Cambiar o perecer

Escribe: ANDRES FIGARI

En contra de lo que indicarían las últimas noticias provenientes del sector agropecuario, con las que hasta el último momento, el gobierno que se fue, nos quiso convencer de su buena gestión, el nuevo equipo designado deberá enfrentar una situación realmente grave. Dejando de lado lo de extrema urgencia, como son el problema del endeudamiento productivo y el drama de miles de familias de trabajadores rurales hundidos en la miseria, basta comparar las cifras de los censos agropecuarios de los años 1970-2000, para percatarse que 30 años de un modelo productivo combinado con neoliberalismo han dejado su huella.

Los 20.000 establecimientos y 128.000 pobladores desaparecidos entre un período y otro, en un país que nunca se caracterizó por la superabundancia de ninguno, son índices que ponen de manifiesto una de los mayores cataclismos económico-sociales que ha sufrido el país durante estos años, y que por diversas causas ha pasado relativamente desapercibido para la mayoría de los uruguayos, excepto para aquellos que han debido padecerlo en carne propia: los trabajadores rurales asalariados y los productores familiares.

Estos números ya de por sí elocuentes, resultan impactantes cuando se los convierte en porcentajes. En solo treinta años, una cuarta parte de los establecimientos y el 40% de los pobladores rurales desaparecieron del sector, dejando como saldo tragedias humanas, campos despoblados y pérdidas culturales incalculables, en una de las mayores transformaciones que ha tenido que padecer el Uruguay rural en toda su historia. Si a esto se le agrega una considerable concentración - extranjerización de la tierra bajo el régimen de Sociedades Anónimas, se está ante una verdadera contra reforma agraria de la que poco se habla, pero que el nuevo gobierno deberá enfrentar desde el arranque.

Pero esto no ha sido fruto de la casualidad. Quien no conoce el país podría atribuir este éxodo a algún fenómeno natural o a la explosiva demanda de empleos en otros sectores de la economía; pero nosotros, no podemos engañarnos.

Sabemos que el despoblamiento sistemático de la campaña, al que se le debe sumar la marginación social de buena parte de los que se fueron y la superexplotacion de muchos de los que se quedaron, no es atribuible a ninguna de esas causas que quizás podrían servirnos de consuelo.

Ellas son consecuencia de un modelo productivo, de una orientación económica y de un régimen jurídico, cuyos efectos combinados se suceden con tanta necesidad como al rayo lo sigue el trueno.

Un modelo productivo esencialmente orientado a la exportación de carne, lana, arroz, soja y más recientemente madera, que depende de la rentabilidad para reproducirse y cuando no utiliza la gran extensión territorial, supone la aplicación de paquetes tecnológicos que incluyen financiamiento externo, la mecanización en gran escala, el uso creciente de agrotóxicos, y en todos los casos, salarios de hambre, como condiciones básicas para conseguirla.

Este modelo dominante, con precios internacionales deprimidos, más la desprotección total a la producción destinada al mercado interno, en el marco de una legislación que permite la compra innominada de tierras con fines especulativos, es lo que ha llevado a la creciente concentración y extranjerización de la propiedad del suelo por un lado y a la expulsión de miles de productores por el otro, sin que tan siquiera un aumento en la producción física equiparara tanto desastre.

Porque cuando se comparan los volúmenes de producción de 1970 con los del 2000, si bien no se puede dejar de advertir el crecimiento que han experimentado algunos rubros (arroz, madera, lácteos, cítricos,) tampoco pasa desapercibido que si permutamos las ovejas que había por las vacas que hay, el subsector ganadero (el 80% del territorio) es prácticamente el mismo desde hace 30 años, con la única diferencia que ahora existen varios miles de establecimientos menos que en aquel entonces y los jornales rondan los 80 pesos.

Por lo tanto el dilema que el nuevo equipo de gobierno (en el MGAP, INC) deberá enfrentar es: o le pone fin a esta auténtica contrarreforma agraria o corremos serios riesgos de terminar como una "republiqueta ganadera" con un territorio vacío en manos de sociedades anónimas extranjeras y a los uruguayos como sus empleados. Como dijo el paisano: "No va a ser changa".

Tomado de La República, 10/3/05

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