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Partido por la Victoria del Pueblo ANULAR LA LEY DE IMPUNIDAD

 

 

 

Amenazas asimétricas y militarización en América Latina

Escribe: Adriana Rossi

La caída del Muro de Berlín y el posterior derrumbe de la Unión Soviética marcaron el fin de una era de confrontación y de equilibrios fundados en la proliferación de armas nucleares y la amenazante posibilidad de un holocausto a nivel planetario. Terminó la Guerra Fría, que para algunos pueblos no fue tan fría, ya que las dos superpotencias, cada una con su modelo económico, político y de sociedad a imponer, medían fuerzas y trataban de avanzar en desmedro del contrincante en reales guerras con sus muertos, sus heridos y su destrucción en escenarios lejanos de Europa y de Norteamérica. Triunfó el capitalismo y con ello los EE.UU. en el rol de potencia hegemónica dispuesta a defender su liderazgo mundial y afianzar o imponer principios considerados como valores universales a aplicarse apelando a su poder económico y a la fuerza más que a la diplomacia.

Estos principios son la paz, la prosperidad y la libertad entendidas de forma excluyente como excluyentes son las modalidades y los medios para llegar a su concreción. La paz resulta por tanto ser “paz americana”[i], estable, duradera. La prosperidad se visualiza en un crecimiento económico extendido, mientras la libertad se convierte en sinónimo de democracia, de libertades políticas individuales y civiles y sobre todo en el equivalente a libre mercado. En su conjunto éstas serían las garantías de un proceso global, concebido en términos de seguridad. Y de  esta seguridad los Estados Unidos se erigen como garantes a nivel internacional y para lo cual el país tiene que estar preparado y adecuarse a esta responsabilidad autoasumida.

El escenario a comienzos de los años 90 no podía ser más que favorable. Estados Unidos no debían enfrentar un gran poder rival, países poderosos y democráticos se encontraban entre sus aliados, algunos incondicionales, aunque otros no siempre confiables y otros más reticentes, y los principios a difundir, sostener y defender eran de alguna forma aceptados en el mundo, entendiendo por mundo, el de los negocios, el de la mayoría de los gobiernos y el de parte de la población que en muchos países creyó en la promesa de mejores épocas. Sin embargo la paz ansiada no llegó y los conflictos se multiplicaron hasta dentro del corazón de Europa, ni llegó la prosperidad para todo el mundo como lo demuestran las estadísticas mundiales de la pobreza y la exclusión en aumento y las crisis devastadoras que enfrentaron y enfrentan muchos países, y las libertades corren serios peligros por políticas preventivas que se están trasformando en represivas.  La implementación de un Nuevo Orden, que cada vez se parece más a un caos para eliminar el cual no se elaboran políticas a largo plazo, sino medidas tendiente a su administración[ii], no ha significado la desaparición de situaciones adversas, simplemente han cambiado los enemigos, han cambiado los peligros, han cambiado las amenazas.

Amenazas asimétricas

Desaparecido el “gran enemigo” encarnado en el llamado comunismo internacional, el status quo se encuentra expuesto a amenazas totalmente novedosas,  disímiles y no tradicionales.  Si bien en distintas parte del planeta existen en la actualidad amenazas interestatales por diferendos limítrofes, donde entran en juego los Estados soberanos como actores principales de posibles conflictos, hoy los peligros proceden según los hacedores de la política estadounidense, de actores no convencionales a los cuales bien pueden sumarse algunos Estados, los que responden a tipologías específicas, los Estados “canallas” y los Estados “fallidos”[iii].

Pertenecerían a la categoría de “canallas” aquellos con régimen dictatoriales o pseudo-democráticos, donde el gobierno electo mediante elecciones libres ejerce un poder quasi absoluto a través de presiones hacia el parlamento e infiltrando el poder judicial, aunque mantenga las formalidades democráticas. Son Estados cuyos gobiernos no respetan los Derechos Humanos y representan un peligro para los países vecinos y hasta para la humanidad, máxima cuando tienen o se supone que tienen en su poder armas bacteriológicas, químicas o nucleares. Engrosan o engrosaban la lista de los “canallas”, países como el Irak de Saddam Hussein, Irán, Siria, Corea del Norte, Cuba y Venezuela en el continente latinoamericano, que conformarían en palabras de Bush, el “eje del mal”, heredero de aquel “imperio del mal” de reaganiana memoria.

Los Estados “fallidos” en cambio serían en definitiva los países que no pueden administrarse por sí solos, donde la soberanía del Estado se ve amenazada por procesos sociales y políticos de disgregación que pueden llegar hasta el desmembramiento de la unidad estatal, o países cuyas debacle financieras los están llevando al borde del fracaso y que en su conjunto representan un terreno favorable para albergar las otras amenazas, las representadas por los actores no convencionales.

Estos son agentes no estatales con características predominantemente transnacionales que representan un peligro en sí mismos y que dan lugar a actividades o fenómenos que se constituyen en amenazas para gobiernos, sociedades y equilibrios regionales, como el terrorismo internacional, el crimen organizado, el tráfico de armas sobre todo de destrucción masiva, los movimientos sociales, el fundamentalismo islámico, las migraciones internacionales a los que se añaden las alteraciones del medio ambiente y  los llamados “espacios vacíos" donde el Estado ha perdido o nunca ha ejercido su soberanía.

Este conjunto de enemigos, peligros y amenazas[iv] entremezclados en los listados generan una especie de “pastiche” conceptual, altamente peligroso si se considera que el acento recae, y no casualmente, sobre las amenazas, más que sobre los que las provocan. La percepción de las amenazas como tales impulsa necesariamente medidas para neutralizarlas antes de que se conviertan en un peligro real, fáctico, con lo cual la intervención se justifica ampliamente, antes de que éstos se manifiesten. Los enemigos que están detrás de las amenazas, los agentes que en este caso persiguen la destrucción de los principios y de los valores propugnados por Estados Unidos y sus aliados, quedan en la indefinición. Las imprecisiones respecto de los “amenazantes” permiten una aplicación arbitraria, generalizada y extensiva de la categoría “enemigo” a la hora de identificarlo.

El universo de las amenazas es fragmentado. Estas son presentadas como diferentes entre sí, pero con la posibilidad de que los “amenazantes” puedan establecer alianzas entre ellos. Pueden manifestarse en cualquier sitio del mundo convirtiendo al planeta en un lugar inseguro y caótico. Son amenazas asimétricas donde la asimetría está en el desequilibrio entre su capacidad ofensiva o defensiva -dependiendo del punto de vista del que se lo mire- y el poderío aplastante con el que se enfrentan en su desafío, legítimo o ilegítimo, legal o ilegal, a este Nuevo Orden mundial bajo tutelaje estadounidense. Cualesquiera sean sus naturalezas, sus estrategias, metodologías y modus operandi, todas comparten características específicas: vuelven ineficaz un aparato militar tradicional y obsoleto el viejo concepto de defensa relacionada con el territorio y la soberanía estatal haciéndola derivar hacia la noción de seguridad.

Y es sobre este concepto de seguridad que se elabora una nueva doctrina militar  concebida en función de determinados intereses a defender. Los primeros son aquellos que hacen referencia a asegurar el predominio estadounidense basado entre otros, en un modelo energético-industrial, que ha llevado a los EE.UU. a ser la más poderosa potencia económico-financiera, cuyas necesidades deben ser satisfechas y cuyos intereses vitales deben ser protegidos y defendidos estén donde estén, se encuentren donde se encuentren dentro y fuera de las fronteras nacionales, con o sin aliados, con o sin el apoyo de organismos internacionales como la ONU[v]. Otros en cambio apuntan a la necesidad de detener, anticipándose al futuro, aunque hasta ahora desconocido, gran enemigo que puede escudarse detrás de las amenazas, para que no llegue a serlo. Todo esto se supone en función de mantener intacta la capacidad de liderazgo estadounidense en un enfrentamiento entre el bien y el mal, so pena de ver destruida la esencia misma de nuestra civilización.

Para ello fundamental es plantearse una revolución en los asuntos militares, con incorporación de nueva tecnología. Las Fuerzas Armadas que parecían haber perdido su objetivo principal, el de contener y enfrentarse al gran enemigo, vieron renacer su prestigio y fueron investidas de una nueva misión acorde a la modificación del escenario mundial. Si bien la defensa de la patria, mediante el aumento del poderío disuasivo y la formación de un escudo protector sigue más relacionada con la defensa clásica, a pesar de las innovaciones tecnológicas, nuevos son los desafíos que se plantean.

Dada la naturaleza de las amenazas y la posibilidad de que se manifiesten en el lugar que sea, las guerras pueden llegar a ser múltiples y simultáneas. Esto significa la necesidad de nuevas estrategias, como la del despliegue rápido que permite, por lo menos en teoría, un inmediato éxito y una pronta retirada[vi]. A todo esto hay que añadir que la defensa de los intereses y el mantenimiento de la seguridad pueden darse además si se garantizan misiones a largo plazo o una presencia constante aunque no masiva de personal fijo, rotativo en zonas consideradas estratégicas, con funciones de control definido policial.

Estas construcciones conceptuales son producto de análisis de los distintos escenarios considerados fundamentales para los Estados Unidos: Europa donde es necesario preservar el equilibrio, Medio Oriente y Asia donde, además de encontrarse grandes fuentes de energía cuyo suministro es básico para la economía estadounidense, existen focos de inestabilidad y Estados vinculados a las amenazas no convencionales en especial terrorismo y crimen organizado. Junto con ellos suscita la preocupación de Washington el que podríamos definir el fantasma que viene del futuro, la China en plena expansión hacia una economía de mercado.

No se pensó en América Latina, recién aparecida y sólo parcialmente en los documentos oficiales en el 2002, que representa un supuesto escenario donde las amenazas asimétricas se encontrarían instaladas, algunas inclusive antes de que fueran consideradas o etiquetadas como tales. Estas han dado lugar a las respuestas que hoy se plantean para el mundo y que fueron dadas a conocer a la opinión pública recién después del 11 de Septiembre del 2001, aunque los primeros atisbos se produjeran por los años 80 mientras su acabada elaboración, revisión y profundización fue llevada a cabo a lo largo de la década de los 90 y los inicios de este milenio, por el ala más conservadora del partido republicano, hoy parte del gobierno de George W. Bush[vii].

El narcotráfico. Evolución de un concepto

La primera amenaza  en aparecer, aunque no se la definiera de esta forma, fue el narcotráfico, hoy en día asimilado a veces al crimen organizado o directamente catalogado como fenómeno en sí bajo la denominación de narcoactividades. Apareció en los 60, sin embargo la atención norteamericana empezó a centrarse en el fenómeno en los primeros años de la década de los 70. Década muy dura para América Latina, años oscuros de dictaduras militares -implantadas en función de despejar el terreno en aras de la construcción del Nuevo Orden en el cual hoy vivimos-, con el beneplácito y la ayuda de Washington, como lo demuestran los informes declasificados del departamento de Estado de EE.UU. Fueron los años cruentos de los muertos y de los desaparecidos por una maquinaria que aplicaba al pie de la letra la doctrina de seguridad nacional made in USA, país éste donde se formaban y recibían entrenamiento en la tristemente famosa Escuela de las Américas, los dictadores que se mancharon de crímenes de lesa humanidad. Eran los años en los que el llamado peligro comunista, según la visión estadounidense, asechaba a Latinoamérica infiltrándose en sectores de la sociedad de los distintos países dando lugar a movimientos de protesta y a guerrillas. Vector de una ideología foránea comprometía la seguridad de las naciones y  a través de su inserción en las respectivas tramas políticas y sociales, se había constituido en un enemigo interno que como tal debía ser combatido y derrotado policial y militarmente a través de una metodología que fue definida posteriormente  como terrorismo de Estado.

El narcotráfico como fenómeno emergente empezó a cobrar visibilidad en esa época y en su formación y crecimiento confluyeron distintos factores, dentro de los cuales hay que mencionar la ilegalidad decretada a nivel internacional[viii] de algunas sustancias psicoactivas, no todas, cuya peligrosidad fue evaluada aplicando criterios mucho más políticos que científicos.

La problemática del consumo, cuestión atinente a la salud individual y colectiva en la década anterior, se transformó en el discurso oficial estadounidense  en temática relacionada al orden público  por la no siempre acertada ecuación droga=delito,  para luego convertirse en un tema crucial de seguridad nacional. Y si las drogas constituían un peligro que amenazaba la juventud norteamericana y por lo tanto el futuro de la nación, el narcotráfico se convirtió en el enemigo que usaba estas sustancias como instrumentos para minar y destruir los fundamentos mismos de la civilización norteamericana con sus valores y cultura. Por encontrarse las grandes organizaciones narcotraficantes más allá de las fronteras norteamericanas, en el sur del continente, el narcotráfico asumió la caracterización de enemigo externo. Enfrentarlo ya no era por lo tanto una cuestión relacionada exclusivamente a la esfera policial, sino que entraba en el dominio de las relaciones internacionales y de la defensa. Se convertía en un asunto militar.

Si en los países del sur esta evolución del concepto de narcotráfico causó escepticismo y desconfianza por la influencia que iba a tener semejante postura en sus políticas internas y en las relaciones con el país del norte, pronto ésos  mismos países tuvieron que enfrentarse con una nueva conceptualización del fenómeno, ya no sólo enemigo de los Estados Unidos, sino una abierta amenaza a las nuevas y endebles democracias que se habían reestablecido a lo largo de la década de los 80 en América del Sur.

Ilegalidad y legitimidad

Razones no faltaban para esta última aseveración. Poderoso, fruto de acumulación salvaje de capitales gracias justamente a su ilegalidad, en conexión con otras empresas criminales, el narcotráfico se organizó y se trasnacionalizó insertándose en escenarios desestructurados que los procesos de globalización, fragmentación y mercado libre han contribuido, de forma notoria, a desestructurar aún más. Son escenarios de pobreza, marginación, exclusión, conflictos,  a los que se añade impunidad y corrupción que, en el caso latinoamericano, permiten la reproducción del circuito productivo-comercial y facilitan al narcotráfico su introducción e inserción en las tramas de los distintos países en un paulatino proceso de legitimación que se produce en el marco de la economía, de la sociedad y de la política.

En el campo económico la legitimación viene de la mano del lavado del llamado “dinero caliente” que se inserta en las finanzas mundiales, aprovechando los mecanismos que agilitan la movilidad de todos los capitales en función de mayores réditos, aunque existan legislaciones antilavado, y en las economías locales, donde se reciclan en actividades legales de los sectores primario, secundario y terciario de la economía, entrando a ser parte vital de ella y transformando a los narcotraficantes de envergadura de capitalistas criminales a capitalistas a mucha honra.A esta legitimación se acompaña otra, la social, que se produce a través de la base productivo-comercial del circuito, donde confluyen amplios estratos sociales  que del narcotráfico reciben trabajo y con ellos los medios de subsistencia, estatus y pertenencia, sustitutos de ese derecho a la ciudadanía que ni la sociedad por indiferencia, ni el mercado por lógica excluyente, ni el Estado por incapacidad, ineficiencia o simplemente por ausencia, otorgan o garantizan.

El narcotráfico cosecha adhesiones en medio de una profunda crisis en la que las  sociedades están inmersas, donde valores, contravalores o ausencia de valores, por parte sobre todo de los jóvenes para los cuales el futuro se ha desdibujado convirtiéndose en un “no futuro” y sus consecuencias directas, expresadas en el “nada vale, por lo tanto todo vale”, en el “tener para ser”, juegan un rol sumamente importante a la hora de tomar la decisión de involucrarse en el circuito y que permite que otros estratos sociales no propiamente pauperizados lo hagan.

El Estado lejos de ser el satisfactor de necesidades básicas insoslayables, ve como los espacios que debería ocupar son en cambio copados por este actor criminal contra el cual elabora políticas represivas, pero con el cual mantiene también relaciones peculiares, facilitadas, en muchos países de América Latina, por la corrupción y la impunidad que constituyen el terreno propicio para que el narcotráfico, a su vez corruptor y violento, se infiltre en sus poderes e influya en sus funciones. Colusión de intereses, intercambio de favores, hasta involucramiento de gobernantes y funcionarios y fuerzas de seguridad, permiten el enquistamiento en la estructura del poder de intereses no solamente particulares, sino  criminales, que encuentran en la estructura del Estado apoyo y una forma espuria de legitimarse y seguir operando. 

En los casos más graves peligra la democracia, peligra el Estado de Derecho. Se posibilita la formación de poderes paralelos y hasta de Estados dentro de los Estados, Colombia es un ejemplo de ello, donde los narcotraficantes solos o en alianza con otros sectores del poder económico ejercen control territorial, aplican sus leyes,  mediante el uso de una fuerza que ya no es monopolio del Estado mismo, encomendada a paramilitares y mercenarios.

La violencia que acompaña este proceso, profundiza otras violencias, producto de conflictos existentes donde actores históricamente enfrentados van tejiendo alianzas no propiamente santas con el narcotráfico en pos de consolidarse en vista de la obtención de sus objetivos políticos y de poder.

Narcos, guerrilleros y terroristas autóctonos

De estas alianzas protagonizadas, dependiendo de los países, por narcos con paramilitares, o por paramilitares con fuerzas policiales y/o militares, por narcos con políticos, por narcos con empresarios, por narcos con guerrilleros, la que concitó en los 80 la atención de la administración Reagan fue esta última, que dio lugar a la elaboración de la teoría de la narcoguerrilla muy cuestionada y resistida desde distintos sectores y que tuvo sus altibajos por no haberse podido demostrar fehacientemente. Es más, estudios e investigaciones ponían de manifiesto en aquella época la colusión de intereses entre narcotráfico y paramilitarismo creado además para contrarrestar el avance de la guerrilla en algunos países de Centroamérica y Colombia. Sin embargo la tesis de la narcoguerrilla fue retomada en los años 90 a raíz del cese de la ayuda del bloque soviético y/o de sus simpatizantes a las guerrillas de corte marxista en el continente.

Con el pasar del tiempo la situación se volvió sumamente complicada. Mientras hay guerrillas que rechazan cualquier tipo de contacto con los “narcos”, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de México es un ejemplo de ello, hay guerrilla como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que con el narcotráfico mantiene relaciones ambivalentes al borde de la esquizofrenia. Al enfrentamiento entre narcos y guerrilleros a través de los paramilitares, sobre todo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en determinadas zonas, se alterna en otras regiones, el establecimiento de vínculos algunos coyunturales, otros se sospecha más estructurales entre los mismos actores. Esta última situación ha permitido a Washington retomar el concepto de la narcoguerrilla con un agravante, la inserción del terrorismo en el escenario latinoamericano.

En abril del 2001, meses antes del atentado a las Torres Gemelas, el Departamento de Estado de los EE.UU. dio a conocer públicamente el listado de las organizaciones terroristas internacionales. Conjuntamente a los grupos musulmanes, dentro de los cuales aparecían los infaltables al Qaeda, Hamas, Hezbollah y al Gamatt, se señalaban también las FARC, la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y el peruano Sendero Luminoso.

De pronto la guerrilla antes acusada de ser narco, asumió la identidad de terrorista y, por añadidura, internacional, sin que mediaran grandes explicaciones, salvo en el caso de las FARC a las que les habían comprobado algún contacto con el IRA irlandés. Y son sobre todo las FARC el blanco de las acusaciones relacionadas a un supuesto y como siempre poco comprobado objetivo expansionista en el continente, a través de la formación de guerrillas locales (como por ejemplo en la convulsionada Bolivia), en pos de desestabilizar la región en función de ampliar su hipotético negocio con las drogas. Sus actos, dentro de los cuales están los secuestros de personas, la voladura de oleoductos en la selva, sus contactos por la venta y adquisición de armas con el terrorismo islámico a verificarse todavía, habría impulsado al Departamento de Estado a insertar este grupo subversivo, protagonista de una guerra interna en Colombia, dentro del mencionado listado.

El terrorismo importado

Las narcoguerrilla devenida en terrorista representaría una forma endógena de este fenómeno al cual se sumaría una forma exógena, la del terrorismo musulmán radicado en América Latina, donde además grupos fundamentalistas provenientes del Medio Oriente estarían adoctrinando a jóvenes en el intento de enrolarlos en las filas de los mártires del Islam. Los servicios de inteligencia norteamericanos denuncian, aunque desmentidos puntual y reiteadamente por los servicios de los países de algunas formas involucrados, la presencia de “células dormidas” que se activarían en momentos de necesidad. Estarían ubicadas en zonas de asentamiento de población de origen sirio-libanés y palestino que a partir del siglo XIX llegaron a tierras americanas en distintas oleadas migratorias y que mantiene vínculos con sus zonas de origen.

Se habla de al Qaeda en México y Ecuador, de al Gamatt en la venezolana isla Magarita, Hamas y Hezbollah desparramadas entre Trinidad y Tobago y la Triple Frontera que une Argentina con Brasil y Paraguay. Para sustentar esta última información los servicios norteamericanos, de la CIA al FBI hacen referencia a los atentados perpetrados contra la embajada de Israel y la Asociación Mutual Argentino-Israelí, AMIA, en 1992 y 1994 en Buenos Aires que causaron en total más de 100 muertos. Hasta ahora no se han encontrado responsables, sin embargo se insiste en que el apoyo logístico que se les habría brindado a los terroristas (se habla de iraníes o pro-iraníes) sobre todo en el segundo caso, provenía de la Triple Frontera, símbolo emblemático en América Latina de todas las ilegalidades: desde el contrabando de cualquier tipo de mercadería, al tráfico de armas livianas y pesadas y de drogas -abriendo rutas que unen Colombia con el Paraguay para circular por el resto del continente y fuera de él-, al tráfico de personas, sobre todo niños para la adopción, para los órganos y para la prostitución, al tráfico de identidades que permite a los buscados por la Interpol reciclarse y al blanqueo de dinero sucio, mucho del cual se sospecha que iría a la caja del terrorismo.

Un terrorismo que estaría no solamente en conexión con la guerrilla y el narcotráfico, sino directamente con organizaciones criminales como las “maras” centramericanas que sorpresivamente han sido calificadas por Washington como una de las formas del crimen organizado y contra las cuales se han elaborados planes de sugestivos nombres tales como el “Plan Escoba” en Guatemala, “Supermano dura” en El Salvador y redes policiales interestatales entrenadas por el mismo FBI. Se especula que los “mareros”, jóvenes sin arraigo, sin trabajo, sin educación, sin futuro, sin lazos familiares y sociales que conforman bandas feroces en forma de células, las “clikas”, que se dedican a la venta de droga, al robo, al asalto, a los homicidios y a las violaciones, estarían siendo contactados por la red al Qhaeda para ser entrenados y enviados a los Estados Unidos -donde muchos de ellos residieron antes de ser expulsados por haber recibidos condenas superiores al año-, para cometer en algún momento acciones terroristas.

Los escenarios

Los grupos terroristas, según se insinúa, tienen en América Latina sus simpatizantes, quienes por corrupción o por identificarse con su “ideología” destructiva que tiene como blanco al “imperio”, los apoyan y los albergan. Los más peligrosos son los Estados “canallas”. Si bien  Cuba ha sido el blanco permanente de las acciones políticamente agresivas, desde el intento de invasión al bloqueo económico, el país que más está preocupando al gobierno Bush es Venezuela.

Su presidente, un ex militar golpista, populista carismático que está implementando y sosteniendo programas de profundo impacto social entre los desposeídos,  que se niega a privatizar el petróleo, que se enfrenta a los Estados Unidos directamente, que se está armando en previsión de ser invadido, que trata de articular un eje con Argentina y Brasil con el objetivo declarado de formar una unión latinoamericana en función de romper con la dependencia del sur del continente de las presiones económicas, políticas y militares ejercida por Washington, es señalado por el gobierno estadounidense como un simpatizante de la guerrilla y del terrorismo.

Chávez ha mantenido diálogos con la guerrilla colombiana de las FARC, con lo cual se han tensado en algún momento las relaciones personales entre él y el presidente colombiano Uribe Vélez, gran aliado de los Estados Unidos, y ha puesto a dura prueba las relaciones bilaterales entre los dos países hasta el punto de arriesgar una ruptura diplomática. Como si eso no fuera suficiente, Chávez no parece haber tomado medidas para limpiar la isla Margarita de la presencia, no se sabe hasta que punto comprobada, del terrorismo islámico, ha echado del país recientemente la U.S. Drug Enforcement Administration, (DEA) de la lucha antinarcóticos y sigue criticando duramente el Plan Colombia y la presencia estadounidense en el país vecino.  Por todo ello, Hugo Chávez una de las pocas voces que se levantan sin temores en contra de los EE.UU, termina constituyéndose, según Washington. en un peligro para el equilibrio regional, la seguridad y para el mismo Venezuela, país transformado en “canalla”, donde democracia y derechos humanos estaría puestos en entredicho por la presencia de un presidente electo con vocación de caudillo dictador.

Los agentes amenazantes no buscan sólo enclaves amigos, buscan lugares de refugios donde la autoridad estatal no hace presencia. Son los lugares inhóspitos de  la selva, son las fronteras porosas sin posibilidad de control, son los espacios donde el Estado resignó soberanía o no le interesa ejercerla y donde hasta actores legales como las empresas y las corporaciones dedicadas sobre todo a la explotación de recursos naturales, desarrollan actividades al margen de la ley sin respetar reglamentaciones, despojando y contaminando.

En esos escenarios EE.UU. consideran necesario que se intervenga y si no lo hace el Estado a quien le corresponde ejercer soberanía, han declarado que lo harán ellos mismos para impedir el fortalecimiento de actores que amenacen la seguridad. Es el caso de la Triple Frontera, donde los controles estatales sobre todo de parte paraguaya son voluntariamente débiles por la corrupción imperante, de las amplias zonas despoblada de la amazonía brasileña, y de zonas de selva en Colombia donde narcotráfico, guerrilla y paramilitares están asentados, y donde la presencia norteamericana ya existe para “auxiliar” a un Estado supuestamente débil que está tratando de recuperar una soberanía nunca ejercida, con la finalidad de volverla a entregar, mediante la cesión de un recurso estratégico para la nación como el petróleo, a las grandes corporaciones extranjeras.

Para completar el panorama, han aparecido focos de inestabilidad institucional sobre todo en el área andina. Ecuador en cinco años ha cambiado unos cuantos presidentes, de los cuales tres han tenido que dejar el cargo y el país por sublevaciones populares incruentas, poniendo a prueba las vapuleadas instituciones democráticas que los sectores sociales consideran no respondientes a las necesidades del país, sino reproductoras de una clase política totalmente ajena a la realidad nacional. También en Bolivia las crisis gubernamentales se han sucedido determinando el cambio de dos presidentes en menos de dos años y con una movilización permanente de los sectores nucleados alrededor de los movimientos sociales con  un fuerte sello indígena y líderes reconocidos, como por ejemplo Evo Morales, sindicalista de los cultivadores de coca, ex candidato a la presidencia del país y actual congresista. Bolivia a través de la “guerra del agua” y las movilizaciones para reapropiarse del gas explotado por corporaciones extranjeras, se encuentra profundamente dividido y con movimientos secesionistas de algunas provincias que pueden en algún momento llegar a desmembrar al país.

Bolivia y Ecuador por estas situaciones específicas entran en la categoría de los países fallidos, los que necesitan de un tutelaje para no implosionar y desestabilizar aún más un área en riesgo por el conflicto colombiano.

Indefiniciones

El continente vive situaciones complejas. Hay fenómenos peligrosos en acto, sin embargo las políticas que se están implementando a nivel hemisférico parecen complejizar más el cuadro por su inadecuación, por no considerar la raíz de los problemas que aquejan sociedades y Estados, por basarse en supuestos a veces erróneos, por actuar sobre la base de las sospechas que en últimas instancias no parecen ser inocentes, sino perfectamente funcionales a una ingeniería de poder respondiente a intereses que son otros respecto a la resolución de los conflictos en acto y latentes.

Una vez ubicadas las amenazas, algunas reales, otras supuestas, Estados Unidos estructura políticas de corte reactivo que impone a los países latinoamericanos, utilizando para el efecto, sus crónicas debilidades. Atados al sistema de la eterna reestructuración de la deuda externa y pedidos de préstamos a los organismos internacionales, debilitados en sus poderes decisionales por la desestructuración de las tramas económico-productivas nacionales a favor del poder transnacional de las corporaciones, corroídos por la corrupción que los vuelve chantajeables, sometidos a permanentes amenazas de ser clasificado entre los países que necesitan intervenciones drásticas por encima de sus derechos de soberanía y autodeterminación e imposibilitados a elaborar propuestas conjuntas, los países se encuentran en la situación incómoda de tener que aceptar los criterios de Washington en materia de seguridad, aunque su aplicación al interior de cada Estado encuentre resistencias que terminan debilitándolos o directamente inhabilitándolos. Sin embargo, todo lo que hace referencia a la presencia “física” norteamericana en asuntos de seguridad hemisférica o regional encuentra pocos oponentes. Estos son los Estados “canallas” y Brasil, país receloso respecto a aquello que puede menoscabar su soberanía territorial, sobre todo en la zona amazónica.

La primera base conceptual de la intervención norteamericana en función de los nuevos fenómenos se puede encontrar en los años 80 entremezclada todavía al combate contra el enemigo clásico, cuando la llamada guerra contra la droga, término acuñado por primera vez por Nixon, empezó a tomar cuerpo.

Fue a partir de esa época que se manifestó la tendencia a elaborar legislaciones antidroga similares que parecen salidas de un mismo molde, aunque se apliquen a situaciones muy diferentes en los distintos países y la aceptación, mediante bombardeo mediático resumido en el lema “dile no a la droga”, del narcotráfico como enemigo, que luego de la implosión de la URSS, remplazó al comunismo en tanto que adversario.

A pesar de ello, nunca se llegó a una definición de narcotráfico, más bien la palabra se convirtió en un término homogeneizador de realidades diferenciadas donde actúan actores distintos entre ellos (campesinos cocaleros o marihuaneros, “capos” de los carteles, dealers de la calle, sicarios, transportistas, guardaespaldas, etc.) cada uno con su inserción, su involucramiento, sus responsabilidades, su poder decisión y sus beneficios. El narcotráfico los puso a todos al mismo nivel, lo cual permitió la aplicación de políticas represivas que terminaron con llenar las cárceles de América Latina de aquella mano de obra descartable, sin tocar la esencia del fenómeno, que luego de tres décadas no ha aminorado, sino sólo flexibilizado su organización y modus operandi.

La situación no mejoró cuando el enemigo se volvió amenaza y se sumaron a él las otras. Crimen organizado padece la misma deficiencia, lo que hace que bandas juveniles, aunque temibles como las “maras”, sean consideradas como organizaciones de ese tipo. En lo referente al terrorismo la situación es aún peor. Algunos expertos calculan  que existen más de cien definiciones de terrorismo, de las demasiado generalizadoras y abarcativas, a las demasiado acotadas y por lo mismo excluyentes, lo que equivale a no tener ninguna, o aplicarlas de forma discrecional de acuerdo a intereses políticos, sin respeto a derechos de ninguna clase.  

Sobre indefiniciones, confusiones e indeterminaciones, se han diseñado políticas a aplicarse para aniquilar y ahora también para “prevenir”. Y en función de eso se militarizan territorios y orden interno.

La política de las armas

Empezó sistemáticamente a comienzo de los 90. Desde la declaración de narcotráfico como enemigo de la seguridad nacional de 1986, las actividades antinarcóticos involucraron directamente al Comando Sur, antes ubicado en Panamá y luego trasladado en 1999 a la Florida y Puerto Rico, mientras el Pentágono se convirtió en la agenda principal de los programas antinarcóticos.

El área considerada sensible en lo referente a la producción y tráfico de sustancias estupefacientes en un primer momento fue la región andina, luego Centroamérica, para extenderse paulatinamente el control hacia el resto del continente, aunque los países andinos se mantuvieron entre los que más fondos y ayuda reciben en este contexto. Y mientras por un lado se trataba de aminorar el consumo de drogas en los EE.UU. a través de legislaciones de corte represivo, poniendo en segundo plano prevención, rehabilitación y programas de Reducción de Daños asociados al uso de drogas, (Harm Reduction), el esfuerzo norteamericano se concentraba en eliminar la oferta en los países productores, vía aumento de control policial a cargo de las fuerzas de seguridad de países como Perú, Bolivia y Colombia, oportunamente entrenadas y financiadas y pertrechadas por lo EE.UU., que para la tarea de adestramiento mandaba y sigue mandando a sus militares. Los asesores del las FF.AA. de EE.UU., se convirtieron en parte del paisaje humano de dichos países.

Del entrenamiento se pasó a la formación de unidades especiales antidrogas, una especie de policía militarizada acusada de abusos en todos los países donde opera y utilizada en función de un proceso de creciente criminalización de sectores poblacionales que por su actitud o por su sola presencia ponen en entredicho el status quo. Luego en algunos países como Bolivia se formaron grupos especializados en operativos antinarcóticos dentro de las mismas fuerzas armadas. En realidad el objetivo estratégico norteamericano era involucrar a los militares latinoamericanos en esta lucha. Esto sólo fue posible en países del área andina y sobre todo donde la lucha antidroga se mezclaba con la lucha antiguerrillera, mientras en los otros países, algunos de los cuales volvían a la vida democrática luego de dictaduras y guerras civiles donde la imagen de los militares estaba totalmente desprestigiada por la participación en las distintas “guerras sucias”, estas medidas no se implantaron. De todas formas se dejó abierta la puerta y de hecho en la actualidad hay Fuerzas Armadas que aportan apoyo logístico a los grandes operativos policiales antinarcóticos. Brasil es un ejemplo.

Mientras se sucedían los intentos de convencer a los militares para que se involucren en esta lucha, los norteamericanos se dedicaron a instalar equipos y a construir bases, todas al comienzo en función antinarcóticos. Se instaló una red de radares, un total de siete distribuidos entre Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, en conexión con el radar de Puerto Rico con la finalidad de interrumpir el llamado puente aéreo, corredores utilizados por las avionetas irregulares[ix]. Brasil, poco después dio inicio a la construcción de una red de radares propia que contaría con 21 instalaciones a los largo de sus 11.000 Km. de frontera amazónica.

Hoy en día el proyecto de radarizar los cielos de América sigue firme. Argentina se sumó a ello y a los radares móviles entregados por los norteamericanos tendrá radares instalados en los límites norte de su territorio, en la cercanía de la Triple Frontera y con Bolivia, más uno en la zona patagónica y cerca de Chile. Después de los radares, inclusive antes, se construyeron o se adecuaron bases antinarcóticos y centros de inteligencia en Colombia y Perú y hace poco en Bolivia.

Luego vinieron los Fol, Forward Operating Locations, hoy rebautizados Csl Cooperative Security Locations[x], que iban a cubrir las necesidades de control y seguridad de Centro y Suramérica, de las que el Comando Sur, en su traslado desde Panamá a la Florida y a Puerto Rico en 1999, no podía asumir con prontitud. Los Csl son cuatro,  ubicados en las bases aéreas de Aruba y Curaçao, en la base naval de Comalapa de El Salvador y en Manta, Ecuador, donde en un comienzo los soldados norteamericanos iban a utilizar las instalaciones del aeropuerto militar oportunamente ampliado, mientras en la actualidad están ocupando también el puerto convirtiendo a Manta en el Csl de mayor importancia.

Los convenios con los gobiernos de Ecuador y el Salvador para el utilizo de estas instalaciones por un total de doce años fueron firmados en medio del más absoluto hermetismo oficial y violando leyes constitucionales de ambos países. Estas bases permiten el monitoreo de las vías fluviales y marítimas y los datos recogidos son cruzados con los de los radares. La tarea de detección de los vuelos considerados irregulares estuvo acompañada por el permiso de derribarlos en caso de que las avionetas no obedecieran las órdenes de aterrizar para realizar el control de tripulantes, pasajeros y cargamentos. Este permiso fue anulado por unas cuantas equivocaciones que tuvieron como resultado muertos inocentes. Sin embargo en los últimos meses, en Brasil la ley de derribo fue aprobada por el congreso y se supone que lo mismo pasará en Argentina, en abierta violación del derecho internacional sobre la seguridad de los vuelos.

Y el derecho internacional sigue siendo víctima en este proceso de militarización del continente. Se han multiplicado a partir de los 90 los ejercicios conjuntos. Algunos son bilaterales y otros multilaterales con la participación de tropa de hasta once países. Estos últimos son enteramente solventados por los EE.UU. que asumen el mando de estas ejercitaciones que se desarrollan cada año. Los ejercicios se han multiplicado y han cambiado de objetivo con el paso del tiempo. Hoy la preocupación es el terrorismo y la guerrilla terrorista. Para la realización de estos entrenamientos, los Estados Unidos requieren de la inmunidad diplomática para que sus soldados no sean llevados delante de la justicia de los países donde pueden haber cometido algún delito o en caso de que éstos sean de lesa humanidad puedan ser requeridos por la Corte Penal Internacional que EE.UU. no reconocen.

Si soberanía y derechos son vapuleados en zona de paz, lo que pasa en los escenarios de guerra es aún peor. Los Estados Unidos con su doctrina de los ataques preventivos, de la multiplicidad y simultaneidad de los escenarios de guerra, están recurriendo a una forma moderna de mercenarismo. Los mercenarios actuales son empleados que pagan impuestos y trabajan en empresas de seguridad que a su vez firman regulares contratos con el departamento de estado y son controladas en relación a los términos del contrato firmado. Los trabajadores de estas empresas son ex militares que manejan alta tecnología y que salidos del las Fuerzas Armadas, se reciclan dentro del mismo sector, esta vez no estatal, sino privado. Es la terciarización de la guerra, que permite a los EE.UU. no poner tantos muertos en los conflictos y no tener que rendir cuenta por ellos ante la opinión pública, y eximirse de responsabilidades a la hora de accidentes y de violación de derechos humanos.

Esta terciarización es evidente en Colombia, país donde a partir del 2000 se ha implantado el Plan que toma el nombre del país. Allí empresas de seguridad privada realizan tareas tales como las fumigaciones de los cocales y el entrenamiento de efectivos del ejército colombiano para la defensa de los oleoductos propiedad de corporaciones extranjeras, en su mayoría de capital estadounidense. Vale la pena recordar que una de estas empresas, la DynCorp está acusada de delitos de lesa humanidad y de tráfico de drogas en otros escenarios de guerra.

Los planes

En medio de la parafernalia de bases de distintas clase, dentro de las cuales hay que mencionar aquellas prestadas para entrenamiento de tropa proveniente de los Estados Unidos y de sus aliados, Australia y Nueva Zelanda por ejemplo, la entrega de fondos y armamentos y la concesión, hasta hace poco denegada, de activar nuevas fábricas militares en el continente, bajo control de EE.UU., están los planes: Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina (IRA) y el Plan Puebla-Panamá.

El Plan Colombia resume en sus cinco años de vida las vicisitudes y los cambios en la percepción de las amenazas. Nacido como plan tendiente a dar una salida a la profunda crisis colombiana de múltiples actores enfrentados, se focalizó gracias a los financiamientos y participación directa de los EE.UU., en la lucha antinarcóticos a llevar a cabo mediante la eliminación de los cocales y de los laboratorios en las zonas colindantes con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. Siendo estas zonas de presencia guerrillera, el Plan, aunque no declaradamente, apuntaba a la eliminación de la misma por ser narcotraficante. Después del viraje de la política de Washington a raíz de los atentados del 11S, finalmente el Plan Colombia integró dentro de sus objetivos la lucha antiguerrillera en nombre del combate al terrorismo.

La envergadura que el conflicto fue asumiendo, contribuyó a la desestabilización de otras zonas de Colombia y de los países vecinos[xi], que militarizaron sus fronteras y crearon cordones de seguridad, que en el caso brasileño toma el nombre de Plan Cobra. Para sostener a los países del área andina en sus tareas de frenar el posible desborde o contagio del conflicto colombiano, EE.UU. puso en marcha la Iniciativa Regional Andina, ampliando de esta forma su influencia en toda la región.  En Centroamérica en cambio el Plan Puebla-Panamá de carácter económico, terminó por confluir en el tema de seguridad, dando vida al Comando Norte en el 2002, fiel espejo del Comando Sur, asegurando de esta manera el control de la seguridad a nivel continental.

Conclusiones

América Latina es un continente de recursos naturales no renovables: minerales, petróleo, agua. Si se sobrepone el mapa de los conflictos y de las amenazas, allá donde se estima que estén, con el de de estas riquezas a punto de desaparecer, tendremos más que una coincidencia.

Colombia con su enfrentamiento interno entre guerrilla y narcotráfico, paramilitares, ejército, policía, soldados estadounidenses y mercenarios es tierra de yacimientos de petróleo, como lo es Ecuador, como lo es Venezuela. La desestabilización del área juega a favor de una intervención para establecer la paz, la paz de las tierras vaciadas por la guerra que pueden ser explotadas sin injerencias de poblaciones, de líderes, de instituciones. Es la puerta de entrada a una región más amplia, la de la amazonía brasileña, decretada patrimonio de la humanidad, a pesar de lo cual los brasileños siguen considerándola como propia y sobre la cual no quieren tutelaje de nadie, aunque esto no signifique el resguardo de su riqueza y la preservación. La ampliación de un conflicto proporcionaría la coartada para establecer ese tutelaje, esa intromisión no deseada que los Estados Unidos pretenden imponer.

Amazonía es un reservorio de agua a cielo abierto, mientras la Triple Frontera, lo es de agua subterránea. Se encuentra de hecho asentada sobre el Acuífero Guaraní, el segundo en importancia en el mundo, ambicionado por gobiernos, por la potencia mundial y hegemónica que sabe de la escasez de agua a nivel mundial, por las empresas, en medio de discusiones si el agua es un bien para todos y un derecho para el hombre o es una mercancía. Allí se juntan los narcos, allí están la células dormidas de un terrorismo fantasmal, están los guerrilleros canjeando drogas por armas, allí está la sombra de la intervención estadounidense que parece estar por concretarse a través de una base que va a estar ubicada en un lugar cercano, en el Chaco paraguayo. Y están los esteros y la hidrovía constituida por los grandes ríos donde llega la riqueza hecha trigo, soya y maíz de la inmensa pampa argentina.  Argentina confiable para los Estados Unidos, pero “descuidada” ya que deja entrar a su territorio clérigos musulmanes que buscan nuevos fieles para Allah y que por eso se merece un llamado de atención sobre la seguridad.

Una seguridad que se ha vuelto obsesión, porque América Latina es también el continente de las décadas perdidas, donde el desarrollo prometido nunca llegó. Llegaron en cambio las privatizaciones que dejaron a los pueblos sin recursos vitales y a los Estados como expresión de voluntades ajenas y contrarias a la de sus sociedades, las que dicen estar representado. Llegaron los cierres de fábricas, la desestructuración de una trama social, llegó la pobreza que de marginación se hizo exclusión. Y con la exclusión llegó la violencia, la de “los sin futuro”, violencia ciega de aquellos cuya vida no es respetada y que por lo tanto no la pueden respetar. Todo esto en medio de la impunidad, de la injusticia, de la cultura del consumo, de la violencia institucional, de la corrupción descarada, de la indiferencia e incapacidad de comprender de los poderosos.

Pero es también la tierra de los movimientos sociales que no creen en democracias formales y vacías de contenidos, los guerreros del agua de Bolivia, los Sin Tierra de Brasil y Paraguay, los desocupados del continente, las comunidades indígenas.

Sobre ellos pesa la sombra del poder hegemónico, que se mantiene a cuesta de los demás, que habla con horror del fundamentalismo islámico desde su propio fundamentalismo, que pregona el choque de civilizaciones[xii] y la lucha entre el bien y el mal y en nombre de esta lucha avanza con sus acuerdos de libre mercado que matan a economías débiles y avanza con sus militares cada vez más con funciones de policías y con policías cada vez más militarizados para mantener un orden en nombre de una paz, de una prosperidad y de una libertad cada vez más lejanas de esta América Latina.

[i] En el documento PNAC, Rebuilding Ameerica’s Defenses,  en “Project for the New American Century”, septiembre 2000, (http://www.newamericancentury.org/defesesnationalsecurity.htlm) la paz tiene esta denominación.

[ii] Ver el libro de Joxe Alain, El imperio del caos. Las repúblicas frente a la dominación estadounidense en la posguerra fría, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.

[iii] Ver Chomsky Noan, Estados canallas. El imperio de la fuerza en los asuntos mundiales, Buenos Aires, Paidós, 3ª edición, 2002.

[iv] Sobre el tema ver  Saint-Pierre Héctor Luis, Una reconceptualización de las “nuevas amenazas”. De la subjetividad de la percepción a la seguridad cooperativa en López Ernesto y Sain Marcelo Fabián (comp.) “Nuevas amenazas. Dimensiones y perspectivas. Dilemas y desafíos para la Argentina y el Brasil”, Buenos Aires, Universidad de Quilmes Editorial, 2003

[v] Fuentes Claudio, Estados Unidos 2000-2004: tendencias de política exterior, en Fuentes Claudio (editor) “Bajo la mirada del halcón. Estados Unidos- América Latina post 11/9/2001”, Editorial Biblos - FLACSO Chile, 2004.

[vi] La intervención en Somalia bajo la presidencia de Clinton, la guerra en Afganistán y la invasión en Irak fueron emprendidas obedeciendo a esta lógica, aunque con resultados adversos.

[vii] El sector más duro del republicanismo norteamericano ha producido una serie de documentos que se han transformado en la base de la actual política, incluida la militar. Algunos de sus autores son personajes clave en los dos gobiernos Bush: Dick Cheney, vicepresidente, Condoleezza Rice, actual secretaria de Estado, Paul Wolfowitz, ex secretario de defensa y actual presidente del Banco Mundial y Donald Rumsfeld, jefe del Pentágono, sólo para citar algunos.

[viii] A lo largo de la historia moderna y contemporánea s fueron elaborando instrumentos legales impulsados desde Estados Unidos para el control de las sustancias estupefacientes. La base de la actual política antidroga se encuentra en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, seguida por el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1970 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1998.

[ix] Roncken Theo (coordinador) The Drug War in the Skies. The U.S “Air Bridge Denial” Strategy: The Succes of a Failure, Cochabamba, TNI – Acción Andina, 1999.

[x] Isacson Adam, Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en “la guerra contra la droga”, en “Drogas y Democracia en América Latina. El impacto de la política de Estados Unidos”,Buenos Aires, Editorial Biblos, 2005.

[xi] Jelsma Martin, Círculo Vicioso,  Ámsterdam, TNI, 2001.

[xii]  Huntington Samuel P., El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Barcelona, Paidós, 1997.

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