La experiencia de nuestro país me dice que la democracia uruguaya, nuestra democracia capitalista, se sustenta y está en condiciones de ser profundizada a partir de las luchas políticas, sociales y culturales que protagonice el pueblo a través de sus organizaciones: gremios, cooperativas, asociaciones barriales, bibliotecas populares, comités de base, organizaciones de defensa del medio ambiente, y de lucha contra todas las formas de discriminación y todo lo demás.

Un papel central en cualquier programa de democratización pasa por terminar con el control despótico que sobre los medios de comunicación ejercen algunos grupos familiares. Los que elaboran las pautas "informativas", los que manejan las tijeras, los que actúan ante la opinión pública como verdaderos "electores", promoviendo o ignorando determinados hechos políticos o culturales, esos, tienen más poder que un diputado o un senador elegido por el pueblo.

Y, no obstante, como ocurre con muchos que detentan gran poder en esta democracia capitalista, estos usufructuarios de la comunicación no son fruto de "elecciones libres" y, a veces, ni siquiera se conoce con precisión su nombre. Su autoridad, ejercida como un mayorazgo, se funda no en el sustantivo democracia sino en el adjetivo capitalista.

Esta reflexión tiene que ver con algunos errores y el manejo mediático de un suceso ocurrido en estos últimos días. Me refiero a la muerte de Maykol Cardozo y a la decisión de la mayoría de la bancada del FA de no concurrir a Sala en un intento de interpelación que remitía a las autoridades del Hospital de Clínicas.

No me considero un "parlamentarista" y tengo muy poca simpatía hacia cualquier fanatismo parlamentario. Durante un período, algunos marxistas europeos, deslumbrados por algunas leyes avanzadas que habían obtenido en sus países, redujeron la acción del movimiento obrero a la obtención de bancas parlamentarias.

Lo único que servía era votar: nada de movilizaciones, nada de asambleas obreras, nada de huelgas, nada que tendiera a construir una cultura alternativa, socialista. El esfuerzo se destinaba exclusivamente a tener más votos, más bancas.

Este razonamiento -al que Rosa Luxemburgo denominó cretinismo parlamentario- se presentó como una vía confortable, gradualista y aeróbica, de procesar la transición al socialismo. Los hechos demostraron que el cambiarle de adjetivo a la democracia exigía algo más que votos y mayorías parlamentarias.

Ahora bien, no se trata de tirar el niño con el agua: volvamos aquí y ahora. En Uruguay, desde hace casi cuarenta años, las clases dominantes han apostado a restringir las facultades del Poder Legislativo en beneficio del Poder Ejecutivo.

Gobierno por decreto, centralización política y administrativa, iniciativa en puntos clave para la elaboración de los presupuestos y las rendiciones de cuentas, crecimiento exponencial en los gastos (y del número de funcionarios) de las oficinas que dependen directamente del Presidente de la República.

Esto ocurrió con los gobiernos civiles de Pacheco y Bordaberry, durante la dictadura (cuando funcionó un seudo Parlamento nombrado por los militares) y durante los gobiernos que se sucedieron después de la dictadura.

A este Parlamento con su composición actual, el gobierno de Batlle le sustrajo información esencial: desde documentos del Banco Central y la Corporación para el Desarrollo hasta los miles de "pedidos de informes" que los ministros no se dignaron contestar, pasando por compromisos contraídos clandestinamente por Batlle y Bensión con bancos extranjeros durante la crisis financiera del año 2002.

Tradicionalmente la izquierda ha defendido, a justo título, los fueros y las potestades de la institución parlamentaria, aun con las chuequeras que a ésta le imponen las condiciones en que se desarrolla nuestra democracia.

En primer lugar, la idea de que el Parlamento es la expresión representativa de la soberanía popular no es un hecho de la naturaleza. Ni cayó del cielo. Es, como todos los avances políticos y sociales, fruto de una larga lucha. Una lucha contra los que defendían otras concepciones de la soberanía.

El artiguismo, ese que todos invocamos un día sí y otro también, es ante todo una expresión de esa lucha histórica de los pueblos porque se les reconozca el derecho a gobernarse por sí mismos y no por linajes dotados del poder por la gracia de Dios.

En nuestra experiencia como nación y dentro de ella como izquierda, el Parlamento ha sido jerarquizado y a menudo se ha convertido en escenario de luchas importantes. Esa representación de la soberanía popular no es ni un premio ni una condecoración. Es un carbón encendido. Se está allí, en el Poder Legislativo por mandato popular. En representación del pueblo. ¿Puede haber una responsabilidad mayor? Así lo entendieron, adecuadamente, los legisladores Guillermo Chifflet y Artigas Barrios.

Los diputados no pueden hacer lo que se le ocurra con ese mandato. Tienen que obedecerlo. Y el mandato consiste, así siempre lo ha considerado la izquierda, en primer lugar, en concurrir. En cumplir los deberemos con la República, con lo que es cuestión de todos. ¿Con qué fundamento se llega a la conclusión de que los episodios que condujeron a la muerte de Maykol Cardozo en el Hospital de Clínicas no son de interés público? ¿Alcanza con decir que la muerte del joven está en manos de la Justicia? No.

¿Se trata de una maniobra de tal o cual sector político? ¿Acaso podemos esperar otra cosa de los partidos que presupuestalmente le han tirado a matar al Hospital de Clínicas, a la Universidad y a todo lo que es educación pública en el país?

Para el futuro, ya con Tabaré presidente, ¿podemos esperar otra cosa? El Herrerismo, que fue a la cola de todos los desastres del jorgismo y de Sanguinetti, como lo dijo ayer Luis A. Heber, "con el gobierno del FA, será una máquina de exigir".

Cuando estos ingenios, con el apoyo jubiloso de los medios de comunicación, desplieguen sus amaños, de la índole que sea, contra el gobierno popular ¿qué vamos a hacer?

No veo otro camino que desde el Parlamento, en diálogo con las organizaciones sociales y la prensa, dar la batalla política para defender nuestro propio proyecto de país, denunciando ante el pueblo si de lo que se trata es de una "maniobra oportunista".

No hay, no puede haber, ningún asunto que no podamos asumir ni discutir públicamente.

No hay, no puede haber, ninguna maniobra que nos haga abandonar el lugar que nos encomendó el soberano.

Nuestro compromiso con la democracia va más allá. Nuestra apuesta a la transparencia y a la participación conlleva, inevitablemente, aceptar todos los desafíos y todas las maquinaciones de las derechas conservadoras, sin eludir ninguna confrontación.

Convocando no a achicar los ámbitos de debate sino a ampliarlos. Interpelando a todos los que tienen algo que decir, a que lo hagan públicamente (gremios, autoridades universitarias, corrientes políticas o corporaciones) para encararlo y resolverlo, como corresponde a un órgano deliberativo y legislativo del Estado, desde ángulo institucional y social, a la luz de las necesidades del pueblo y de las realidades que vive el país en materia de salud y, a la vez, del innegable y sistemático saboteo a que ha sido sometida la salud pública así como la labor y la investigación universitaria, especialmente el Hospital de Clínicas.

Tomado de La República, 6/12/2004.