La reforma agraria en el Uruguay de hoy

SOSTIENE PEREIRA

Escribe: Andrés Figari, miembro de la Comisión de Reforma Agraria del Pit - Cnt 

Si una virtud se le debe reconocer al articulo del Ing. Agr. Gonzalo Pereira aparecido en la Brecha del jueves 5 de abril, es la de exponer en forma franca y descarnada, el punto de vista hoy predominante en las autoridades del Gobierno y de sus principales asesores, respecto de la cuestión agraria,  el tipo de desarrollo del sector y cual debería ser la estrategia para impulsarlo.

Argumentando en contra de lo que algunos pueden considerar una “picardía electoral” “para no asustar votantes”, Pereira procura demostrar que el cambio de programa responde en realidad, a un esfuerzo serio y sincero para adecuarse - del punto de vista conceptual y político-  a los tiempos que corren, en donde la vieja consigna de la “Reforma agraria para eliminar el latifundio improductivo” a perdido, a su juicio, razón de ser, para lo cual recurre a consideraciones económicas, sociales y políticas.

Pereira dice: “En lo económico: de manera lenta, no deja de desarrollarse la acumulación de capital rural mediante la conversión del latifundio heredado de la colonia española hacia estancias capitalistas, con mano de obra asalariada y guiadas por la maximización de la ganancia.”

Esto que se nos presenta como un descubrimiento  reciente nos conduce a formularnos la siguiente pregunta: ¿en 1971 cuando se elaboró el programa histórico del FA, eran muchos los latifundios heredados de la colonia española  recientemente devenidos “productivas” estancias capitalistas,  o es que este cambio de nomenclatura de parte del Ing. Pereira, en realidad responde a un cambio conceptual (y de valores) sobre la gran propiedad fundiaria  que casualmente justifica un determinado uso de la tierra, el que conlleva un criterio de productividad... el que maximiza la ganancia (capitalista), para su propietario particular como el único posible?

Tal parece ser la respuesta, porque a partir de ese momento aparentemente cercano de nuestra historia reciente, Pereira descubre que “la supervivencia económica de las explotaciones agropecuarias requirió cada vez más superficie, más equipos más tecnología; en síntesis: mayor capital agrícola”, con las consiguientes consecuencias económicas y sociales (mayor concentración de la propiedad y menor población rural).

Es decir que según la sorprendente nueva visión que nos ofrece Pereira de la historia reciente del Uruguay rural, han habido  por lo menos dos periodos;  uno previo a 1971 --que se habría tomado como referencia para elaborar el programa histórico del FA, en el que predominaban las relaciones precapitalistas asentadas en el latifundio improductivo y que justificaba una reforma agraria - y otro posterior, caracterizado por las relaciones capitalistas de producción y la estancia como propiedad fundiaria típica, que no lo hace. En buen romance, lo que hace cuarenta años era visto como sinónimo de despilfarro de recursos, de atraso y de injusticia, ahora se lo reinterpreta  como un acontecimiento inexorable que al fin y al cabo es “parte de un fenómeno mundial” (y por lo tanto tan imprevisible, inmanejable y aséptico del punto de vista ético político como un Tsunami...).

La segunda línea de argumentos que nos ofrece Pereira es que la población rural es escasa y que además, no existen demandantes de tierra.  Es verdad que ha desaparecido un tercio de la población rural en los últimos 30 años sobre una población total que nunca fue importante,  pero es algo tan viejo como el País mismo, agudizado y consolidado por las políticas neo liberales de los últimos años que no debería servir de pretexto para consolidar el modelo, ni para la resignación, sino para todo lo contrario.

Que cada día haya menos gente viviendo y trabajando personalmente el suelo del territorio nacional no habla de la imposibilidad de promover una reforma agraria,  sino de las dificultades y de las peculiaridades a tener  en cuenta a la hora de  realizarla.

Claro que Uruguay nunca fue México, ni Chile, ni Centroamérica, ni Brasil, ni Rusia ni China ni un largo etc., y que por lo tanto nunca hubo un movimiento campesino de masas como el que actualmente existe, en Bolivia o en Ecuador, ni por lo tanto la posibilidad de intentar una reforma agraria parecida.   Tampoco jamás hubo un reclamo por tierras ancestrales arrebatadas a campesinos indígenas por los conquistadores y sus sucesores, como consigna de nuestros movimientos agrarios, pero eso no significa que no haya habido o no haya demandantes de tierra. ¿Para no remitirme al pasado,  acaso los que actualmente la reclaman  y se inscriben en el INC son fantasmas?.  ¿Es cierto que son pocos, que estamos hablando de algunos cientos, a lo sumo de algún millar, pero qué se pretende cuando a la falta de un movimiento organizado de masas se le debe agregar políticas que sistemáticamente los desalientan o los reprimen?  En Uruguay siempre fue más importante “poblar” que “repartir”, o en todo caso que el “reparto” condición sine qua non de una reforma agraria, debe ser la herramienta para poblar.  En un país vacío como el nuestro, en el que las vacas entraron antes que las personas, se puebla repartiendo y se reparte poblando.  Se me argumentará que para qué repartir si lo “chico” no sobrevive,  pero si ese fuera el caso, para qué apoyar a “los media tripa”, a las pymes o a los artesanos, total...

Que la población rural es poca y escasos los demandantes de tierra no deberían ser un argumento para resignarse al avance arrollador de la concentración y extranjerización de la tierra en pocas manos y a la expulsión sistemática de los pocos que van quedando,  sino, en todo caso, debería ser un acicate para encontrar soluciones específicas y concretas al problema.

La tercera línea argumental refiere a las limitaciones político-constitucionales. Recuerda Pereira que la constitución vigente (arts. 7 y 32) establece el derecho a la propiedad privada y que por lo tanto, las eventuales expropiaciones deberían ser pagadas, siendo su costo del orden de los 8 mil millones de dólares en el caso que el Estado lo resolviere sobre los predios superiores a las 2.500 has; y se pregunta “¿Está dispuesto el pueblo uruguayo a pagar impuestos dirigidos a tal fin?”

Si esta fuera la verdadera dificultad, el problema es más sencillo de lo que Pereira lo plantea; ¿ al fin y al cabo el pueblo uruguayo no ha pagado ya cifras similares para salvar las propiedades de estancieros y de especuladores financieros en otras ocasiones sin recibir nada a cambio? ¿ O porqué no convertir la medida y las formas de indemnizar a la gran propiedad territorial en tema de debate nacional tal como una eventual reelección presidencial, la salud reproductiva u otras cuestiones trascendentes? 

La cuestión es que ese no es el verdadero problema. Este se expone más adelante; dice Pereira:  “¿Actualmente tenemos certeza de que las distribución de tierras mejoraría las condiciones tecnológicas, de productividad, de empleo y de vida en el campo? Creo que no, con la excepción del redimensionamiento de tamberos pequeños.” A confesión de parte, relevo de prueba.  Y remata “en síntesis, el avance del desarrollo del capitalismo agrario por la vía prusiana cerró el camino a vías alternativas más deseables y rápidas, como la estadounidense;  el programa del FA no retrocedió, sino que registró las nuevas  condiciones del campo y del país”.

Después de mucho argumentar se llega al verdadero argumento; no se cree que la subdivisión y distribución de tierras (excepto para los tamberos pequeños) pueda servir para mejorar “las condiciones tecnológicas, de productividad, de vida y de empleo”.  La “via prusiana” acaparando la propiedad territorial y expulsando a los pobladores rurales, no solo habría cerrado el camino a otras vías alternativas más deseables y rápidas (Pereira dixit) sino que además y por si fuera poco, habría llevado al campo uruguayo a un nivel (tecnológico, de productividad, de vida y de empleo) cuya  transformación mediante la distribución de tierra, no tendría sentido.

Habría que ver que opinan de la “via prusiana” los que la sufren, especialmente los miles de peones rurales que después de dos años de gobierno progresista todavía esperan por la aprobación de la  ley de 8 horas. Parecería que el principal error del FA no fue plantear la reforma agraria o desconocer que el mundo cambia y debemos adaptarnos; a la vista de algunos argumentos uno se queda con la impresión que el error consistió en subestimar las dificultades teóricas y prácticas, extrínsecas e intrínsecas a esa fuerza,  previas y posteriores a su acceso al gobierno.  Reconozco que el problema no es sencillo, pero ahora se está en el gobierno y ocurre lo previsible, es más fácil cambiar de manera de pensar que cambiar el mundo.  Frente a este discurso la Asociación Rural, agradecida.

Montevieo, 1° de mayo de 2007.