La batalla por el agua en Uruguay

Un repaso al sentido y los acontecimientos de una de las luchas más importantes que libra el pueblo uruguayo.

Karl Marx desentrañaba la lógica inicial del capitalismo a partir de la llamada “acumulación primitiva”, un violento proceso de apropiación y mercantilización del mundo. Hoy presenciamos una reorganización y profundización de las relaciones de producción capitalistas. La nueva extensión, penetración y colonización del capital en todos los ámbitos transforma también el Estado y la lucha de clases. Actualmente esta lógica perversa de renovación permanente de la acumulación “primitiva” transforma el agua y la vida en mercadería.

En el actual marco general, el siguiente juicio de El Capital alcanza límites absolutos:

“Como el dinero no deja traslucir qué es lo que se ha convertido en él, todo, mercancía o no mercancía, se convierte en dinero. Todo se vuelve venal y adquirible.”[1]

“Vivimos en el momento de la mercantilización y la privatización generalizada del mundo. Una no va sin la otra. No se trata solo de la privatización de las industrias y de los servicios, sino también de lo vivo, del saber, del agua, del aire, del espacio, del derecho, de la información, de las solidaridades. Esta contrarreforma liberal planetaria alimenta una cuádruple crisis: social, ecológica, democrática, ética.” [2]

Inserto en esta vorágine mundial, el Estado uruguayo intenta organizar la hegemonía a su interior mientras el movimiento popular sostiene una lucha democrática contra la privatización de bienes públicos. La relación básica entre el capital y el trabajo ha constituido nuevas configuraciones del conflicto. Hoy, el pueblo uruguayo se enfrenta a un Gobierno que sirviendo de mero instrumento del gran capital, intenta entregar el agua aún burlando una inminente definición plebiscitaria el próximo 31 se octubre. Batlle es un Presidente deslegitimado, que causa vergüenza ajena y propia a los uruguayos, un cruzado fiel de la alianza con los EE.UU, que intenta dejar todo atado y bien atado ante la firme posibilidad de que la izquierda alcance el gobierno en las elecciones del mismo 31 de octubre.

Por ello, cada vez más conciente del desafío, el movimiento popular resiste. No sólo denuncia y reivindica los derechos sociales conculcados por el neoliberalismo. En este caso se enfrenta a los monopolios que intentan apropiarse de un recurso natural vital. En la lucha, el pueblo descubre el enemigo y gesta nuevos valores, subjetividades y nociones estratégicas capaces de trascender los límites del capital.

Decía el Presidente Batlle a la Cadena Bloomberg el 3 de junio de 2002, en plena crisis:

PRESIDENTE BATLLE: No vamos a privatizar, no vamos a venderlos. Para venderlos se necesita una ley y si aprobamos una ley se organizan plebiscitos contra la ley. De ese modo perdemos tiempo y no hacemos nada. Vamos a organizar un régimen de concesiones.

PRESIDENTE BATLLE: Para operadores privados, como hicimos con el Puerto, donde lo hicimos muy bien.

PRESIDENTE BATLLE: Aguas corrientes, el ferrocarril, las comunicaciones y especialmente otras áreas en las cuales perdemos tanto dinero que usted ni se imagina. Por ejemplo, el Estado fabrica whisky: una dependencia estatal elabora whisky.

Este diálogo con el Presidente Batlle fue parte de un reportaje que recorrió el mundo por otro motivo. Allí, off the record, el Presidente sufrió uno de sus tantos episodios de “incontinencia verbal” al afirmar que los políticos argentinos “son una manga de ladrones del primero al último”, entre otras metidas de pata. Sus inmediatos lloriqueos pidiendo disculpas a su colega argentino recorrieron el mundo.

Unos días después, el 18 de Junio de 2002, ya enjugadas las lágrimas, el gobierno uruguayo firmó al Fondo Monetario Internacional una nueva Carta de Intención, llevando a la práctica lo anunciado a Bloomberg. La Carta contiene modificaciones en los marcos regulatorios de múltiples servicios. En uno de sus numerales plantea el siguiente cronograma para el agua y el saneamiento:

“a) Introducción de un nuevo marco regulador para el sector. La propuesta será sometida al Parlamento en setiembre de 2002.

b) Introducción de nuevas normas de calidad y controles para facilitar la inversión del sector privado. Decreto a ser emitido en diciembre de 2002.

c) Llamar a licitación para mejorar los servicios en Montevideo en diciembre de 2002.

d) Llamar a licitación para la participación del sector privado en plantas de tratamiento de saneamiento en marzo de 2003”.[3]

Las cosas quedaban claras. Mientras Batlle se despachaba con el periodista de Bloomberg o después, mientras salpicaba con lágrimas de cocodrilo a Duhalde, en su cabeza ya estaba diseñado el plan de la entrega.

Ante estas perspectivas y frente a la gestión desastrosa de los servicios de agua potable y saneamiento por parte de Uragua (Aguas de Bilbao) y Aguas de la Costa (Suez Lyonnesse des Aux) empresas instaladas en Uruguay, nació la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV)[4].

Los temores que el Presidente había confesado a la cadena Bloomberg se hicieron realidad. Luego de un extenso camino de esclarecimiento de los sectores populares y una larga campaña de firmas, la sociedad civil organizada logró que se someta a plebiscito en la próxima elección nacional una nueva iniciativa contra toda forma de privatización o concesión del agua. El 31 de octubre los uruguayos seguramente consagraremos en la Constitución que el agua es un servicio esencial que debe estar en manos del Estado.

La propuesta de la Comisión intenta bloquear el mercantilismo voraz de las corporaciones internacionales y su apropiación del control del Acuífero Guaraní, una de las reservas hídricas más importantes del mundo[5]. La puesta del tema en el escenario político y las perspectivas de un triunfo popular lograron que el neoliberalismo replanteara su ofensiva en este aspecto.

Frente a la iniciativa popular y durante este proceso surgen distintas maniobras confusionistas y diversivas por parte del neoliberalismo vernáculo. Por ejemplo, sus voceros alertan sobre la reacción de los inversores extranjeros y la inseguridad jurídica que instalaría el triunfo de la reforma constitucional.

Carlos Coitiño, dirigente del P.V.P. y representante del Frente Amplio en la CNDAV, ha respondido de modo contundente:

“La comisión está trabajando en un conjunto de actividades para acercar información a la ciudadanía, así como para disipar los elementos de confusión que se están volcando de manera intencional. Por ejemplo, en cuanto a la inseguridad jurídica, lo que el texto establece explícitamente es la caída de las concesiones en Maldonado, las de Uragua y Aguas de la Costa, algunos emprendimientos de menor dimensión –como Aguas del Pinar– a ser enfocados posteriormente a la decisión ciudadana sobre le cambio del texto constitucional.

“Cuando se sale con un discurso público sobre la posible reacción de los inversores extranjeros, hay que separar las aguas, porque estamos hablando de una política para el recurso del agua, y no estamos hablando de las inversiones en general. Desde ese punto de vista, las inseguridades no están establecidas, porque la Constitución prevé la recuperación de este tipo de recurso y hay que ir al análisis de los documentos firmados con Aguas de la Costa y Uragua, donde el Estado preserva la posibilidad de rescindir el contrato. Por otra parte, la empresa que tiene en Maldonado la mayor dimensión en cuanto a la gestión del agua y el saneamiento –Uragua– ha reconocido públicamente hace más de un año y medio no estar cumpliendo con el contrato. Lo curioso es que el presidente de la República sale a decir cómo nos van a ver en el exterior si cae un contrato de estas características por efecto del texto constitucional, pero no dice que están en omisión desde el 29 de julio del año pasado, cuando el entonces ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, los comprometiera ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados a iniciar las gestiones de rescisión a través de la aplicación de un criterio de retiro ordenado de la empresa de la gestión, devolviéndola a manos de OSE[6].

“De eso no dicen una palabra. No dicen que no hay que esperar la incorporación a la Constitución del texto propuesto porque la empresa Uragua ya ha faltado a sus obligaciones y que la responsabilidad del gobierno en defensa de la soberanía y los intereses nacionales es procesar la rescisión, como establece el contrato, y cobrarle una multa de 20 millones de dólares, establecida claramente en el texto firmado por la empresa. Entonces, está claro que hacer ver como de carácter general el problema de «espantar las inversiones» implica olvidar las características tan inconvenientes que han tenido estas inversiones en agua y saneamiento. Para que Uragua iniciara sus actividades, los uruguayos debimos invertir 80 millones de dólares que estamos pagando y vamos a seguir pagando hasta 2009, para poner la infraestructura de agua de Maldonado en condiciones de excelencia operativa. Esa inversión debía ser complementada por Uragua a través del desarrollo del saneamiento, algo que la empresa incumplió y motivó la rescisión que la Presidencia de la República ha estado obviando. Entonces, estas concesiones caerían si la ciudadanía –como lo está expresando a partir de las primeras encuestas– decide devolver al Estado la gestión del agua y el saneamiento, que en este momento está en manos de privados.”[7]

Más allá de los incumplimientos de las multinacionales y los argumentos de la CNDAV, existen contradicciones internas en la izquierda respecto de las empresas ya instaladas. En efecto, Danilo Astori, el recientemente anunciado futuro Ministro de Economía en caso de ganar el Frente Amplio las próximas elecciones, en su estadía en España se comprometió a mantener los acuerdos firmados antes del plebiscito a partir de una interpretación absolutamente minoritaria en la interna del Frente Amplio.

Nuevos hechos se han producido cuando faltan pocas semanas para la consulta ciudadana. Por ejemplo, Andreas Bauer, representante residente del FMI en Uruguay, ingresó al debate nacional afirmando que la asistencia financiera que el FMI otorgó a nuestro país "no está sujeta a ningún tipo de garantía para asegurar su pago", cuestión que se responde con la propia Carta de Intención citada más arriba[8].

Pero otros hechos han desatado la verdadera tormenta. La CNDAV acaba de denunciar que el Directorio de OSE tramitó y firmó en secreto un "Memorando de Entendimiento" con Safege (Sociedad Anónima Francesa de Estudios y Gestión, Suez Lyonnesse des Aux), para que esta empresa ejerza el contralor de la gestión del agua en el país. Este segundo acontecimiento resulta particularmente inquietante ya que ratifica la voluntad del Poder Ejecutivo de burlar la voluntad de la ciudadanía que como todo indica, se manifestará el 31 de octubre en contra de los organismos de gobierno global y las multinacionales. Nuevamente, el Presidente Batlle lleva a los hechos sus dichos a la cadena Bloomberg.

Conex es una empresa consultora perteneciente a UTE[9]. El 24 de abril de 2003 había firmado con OSE un convenio para mejorar la gestión de esta última. El costo del servicio consistía en un porcentaje basado en las mejoras efectivamente realizadas.

Una vez recibido el diagnóstico, en agosto de 2003, sorprendió que OSE no pasara inmediatamente a la etapa de implementación de las medidas recomendadas. La sorpresa fue mayor cuando el 3 de febrero de 2004 el Vice-Presidente de OSE comunicó a Conex que sus técnicos debían abandonar las oficinas que ocupaban en OSE y que se ordenaría el retiro del personal de OSE que colaboraban con Conex. Dos días después los funcionarios de Conex fueron desalojados de sus oficinas por guardias de seguridad.

¿Qué había sucedido? El 22 de enero OSE había autorizado a Safege a iniciar los estudios que ya estaban hechos por OSE, UTE y Conex pero con mejores honorarios. Dicho sea de paso, un juicio iniciado por UTE contra OSE por incumplimiento de contrato fue resuelto a través de la oferta de esta última de la tarifa del agua por 20 meses[10].

Algo más que un detalle es que el acuerdo de realización de esos estudios por Safege para OSE suponen la posibilidad de que empresas privadas asuman el Área Comercial de OSE[11].

Al respecto, la sindicalista Adriana Marchissio declaró el 6 de setiembre de 2004:

“Hoy acabamos de recibir un intento de reflotar una iniciativa privada presentada el año pasado por la empresa francesa Safege, integrante del sector operador internacional multinacional Suez Lyonnesse des Aux, el número uno, llamada la General Mottors del agua, donde aparece con una iniciativa aceptada por el directorio en el día de ayer para la mejor integral de la gestión del abastecimiento del agua potable en todo el área metropolitana e interior.

“Esto significa por supuesto todo el tema del área comercial, la gestión del área comercial, la gestión de la red de medición, la gestión de la red de abastecimiento, la gestión de la reducción de pérdidas físicas, y bueno, significa otra forma, otro formato jurídico de transferir las áreas operativas y de mayor relevancia e importancia al sector privado, o sea de alguna manera es seguir intentando avanzar en lo que nosotros a través de la reforma intentamos salvaguardar que es que esto no sea transferido al sector multinacional.

“Esta empresa es una empresa multinacional, aparece con un subsidio a través del gobierno francés para hacer los estudios de factibilidad, esto está avalado por la Ley de reactivación económica votada en el año 2002, el artículo 15 lo habilita y bueno, lo reflota el directorio de OSE en este momento y creemos que para complicarle bastante al próximo gobierno algo que de alguna manera va a estar severamente cuestionado cuando esta reforma constitucional que impulsa la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida se apruebe y que intenta que este abastecimiento de agua potable que es público, que esta reservado con un rol social se pase a la visión multinacional, es la mejora integral de la gestión de abastecimiento de agua potable del sistema metropolitano - interior.”[12]

Ese mismo día la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) denunció la situación y propuso a sus afiliados que no brinden información a la empresa francesa hasta tanto no se abra una instancia de negociación con las autoridades de OSE. Insólitamente la derecha neoliberal acusó al sindicato, a la CNDAV y al Frente Amplio de “subversión de valores”[13].

Por su parte, el Frente Amplio emitió una declaración respecto del contrato con Safege que afirma:

I) Que dicha iniciativa se enmarca en la política del gobierno apoyado por Blancos y Colorados de crear hechos consumados que deberá afrontar el próximo gobierno que se elija en pocas semanas.

II) Estando en curso la realización del plebiscito por el agua el próximo 31 de octubre, donde toda la ciudadanía podrá resolver acerca de tan esencial recurso natural, nuestra fuerza política, en caso de acceder al gobierno nacional, tomará todas las medidas que correspondan para rever todo aquello que se oponga al texto constitucional.

La intromisión del FMI y el procesamiento secreto de acuerdos entre el Gobierno y corporaciones internacionales mientras se aproxima la fecha crucial, indican el endurecimiento de la batalla por el agua en Uruguay en las próximas semanas.

[1] En El Capital, Libro 1, Capítulo 3.

[2] Revista Viento Sur N° 70, www.vientosur.info.

[3] En el apartado VII-II, numeral 4.

[4] En ella participan: FFOSE; PIT CNT; Frente Amplio-Encuentro Progresista; Comisión Nacionalista en Defensa del Agua; FUCVAM; FEUU; Movimiento por la Utopía; Partido Verde Ecologista; Conosur; Centro de Viticultores de Joanicó; Asociación de Remitentes; REDES-Amigos de la Tierra; Uruguay Sustentable; MADUR; Liga de Fomento de Manantiales; UITA; Comisión de Defensa del Agua y Saneamiento de Costa de Oro y Pando; Docentes de la Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería.

[5] Para conocer el planteo más exhaustivamente visitar http://www.redes.org.uy/agua.html.

[6] Administración de Obras Sanitarias del Estado.

[7] Declaraciones a 1410, AM Libre, “Camacuá y Reconquista”.

[8] Diario La República,

[9] Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

[10] Brecha, 9//9/2004.

[11] Resolución 1116-04

[12] Entrevista en CX-36, Radio Centenario.

[13] Editorial de Búsqueda, 9/9/2004.