CONTRADICCIONES VERDADERAS

Escribe: Andrés Figari Neves

Dos acontecimientos recientes y aparentemente inconexos, ponen en evidencia una tan antigua como vigente contradicción;  la que existe entre la propiedad privada y el uso que se hace de la tierra.

En efecto, la cuestión de las plantas de celulosa, por un lado y la ocupación de 36 hectáreas por un grupo de cañeros por otro, nos plantean a los habitantes de la Banda Oriental, una vez más, el viejo dilema de qué hacer con el rico territorio del que, al menos teóricamente, disponemos.

Porque si dejamos de lado el berenjenal en el que nos hemos metido los habitantes  a uno y otro lado del “río de los pájaros pintados”, el problema que se oculta detrás del barullo sobre la contaminación, y de lo que aparenta ser una  polémica entre los “ilusos cultores del canto de las aves”, versus los realistas defensores de la soberanía del país y de sus oportunidades de trabajo; no es si las plantas afectarán o no al medio ambiente,  (cosa que ni siquiera vale la pena discutir, sino en todo caso, cuanto lo hacen y cómo debería controlarse), sino si es realmente de interés para la mayoría de los “orientales”: 1º) consolidar un modelo de desarrollo forestal que si por una parte genera empleo, por otra parte lo hace desaparecer mediante la concentración de la propiedad de la tierra por un uso determinado; 2º) permitir que Sociedades Anónimas,  muchas de ellas extranjeras, se apropien de cientos de miles de hectáreas del territorio nacional, desplazando a los productores locales ; 3º) continuar con un modelo de desarrollo agropecuario cuya “lógica” supone la expulsión sistemática de los pequeños productores.

He aquí el verdadero dilema.  La cuestión de fondo no es solo y no tanto los efectos ecológicos de las futuras plantas, ya que al fin y al cabo se podrán evitar o minimizar con la tecnología apropiada, o el de los monocultivos forestales, - que tampoco son insignificantes - como los efectos económico-sociales que un modelo de desarrollo, en este caso forestal,  tiene en el uso productivo del suelo, y por consiguiente, en la vida de miles de habitantes del medio rural.

Esto es en mi opinión, lo que se debe discutir y  poner en la balanza.  Porque que si bien la República Oriental del Uruguay, dispone de más de 16 millones de hectáreas de suelo fértil, mayoritariamente dedicadas a la ganadería extensiva, - cuestión que otrora era motivo de preocupación de la izquierda y que actualmente parece haber pasado de moda- cada hectárea destinada a la actual forestación, lejos de mejorar sustancialmente lo que hay, sustituye por tiempo indeterminado, a otra alternativa productiva, a otro uso más intensivo del territorio, agudizando de esa manera el verdadero drama: el éxodo  de aquellos pocos miles de orientales que todavía se resisten a abandonar ese “desierto verde” y que una vez que lo hagan, lo harán para siempre;  tal como le gusta recordar al Ministro del ramo.

No es que uno se oponga a la forestación o la plantación de Pinos y de Eucaliptus, al contrario, pero lo que se debe analizar con cuidado sin extremismos de ningún tipo, es cuál es el tipo de forestación que se debería impulsar para que resulte congruente con el tipo de país que se proclama (productivo, democrático, con justicia social, etc.). Si el heredado de los gobiernos de los partidos tradicionales, auspiciado por el Banco Mundial y a la medida de los intereses transnacionales, que profundiza las contradicciones propias del neoliberalismo aplicado en el medio rural; es decir más latifundio por un lado y menos gente por el otro, o se apunta a otra cosa.  A un modelo de desarrollo que haga posible un país en que la propiedad y por consiguiente la sociedad, sea más democrática, más  basada en el trabajo familiar que en asalariado y con un destino más ligado al interés nacional que al extranjero. Porque el futuro que está en juego no es fabricar algunos cientos de puestos de trabajo transitorios, sino cómo evitar que procurando lo primero, desaparezcan para nunca más volver, los ya escasos (y dentro de poco raros), trabajadores de un medio cada vez más despoblado y empobrecido.

La cuestión no es teóricamente sencilla, ni fácil de resolver en la práctica, habida cuenta de que: 1º) ya existen más un millón de hectáreas plantadas en suelos concretos, algunos de los cuales jamás debieron de ser plantados; 2º) esas plantaciones ya están hechas con especies que responden a un destino difícil de modificar;  3ª) se han realizado bajo un determinado régimen de propiedad (S.A.) que potencia los elementos más patológicos del modelo (latifundismo, concentración y monocultivo); y 4ª) no existe suficiente experiencia local sobre formas alternativas de forestación en que técnicamente se haya resuelto el problema de la rentabilidad de la inversión, sin caer en los defectos que se pretenden corregir (altas densidades de plantación, etc.). Es decir,  que lo que está planteado y permanentemente soslayado por la polémica de las plantas, es en realidad, o seguir impulsando un modelo de “desarrollo” forestal que sustituye hombres por árboles o se cambia este estilo de “crecimiento agropecuario” del que este modelo forestal es simplemente una parte.

Tampoco alcanza con reconocer deficiencias y aplicar algunos paliativos al modelo productivo dominante; eso es imprescindible, pero tampoco suficiente.  Para empezar hay que modificar el régimen de propiedad de la tierra que posibilita la apropiación del suelo por unos pocos, por la explotación de la miseria ajena, (latifundio y pobrerío rural son dos caras de una misma moneda). Para seguir, hay que procurar que de la misma manera que se logró que los uruguayos de a pie, vía fomento a la forestación, contribuyeran con más de quinientos millones de dólares a financiar esta verdadera contra reforma agraria, se arbitren los recursos necesarios para atender la demanda de tierras de los auténticos trabajadores, antes de que social y políticamente resulte demasiado tarde.

Como bien lo han señalado los “peludos” de Bella Unión, no hay que engañarse.  Aún cuando se trate de un buen comienzo, no alcanza con las 10.000 hectáreas de caña previstas  para solucionar el problema de los trabajadores rurales asalariados.  Ni los de ahí ni los de ninguna parte.  No se debiera esperar demasiado del eventual efecto “derrame” que el subsidio del cultivo pueda tener sobre su economía doméstica.  Además de esas políticas,  hay que destinar recursos que hagan operativo al Instituto Nacional de Colonización.  Se debe distribuir tierra para que los asalariados y demás trabajadores pobres puedan acceder a un pedazo en donde afincarse y autoabastecerse hasta para más no sea defender su salario, sin tener que conchabarse acosados por el hambre y la miseria.  Al fin y al cabo, como la experiencia enseña, el hambre en Bella Unión no es cosa nueva.  Es tan vieja como en la época de oro de la caña, cuando la zafra duraba siete meses y los peludos coreaban:  “UTAA  por la tierra y con Sendic”.

En resumen y para decirlo con el estilo del “Pepe” Mujica: no seamos nabos, paremos de decir chorizeces y discutamos lo que realmente vale la pena; ¿ hasta cuando vamos a rumbear en la misma dirección, profundizando las taras del Uruguay rural, financiando por un lado el curro de los de afuera y por el otro lado,  pijoteándole tierra a los trabajadores nuestros?

7/03/2006.

PVP - Partido por la Victoria del Pueblo - Frente Amplio - Uruguay