Más allá de la polémica de las AFAP

Guerra Preventiva

Escribe: Gabriel Papa, Semanario Brecha.

A pesar de sus denodados (y no siempre limpios) esfuerzos, blancos y colorados no consiguen arrebatar a la izquierda la iniciativa política en la campaña. El último ensayo en ese sentido, en el tema de las AFAP, marcó además un punto de inflexión: ahora el EP-FA no rebobina apenas lo castigan.

Mientras en aquel tierno "mundo del revés" de la infancia cantábamos que "nada el pájaro y vuela el pez", en este cruel mundo al revés los responsables de pulverizar una parte relevante de los ahorros de depositantes y bonistas denuncian que el "cuco izquierdista" está dispuesto a cometer la "locura" (Jorge Batlle dixit) de "meter mano" (Luis Alberto Heber dixit) en los "sagrados fondos de los trabajadores" (Guillermo Stirling dixit), atentando así contra la "libertad" (Isaac Alfie dixit) de la cual el país goza. El candidato blanco Jorge Larrañaga también se pronunció: "Hay que ser muy respetuosos de los dineros de la gente", acotó.

Tal iracunda reacción fue provocada por la bastante tímida propuesta del EP-FA de promover los cambios regulatorios o legales pertinentes a los efectos de que las AFAP tengan los estímulos y marcos apropiados para, si sus técnicos así lo desean, invertir en la construcción de viviendas.

Como se sabe los fondos previsionales tienen la facultad, según indica la ley 16.713, de invertir en valores públicos, depósitos a plazo, valores de empresas públicas o privadas, colocaciones en el sector productivo/inmobiliario o en préstamos a sus afiliados. La ley establece que las inversiones deberán ser hechas de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y compatibilidad de plazos, y fija máximos para cada ítem, destacándose que las inversiones en los sectores productivos o los préstamos personales no podrán superar, en conjunto, el 30 por ciento del total.

Más allá de las intenciones, lo cierto es que el conjunto de las regulaciones y señales (en especial las derivadas de las tasas de interés que pagan los papeles públicos) hacen que, a mayo último, casi el 80 por ciento de los más de 1.400 millones de dólares que tienen las AFAP se inviertan en papeles públicos. El modelo productivo y la situación y perspectivas del sector "real" y/o "social" hacen que menos del 6,5 por ciento del total sea colocado en empresas, fondos de inversión y/o prestado a los afiliados, un porcentaje que se encuentra muy lejos del máximo que el marco legal habilita. Lo restante se reparte entre colocaciones bancarias (2,3 por ciento del total) o se deja líquido como "disponibilidades" (alrededor de 12 por ciento del total). Parece incontrastable, por tanto, que sigue siendo el Estado quien "echa mano" a los fondos de los asalariados. Sólo que, esta vez, un conjunto de agentes -es decir las AFAP- se ubican en el camino y cobran una comisión por realizar esta asignación de recursos.

Con relación a este estado de cosas, sucesivos informes del Equipo de Representación de los trabajadores en el BPS han planteado que existe una "gran similitud entre los portafolios de las AFAP", sugiriendo que, en el marco de los incentivos vigentes, "en materia de inversiones parece como que actuaran con un nivel de decisión centralizada, una especie de acuerdo colusivo, o un pacto no implícito de no competir por el tema de las rentabilidades". El mercado de los valores previsionales sería "un mercado oligopólico colusivo, con un líder que en vez de aprovechar su fortaleza relativa ha promovido o consentido una especie de equilibrio para la supervivencia de los actores que hoy están en el ruedo", lo que provocó que "las comisiones que se cobran a los afiliados no han sufrido rebajas, y más bien se observa una leve tendencia alcista con el paso del tiempo". Según sus cálculos, el sistema de las AFAP cobra una comisión que en mayo último alcanzó en promedio al 20,6 por ciento de los aportes de los asalariados. Destacan que "las comisiones son similares a las que cobran por ejemplo las AFAP de Chile, pero las administradoras chilenas realizan las tareas de recaudación, fiscalización y otras, mientras que en Uruguay todo ese trabajo lo hace gratis el BPS". En definitiva, se destaca que las AFAP tuvieron una ganancia sobre el patrimonio que en el "fantástico" 2002 fue del 92 por ciento ("casi seguramente no hay en Uruguay y en el mundo sectores de actividad que tengan tan altos márgenes de ganancias", decían en su informe de junio del año pasado) y alcanzó al 30 por ciento en 2003.

En definitiva, todo parece indicar que "algo huele mal" en "nuestra Dinamarca" y que una iniciativa que tienda, amigablemente con el mercado, a orientar parte de los fondos hacia fines productivos y sociales (como la construcción de viviendas) debería ser bienvenida y no atacada usando la "mentira en forma sistemática, organizada y en coro para ocultar la falta de propuestas", como respondió el asesor del EP-FA Walter Cancela.

SEÑALES.

Mientras en aquel "mundo del revés" "los gatos no hacen miau y dicen yes", en este "mundo cruel" la paradoja consiste en que la mayoría de la ciudadanía parece adherir claramente a la izquierda pero la agenda pública y sus contenidos continúan siendo dictados, en gran parte, por el establishment. Es así que la simple enunciación de que la situación y perspectivas del agro justifican el estudio de un aumento de la históricamente baja presión fiscal de la que se beneficia el sector, provocó un terremoto político y una "reacción adaptativa" de los políticos de izquierda, que estuvo a un tris de saldarse con la renuncia de muchos de sus asesores económicos.

Quizás como corolario de aquel episodio, el EP-FA acaba de firmar, junto a los otros partidos, un documento elaborado por la Asociación Rural que plantea, por ejemplo, "mantener el actual marco impositivo que grava al sector agropecuario, el cual deberá continuar basándose en la renta real, neta o bruta, de los establecimientos", y plantea que "el Estado disminuya su peso sobre la economía en su conjunto", a la vez que se compromete a que el Estado mantenga y aumente una serie de gastos (en servicios productivos y sociales) destinados al sector. En el documento no se menciona, por ejemplo, la necesidad de que la gremial se comprometa a dejar atrás una tarea de lobby que tan exitosamente ha evitado que un conjunto de poderosos productores no pague sus deudas; ni existe línea alguna relativa a acciones que permitan que los trabajadores rurales se beneficien de la riqueza que contribuyen a generar y que tanto ha aumentado últimamente.

La guerra preventiva en la cual el establishment político y económico está comprometido no sólo pasa por reducir materialmente los márgenes de maniobra de un eventual gobierno progresista. Parece evidente que también pasa por "disciplinar" la capacidad de propuesta, innovación y movilización de la izquierda. Falta saber si la fuerte reacción con que la izquierda respondió a la última de las maniobras es el signo de nuevos tiempos.

Tomado de www.ft.org.ar , original de Brecha, 17/09/2004.