Pablo Chargoña:

"Uruguay debe terminar con la cultura de la impunidad"

"Hasta ahora no hemos encontrado de parte del Poder Ejecutivo una investigación a fondo que nos permita saber concretamente si estamos en presencia de oficiales que quieren superar el pasado de la Doctrina de la Seguridad Nacional o no", dijo el abogado de la familia de Washington Barrios.
Como se sabe, por este caso, han desfilado varios represores, torturadores y asesinos por el Juzgado de Misiones y 25 de Mayo
En esta entrevista, el doctor Pablo Chargoña habla sobre la necesidad de anular la Ley de Caducidad, la situación hoy de los represores y los alcances de la Justicia.
También cuestiona los zigzaguees y matices de varios gobernantes en un tema que considera de principios
Los militares que están involucrados en desapariciones, en violaciones a los Derechos Humanos están declarando ante los juzgados. Nuestro compañero Diego Martínez habló sobre este tema con el Dr. Pablo Chargoña, que es el abogado de la familia de
Washington Barrios, caso por el cual han desfilado en los últimos días varios cóndores uruguayos ante el Juzgado Penal de 19 Turno.

- ¿Cómo definir la etapa actual respecto a la comparecencia de violadores de DDHH ante la Justicia?

- Estamos en una primera etapa, está todo por hacerse en realidad, se está comenzando, tratando de dejar atrás 20 años de una impunidad cerrada, que fue provocada no sólo por la Ley de caducidad sino por decisiones políticas muy cerradas y consistentes durante muchos años. Y la justicia es un valor irrenunciable.
¿Por qué se reclama cárcel para los represores y los violadores de los derechos humanos? Porque de otra manera no se afirma el valor de los derechos humanos. Si el mensaje es que el peor criminal, el terrorista de Estado, el que utiliza la impunidad de su condición de agente estatal queda sin castigo, entonces el mensaje es: el delito se puede cometer desde el poder. Eso constituye una grave falta, error, defecto, pecado de las sociedades democráticas.
Entonces, ninguna sociedad puede renunciar al valor de la justicia que, por otra parte la verdad-y la justicia son dos elementos ligados, no es posible lo uno sin lo otro. Se nos hizo creer durante mucho tiempo que era posible renunciar a la justicia, obtener alguna parte de la verdad, pero eso no es así.

- Hoy hay un gobierno que siempre tuvo un discurso de protección a los DDHH y de condena a quienes los violaron; y se esperaban acciones, decisiones políticas para que los implicados fueran llevados ante la Justicia. ¿Existe ese compromiso en el gobierno progresista, sobre todo teniendo en cuenta que no se avanza en la anulación de la ley de Caducidad?

- Del punto de vista de la protección de los Derechos Humanos hay que ser claros,, no se puede actuar considerando estrategias de neutralización, de opiniones contrarias de los militares por ejemplo. Eso no le sirve a la protección de los Derechos Humanos.
Con esto quiero decir que si bien hay algunos aspectos favorables, notoriamente la localización de los restos de los desaparecidos, si uno analiza lo que debe hacer el Estado, también en esa materia está todo por hacer.
Por ejemplo: El Estado uruguayo, el Poder Ejecutivo, no tiene solamente la obligación de localizar restos humanos, tiene la obligación de investigar y no es lo mismo.
A mi entender esa investigación está pendiente, porque la investigación supone explicar porqué estaba Chaves Sosa donde lo encontraron, porqué estaba Fernando Miranda donde lo encontraron.
Y ese "porqué" implica la individualización de los responsables, situación que desde el Poder Ejecutivo sigue pendiente.
No lo hizo, por cierto que ninguna de las administraciones de Sanguinetti, ninguna de la administración de Laca-lle, tampoco, la Comisión para la Paz -en la administración de Batlle- que no individualizó ningún responsable. Al punto que fue curioso porque algunos de los informes de la Comisión para la Paz hablaban de la OCOA, utilizando la sigla, ni siquiera desarrollaban, el Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas.

¿No tenían nombres? ¿No había represores en el informe de la Comisión para la Paz? No, no los había.
Había nombres de las víctimas pero no de victimarios.
Y en los informes del Poder Ejecutivo actual, que básicamente consisten en haberle encomendado a los Comandantes en Jefe que ampliaran el informe de la Comisión para la Paz, siguen sin aparecer esos nombres.
Cuando el entonces comandante Ángel Bertolotti dice donde supuestamente está la tumba de María Claudia García de Gelman -que no está- no aparecen tampoco los nombres, la individualización de los responsables.
¿Es posible creer que ésta es una investigación administrativa? No. Sin individualización no hay verdad histórica, no hay verdad material. No se conoce desde el trabajo del Poder Ejecutivo lo que ocurrió en la época del terrorismo de Estado. Entonces, en ese sentido está faltando. Pero en el otro Poder del Estado, en el sentido del Poder Legislativo, también está faltando. Por ejemplo, ¿la Ley de Caducidad tiene que estar vigente? Los organismos internacionales dicen que es incompatible con el Pacto de San José de Costa Rica, entonces ¿qué tiene que hacer el legislador uruguayo? Compatibilizar la legislación interna al derecho internacional de protección de los Derechos Humanos y eso pasa por anular la ley de caducidad.

- Usted habla de anular, pero hay voceros del gobierno que hablan de interpretar la Ley de Caducidad. ¿Podría explicar la diferencia entre uno y otra opción?

- Desde el punto de vista práctico -lo digo como abogado denunciante en causa de los derechos humanos- la interpretación no me sirve absolutamente para nada, porque voy a tener en algunos casos a un fiscal como (Ricardo) Moller que se va a afirmar en la noción de cosa juzgada, como lo ha hecho en el caso Gelman.
Necesitamos también desde el punto de vista práctico, forense, que al sistema judicial le llegue el mensaje del Poder Legislativo de que la Ley de Caducidad se refuta inválida y que no puede ser aplicada. De lo contrario vamos a tener enormes dificultades.

- Si se anula, ¿se desecharían todos los juicios amparados por esa Ley de Caducidad?

- Lo que pasa es que el concepto jurídico de anulación supone la desaparición del acto que se anula, el acto legislativo en este caso. La Ley de Caducidad se entendería no válida desde su origen, por lo tanto ese tipo de argumentaciones no serían posibles de tener éxito.
Que alguien lo pudiera presentar, bueno, sí; siempre alguien puede presentar argumentos, desde los oficiales nazis que iban contra el tribunal de Nüremberg sosteniendo que eran inválidos los argumentos para su juzgamiento, hasta lo de Pinochet. Siempre va a haber argumentos del otro lado.
Pero, del lado de la promoción de los derechos humanos más eficaz, tenemos que ver no sólo las formas más prácticas para llegar a un determinado resultado sino cuáles son las formas más adecuadas y más ajustadas al derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no le está diciendo al Estado uruguayo "interprete la Ley de Caducidad". Le está diciendo que la vigencia de la Ley de Caducidad es incompatible con el derecho de los familiares de acceder a la justicia.
No está diciendo interprétela de cierta manera, restringida. Está diciendo sáquela del ordenamiento jurídico positivo, como se lo dice al Estado uruguayo se lo dijo al Estado argentino que anuló las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida; y se lo dice a todos los Estados que en los períodos post-autoritarios aprobaron leyes, como califica la Comisión Interamericana, de autoamnistía, es decir, provocada por el propio violador de los derechos humanos presionando para que el delito no sea castigado.

- ¿Por qué se dan este tipo de contradicciones en los discursos en el gobierno? Porque por un lado se habla de llevar a la justicia a los culpables y por otro, no se quiere anular la Ley ¿Qué hay detrás de esto?

- Se le podría preguntar a quien tiene la posición zigzagueante o dudosa en la materia.
Una especulación posible es que se intenta neutralizar ciertos reclamos a la interna militar que no ha sido superada como se pretende.
En primer lugar, el .transcurso del tiempo no depura a las FFAA en ningún país, al contrario. Sólo con el transcurso del tiempo, observando que las carreras administrativas, que las carreras funcionales no han tenido la menor sombra....
Consúltese el legajo funcional del teniente coronel José Gavazzo, no tiene mancha ninguna, del punto de vista administrativo ha sido premiado por una carrera brillante.
El solo paso del tiempo no resuelve estos temas.
Si uno lo coteja con algunas medidas adoptadas por el gobierno de Néstor Kirchner, que puede ser discutido por muchos lados, pero hubo depuración de las FFAA, en el Estado uruguayo eso está pendiente.
Hay algunos nombramientos discutidos por tratarse de personas con antecedentes de violación a los Derechos Humanos que no han tenido ningún tratamiento adecuado en ese sentido.
Entonces, una especulación posible viene por ese lado, de neutralizar cierta resistencia a la interna militar que no ha desaparecido, como se pretende.
Además, siempre hay que poner el alerta en la posibilidad de una estrategia de lo que se llama el emblematismo, por lo. menos los chilenos le dicen así. Es decir, abrir determinados casos emblemáticos, especialmente sensibles para la opinión pública y de esa manera evitar que se abran compuertas más amplias.
Eso sería caer en una trampa, en la que no se debe caer.

- ¿Hoy las autoridades de las FFAA tienen antecedentes de este tipo? Por ejemplo, se sabe que Enrique Bonelli -incluso lo reconoció- fue copiloto en los vuelos de la muerte; la pregunta sería ¿los jerarcas castrenses tienen en el legajo de su carrera militar incluida la actuación en la dictadura?

- Y bueno, volvemos al mismo punto. La cuestión es ver si se está dispuesto a investigar y analizar concretamente los antecedentes de los oficiales. Hasta ahora no hemos encontrado de parte del Poder Ejecutivo una investigación a fondo que nos permita saber concretamente si estamos en presencia de oficiales que quieren superar el pasado de la Doctrina de la Seguridad Nacional o no.
Los mensajes hasta ahora no son ni siquiera de la doctrina Balza, comandante en jefe del ejército argentino que pidió disculpas, ni siquiera eso.
Estamos en un terreno muy primario, que no nos da, por lo menos yo no suscribo cierto optimismo facilongo, en el sentido de considerar que la oficialidad nueva ha superado su pasado tenebroso, yo no encuentro datos para eso.

- Le cambio el eje de la nota, hablemos de los hechos en sí. ¿Qué fue la OCOA, de qué manera se movilizaban los militares, como reprimían, como eran los métodos de tortura, quiénes eran los represores?

- Más que nombres me parece importante rescatar que la verdadera justicia debe servir para descubrir cómo un Estado puede transformarse en lo que jurídicamente debería ser, garante de los derechos de los ciudadanos, en una organización criminal. En eso se transformó el Estado uruguayo, y en ese sentido tiene que quedar claro que eso no ocurrió a partir del golpe de Estado, sino que se fue dando un proceso de Medidas Prontas de Seguridad, de Ley de Seguridad del Estado, de utilización de instrumentos de aparatos represivos del Estado para intervenir en el conflicto social.
Me gusta que haya un lema, como vimos en el entierro de Chaves Sosa, "Los desaparecidos no son inocentes, sino culpables de pretender un mundo mejor". Tiene que quedar claro que todo el proceso de construcción de la dictadura cívico-militar, de Doctrina de Seguridad nacional, tuvo una entonación y una motivación clasista. Ocurrió la usurpación del poder por parte de las FFAA a solicitud del poder económico.
El golpe de Estado, mientras era resistido por la clase trabajadora en la huelga general, era aplaudido por las clases empresariales. Esto que no se pierda de vista, porque la institución Fuerzas Armadas fue utilizada para definir un conflicto de los trabajadores que pretendían un cambio real, antiimperialista, anticapitalista y que se los hizo desaparecer.
Hubo una generación de militantes activos, los más claros exponentes del pensamiento revolucionario que fueron desaparecidos, que fueron ejecutados y que fueron torturados sistemáticamente.
Ese abordaje suele no utilizarse, precisamente porque hay una pedagogía de estos años post dictadura que' consisten en sostener que hubo -alimentando la teoría de los dos demonios- un enfrenta-miento entre dos fuerzas, equiparadas en las armas lo que sin dudas no es así.
Las FFAA fueron utilizadas por las clases empresariales, por el poder económico, por la embajada norteamericana que tuvo su incidencia -la Operación Cóndor es eso, la coordinación de las dictaduras del Conosur con sus distintas fases, de atacar a dirigentes del gobierno, del derrocado gobierno de Salvador Allende, del asesinato de Zel-mar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz o de Orlando Letelier en Washington-.
Es decir, la utilización del instrumento Organización de Coordinación de Operaciones Antisubversivas con las Fuerzas Conjuntas -FFAA, policía, etc.- sin respeto de las fronteras y sin que hubiera ningún contrapeso al ejercicio criminal -y esto es importante- sin que hubiera Poder Judicial, prensa independiente, sin que hubiera resistencia de ninguna instancia.
Eso lo que hace es sostener que este tipo de crímenes -la desaparición forzada, la ejecución, la tortura- al cometerse en el marco de la más absoluta impunidad, desde la agencia del Estado, desde la función estatal, constituyen los crímenes más graves que se pueden cometer.
Por eso, estos crímenes no pueden quedar sin castigo.

- Las organizaciones de DDHH que pelean por Justicia, tienen datos y denuncian hechos. ¿Qué puede informarse hoy sobre las personas que tenían mando en ese momento?

- Se puede saber que Gavazzo, Cordero, Silveira, Arab y otros funcionarios por cierto que en contacto directo con la víctima, pero también hay otros funcionarios que jamás tuvieron contacto directo con la víctima, formaban parte de esta operación de represión generalizada y sistemática.
Por cierto son responsables quienes no son militares como Juan María Bordaberry o Juan Carlos Blanco, son responsables los que integraban la cúpula cívica de esa dictadura, responsabilidad que tiene que quedar claro, existe toda vez que precisamente se cometen delitos desde el aparato estatal. El desarrollo del Derecho Penal en esta materia, utiliza el concepto de "criminalidad de escritorio", en un desarrollo elaborado a partir del análisis de los delitos del nazismo, precisamente. Cómo es posible que alguien que jamás abrió la llave de gas de las cámaras de gas pueda ser responsable, pero puede ser responsable precisamente porque precisamente tuvo una posición de organización y que utilizó a esos funcionarios que mencionamos siempre -los Gavazzo, los Cordero, los Silveira- como brazo ejecutor. En esa posición están muchos funcionarios civiles que en la medida en que la Justicia utiliza este tipo de conceptos, no considere que se trate de delitos comunes, aislados, sino que son delitos cometidos a través del aparato burocrático de poder, que se transforma en organización criminal, la responsabilidad no recaerá solamente sobre el que detuvo, torturó o ejecutó personalmente; sino sobre aquel que ordenó o aquel que toleró en conocimiento de que estas cosas ocurrían.
Notoriamente este el caso de Juan Carlos Blanco que su defensa es "yo no conocía la víctima", pero esos argumentos no pueden pasar el análisis más elemental en cuanto dada su posición institucional, le era muy conocido y muy claro porque le venían a su despacho denuncias de los organismos internacionales respecto a que en este país se torturaba y se hacían desparecer personas.

- ¿Hoy la ley ampara o protege a los represores? Me refiero sobre todo al impresionante dispositivo policial que le ponen en estos días cuando tienen que ir a declarar.

- Este es un ejemplo claro de que la Ley de Caducidad si bien tiene que ser anulada, no es la explicación de todas las cosas.
En ese caso concreto las Ley de Caducidad no se aplica pro que el Poder Ejecutivo ya resolvió que no se aplica; sin embargo ocurren esas cosas.
Por eso decimos que además de la ley, hay una cultura de la impunidad que es otra cosa distinta y muy grave por cierto. Cordero prófugo de la Justicia por un delito que no tiene vinculación con la violación de DDHH durante la dictadura, se desacató ante el juez Balcaldi en un proceso por delito de prensa (declaraciones al semanario Búsqueda hace unos años); se le escapó de sus narices al Poder Judicial y sin embargo no se cerraron las fronteras, o si cerraron eran fronteras muy permeables.
Entonces, como decía, no es responsabilidad de todo la Ley de Caducidad, sino que hubo una construcción de muchos años de amparo, olvido, de hacerse los distraídos y mirar para otro lado, en el que hay muchos funcionarios de la democracia post dictadura que deberían hacerse responsables.

- Hay ministros, legisladores, etc. que fueron víctimas en la dictadura y ocupan hoy cargos de decisión, pero sin embargo, por ejemplo Eleuterio Fernández Huidobro sale a defender a Bonelli; y hay otros casos similares que amparan y defienden a las FFAA. ¿Cómo se entiende eso? Y por otro lado, ¿qué cosas podría hacer la prensa para echar luz a todo esto?

- Porque moderan o matizan sus posiciones, es una buena pregunta para que se les haga a ellos mismos, y ahí reúno a las dos preguntas. Porque la prensa podría preguntar eso, porqué razón al adoptar decisiones de gobierno se moderan en estos temas.
A mi me parece que es una cuestión de principios, no de especulación, y por eso me parece esencial que se de ese mensaje de castigo, de cárcel a todos los responsables de violación de los DDHH.
Poner un matiz es algo gravísimo, porque se le dice a la sociedad que mañana estas cosas pueden ocurrir que se les va a perdonar, siempre y cuando el crimen venga del poder.
Habrá que preguntarle a algunos dirigentes del gobierno por qué miran para el costado, porque me parece que este tema es esencial y es un tema de futuro, no es aquello que decía Sanguinetti de tener los ojos en la nuca.
Pero además, ayer alguien me dijo: "yo no era del MLN, sino que era Tupamaro. A mi me molieron a palos, el pajarito Silveira me dijo que no iba a poder tener hijos nunca más, entonces que nadie me venga a decir, ninguno de mis ex compañeros tampoco, que yo tengo que perdonar porque este tipo de cosas que se hicieron no pueden ser perdonadas".
Entonces por eso digo, hay posiciones y posiciones.

Tomado de La Juventud, 23/03/2006.

PVP - Partido por la Victoria del Pueblo - Frente Amplio - Uruguay