BREVE RESEÑA SOBRE EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN “MAESTRO JULIO CASTRO”

BREVE RESEÑA SOBRE EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN “MAESTRO JULIO CASTRO”

Entre el miércoles 29 de noviembre y el domingo 3 de diciembre pasados, se reunió el Primer Congreso Nacional de Educación que recibió el nombre “Maestro Julio Castro”. Fue la culminación de un proceso de Debate Educativo que se había iniciado a fines del año pasado, que reunió a más de 20.000 ciudadanos en más de 700 asambleas territoriales realizadas en todo el país y que recogió alrededor de 400 aportes documentales provenientes de organizaciones públicas y privadas y de personas interesadas en la educación.

Los materiales resultantes de las propuestas emanadas, tanto de las asambleas territoriales como de las organizaciones y personas que hicieron llegar sus aportes, ya sea a través de los encuentros sectoriales o por iniciativa particular, fueron sintetizados, en una primera instancia en los informes preparados por las Comisiones Zonales y Departamentales, y en una segunda instancia en un Informe al Congreso Nacional de Educación preparado por la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE).

Estos aportes constituyeron entonces, el punto de partida de la discusión y la elaboración de propuestas que llevó adelante el Congreso.[2]

Todo el proceso del Debate Educativo, incluyendo la instancia culminante del Congreso, constituyó una experiencia inédita de práctica participativa de la ciudadanía en un tema tan sentido por todos los integrantes de la sociedad, como es la Educación. Por primera vez se tuvo la oportunidad de reunir en una discusión fraterna, abierta, fermental, a docentes, estudiantes, trabajadores, ciudadanía en general, que intentaron, a partir del análisis de las problemáticas actuales de la educación, generar ideas que pudieran servir de referentes, no sólo en la elaboración de una Ley de Educación marco de un nuevo Sistema Nacional de Educación, sino para todas las futuras políticas educativas a aplicar en los diversos ámbitos involucrados.

En tanto experiencia nueva, adoleció de ciertas fallas en su funcionamiento (a las que referiremos más adelante) que deberán ser necesariamente revisadas para evitarlas en futuras instancias, pero aún así, estas no llegaron a opacar sus aspectos más positivos: dejó abierto un camino para la experimentación de nuevas formas en la resolución de la “cosa pública”: a partir de la participación, del intercambio de ideas, de la elaboración conjunta de propuestas, sólo en la práctica participativa se generará un espacio que vuelva posible la formación de ciudadanos críticos, responsables, reflexivos, comprometidos en la construcción de la educación como derecho humano insoslayable que es y en la construcción de todos aquellos asuntos públicos ineludibles de decisión colectiva.

El Congreso se reunió en el Palacio Peñarol los días señalados. Se trabajó en forma plenaria los días miércoles, sábado y domingo. Los días jueves y viernes se trabajó en Comisiones Temáticas que se reunieron en diferentes locales del centro de Montevideo.

El miércoles 29 quedó instalado el Congreso, con alrededor de 1200 integrantes, e hicieron uso de la palabra el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez, el Ministro de Educación y Cultura Ing. Jorge Brovetto, el representante de la CODE Maestro Miguel Soler, el Rector de la Universidad de la República Dr. Rodrigo Arocena, y el Presidente del CODICEN de la ANEP Dr. Luis Yarzábal.[3]

Decíamos antes que por tratarse de una instancia inédita, el Congreso adoleció de algunas fallas organizativas. Fueron sin duda propias de la inexperiencia, pero que habrá que repensar para el próximo. Se discutieron, tanto en las sesiones plenarias como en las comisiones, aspectos formales vinculados a cómo resolver las integraciones de las Mesas, formas de votar las mociones, tiempos de debates, redacción de informes de comisiones, y muchos otros aspectos, que no eran fundamentales para los objetivos del Congreso, pero que hicieron perder tiempo y desgastaron a muchos de sus integrantes.

La amplitud de los temas debatidos y la gran cantidad de propuestas sobre ellos, tornó insuficiente todos los tiempos dispuestos, ya sea en las comisiones como en los plenarios. Sin duda había una ansiedad por discutir “todo”, y esto se dejó ver ya al momento de confección, por parte de la CODE, de la “Guía de discusión”. Su carácter abarcador tornó maratónico al Congreso, y aún así, le impidió el tratamiento en plenario de buena parte de los informes de las diferentes comisiones. Creemos que este debe ser un aspecto a rever, como forma de que los tiempos de discusión sean los adecuados.

Señalemos a vía de ejemplo el caso de la Comisión 15 (Sistema Nacional de Educación) que fue en la que participamos los días jueves y viernes.[4] El jueves en la mañana y en una parte de la tarde se procedió a intercambiar, entre integrantes de la comisión (que rondaban los 180), puntos de vistas generales sobre la temática en cuestión. Y en la tarde del jueves se procedió a votar las mociones presentadas en torno a declaraciones generales sobre autonomía y cogobierno. Y se dejó para el viernes el tratamiento en particular de las distintas propuestas sobre “estructura” del sistema educativo. Se repitió la misma dinámica: participación de integrantes de la comisión en la mañana y en una parte de la tarde y luego se procedería a votar las diferentes propuestas. El punto fue que se presentaron tal cantidad de mociones (alrededor de 50) que no fue posible debatirlas una a una, ni siquiera se abrió la lista de oradores para argumentarlas. Tampoco la Mesa realizó una tarea de desglose y unificación de propuestas (como muchos integrantes de la Comisión esperábamos) a los efectos de desbrozar el camino y votar en forma contrapuesta. La Mesa optó por poner a votación todas las mociones (a las que previamente aplicó una muy somera clasificación entre las que referían al papel de la educación pública y privada en el sistema, las vinculadas a la estructura de las diferentes áreas, las referidas específicamente a formación docente, etc.). Es así que fuimos considerándolas una a una, con el consiguiente desgaste que significaba la tensión de estar votando mociones que se repetían por partes, eran contrapuestas en algunas partes pero salían igualmente afirmativas, etc.

Y otro capítulo lo constituyó la redacción del Informe de cada Comisión. Fue reiterada la queja, en las sesiones plenarias del sábado y domingo, que diferentes comisiones hacían sentir, sobre el recorte que la comisión de la CODE encargada de dar forma final a los informes emanados de cada comisión, realizaba en ellos, a la hora de presentarlos al plenario. En el caso de la Comisión 15, el informe que se presenta al Plenario del Congreso recoge las propuestas aprobadas por mayoría, en un caótico formato de “recorte y pegue”, no habiéndose contemplado que aparecieran la inmensa mayoría de las propuestas que resultaron minoritarias.

Aclaremos aquí que la CODE ha comunicado que está trabajando para presentar a fin de mes todas las resoluciones del Congreso, comisión a comisión, y que aparecerán todas las propuestas, las que se aprobaron y las que no.

Señalemos otro aspecto que contribuyó al clima de desorganización generalizada que por momentos se vivió en los plenarios: la yuxtaposición de resoluciones. Muchas de las comisiones superpusieron asuntos, ya que si bien se trataban desde la especificidad temática de cada comisión, se terminaban votando aspectos similares en comisiones distintas. Claro ejemplo de esto último fue la consideración del informe de la comisión 5 (Formación y Perfeccionamiento Docente) que desencadenó un caos que se vivió en buena parte de la mañana del domingo. Esta comisión había centrado sus análisis y por tanto sus propuestas (en gran medida) en torno a definir la estructura de Formación Docente. Pero sobre ésta ya se había expedido el Congreso cuando se votó el Informe de la Comisión 15, ya que incluía en los aspectos de estructura del Sistema Nacional de Educación, la conformación de un Consejo de Formación Docente con igual autonomía que el resto de los actuales desconcentrados de la ANEP. Y la Comisión 5 había resuelto como estructura de Formación Docente la creación de una Universidad Pública, Autónoma, Cogobernada y Descentralizada. Votar esta moción que traía afirmativa la Comisión 5 era contradictorio con lo que ya se había resuelto, por lo que se solicitó rever la votación, se abrió una discusión en torno a rever o no y al final se resolvió mantener la votación anterior y no considerar esta propuesta por ser contrapuesta a lo ya votado.

Todo lo señalado hasta acá pretendió ser una aproximación a aquellos aspectos que sin duda hay que trabajar para corregir, a los efectos de permitirnos crecer y pasar de este primer (y por cierto auspicioso) “ensayo de participación”, a un acabado ejercicio de democracia participativa.

Hacíamos referencia a la falta de tiempos para considerar en plenario los informes de las comisiones. Fueron aprobados informes de las comisiones 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El domingo, pasado largamente el mediodía, se aprobó que los informes de las comisiones 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 serán recogidos en todos sus términos, tal como fueron aprobados en sus comisiones de origen, en el documento final que está elaborando la CODE, divulgándolos con la salvedad que no fueron aprobados en plenario.

A continuación, vamos a transcribir parcialmente algunas de las mociones mayoritarias en las Comisiones 14 (Fines y principios de la Educación) y 15 (Sistema Nacional de Educación) y que fueron a su vez aprobadas mayoritariamente en la sesión plenaria del Congreso.

“(…) proclamamos a la autonomía como un principio rector de la educación pública en todos los niveles, como forma de preservarla de todo interés de carácter político partidario, religioso, económico (incluyendo los organismos internacionales de crédito)

Hablar de autonomía en términos jurídicos, implica dotar a un ente del grado máximo de descentralización respecto del poder central del Estado. Es decir, otorgarle a los Entes de enseñanza plenas potestades para autodeterminarse en las esferas: administrativa, de gobierno, técnico docente y financiera. (…) La autonomía de gobierno conlleva la consagración del cogobierno por parte de todos los actores involucrados, definiendo las políticas educativas con independencia del gobierno del momento, a través de mecanismos democráticos de participación. (…)”

“El principio de laicidad implica promover el tratamiento integral y crítico de los temas mediante el libre y público acceso a las fuentes de información y conocimiento, que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantiza entonces la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias. El derecho a la educación exige la laicidad como principio. También lo exige el modo de vida democrático, si queremos que la democracia sea algo más que un ejercicio del sufragio. (…) Asegurar el respeto y la profundización del proyecto laico es obligación del Estado. Este principio se sustenta en la racionalidad crítica y en la problematización del conocimiento, oponiéndose a cualquier dogmatismo y práctica adoctrinante. Rechaza también cualquier compromiso con intereses privados: partidarios, religiosos o económicos. Aunque la laicidad constituye un principio histórico de la tradición educativa nacional, a comienzos del siglo XXI se hace necesario redimensionar su significado. En ese sentido, no significa neutralidad respecto a ningún fenómeno de la vida social, sino que alude al desenvolvimiento de prácticas de libertad y pluralidad, tomando como principios el cooperativismo, la solidaridad, el compromiso con la igualdad social, el respeto a la diversidad. (…)”

“La plena realización del principio de laicidad, requiere también de la libertad de cátedra y de opinión. El alcance de la libertad de cátedra y opinión refiere a que el docente desde su condición de profesional es libre de planificar sus cursos respetando los objetivos y contenidos de los programas de estudio, realizando una selección crítica de conocimientos.

Asimismo, supone la libertad que tienen los educandos para acceder a todas las fuentes de información y cultura. No implica la imposición de una cultura sobre otra o de un grupo sobre otro. (…)”

“(…) (debe promoverse) una formación integral del sujeto en tanto ser social, político, económico y cultural, donde uno de estos aspectos no puede ser abordado sino en estrecha vinculación con los otros. El proyecto educativo debe tener como principal finalidad la formación de sujetos críticos, reflexivos, autónomos, libres, solidarios, comprometidos con la igualdad social y protagonistas de la transformación de su sociedad. (…) Este principio se considera como un derecho porque permite educar a la persona en todas sus dimensiones, física, intelectual, social, afectiva, estética y ética. (…)”

“Se debe trabajar para la ampliación y el fortalecimiento de la Educación Pública Estatal que garantice en toda su dimensión el derecho a la educación. Esto implicaría la libertad concreta de acceder a diversidad de propuestas educativas gestionadas a nivel público estatal.

La libertad de enseñanza consagrada a nivel constitucional debe estar acompañada por un rol activo del Estado en la regulación y el contralor de los servicios educativos de gestión privada.”

(Esta comisión también adoptó resolución sobre los principios de obligatoriedad, gratuidad, universalidad e inclusión, descentralización)

“La plenaria de la Comisión se expidió claramente en lo que refiere a autonomía, cogobierno, Sistema Nacional de Educación y presupuesto para la Educación. En este sentido la ley deberá garantizar un 6% como mínimo del PBI.

Respecto a la autonomía, se considera que la misma es un principio consagrado constitucionalmente desde 1917, pero históricamente se inicia con la ley Orgánica de la Universidad de la República de 1958. Más allá de los aspectos formales, dicho principio se desvirtúa cuando las autoridades de la enseñanza son designadas por el Poder Ejecutivo con venia del Senado.

Desde el punto de vista jurídico la autonomía constituye el grado máximo de descentralización de un ente con respecto al poder central del Estado.

Se entiende la autonomía desde el punto de vista técnico-pedagógico, administrativa, presupuestal, financiera y de gobierno.

Se valora que el gobierno de la Educación no puede estar supeditado a los gobiernos de turno, por lo que sólo puede desarrollarse a través del cogobierno. Rechazamos la dependencia político partidaria al tiempo que la autonomía real exige la participación de todos los actores sociales.

Respecto al cogobierno, se entiende que es la forma de gobierno que garantiza la vigencia y validez de la autonomía, en tanto quienes integren los órganos directrices serán electos por los directamente involucrados, entendiéndose por ello: docentes, padres, estudiantes, funcionarios.

Se considera a su vez, que la ley deberá establecer los mecanismos de revocación de las autoridades.

Por tanto la Comisión entiende que la futura Ley de Educación, deberá integrar la autonomía como principio rector, materializado a través del cogobierno de toda la Educación Pública. Ambos aspectos, autonomía y cogobierno, son principios indisociables.

La posición mayoritaria de la comisión, considera que el conjunto de la educación no universitaria, debería ser asignado a un Consejo Directivo de Educación con diversos Consejos que tengan un grado de autonomía semejante al que actualmente tienen los Consejos de Facultad respecto al Consejo Directivo de la Universidad. Dicho Consejo Directivo deber estar integrado exclusivamente por representantes de los actuales sub-sistemas de ANEP, sin perjuicio de que se agreguen representantes de órganos deliberantes del conjunto del ente a semejanza de la Asamblea General del Claustro de la UdelaR.

Se planteó que se institucionalice el Congreso Nacional de Educación que tendrá como funciones la elaboración de las políticas educativas, su evaluación y balance. Debería ser convocado periódicamente y estar contemplado en la nueva ley.

Se plantea mayoritariamente la creación de un Consejo de Formación Docente, que tenga al menos el mismo grado de autonomía que el resto de los actuales desconcentrados de la ANEP, que contemple las funciones de enseñanza, investigación y extensión, consolidando de esta manera la tradición universitaria arraigada en nuestro país.

Creemos, tal como ya lo señalamos, que este Congreso constituyó un paso clave en la conformación de una nueva lógica de relación entre el individuo y la sociedad, en donde aquél se transforma en un constructor de las políticas educativas de ésta, recreando (o creando) un protagonismo en la conducción de los rumbos de la comunidad.

Profundizar esta brecha abierta a la lógica individualista y alienante de las políticas neoliberales, es un compromiso.

Y el seguimiento al proceso de elaboración de la Ley, otro. Corresponde el control sobre los poderes del Estado, hay que contrarrestar el discurso que habla de las resoluciones de este Congreso como “simples insumos (entre muchos otros) para la nueva Ley”. Revertir la trivialización de una experiencia de participación como la resultante de este Debate, es la tarea.

[1] Participante del Congreso en carácter de delegada por la Asamblea Territorial realizada en el IAVA los días 10, 18, 19 y 29 de agosto y 1° de setiembre de 2006.

[2] El Informe elaborado por la CODE consta de 2 partes, en una se sintetizan los aportes de las asambleas territoriales y en otra los aportes documentales. Puede consultarse en la página web del Debate Educativo, www.debateducativo.edu.uy

[3] Los discursos de apertura pueden consultarse también en www.debateducativo.edu.uy

[4] Sabemos que no en todas las Comisiones se presentaron estas dificultades, en muchas se trabajó de manera distendida pero creemos que dependió del tema y de la cantidad de integrantes. Sin duda la Comisión 15 resultó la más numerosa y la más compleja por las temáticas abordadas.