastecimiento de bienes y servicios entre el sector público, empresas y ONGs; c) aproximar el Estado a la población, “dando voz al pueblo” en la formulación y ejecución de políticas sociales y aumentando la “participación popular”. Se recomendaba avanzar en el proceso de descentralización administrativa, pero de forma escalonada y por sectores, con el objetivo de evitar la desigualdad entre regiones, la indisciplina fiscal y la “captura” del Estado por intereses locales.

A pesar de abogar por un Estado “más cerca del pueblo”, el informe no dejaba de resaltar la necesidad de concentrar la autoridad en determinadas agencias para garantizar que permanecerían inmunes a presiones “particularistas” y, de esa forma, pudiesen asegurar el desarrollo de la libre competencia. Por otro lado, se enfatizaba la importancia de una acción ideológica intensa y bien encaminada para conquistar la adhesión de un amplio sector de la población, pues, al final, “el líder eficiente dá al público la sensación de que la reforma pertenece al pueblo y que no fue hecha de afuera para adentro. La reforma del Estado requiere la colaboración de todos los grupos de la sociedad” (ibid:15). En ese marco, nuevamente se reservaba un papel importante a las ONGs, consideradas las formas organizativas responsables por estimular la participación popular y la responsabilidad social (accountability).

En su informe dedicado al “combate contra la pobreza”, el Banco Mundial (2001) también prestó especial atención al tema de la reforma del Estado, a partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo hacer para que las instituciones del Estado sean “más sensibles con los pobres”? Fundamentalmente, se reprodujo la misma estrategia sistematizada en 1997: a) privatizar empresas públicas, fomentar arreglos público-privados y reducir el tamaño del Estado (gasto público con respecto al PIB), con el objetivo de concentrar sus acciones en prioridades básicas bien definidas e indispensables; b) implementar nuevos modelos de gestión basados en la competencia y en la meritocracia, reducir el número de funcionarios y elevar salarios, con el objetivo de aumentar la eficiencia técnica  y combatir la corrupción; c) articular la burocracia con el empresariado para promover sinergias y estimular la colaboración; d) simplificar el sistema tributario y reducir costos de transacción; e) garantizar la primacía de la ley; f) reformar el Poder Judicial; g) promover la asistencia jurídica realizada por ONGs, con el objetivo de proteger los intereses de los “pobres” y crear una “filosofía de derechos”; h) avanzar en la descentralización; i) apoyar la formación de amplias “coaliciones pro-pobres”, con el fin de comprometer y movilizar a toda la sociedad en la lucha contra la pobreza; j) estimular la vinculación de asociaciones voluntarias y ONGs a gobiernos locales y comunidades para aumentar la “participación social” y las “sinergias” entre el Estado y la población más pobre, así como viabilizar programas  sociales puntuales y focalizados.

Por último, el Banco Mundial (2002) publicó un informe que propone un marco teórico y empírico para crear y perfeccionar las instituciones necesarias para el desarrollo de los mercados, basado en la Nueva Economía Institucional. Reiterando la necesidad de un “Estado fuerte, capaz de respaldar un sistema jurídico formal que complemente las normas existentes”, que “respete las leyes y se abstenga de actuar en forma arbitraria” (ibid:5), se volvió a enfatizar que para impulsar el crecimiento económico y reducir la pobreza, no basta adoptar políticas macroeconómicas correctas. También es necesario asegurar el montaje y el funcionamiento de instituciones adecuadas. Si esto ocurriese, las oportunidades de mercado aumentarían y ambos objetivos serían atendidos. Este es el punto central del argumento: si los mercados no funcionan con “eficiencia” ¾ es decir, no incentivan la inversión y, en consecuencia, no aumentan la productividad ni se dan oportunidades de acumulación ¾, no habrá desarrollo económico. De acuerdo con ese enfoque, lo que limita las oportunidades de mercado son: a) los elevados costos de transacción derivados de la falta de información adecuada; b) los problemas de definición y observancia de los derechos de propiedad; c) las “fallas” de gobierno y de mercado que dificultan el ingreso de nuevos competidores ¿Qué deberían hacer las instituciones para solucionar estos problemas? En la práctica, básicamente tres cosas: a) procesar y difundir informaciones sobre situaciones de mercado, sus bienes y participantes, de modo que los agentes económicos tengan bien claro qué es lo que está siendo objeto de transacción; b) definir y hacer observar los derechos de propiedad y los contratos, determinando quien logra que mercancías en que momento y garantizando la seguridad de las transacciones; c) regular la competencia mercantil siempre con el fin de extenderla a todos los ámbitos de la vida social (de lo individual a lo colectivo, de lo rural a lo urbano, de la agricultura a las finanzas).

3. ¿Más allá del Consenso de Washington? Posiciones en el seno del Banco Mundial sobre el desarrollo económico y la reforma del Estado

Como se puede comprender en esta breve reseña, durante los años 90 la agenda política del Banco Mundial enfatizó cada vez más la reforma del Estado como condición para consolidar las reformas estructurales y retomar el crecimiento económico. El enfoque “amistoso con el mercado”, diseñado en 1991, establecía como un imperativo mejorar la eficacia del Estado, entendida como el perfeccionamiento de la gestión pública, el fortalecimiento de las instituciones públicas, la delimitación de prioridades estratégicas y la ampliación de los márgenes de libertad de los mercados. Ya no se trataba de reducir el Estado al “mínimo” y sí de construir un Estado “eficiente”. Se llegó a comprender que la reforma institucional constituía la dimensión que faltaba al Consenso de Washington (Williamson, 2004).

Durante la elaboración del informe de 1997 sobre el papel del Estado en las reformas estructurales, tuvo lugar un intenso debate en el seno del Banco Mundial sobre la necesidad de sobrepasar el Consenso de Washington y inaugurar una nueva generación de reformas. Esa discusión se hizo pública en 1997-1998, influenciando en mayor o menor medida a otros organismos internacionales. Es posible distinguir dos vertientes según el grado de adhesión a las premisas del pensamiento neoclásico y a la formulación original del Consenso de Washington (Vilas, 2000; Bustelo, 2003). La primera y más ortodoxa defendía una agenda de reformas institucionales considerada vital para complementar las políticas inspiradas en el Consenso de Washington y garantizar su eficacia. Sus exponentes más notorios fueron Shahid Javed Burki y Guillermo Perry, respectivamente vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. La segunda, más heterodoxa, criticaba más directamente al Consenso de Washington, preconizando la necesidad de regulación estatal en ciertas áreas donde el libre mercado no bastaría para asegurar el desarrollo. Su exponente más conocido fue Joseph Stiglitz, ex-jefe del Consejo de Consultores Económicos del gobierno de Clinton y entonces economista jefe y vice-presidente señor del Banco Mundial. A continuación ambas vertientes son analizadas más detalladamente.

Burki y Perry (1998 y 1997) argumentaban que las reformas de la primera generación habían sido exitosas al controlar la inflación y desmontar los principales instrumentos de sustentación del modelo nacional-desarrollista, lo que era visto como fundamental para aprovechar los posibles beneficios del volumen creciente de intercambio comercial y de los flujos de capital. Sin embargo, según ellos, esas reformas no tuvieron la misma eficacia en lograr tasas de crecimiento sostenibles, ni tampoco en reducir significativamente la pobreza, cuyo “alivio”, en América Latina y en el Caribe, se habría dado en función de la “disminución de las tasas de inflación y de un modesto crecimiento y no de las consecuencias redistributivas de la liberalización financiera y comercial” (ibid, 1998:1). Para lograr ambos objetivos, recomendaban completar el Consenso de Washington con reformas en cuatro sectores considerados estratégicos: finanzas, educación, justicia y administración pública.

En el primero, lo principal sería crear redes para proteger al sistema bancario privado contra crisis financieras, desviando de forma más equilibrada el riesgo hacia el Estado. De este modo, esas redes deberían suministrar informaciones adecuadas sobre la calidad de las operaciones y la cartera de los bancos, proveer seguros de protección a los depósitos, ofrecer mecanismos de préstamo en última instancia, exigir requisitos mínimos de capital para entrar en el mercado financiero, supervisar las operaciones, garantizar políticas de salida, proporcionar créditos para que los “pobres” inicien un negocio (por ejemplo, compra de tierras) y, por último, disminuir el “riesgo moral” (moral hazard) y la especulación inseridos en la propia existencia de mecanismos más sólidos de protección y salvaguarda.

En la esfera educacional, la reforma debería avanzar en la descentralización administrativa, estimular la competencia entre escuelas públicas y privadas por financiamiento, expandir la prestación de servicios privados financiados por el Estado y vincular la remuneración de los profesionales hacia metas de desempeño. Enfatizan la necesidad de desarticular la resistencia de los sindicatos de profesores, principalmente por el estímulo a la competencia en el seno de su base social (remuneración por productividad, reconocimiento público, etc.), así como mejorar la propaganda sobre los efectos “positivos” de las reformas. El objetivo explícito era capacitar la fuerza de trabajo para elevar la productividad de las empresas en disputa por posiciones en el mercado internacional.

En el campo judicial, el eje del cambio estaría en estandarizar el trabajo de los magistrados, en introducir esquemas de remuneración condicionados a metas de desempeño, informatizar los servicios, simplificar los trámites procesales, reducir los costos judiciales y en adoptar, por parte de los jueces, un  equilibrio entre el cumplimiento de la ley y la obediencia a órdenes superiores. La reforma debería centrase, sobre todo, en la base de incentivos que orienta el comportamiento de la burocracia (jueces y funcionarios), incorporando técnicas de reconocimiento y mérito ya utilizadas en el sector privado.

En materia de administración pública, aunque destacasen la ausencia de un paradigma claro de reforma ¾ como el que surgió en áreas de política macroeconómica, liberalización de la economía y privatización ¾, Burki y Perry difundían una agenda de cambios cuyo eje residiría en incorporar métodos de gestión entonces empleados por el sector privado. Esto exigiría opciones encaminadas a: a) impulsar el proceso de descentralización y elevar el grado de delegación en la toma de decisiones (sobre todo para niveles de jerarquía inferiores); b) aumentar el nivel de competencia en el seno de la burocracia, vinculando todas las funciones a esquemas de gratificación basados en el desempeño; c) implementar formas de gestión orientadas a satisfacer al “cliente”, concediéndole “voz” y “participación” en ciertas áreas y etapas de la prestación de servicios; d) reducir el aparato estatal, dimitiendo funcionarios, y reorganizar la oferta de servicios públicos, transfiriendo diversas actividades al sector privado; e) basar todas las agencias y actividades de la administración pública en la lógica mercantil mediante la competencia entre órganos públicos por financiamiento. Ese conjunto de acciones debería disminuir la “informalidad” en el seno de la administración pública y “acercarla” al sector privado y al “pueblo”, aumentando su capacidad para responder a las demandas económicas y sociales. Quedaron pendientes cuestiones vinculadas a la mejor continuidad de las reformas y a la velocidad adecuada de implementarlas.

Para complementar las reformas en las cuatro esferas antes mencionadas, Burki y Perry (1997) recomendaban a los gobiernos de América Latina y del Caribe que dieran máxima prioridad a la liberalización de los mercados de trabajo y a la tierra. En el primer caso, se trataba fundamentalmente de modificar la legislación laboral y toda la estructura de la justicia laboral con el fin de reducir los costos de contratación y la dimisión de trabajadores y disminuir el poder de negociación de los sindicatos. En el segundo caso, se trataba, por una parte, de modificar las legislaciones agrarias con el objetivo de estimular al máximo las transacciones de compra y venta y de arrendamiento de tierras (incluso aquellas objeto de reformas agrarias pasadas) y así, favorecer la entrada de productores rurales “eficientes” y la salida de productores “ineficientes”, siempre en la óptica del capital agroindustrial-financiero; por la outra parte, se proponen acciones para aliviar de manera focalizada la pobreza rural y, al mismo tiempo, incrementar las transacciones del mercado de tierras formal como, por ejemplo, la concesión de préstamos con algún subsidio a trabajadores rurales para la compra de tierras y el otorgamiento de títulos de propiedad a poseedores informales.

Los trabajos de Burki y Perry no traen elementos realmente nuevos al enfoque “amistoso con el mercado”, pues se basan en las premisas fundamentales del pensamiento neoclásico y reiteran todas las directrices del Consenso de Washington, dedicándose a completarlo y a profundizarlo. Como afirma Vilas (2000:8), su contribución al debate reside tan sólo en organizar, de una forma sistematizada y clara, las acciones pendientes del ajuste estructural hasta entonces relativamente dispersas.

La segunda vertiente expresada por la posición adoptada por Stiglitz (1998 y 2000), afirmaba que el Consenso de Washington tenía un foco muy estrecho, defendía políticas incompletas y, en algunas ocasiones, equivocadas, por: a) privilegiar en demasía el área macroeconómica, descuidando completamente otros aspectos vitales del desarrollo; b) enfatizar excesivamente la reducción de la inflación, lo que habría llevado a la defensa de políticas macroeconómicas que no necesariamente eran las mejores para promover el crecimiento; b) dejar a un lado otras fuentes de inestabilidad macroeconómica, como la debilidad del sistema financiero; c) privilegiar la liberalización financiera sin el debido montaje de una estructura institucional de regulación y supervisión que fortaleciese el sector bancario y redujera su vulnerabilidad externa; d) confundir medios y fines, de modo que la triade liberalización comercial, desregulación y privatización habría ocupado indebidamente el lugar del fomento a la libre competencia.

La propuesta de Stiglitz establecía dos grandes objetivos intervinculados: ampliar la concepción del desarrollo ¾ incorporando metas como equidad social, educación, innovación tecnológica, protección ambiental, participación y superación del “tradicionalismo” en la vida social ¾ y mejorar el funcionamiento de los mercados. Para alcanzarlos, sería necesario realizar una segunda generación de reformas estructurales que privilegiase tres grandes áreas. La primera sería la creación de un marco legal y instrumentos de regulación que fortaleciesen el sistema financiero y estimulasen la competencia en todos los sectores de la economía, pues sólo así tendría sentido avanzar en el proceso de liberalización y privatización. La segunda sería la construcción del “capital humano” (dándole educación básica), la promoción de la innovación o transferencia (en el caso de países más atrasados) de tecnología y el montaje de redes de protección social para los segmentos más pobres de la población. La tercera sería la creación de mecanismos de participación social que articulasen y movilizasen toda la sociedad hacia el proceso de cambio estructural.

Stiglitz recomendaba algunas propuestas económicas específicas, por ejemplo: a) establecer leyes antimonopolio efectivas y unificar en un solo bloque las leyes de competencia o de comercio justo a nivel internacional; b) abandonar el control de la inflación como prioridad fundamental para más de la mitad de los países en desarrollo, estableciéndose como tope la tasa de 15% al año; c) buscar formas variadas para mejorar el déficit presupuestario y en cuenta corriente, y no la mera reproducción de fórmulas esquemáticas de austeridad fiscal; d) abandonar las altas tasas de intereses como medio por excelencia para atraer capital extranjero.

Para Stiglitz, ese conjunto de medidas exigiría superar visiones que establecen una división esquemática de sectores y actividades que deben quedar bajo control del Estado y del sector privado. Reconociendo que el Estado debe, antes de todo, complementar los mercados, recomendó que el Estado debería corregir fallas de mercado cuando fuese necesario, actuando temporalmente como un “catalizador” para resolver problemas de escases de oferta de determinados bienes y servicios. Sin embargo, en cuanto los problemas fuesen resueltos, la actividad debería ser concedida o devuelta al sector privado.

Stiglitz fue enfático al defender que el “nuevo consenso” debería ser asimilado por los grupos dirigentes nacionales y convertido en una plataforma de cambios apoyada por una amplia coalición social. Sólo a partir de esa “interiorización” se podría articular el mejor formato y la mejor secuencia para las reformas de segunda generación.

En lo referente a la reflexión sobre la relación entre Estado y mercado en el desarrollo, la vertiente encabezada por Stiglitz se distanció más del pensamiento neoclásico que las propuestas de Burki y Perry (Bustelo, 2003; Vilas, 2000). Su objetivo era mejorar el funcionamiento del mercado y ampliar su margen de libertad, pero eso requería, según esa visión, un Estado capaz de complementar sus actividades, corregir sus fallas y orientar los agentes económicos en determinados aspectos. Al parecer, la perspectiva de Stiglitz tenía más puntos en común con la estrategia del Este Asiático que con la ortodoxia neoliberal. En ese sentido, ella implicaba un mayor cuestionamiento del Consenso de Washington.

Sin embargo, mientras estuvo en el Banco Mundial, Stiglitz no rompió con el programa básico de ajuste estructural, ni tampoco abandonó premisas fundamentales de la teoría neoclásica. Por esta razón, sus intervenciones fueron poco innovadoras desde el punto de vista teórico y no lograron ofrecer uma salida para la camisa de fuerza de la restauración liberal-conservadora (Fiori, 2000:40). De hecho, sirvieron más para defender una propuesta pragmática de regulación de los mercados, que para construir una alternativa efectiva al Consenso de Washington (Vilas, 2000:17). Por otro lado, Stiglitz no aclaró cuáles agentes sociales podrían llevar adelante ese tipo de propuesta. Era como si el desarrollo consistiese solamente en ampliar metas y emplear instrumentos adecuados, sin realizar cualquier tipo de cambio en las relaciones de poder político y económico vigentes a nivel nacional e internacional. En resumen, Stiglitz no indicó claramente “quien” debía ganar y perder, ni que coalición de poder apoyaría su propuesta.

A juzgar por los informes sobre desarrollo mundial de 2001 a 2005, la vertiente de Burki y Perry es la que viene distinguiendo las acciones del Banco Mundial desde el acalorado debate de 1997-1998, principalmente después de la salida de Stiglitz del Banco Mundial en enero de 2000. Se trata de la defensa de una segunda generación de reformas estructurales, cuyo programa sería, al decir de Rodrik (2002), un Consenso de Washington  “ampliado”, dirigido a construir las “instituciones económicas del capitalismo” (Naím, 1996), más flexible en cuanto a los instrumentos de política económica y con algunas políticas “sociales”, más atento con respecto al modo de implementación (continuidad y velocidad) y preocupado con tener una mayor aceptación política y social. Vale recordar que el Fondo Monetario Internacional continúa siguiendo los postulados más neoliberales del Consenso de Washington, como se evidenció por la forma como fue tratada la crisis financiera argentina de 2001-2002 (Bustelo, 2003:7). Sin embargo, esto no impide que ambos (BM y FMI) continúen trabajando juntos a favor de la liberalización económica y la profundización de las contra-reformas estructurales (cf. Banco Mundial, 1995, 1997a, 2000 y 2004a). Hasta ahora, no hay señales de que la gestión de Paul Wolfowitz cambie el rumbo fundamental que el Banco Mundial ya venía tomando.

4. Despolitización del Estado, naturalización del ajuste estructural y promoción del nuevo bloque de poder capitalista

Por lo expuesto se puede ver claramente que el Banco Mundial reduce el Estado a una maquinaria administrativa y lo define como algo separado por completo de la sociedad. Esta es la forma tradicional y más simplista de abordar el tema, pues obscurece la comprensión de la naturaleza política del Estado.

El registro teórico que informa este trabajo es otro. Junto con Gramsci (2000:47), entiéndase aquí que la diferencia entre Estado y sociedad no es de carácter “orgánico” y sí “metodológico”, pues el Estado no es algo fuera de la sociedad y sí a su propia organización, en la medida en que combina cohersión y consenso, dominación y dirección. En su sentido más amplio, el Estado condensa, expresa e institucionaliza relaciones sociales de clase en el territorio nacional, articulándolas a la división internacional del trabajo y a la gestión interestatal del capitalismo (Poulantzas, 2000). Esta concepción permite adoptar una perspectiva multidimensional según la cual el Estado es concebido, simultáneamente, como: a) un pacto de dominación mediante el cual una alianza de clases construye un sistema hegemónico; b) un conjunto de aparatos burocráticos capaz de transformarse, en ciertas condiciones, en un actor corporativo; c) una arena de lucha por el poder político en la que se definen proyectos de organización y dirección de la sociedad; d) el representante de los intereses universales de la sociedad y de la nacionalidad (Borón, 1994:254-255). Limitar el análisis del fenómeno estatal a una u otra dimensión implica dejar de comprender su complejidad histórica. Asumir tal perspectiva es importante, porque en la etapa actual de reestructuración regresiva del capitalismo, el Estado viene cumpliendo un papel activo para garantizar las condiciones necesarias para la acumulación del capital, la reducción del costo de reproducción de la fuerza de trabajo, la conversión de derechos sociales en bienes mercantiles privados y el control y la fragmentación del mundo del trabajo (Wood, 2000; Borón, 2001). Por todo eso, esta concepción coloca el problema de la reforma del Estado en otro terreno, permitiendo analizar de forma crítica la lógica y las implicaciones del enfoque “administrativista” difundido por el Banco Mundial.

Así, se puede afirmar que, contrariamente a lo que habitualmente se supone, el Consenso de Washington no se limitó a un programa económico. De hecho, sus orientaciones operaron una profunda reforma del Estado, una vez que modificaron la matriz de poder en las sociedades, sobre todo en América Latina. Como bien afirma Vilas (2001:9), los procesos de privatización, apertura comercial y desregulamentación de la economía modificaron profundamente la configuración de la propiedad y de la riqueza, redefiniendo el peso económico e institucional de los agentes y impulsando nuevas articulaciones entre grandes grupos capitalistas locales y agentes más dinámicos de la globalización financiera. En nombre de la racionalidad técnica y de la observancia de los cánones macroeconómicos, ese proceso llevó a la consolidación de un bloque de poder substancialmente distinto del que había existido en la era keynesiana/desarrollista del capitalismo. Esto porque dejó de privilegiar a sectores industriales vinculados al mercado interno, aumentó el grado de mercantilización de la vida social, disminuyó las concesiones al mundo del trabajo en términos de derechos sociales y, sobre todo, garantizó las condiciones para la acumulación ampliada del capital financiero.

El enfoque “administrativista” del Banco Mundial responde a ese proceso y fue concebido para promoverlo (Vilas, 1997:150). Al privar la comprensión del Estado de su dimensión política y de los nexos histórico-estructurales entre la acción estatal y la reproducción del capital, tal enfoque naturaliza el arreglo de poder generado por dos décadas de transformación neoliberal. De esta forma, a partir de ese nivel ya dado, al Estado sólo le correspondería manejar los instrumentos necesarios para mantener un orden social que se supone constante y cuyos fundamentos permanecen en el marco de lo indiscutible (Vilas, 2000:10). La “despolitización” del Estado sólo le interesa a los agentes situados en el tope de la estructura de poder capitalista internacional y nacional, lo que revela íntegramente la naturaleza de clase das propuestas del Banco Mundial.

Tampoco es por casualidad que la “Nueva Economía Institucional” constituye la base teórica de las posiciones del Banco Mundial a lo largo de los años 1990. Al definir las instituciones como normas y mecanismos formales y informales que orientan y aseguran el comportamiento de individuos y organizaciones, el Banco (1993:7-8) establece como objetivo a alcanzar por todos los países un modelo de desarrollo basado en una lectura fetichizada de la trayectoria del mundo anglosajón, cuyo presupuesto es una asociación abstracta entre libre iniciativa, propiedad privada y progreso económico[4] (Medeiros, 2001:86; Vilas, 2000:13). Se trata de una visión profundamente etnocéntrica de desarrollo, que replantea la idea de que el secreto del desarrollo capitalista está en la capacidad, mayor o menor, de los “pueblos atrasados” de reproducir las creencias y instituciones que tuvieron “éxito” en los países más avanzados (como en los tiempos de W.W. Rostow), no reconociendo la legitimidad de otras trayectorias, prácticas y experiencias (Fiori, 2000:39). Esto es agravado por el hecho de que el Banco Mundial universaliza como meta a alcanzar un modelo ficticio de selección racional en el que individuos orientados por una motivación utilitarista disponen de igual y libre acceso a informaciones (Vilas, 2000:13-4).

Coherente con esa posición etnocéntrica, la cuestión del desarrollo de los países periféricos parece resumirse tan sólo en definir la mejor secuencia de las reformas estructurales y el arreglo institucional más adecuado para implementarlo, pues los objetivos y el conjunto de instrumentos propuestos son siempre los mismos. A los operadores locales  cabería tan sólo aplicar de la forma más “nacional” posible una receta elaborada desde el exterior.

Por otro lado, al reducir la problemática del desarrollo al tema de la ingeniería institucional, el Banco Mundial obvia una advertencia decisiva del propio North: “las instituciones no fueron creadas para ser eficientes, sino para servir a los intereses de los grupos con suficiente poder de chalaneo para imponer reglas” (North, 1995:20 apud Fiori, 2000:40). 

Las directrices preconizadas por el Banco Mundial alimentan la mercantilización de bienes y servicios que antes se consideraban públicos, es decir, inscriptos en la lista de derechos que constituyeron la “ciudadanía” resultante, por un lado, de un cierto equilibrio de poder entre las clases sociales en la post-guerra y, por otro, de la disputa ideológica durante la Guerra Fría. En ese sentido, ellas contribuyen a aumentar el grado de “desciudadanización” de la vida social (Borón, 2001 y 1995), evaluado por el quantum de la reproducción de individuos y grupos dependientes de la simple compra y venta de bienes y servicios. El avance de ese proceso expresa la urgencia de nuevos frentes de acumulación y nuevas relaciones de poder, cuya institucionalización depende del Estado.

Por otro lado, el proceso de contra-reforma del Estado también amplia selectivamente el propio Estado ¾ en el sentido gramsciano del término ¾, en la medida en que incorpora a la prestación de servicios públicos y a la formulación y ejecución de programas sociales una gama seleccionada de asociaciones privadas (sobre todo ONGs), que acaban dando funcionalidad a la política social paliativa y filantrópica exigida por el ajuste neoliberal (Fontes, 2005:114-5). Legitimada y estimulada financieramente por el Banco Mundial, ese proceso de “ONGuización” de la gestión de la política social está asociado a un nuevo enfoque de alivio de la pobreza “dirigido por las comunidades” (community-driven approach). Por medio de fondos sociales de apoyo a pequeños proyectos, los recursos son destinados directamente a las “comunidades” o a las asociaciones vinculadas a ellas. Así, la gestión descentralizada de recursos aparece como forma de, a partir de las “comunidades”, elevar la “participación” de los “pobres” en las políticas públicas, lo que, a su vez, aumentaría sus “oportunidades” de superar la pobreza vía inserción más “calificada” en el mercado de trabajo o incluso como “pequeños empresarios” (Banco Mundial, 2001). 

Este tipo de propuesta, aparentemente seductora, construye una imagen de valorización de la autonomía y del protagonismo individual y popular que, en rigor, no corresponde a la realidad. Es verdad que el Banco Mundial estimula cada vez más la participación de los “beneficiarios” en sus proyectos, pero lo hace después de décadas de enorme fracaso de los mismos, especialmente en el área rural. A un alto precio, el Banco (1992) “descubrió” que el exceso de centralización de decisión y ejecución perjudicaba el desempeño de los proyectos que él mismo financiaba.

Por otra parte, investigaciones indican que en algunas ocasiones el manejo de fondos sociales comunitarios, así como el diseño de los proyectos, se orientan más en función de la creación o retribución de lealtades políticas que propiamente de acuerdo con la localización de los grupos más pobres (Vilas, 1998). Esto es algo muy distinto a lo que afirma el discurso del Banco Mundial sobre su supuesta racionalidad técnica y neutralidad política.

Por último, la práctica efectiva de la “participación” ocurre de forma instrumentalizada y selectiva, una vez que: a) jamás se incorpora en las decisiones sobre préstamos de ajuste estructural y reforma sectorial, limitándose a proyectos sociales de carácter paliativo y, en algunos casos, claramente asistencialistas; b) discrimina a una amplia gama de sindicatos y movimientos sociales (campesinos, indígenas, etc.), enfocando sólo a ONGs y a asociaciones comunitarias, muchas veces creadas apenas para tener acceso a los recursos; c) obedece al propósito de favorecer la legitimización de los programas implementados con frecuencia bajo fuertes críticas de organizaciones del mundo laboral (Casaburi et al., 2000). En resumen, de la forma en que es operada por el Banco Mundial, la “participación social” incide en el margen de las políticas de ajuste, sirviendo más para legitimar y dar funcionalidad a su reproducción que para fomentar el protagonismo y la autonomía populares.

A pesar de reducir la crisis del Estado latinoamericano a la dimensión fiscal, el Banco Mundial no apoya medidas contundentes para combatir el “veto contributivo” que ejercen las clases dominantes en la región desde el período neocolonial, cuando “los conquistadores y colonizadores no debían pagar impuestos y sí recibir tributos de los nativos” (Borón, 2005:36). Las propuestas de reforma tributaria del Banco difícilmente tocan el tema de la tributación progresiva sobre la riqueza y la propiedad, y cuando lo hacen, o bien insisten en el argumento conformista de que no existe “correlación de fuerzas” favorable, o simplemente reiteran que bancos y empresas no pueden ser “penalizados”, ya que eso comprometería la “estabilidad económica”. Difícilmente se podrá hablar de una verdadera reforma del Estado, sobre todo, en la tan injusta América Latina, si este veto no fuera desafiado con firmeza.

Sin dudas, es fundamental combatir la corrupción y mejorar la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la administración pública, especialmente en aquellas sociedades en que la separación entre lo “público” y lo “privado” siempre fue una pieza de ficción hacia los grupos dominantes. Sin embargo, como bien afirma Vilas, “una buena administración no mejora la calidad de los objetivos de las políticas a cuyo servicio se desarrolla” (2001:15). Sin tener en cuenta los objetivos de la acción estatal, cualquier debate sobre el tema tiende a garantizar la configuración de poder que sustenta el orden social vigente.

Hasta aquí, la “reforma del Estado” preconizada por el Banco Mundial sirvió a este propósito fundamental: consolidar institucionalmente una fase ultra-regresiva del capitalismo, caracterizada por la supremacía del capital financiero, por el aumento de la explotación de la fuerza de trabajo y por la destrucción de derechos sociales arduamente conquistados. La “equidad” propuesta por el Banco Mundial queda restringida a los márgenes del sistema. Cualquier política de carácter redistributivo ¾ es decir, que alcance parcelas de la riqueza acumulada por la burguesía y modifique las relaciones de poder entre las clases sociales y fracciones de clase ¾ es terminantemente rechazada por el Banco Mundial.

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NOTAS