Cuanto más se acercan los temas en debate a los nudos materiales de la distribución de la riqueza, más se encrespan las posiciones. La mera existencia de estos debates, la clarificación de las ideas, la visibilidad de las presiones, son signos de avance. Sin embargo, la apuesta para este período de gobierno es tanto más alta que ese avance resulta ya un hecho consumado y se reclama un paso más: igualdad de derechos entre las partes negociadoras y, para ello, fuero sindical, para que los trabajadores puedan negociar con los empresarios sin riesgos laborales. La polémica está cruzada por corrientes de ideas que reinaron en exclusiva durante las últimas décadas, como la falta de alternativas a la tiranía del capital financiero y sus mandatos de flexibilización laboral y deslocalización de empresas. Era previsible pues que toda política tendiente a fortalecer la parte hasta ayer más perjudicada despertara resistencias en los anteriores privilegiados. Y el gobierno gobierna.

A diferencia de anteriores administraciones, el gobierno de Tabaré Vázquez ha optado por la negociación entre los distintos actores sociales para resolver algunos conflictos estructurales, como la relación entre el capital y el trabajo. Esa estrategia negociadora es parte sustancial del modelo de desarrollo productivo que las fuerzas progresistas proponen para el país. Vázquez reiteró en sus ponencias previas a las elecciones que “los cambios para ser sustentables se hacen con todos”. Esa concepción ha permitido que, a diferencia del pasado donde el Estado estaba ausente de las relaciones laborales, se produjera un quiebre significativo en las tendencias a la desregulación y la flexibilización del trabajo. En el detalle debe señalarse la convocatoria a los consejos de salarios en el comercio, los servicios, la industria privada y, por primera vez, en la producción agropecuaria, cosa que la central de trabajadores ha evaluado como un avance cualitativo.

El ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, dijo en el comienzo de este proceso que la actitud del gobierno era la de “obligar a negociar”, aunque no a acordar, haciendo que por primera vez en casi 15 años empleadores y empleados se sentaran a resolver en conjunto los salarios mínimos que regirán en las distintas ramas, amén de otros aspectos de la relación laboral.

En ese plano, la modalidad del diálogo para administrar el conflicto entre el capital y el trabajo rindió sus mejores frutos.

Empero, el gobierno fue más allá y pretendió comenzar a resolver las asimetrías naturales que condicionan esas relaciones. Lo hizo con una intervención activa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para impedir los despidos que sucedieron en muchas ramas de la actividad privada, apenas los trabajadores comenzaron a organizarse en sindicatos, o para el reingreso de los dirigentes sindicales de Gaseba tras diez años de conflicto. En esa línea, la derogación por parte del Ministerio del Interior del decreto que permitía el desalojo de establecimientos ocupados por la sola voluntad policial, se transformó en otro paso tendiente a defender las posibilidades de movilización sindical.

Sin embargo, la principal ausencia en la mesa que reúne a unos y otros es la falta de leyes que tiendan a establecer una relación de iguales entre los actores de la negociación. El PIT-CNT reclamó insistentemente la aprobación de una ley de fueros sindicales, como condición previa a la puesta en marcha de los consejos de salarios, tal como lo señalan las distintas recomendaciones de la OIT. Petición que recogieron los diputados oficialistas mediante un proyecto que incorporó la protección a los sindicalistas, y que obtuvo la aprobación de la Cámara baja con el voto unánime de los 52 representantes del EP-FA. Es precisamente la media sanción de esta norma la que produce la tensión más importante del período en la estrategia de negociación ensayada por el gobierno.

LOS PROBLEMAS DEL MODELO. El acuerdo en más del 90 por ciento de los distintos grupos que componen los consejos de salarios podría hacer pensar en un proceso casi idílico de negociación, y en una aceptación universal de la estrategia gubernamental. Los resultados concretos de las rondas, especialmente en lo relativo a la modesta recuperación de los sueldos (incluida la pauta establecida por el Ejecutivo de alrededor de un 9 por ciento para quienes no obtuvieron ningún ajuste en el último año) que significaron los laudos de mínimo de categoría, no dejaron mayor preocupación a nivel de los empresarios.

La principal inquietud de éstos surgió a partir de la extensión a nuevas empresas de la organización sindical, y de dos medidas que el oficialismo puso en marcha: la derogación del decreto de las desocupaciones y la ley de fuero sindical. La primera fue duramente resistida y la presión de las cámaras empresariales obligó al gobierno a llevar esa disposición al debate del Consejo Superior Tripartito, para su regulación. Hecho que pronostica, en opinión de la central sindical, una moderación de la voluntad gubernamental explicitada en la resolución del Ministerio del Interior.
Pero la principal oposición de los empleadores es a la ley de fuero sindical. José Luis Puig, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, dijo a BRECHA que un primer aspecto cuestionable de la ley es “que no existiese una instancia de intercambio, dejando de lado los ámbitos tripartitos”. Señaló que una disposición de ese tipo tendría que haber sido tratada fuera del Parlamento y que su trámite exclusivamente legislativo escamoteaba un tema importante a los espacios de negociación ya creados.

En cuanto a los contenidos, el dirigente empresarial destacó que su “principal oposición es a la inversión de la carga de la prueba, también a la retroactividad, y al universo de trabajadores que abarca la protección. Queríamos que los protegidos fueran sólo los dirigentes y no todos los afiliados a los sindicatos”.

La ley aprobada en diputados establece que el empleador deberá demostrar que el despido no es por represión antisindical, invirtiéndose así la carga de la prueba, que hoy obliga al trabajador a demostrar que su cese es por su militancia sindical. Según el texto aprobado en la Cámara de Representantes, esa disposición rige para todos los afiliados al sindicato.

El diputado Juan José Bentancor (VA, EP-FA) señaló a BRECHA que la Comisión de Legislación del Trabajo, que él preside, convocó a todas las partes para que dieran su posición y plantearan las modificaciones que entendieran necesarias, para luego ir a una síntesis de las distintas posturas. Sin embargo, añadió, las cámaras empresariales se limitaron a señalar su discrepancia sin intentar una negociación al respecto.
En el cruce de argumentos surgen algunas contradicciones en la estrategia del gobierno, que llevan necesariamente al tema de los contenidos.

El diputado socialista José Luis Blasina indicó que la norma con media sanción “significa un salto revolucionario en las relaciones laborales”. Esa afirmación presupone, entre otras cosas, que hay elementos no discutibles y no sujetos a negociación entre las partes, al menos desde la óptica de parte de la izquierda y de los 52 legisladores que levantaron la mano para aprobar la ley en diputados.

Si el fuero sindical es un prerrequisito para la negociación, como entienden Bentancor y sus pares, es claro que no puede ser parte del menú de la mesa y por tanto no puede estar sujeto a los acuerdos con los empresarios. Pero si la negociación es la estrategia y el modelo a seguir por el gobierno, no habría temas excluidos, por lo cual el reclamo empresarial de incorporar el asunto en los ámbitos tripartitos tiene su lógica. La cuestión parece radicar, entonces, en cuánto están dispuestas la administración de Vázquez y su fuerza política a avanzar en sus postulados históricos al margen de los acuerdos “entre todos”, utilizando la mayoría absoluta de que dispone.

DESAVENENCIAS DE ENTRE CASA. Cuando el proyecto de ley de fuero sindical cruzó de una Cámara a otra aparecieron los problemas y desapareció la unanimidad en filas del oficialismo. Los senadores de la Alianza Progresista (AP), del Nuevo Espacio (NE) y parte de los de Asamblea Uruguay (AU) pusieron reparos a lo aprobado por los diputados. Así se pronosticaba que el proyecto sería modificado, pues se cuestionaba la inversión de la carga de la prueba y la extensión de la protección a todos los trabajadores del sindicato.

El senador Eduardo Ríos (AP), por ejemplo, dijo a BRECHA que le “parece un exceso la inversión de la carga de la prueba para todos, porque los abogados van a ir contra empresas chicas (las grandes tienen estudios jurídicos) sosteniendo que todo trabajador es un dirigente sindical”.

En AU, con la excepción de la senadora Susana Dalmás, la oposición a la inversión de la carga de la prueba es total, incluso para el caso de los dirigentes sindicales.

Esa combinación de presiones empresariales (varios diputados encuentristas señalaron que sus colegas senadores aparecían muy sensibles al lobby patronal), sumada al rechazo de la oposición y las dificultades en el propio EP-FA, motivó una movida inesperada del Poder Ejecutivo. Así, el lunes 22, Bonomi anunció que se creará un ámbito cuatripartito (conformado por trabajadores, el Ejecutivo, los empresarios y legisladores) para analizar un proyecto de ley de fuero sindical, congelando por 60 días el trámite parlamentario.

El ministro de Trabajo resaltó que la aprobación de la ley en diputados había resultado un disparador para que el asunto se instalara en la agenda pública, aunque advirtió que eso provocó reacciones. “Nosotros, hasta hoy, nos habíamos mantenido al margen. Pero lo conversamos con el presidente de la República y estamos en condiciones de anunciar que ese tema será discutido en ámbitos tripartitos.” En tanto esa comisión resuelve, el MTSS actuará como tribunal de alzada en toda disputa surgida por despido de trabajadores. También se emitirá un decreto que reglamenta el convenio 98 de la OIT sobre la libertad sindical, y que establece que ningún trabajador puede ser menoscabado por el desarrollo de la actividad sindical.

Este grupo, aseguró el ministro, no podría demorar más de 60 días en elaborar un proyecto para luego remitirlo al Parlamento, y agregó que en caso de que no se alcance acuerdo en dicho ámbito, será el Ministerio de Trabajo quien resuelva.

Fuentes gubernamentales indicaron a BRECHA que la decisión tomada por el Ejecutivo obedece a una concepción que ubica a la negociación como la estrategia y a los derechos sindicales como resortes operativos, y por tanto pasibles de ser subordinados a la primera. Los mismos informantes señalaron que era necesario “enfriar un partido” que ganaba temperatura día a día y que pronosticaba posibles conflictos, cuando la línea del gobierno es evitarlos.
Algunos dirigentes de la izquierda mostraron su contrariedad por lo que entienden como un freno al ímpetu de cambios del gobierno. “Si tenemos restricciones presupuestarias y económicas que impiden mejorar rápidamente la situación de la gente, al menos ampliemos la libertad y los derechos sociales”, comentaron.

La Vertiente Artiguista emitió una declaración pública en la que destaca la actuación del diputado Bentancor y reafirma “su convencimiento de que el ámbito legislativo es el adecuado para la resolución final del tema”.

Incluso, el diputado del sector Edgardo Ortuño señaló a BRECHA que “es una mala señal que ante una primera situación de planteo de algún sector de la sociedad, un tema que está en el Parlamento sea congelado desde el Ejecutivo. Eso no fortalece el rol del Parlamento ni el del gobierno, porque instancias de éstas VA a haber muchas y no se pueden concentrar todos los planteos, por no decir todas las presiones, en un mismo ámbito, el Ejecutivo”.
No obstante, la fórmula del gobierno fue respaldada por los senadores oficialistas. El senador Alberto Breccia (MPP) señaló a BRECHA que la iniciativa le parece correcta, aunque “en el caso de que en esos 60 días no se pueda consensuar e introducir los matices, entonces el Senado votaría la ley tal cual vino aprobada de diputados”.
Una advertencia que repitió Ríos, cuando afirmó que “los empresarios tienen que acostumbrarse a que el gobierno debe estar del lado de los más débiles, en este caso de los trabajadores. O ellos colaboran en la construcción o nosotros aprobamos las leyes que queremos”.

No obstante, y más allá de esos dichos, Breccia reconoció que en esta instancia se privilegió “que la fuerza política salga de este episodio de votación de la ley (que estimamos de fundamental importancia para el establecimiento de relaciones laborales más modernas) en absoluta unidad y armonía. Así estamos logrando dos consecuencias, que la fuerza salga unida, y decirle a todas las partes, sobre todo al sector empresarial, que la ley VA a salir”.

Por su parte, el dirigente del PIT-CNT Juan Castillo sostuvo: “Nosotros necesitamos el instrumento y el mejor es el que aprobó diputados. No nos negamos a discutir, pero sobre la base de compromisos básicos de que no nos bancamos ninguna represión sindical más. Lo que para nosotros es intocable (el registro y la retroactividad no nos son fundamentales) es la universalidad, la inversión de la carga de la prueba y la reinstalación del trabajor. Me parece que la fuerza política es desprolija. Una posición firme en diputados, dubitativa en el Senado, con varios legisladores con opiniones en contra y el Ejecutivo con una postura intermedia. Las presiones generaron la duda en la fuerza política y es evidente que si no dieron un paso atrás, lo dieron al costado”.

En otra sintonía, Puig indicó que la creación del ámbito cuatripartito le parece “una buena cosa. La experiencia que hemos tenido de ámbitos tripartitos ha sido muy buena, por ejemplo los consejos de salarios. La prueba está a la vista. En casi todos tenemos acuerdos y el resultado es excelente. Esta comisión hará que la ley que se acuerde sea mucho más sólida. Como en todo intercambio de ideas vamos a buscar el camino del medio”.

PREVENCIONES. Varios legisladores de izquierda indicaron que las presiones empresariales y los argumentos establecidos respecto a las consecuencias que tendría una ley de ese tipo para las inversiones, recuerdan lo ocurrido cuando en 1916 se aprobó la ley de ocho horas. Allí, añadieron, se argumentó del lado empresarial lo pernicioso que esto era para el país, además de señalar que los trabajadores usarían el tiempo ocioso para ir “a las tabernas”.
Bentancor reclamó una posición más firme del gobierno y recordó que “el Estado debe garantizar la protección de la actividad sindical como uno de los derechos fundamentales del trabajador, como lo define la Constitución, los convenios de OIT, y la convención sociolaboral del Mercosur. Me parece que este tipo de derechos no puede integrar el contencioso de un debate, de una transacción entre trabajadores y empresarios. Esto, desde mi punto de vista y también lo ha sido para la izquierda, es innegociable. Tenemos la obligación de plantearlo, porque a veces queriendo hacer un bien le hacemos un mal al gobierno, por ejemplo diciéndole que es correcto lo que hace, cuando es malo”.

A partir de este capítulo se originan dos problemas adicionales para la administración de Vázquez: la subordinación del Parlamento al Ejecutivo y el desconocimiento de las decisiones de su fuerza política. La Mesa Política del FA resolvió hace dos semanas que los senadores debían atenerse a lo aprobado en diputados.

Al margen de estos conflictos domésticos, entre las interrogantes a develar está la reacción del PIT-CNT ante este cambio de escenario. Y también la de los asalariados, base social de la izquierda.

Tomado de BRECHA, 26/08/05

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