PARTIDO Y EQUIDAD DE GENERO

Si miramos las estadísticas solamente del 2006, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la relación numérica entre los géneros se mantiene. Uruguay cuenta con 1.597.040 hombres y 1.708.683 mujeres. O sea que el 51% de la población son mujeres. Si observamos por franjas etareas, encontramos que hasta los 24 años hay ligeramente más hombres que mujeres. Sin embargo en las franjas siguientes la relación se invierte. La esperanza de vida para ellas de 79,42 años y para ellos de 71.98. Con respecto a la actividad son más los activos masculinos que los femeninos ( 685.500 contra 583.800) y hay más mujeres desocupadas que hombres (89.500 contra 65.400) a pesar de que la escolaridad femenina es superior a la masculina en todos los niveles de la enseñanza e incluso son más las estudiantes mujeres que los hombres. Hay 88.300 estudiantes hombres contra 104.600 mujeres. A lo largo del siglo XX los valores de la tasa de analfabetismo de 37.05 para mujeres y 33.9 para hombres. El analfabetismo disminuye a lo largo del siglo y se altera la relación entre géneros, quedando en 2.72 para las mujeres y 3.74 para los hombres. La misma inversión se produce en los distintos niveles de la enseñanza.[1]

Mirados los datos fríamente se debería esperar una correlación similar a la hora de analizar la presencia de la población femenina en los niveles de toma de decisiones de la sociedad. Sin embargo, Uruguay comenzó el siglo XXI sin una presencia femenina importante en esos niveles.

El gobierno frenteamplista tendió a mejorar la situación y hoy tenemos cuatro ministras y tres subsecretarias mujeres en trece secretarias de Estado. En menor medida, a nivel del Legislativo también hay presencia de parlamentarias así como en la dirección de los entes autónomos.

En la interna de los partidos políticos algunos han tratado de resolver el problema de la equidad de género instalando cuotas de participación en las instancias de dirección. Así lo hicieron el Partido Socialista y la Vertiente Artiguista y también en el ámbito de las organizaciones sociales, el PIT-CNT. Sin embargo, Uruguay sufre la carencia de militantes políticas carismáticas que puedan ser referentes para las nuevas generaciones, y que permitan en el mediano plazo revertir las secuelas de un sistema patriarcal que ha prevalecido a lo largo de su existencia. En suma, seguimos reproduciendo un modelo androcéntrico.

El FA, en su programa, retomaba las Metas del Milenio de las Naciones Unidas[2] y ratificaba que “sin un enfoque con equidad de género no es posible encarar una propuesta innovadora y transformadora. El cambio de las relaciones sociales debe incorporar el hecho de que estas relaciones se establecen entre sujetos mujeres y varones, quienes actúan condicionados por una socialización genérica que pauta roles, derechos y obligaciones. Estos condicionamientos enmarcan las formas de ejercicio de la ciudadanía y confieren oportunidades diferenciales para cada uno. La transformación de las relaciones de poder intrínsecas a la condición de clase, se articula con las pautas de género que sustentan las formas de organización social y que requiere repensar la hegemonía conceptual y operativa de la equidad que articula las dimensiones económica, política y sociocultural que hace a las relaciones sociales de género”.

De los objetivos específicos que nos proponíamos, como la creación de una instancia institucional que permitiera transversalizar las políticas públicas con perspectiva de género en la órbita de la OPP o la incorporación de esa perspectiva en la legislación, salud, educación, cultura y vivienda, han habido logros y revolcones. El más grosero fue el proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva sobre el que pende el veto de Presidencia a pesar de la movilización que concitara y de haber tenido media sanción en el gobierno anterior. Entre los logros, encontramos la creación del Instituto Nacional de las Mujeres en la órbita del MIDES; el Programa de Salud de la Mujer y Género en el marco del Ministerio de Salud Pública; el PANES que cubre a los jefes de hogares entre los cuales 59% son mujeres, así como hay un 80% de mujeres en las Rutas de salida; la posibilidad de ascender para las mujeres policías en el marco de la nueva normativa del Ministerio del Interior; la actualización en la legislación que incluye la derogación del artículo del Código Penal que establecía que el casamiento entre el violador y su víctima extinguía el delito, la creación de un Registro de Deudores Alimentarios para quienes incumplían las pensiones alimenticias y la aprobación de la ley que implementa la Corte Penal Internacional que al hacer una puesta a punto del derecho nacional con las normas internacionales también incluye aspectos de género.[3]

Es importante señalar, el rol que han cumplido las organizaciones de mujeres en la denuncia de carencias e injusticias y en la elaboración de propuestas en el plano de la equidad. A pesar de que entre las organizaciones de izquierda aparecía como objetivo programático estratégico la creación de una sociedad igualitaria, en la interna de los partidos políticos e incluso en los espacios domésticos subsistían y subsisten resabios de relaciones de dominación patriarcal. Tal es el caso por ejemplo, de la violencia doméstica, fenómeno ante el que se ha sensibilizado a la población y cuenta cada vez con mayores rechazos teniendo como punto alto en el 2006 la manifestación de hombres contra la violencia doméstica impulsada desde la IMM.

Similar es el eco que han tenido en lo que refiere a la participación de la mujer en los niveles de decisión de la sociedad.

Entendemos que la práctica en la toma de decisiones recrea un proceso de interacción con la necesidad de investigación y elaboración teórica necesarias para crecer como protagonistas de su propia historia que no se produce cuando las mujeres son meros espectadores de la gestión de otros. En esos casos, reproducimos una relación bancaria en la que los dirigentes, magistralmente, se explayan sobre lo que se debe hacer y como se debe pensar. Por el contrario, el crecimiento se produce en confrontación con la propia experiencia, “pensando y actuando con” y no “ayudando a”.

No puede haber profundizacion de la democracia sin la participación real de las mujeres. En nuestro país ellas representan el 51% de la población, sin embargo:

.- Una de cada dos jefas de hogar y en edad activa con niñ@s menores de 5 años está debajo de la línea de pobreza.

.-El 40% de las mujeres afro uruguayas se desempeñan como trabajadoras domesticas.

.- El 86% de los casos de violencia domestica y el 81 % de las violaciones se producen en mujeres.

.- Se estima que por año se producen 33 mil abortos clandestinos en condiciones de riesgo de vida.

.- Ocupan el 11% de las bancas legislativas, el 17% en las Juntas departamentales, el 21 % de los cargos de designación política del Ejecutivo nacional y ninguna intendencia municipal.

Es imprescindible entonces llevar adelante acciones de reafirmación positiva que garanticen la participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres.

En nuestro partido, adolecimos de una falta de protagonismo en tareas de dirección por parte de las compañeras de causas múltiples. Algunas comunes al conjunto de la sociedad y otras propias. Los intentos por debatir el tema se frustraron en reiteradas circunstancias ante la posibilidad de que fueran estigmatizados como intentos de proyección personal por parte de quienes daban la discusión. Sin embargo, no abordar la problemática no ha contribuido a objetivar ni a resolver el problema.

La experiencia impulsada por Hugo de invitar compañeras a funcionar con la dirección ha resultado un paso positivo que permite avanzar hacia la equidad de género. Queda para ésta conferencia el reto de consolidarlo.

2. Definir el criterio de promover la participación de compañeras en todas las instancias de dirección.

3. Encomendar a los organismos de dirección la promoción de compañeras para asumir responsabilidades en distintas áreas de trabajo.

[1] I.N.E., Informe 2005, pag.web

[2] Frente Amplio, IV Congreso Extraordinario del Frente Amplio “Hector Rodríguez”, 19, 20 y 21 de diciembre de 2003

[3] SERPAJ, Derechos Humanos en el Uruguay, Informe 2006