Estamos viviendo un tiempo nuevo  para los uruguayos y uruguayas. A dos años de la asunción del gobierno nacional  frenteamplista con mayorías parlamentarias y 8 intendencias  en todo el país, los desafíos son aún mayores. 

En torno a la implementación del programa frenteamplista se desarrolla hoy una lucha política y social por un nuevo proyecto de país donde está en juego el poder de las distintas fuerzas sociales. 

Los grandes ejes de dicho programa: Justicia Social, Desarrollo Productivo, Democratización de la Sociedad y el Estado, e  Integración Regional son los nudos centrales de esta pugna. 

Llevarlos a la practica no es un acto administrativo, sino una responsabilidad  ineludible del gobierno, pero también un proceso donde trabajan y luchan un conjunto de actores políticos y sociales.  Por ello, la organización y movilización popular juegan un papel esencial y el entramado de fuerzas sociales es protagonista fundamental.  Jerarquizamos por eso el rol de la fuerza política,  Frente Amplio, en el proceso que oriente, dirija y profundice a nivel programático las grandes líneas de acción política. El papel protagónico del FA tiene articulaciones con el rol del gobierno pero no está en la misma dimensión.  Las organizaciones sindicales y sociales actúan desde una autonomía necesaria y son independientes  de la fuerza política y del gobierno.

En el año 2007, estarán en juego reformas estructurales como la aprobación del Sistema Nacional de Salud, la elaboración de la ley de Educación, la implementación de la reforma tributaria, la elaboración del Plan de Equidad, la reforma del Estado y el desarrollo de políticas hacia un país productivo. Está también planteado el desafío de promover políticas culturales que tiendan al desarrollo de ciudadanía. Los contenidos de cada uno de estos grandes ejes  marcarán la vida del país por un periodo prolongado  y en torno a ellos se configurarán las pugnas de intereses y proyectos contrapuestos, las alianzas y confrontaciones. Son los retos del movimiento popular en su conjunto. La derecha económica, mediática y la coalición blanquicolorada desplazada estarán al acecho y el cumplimiento del programa del FA estará nuevamente a prueba.

Han habido avances importantes en el plano de los Derechos Humanos; en el funcionamiento de los Consejos de Salarios y la aprobación de la Ley de Fuero Sindical; en la formalización de una parte de los trabajos en negro; en las políticas  hacia el Sistema Nacional de Salud; en la  asignación de recursos  y el amplio proceso de discusión para culminar en una ley de educación y en la implementación de programas para paliar la situación de indigencia a través del Plan de Emergencia, entre muchos otros aspectos.

Por otro lado la política económica definida ha priorizado los compromisos de superávit fiscal, estableciendo limites importantes a la inversión social y productiva. En un contexto de buenos precios a los productos uruguayos, con un crecimiento muy importante del PBI, ha  faltado un proyecto de desarrollo  que incluya políticas sectoriales con prioridad en las áreas competitivas y con mayor generación de empleo digno. Siguen requiriéndose políticas activas de empleo, que hagan retroceder sustantivamente la desocupación, entre ellas el fomento del cooperativismo y, de las micro y pequeñas empresas. Los procesos de redistribución del ingreso a favor de los más perjudicados son todavía lentos en algunos casos e inexistentes en otros.

Importa analizar la relación de las estructuras estatales con el programa de cambios y también la relación del Estado con sus funcionarios y con los usuarios. El proyecto progresista sostiene la participación del trabajador público en la mejora de la gestión y promueve su compromiso con el servicio a la comunidad y con las transformaciones populares. Modificar décadas de experiencias contrarias a estos postulados requiere voluntad política clara, iniciativas y tenacidad. Necesitamos  discutir la relación que heredamos del Estado con la población y en particular con los sectores populares. La ajenidad o alienación del Estado en relación con la población, se traduce en escasos o nulos mecanismos de participación de los ciudadanos y más aún de los sectores populares, en relación con esos servicios. Sus opiniones no cuentan, no existen formas para que lleguen, para que interactúen entre sí y mucho menos a nivel nacional. Existe una opacidad en el funcionamiento del Estado, mucha  información pertinente no se registra, o si existe no circula, no se difunde y menos aún está vinculada a formas de participación y control.

De allí, la jerarquía que adquieren las formas de participación comunitaria que se van potenciando en áreas claves como la salud, la educación, la seguridad publica.  Los procesos de descentralización participativa que se iniciaron desde los ámbitos municipales  tienen la enorme posibilidad de ampliarse integrando las políticas nacionales. Desde el proyecto progresista se hace necesario avanzar hacia un modelo de gestión participativo y eficiente, con fijación de objetivos claros y planes de trabajo para alcanzarlos, con instancias de participación e involucramiento de los trabajadores. 

La democratización de la sociedad y el Estado son fines en sí mismos, objetivos y ejes estratégicos del programa frentista, y también medios para su aplicación en profundidad.

El incremento drástico y reciente de la pobreza y la indigencia, con fuerte predominio en la población infantil, es el fenómeno social más trascendente de las últimas décadas. Las acciones de gobierno con el Plan de Emergencia y ahora como Plan de Equidad son una nueva oportunidad para construir ciudadanía, para organizar redes sociales, para organizar al pueblo y no solo para asistir.

Reconocer los avances en el terreno de los DDHH, que por distintas acciones del gobierno y por la indoblegable acción de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, del PIT-CNT y otras organizaciones de derechos humanos, son un punto de partida para seguir resquebrajando la impunidad. Las mejoras en la legislación y la creciente sensibilización pública ante los crímenes de lesa humanidad y las rémoras de la doctrina de la seguridad nacional que siguen habitando en grandes sectores de las FFAA, crean condiciones inmejorables para profundizar la campaña nacional que se propone declarar nula la Ley de Caducidad. Ley que además de ser un oprobio y esperpento jurídico, es obstáculo para que la Verdad y la Justicia se desplieguen en toda su profundidad. Las informaciones que  expusieron ante la opinión pública la existencia de vuelos, bien identificados y en la que participaron orgánicamente, en suelo patrio,  las tres fuerzas militares, para hacer desaparecer a varios compatriotas, entre ellos 21 compañeros del PVP, exigen avanzar en la Investigación y en las acciones políticas, jurídicas y administrativas que esclarezcan estos crímenes. La V Conferencia del PVP ha encargado a su próxima dirección política analizar todos los caminos para la declaración de nulidad  de la Ley incluidos los mecanismos de democracia directa, como por ejemplo la reforma constitucional.

Como PVP, asumimos a cabalidad que somos parte del gobierno frenteamplista. Participamos activamente en la elaboración y definición del programa y ahora se trata de llevarlo a la práctica. Desde el gobierno, desde la fuerza política y también desde las fuerzas sociales. En función de ese compromiso, tenemos un punto de vista propio y crítico y aportamos desde ese posicionamiento, a la unidad del conjunto del FA y a la labor del gobierno. Apostamos todas  nuestras fuerzas a que podamos generar las transformaciones de fondo comprometidas en el programa frentista.

El PVP reafirma su condición de fuerza política frenteamplista con  profunda vocación obrera y popular.

Esto exige redoblar esfuerzos  para estar a la altura de las esperanzas de cambios, con sentido popular, democrático y nacional, de nuestro pueblo. El conjunto de Reformas que nos proponemos llevar adelante exige movilización popular, información permanente y comunicación política y social.

El PVP se propone comenzar a intercambiar con otras fuerzas frenteamplistas la pertinencia de la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente como una herramienta de movilización ciudadana que permita debatir el conjunto de problemas referidos a la reforma del Estado, la anulación de la Ley de Caducidad y las reformas que constituyan las banderas populares mas importantes.

Exige redoblar el compromiso y la participación en las organizaciones sindicales, en todas las organizaciones sociales tras de sus programas históricos. El desafío de construir redes sociales protagónicas en el marco de la acción local y comunitaria y que sean un instrumento para ayudar no solo a salir de la indigencia sino a crear conciencia y organización.

América Latina constituye hoy la región del mundo donde las corrientes de izquierda, populares y socialistas, no solo siguen existiendo sino que protagonizan experiencias de gobierno. Nos sentimos parte de esa gran corriente que encabeza la Cuba revolucionaria, con la que lleva adelante la Revolución Bolivariana con el Presidente Hugo Chavez a la cabeza y con los procesos populares de Bolivia, Brasil, Argentina, Ecuador y Nicaragua. Asumiendo las complejidades, avances y retrocesos pero convencidos de la necesidad de integración económica, social y fundamentalmente política de nuestros pueblos. Esto implica un posicionamiento internacional irrenunciable y que nos marca caminos de política internacional. Tanto a nivel de los gobiernos pero fundamentalmente a nivel de la unidad y solidaridad de las corrientes populares, de izquierda y revolucionarias de nuestra América.