En estos dos años de gobierno mucho se ha interpretado sobre la voluntad de los frenteamplistas en cuanto a la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado expresada en el IV Congreso Extraordinario del FA “Héctor Rodríguez”.  Algunos han dicho que no se podía anular la ley porque así lo había mandatado el Congreso. Los hechos suelen ser discutibles. Lo que está en blanco y negro, en un programa, no parecería admitir muchas interpretaciones. Es, como dijo el compañero Tabaré, “La Biblia” para los frenteamplistas.

¿Qué dice el documento  de “Grandes lineamientos programáticos para el gobierno 2005-2009” aprobado por dicho Congreso?

Dice: “...El gobierno progresista reafirma la posición  clara que las normas de tratado internacionales sobre derechos humanos, tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país. Mientras esto no se haya producido, debe quedar claro que no se obstaculizará de ninguna forma la acción del poder judicial como han hecho los últimos gobiernos de los partidos tradicionales, sino que por el contrario, se asegurarán todas sus potestades constitucionales”.

Esto es lo que ha venido cumpliendo el gobierno frenteamplista. Con éxito y avances en resquebrajar la impunidad. Resultado del cumplimiento del programa, ha demostrado que se podía encarcelar a los criminales de lesa humanidad. También ha actualizado la legislación interna adecuándola a la legislación internacional, a través de la Ley que implementa la Corte Penal Internacional y que además tipifica los delitos de tortura y de desaparición forzada.

Sin embargo, ¿podemos decir que ésta adecuación de nuestra legislación interna a los tratados internacionales es completa mientras subsista la Ley de Caducidad?

No. Por supuesto que no. Porque como sostienen excelentes juristas y todas las organizaciones de derechos humanos de nuestro país,  la ley es inconstitucional, al no respetar la independencia de los tres poderes del Estado. Porque está en contra de las normas jus cogens o de derecho internacional general y de tratados ratificados por nuestro país. Porque los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no susceptibles a indulto o amnistía. Tanto que, como ha demostrado nuestro gobierno, esa ley solo podía garantizar la impunidad al amparo de la lectura ilegal  de los gobiernos de derecha.

Hoy. Con algunos criminales de lesa humanidad presos, con la caducidad caduca, resulta incomprensible que mantengamos una ley que no sirve para lo que fue creada.

Menos comprensible resulta que la derecha pueda desear mantener una ley, que a esta altura, lo único que puede garantizar es que los militares, luego de cumplir sus penas en nuestro país, deban ser extraditados para ser juzgados en el exterior  por causas que, en el marco de la Ley de Caducidad, fueron archivadas en nuestro país.

En ninguna parte los frenteamplistas se comprometen a mantener la ley como forzadamente han dicho algunos. El programa afirma que,  se deberán agotar  “los medios para el pleno cumplimiento de lo establecido en el Art. 4 de la Ley de Impunidad que expresamente obliga al esclarecimiento de las desapariciones”. (Del Art. 4, no de la ley). Y debe entenderse, mientras no se haya adecuado la legislación. Compromiso que asume en el mismo capítulo.

También es cierto que durante el Congreso, se puso en consideración en forma expresa la moción de anular las leyes que contravinieran las normas internacionales y que ésta no alcanzó los votos necesarios para ser incluida en el programa. Pero, es importante señalar, que tampoco alcanzó los votos necesarios la moción contraria, o sea la de no anular.

Algunos aspectos de ese debate son ahora anacrónicos. Se esgrimieron en la discusión argumentos que hoy ya no son válidos. Por ejemplo, uno que peso y mucho, no se quiso que la impunidad pudiera convertirse en el eje de la contienda electoral.

Lejos ya de esa circunstancia, superados inteligentemente por nuestro gobierno los grandes escollos que existían para avanzar en el terreno de los derechos humanos, (por ejemplo el sometimiento de los militares al poder civil) el cumplimiento de nuestro programa en esa materia estará rengo mientras no se haya realizado una completa adecuación de nuestra legislación interna a las normas internacionales. Es una decisión política. De la fuerza política Frente Amplio que debe mirar al mediano y largo plazo y acumular  fuerzas democráticas y populares sobre la base de una juridicidad moderna. Que en el mundo de hoy se expresa en el fiel cumplimiento de las convenciones internacionales referidas a los crímenes de lesa humanidad. Hace a un problema ético, jurídico, político y de inserción internacional. Y así lo recoge nuestro Programa.

Sin lugar a dudas, el debate de si corresponde anular o no anular esa ley vergonzosa, lejos de pertenecer al pasado aún está abierto, pendiente y es de urgente decisión.

Montevideo, 16/3/07