Con el economista Óscar Mañán*

'Otro camino es posible'

Entrevista de Guillermo Chifflet

Mañán integra la Red de Economistas de Izquierda de Uruguay, que, desde un plano de colaboración con el gobierno progresista, plantea lo que entiende como cambios necesarios y posibles.

—¿Cuáles son los objetivos de la Red?
—El objetivo de fondo es defender al gobierno de izquierda, que ha sido el resultado de un proceso de acumulación de fuerzas que creemos puede estar en peligro.
Nuestra opinión es que el camino emprendido no resuelve la situación. No afirmamos esto porque nos sintamos vanguardia o iluminados, sino a partir de una experiencia en América Latina que nos demuestra que esa línea no funciona. La Red implica mucho estudio y contraponer ideas que no siempre son aceptadas por todos nosotros.
—Pero coinciden en un compromiso con los sectores del trabajo y, más allá, con todos “los heridos por la adversidad”.
—Así es. Todos participamos en distintas instancias de colaboración con el movimiento social organizado a título personal. Ahora nos proponemos potenciar dicha participación en base a un esfuerzo colectivo.
—El país vivió una larga crisis que –por factores internos y externos– tocó fondo en 2002. ¿La realidad que se recibió en 2005 es la que se nos decía o, a partir de las cifras comprobadas, resultó más grave?
—Sin duda la crisis no era un problema de iliquidez, sino una crisis estructural (y así se denunciaba desde tiempo atrás). Ya en el libro del Instituto de Economía de fines de los años sesenta se detallaban problemas de esta crisis, muchos de los cuales permanecen hoy, agravados.
—De marzo de 2005 a hoy, ¿qué aspectos positivos han observado en el plano económico?
—Lo más positivo es un proceso de aprendizaje sobre la gestión gubernamental, que no es fácil. Hay avances en medidas como la instalación de los consejos de salarios, el fuero sindical, y otras que tienden a cambiar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo (este último largamente postergado).
—A partir de 1959, el Fondo Monetario Internacional planteó una receta: apertura económica, desactivación de las industrias del Estado, privatizaciones, congelación de salarios. ¿Ha variado esa fórmula?
—Ha habido distintas recetas del fmi. El Fondo no era lo mismo en los años cincuenta que hoy. A partir de los acuerdos de Bretton Woods tenía como objetivo central la estabilidad monetaria internacional, lo que básicamente implicó la defensa de los intereses de Estados Unidos (potencia que emergía). A partir de 1972 el Fondo empieza a ser “el paraguas de la crisis” de países que presentan problemas de financiamiento y que podrían afectar a otros o a sus inversores privados. En ese sentido hay un cambio sustancial. Ya a fines de los ochenta, y particularmente en los noventa, “empaqueta” (término de Enrique Iglesias) una serie de medidas de política económica que promoverían un cambio estructural de envergadura en las economías emergentes y que implicaron la construcción de lo que se conoce como una nueva etapa de la globalización que Williamson denominó “Consenso de Washington”. Eso implicaba atacar de manera directa la soberanía de los países en la medida que tendía a la integración de la economía mundial, pero siempre con el eje (o en interés) de los países industrializados.
Desde 1994, con la crisis mexicana (luego se darán la asiática, la rusa, las brasileñas, la argentina, y antes se habían dado otras europeas de impacto reducido), hubo otra institucionalidad en el Fondo Monetario, que flexibilizó el paquete de medidas anteriores y comenzó a tomar conciencia de la inestabilidad financiera que sus recetas generalizadas generaban en los países donde se aplicaron.
—El Fondo pone, hoy, algunas condiciones. ¿Son muy distintas a las anteriores?
—Sí. De los cincuenta a los ochenta la “condicionalidad estructural” del fmi estuvo ligada al equilibrio de las cuentas básicas, con una macroeconomía sustentable que pudiera dar cumplimiento al pago de los créditos. Decía que era necesario cuidar el “riesgo moral” de prestar dinero sin saber qué utilización se le iba a dar. (Un compañero peruano dijo hace poco, a propósito del tema de las auditorías de las deudas públicas, que los primeros que deberían haber auditado la deuda son los países, fondos u organismos multilaterales que prestan.)
En los años noventa la condicionalidad se metió de lleno en cuestiones de soberanía nacional, fijando parámetros de gasto, límites en inversiones para educación, una disminución de las empresas públicas, un ideal de sistema financiero público. De 2002 en adelante ha revisado esa condicionalidad. Lo mismo sucedió con el Banco Mundial, que primero financió la reconstrucción de Europa, después programas de desarrollo muy focalizados, luego proyectos sociales para el tema de la pobreza. En 2000 el informe del Fondo llega a señalar que para salir de la pobreza no alcanza con los programas de auxilio sino que hay que redistribuir “el poder social” (lo que le costó el puesto a uno de los redactores de dicho informe). En el caso de América Latina la tierra es un elemento central, al igual que el de los recursos, para la democratización del acceso a la riqueza. Alice Amsdem, una economista estadounidense, sostiene que no hay ejemplo de desarrollo tardío, salvo Singapur, que no haya partido de una reforma agraria.
—¿Hay un continuismo entre la línea económica actual y la de los gobiernos anteriores?
—Yo diría que el programa de la izquierda es sensiblemente diferente a lo que era la línea de los partidos tradicionales en muchos aspectos. Lo que parece idéntico son los objetivos que se eligen para articular los demás. Hoy por hoy, las variables determinantes en las decisiones de política económica son, sin duda, el tema del gasto. Hay una regla de gasto en el presupuesto, pero no hay una regla para el pago de la deuda, por ejemplo. El objetivo de la política macroeconómica es fundamentalmente bajar la relación deuda/producto; eso implica disciplina fiscal, ajuste de gastos. Y hay una serie de gastos cuyo ajuste es necesario (que tienen que ver con la transparencia, la eficiencia en la gestión, la racionalidad del Estado) y en ese sentido se ha avanzado.
Bajar la relación deuda/producto es el objetivo central que se ha trazado el Ministerio de Economía, para el cual la disciplina fiscal es coherente.
En cuanto a la línea actual, en la Red creemos (y es posible probarlo) que se basa en algunos mitos. Se dice: para hacer cambios hay que permanecer en el gobierno. Entonces los cambios tienen que ajustarse a esa idea, porque –se afirma– no son rápidos. Sin embargo, los cambios que se produjeron en América Latina en los años noventa fueron enormes. Cambió la propiedad de los bancos, de la tierra, de importantes empresas, la inserción internacional de los países, cambió el rol del Estado.
Para el gobierno los cambios se irían dando en un plazo largo, en la medida que construyamos, diríamos, una cultura de izquierda. A nosotros nos parece que, tomando la deuda como eje central (que es la que determina los demás objetivos de la política económica), el desarrollo de un sistema de financiamiento al desarrollo resulta una misión imposible, porque entre otras cosas significa cambiar el sistema financiero. Los bancos deben impulsar negocios que sean viables dentro de una modalidad de país productivo. Creemos, además, que Uruguay tenía condiciones para negociar con el Fondo. Habría que partir de definiciones políticas, de objetivos indiscutibles de soberanía nacional. Luego podrá rezagarse uno respecto a otros.
—Se dice: no hay otro camino que honrar la deuda. ¿Es así?
—Ese es un gran mito. Argentina hizo 19 acuerdos con el Fondo desde 1950, de los cuales cumplió sólo cuatro. Entre 1991 y 2000 acordó cuatro veces e incumplió dos (en los cuales también se flexibilizó la evaluación de las metas iniciales). El incumplimiento no significa no pagar más. Otro mito es que si no se paga no vendrán capitales o que faltarían fondos de inversión. La misma Argentina luego del default no tuvo ninguna catástrofe sino que sustituyó ahorro externo por ahorro interno (con nuevas condiciones). No es cierto, además, que no tengamos ahorro para inversión interna; el problema es que los financistas nuestros consiguen más rentabilidad en el exterior. Lo que no tenemos es una contabilización del dinero uruguayo en el extranjero.
Hubiésemos esperado que el gobierno se parara con otra actitud. Tenía, y aún mantiene, condiciones de viabilidad política con las que no contaron gobiernos anteriores: mayorías parlamentarias, pero también organizaciones sociales sólidas y fuerte capacidad de movilización de los recursos humanos. Que hubiese fijado algunos objetivos como innegociables, que son en última instancia los que le van a dar la acumulación originaria para el proyecto del Uruguay productivo, se antojaba necesario. Es muy difícil que las empresas trasnacionales sean coherentes con el Uruguay productivo. Como demostró Celso Furtado en análisis históricos del desarrollo latinoamericano, la estrategia de las multinacionales no siempre coincide con la de los países. No es sólo un problema de rentabilidad, sino de estrategia de posicionamiento de la empresa.
—Ustedes plantean la necesidad de priorizar el pago de la deuda social. Pero esa no es la posición del gobierno...
—En primer lugar hay que fijar criterios de pago. En el libro de la Red** planteamos algunos criterios. Hay dos cosas que afrontar: los intereses, y los activos de deuda. Un criterio es fijar un porcentaje del superávit fiscal primario para hacer frente a los intereses. Pero no puede ser el único. Hay que determinar cuánto estamos dispuestos a pagar, en qué tiempo y bajo qué condiciones. Quizá no todas las condiciones que se están aceptando son las que deberíamos aceptar.
Tener un sistema financiero público encarado al fomento del desarrollo es ineludible. No sólo para el país productivo; estoy pensando en la búsqueda de cierta suficiencia alimentaria, y para ello hay que trazar una estrategia productiva, no necesariamente capitalista. Podría ser cooperativista, u otras formas de producción social que apunten hacia ese objetivo. Si queremos que los inversores nacionales inviertan acá hay que mostrarles dónde invertir. Y eso implica ir cambiando la estructura productiva, con objetivos preestablecidos y hacer una inversión pública que “desate los espíritus animales” y otras múltiples combinaciones de política tributaria y cambiaria (o monetaria) que permitan traspasar rentabilidad de unos sectores a otros. Hasta ahora no se ha trazado una planificación en ese sentido.

* Sociólogo, máster en economía, profesor efectivo en el Centro Regional de Profesores de Florida, profesor adjunto de Economía de América Latina en la Facultad de Ciencias Económicas.
** Otro camino económico. Cambios necesarios para el Uruguay productivo. Propuestas para un debate. Montevideo, 2006.

Tomado de Brecha, 7/07/06.

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