Romani, Anzalone y Fernández Galeano.

Milton Romani: El tema drogas en nuestra sociedad es un fenómeno complejo. Quien quiera reducirlo a un tema sencillo, que se arregla con una sola medida, se equivoca.

Yo me siento muy reconfortado por esta invitación, porque integra dos preocupaciones actuales de la Junta Nacional de Drogas, preocupaciones que voy a citar como una de las marcas o una de las líneas de trabajo político. Este es un problema político; es un problema de cómo el Estado y los Gobiernos Departamentales ‑con sus Ejecutivos y sus Legislativos‑ miran un fenómeno o empiezan a reconocer que existe un problema. Entonces, saludamos en primer lugar esto, que es el reconocimiento de un problema que ‑como ha manifestado el señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez‑ forma parte de la cara oscura de la sociedad que muchas veces no queremos ver, no queremos reconocer; la vivimos cotidianamente, no sólo cuando emerge como un problema grave: la convivencia con las drogas naturales o artificiales forma parte de la cultura y de las civilizaciones.

Entonces, bienvenido sea el reconocimiento del problema. Como dice la Junta Nacional de Drogas y es nuestro lema: “Problema drogas, compromiso de todos”, y esto marca una muestra del compromiso del Legislativo Comunal de Montevideo por este tema. Entonces, saludamos esta preocupación, este debate y este compromiso. Este no es solamente un tema de debate ni de intercambio de opiniones, las que son muy necesarias, porque hablamos poco de este tema a nivel político y a nivel cultural; solamente hablamos cuando surge como situación de alarma pública. Yo considero que es necesario que la sociedad incorpore un debate permanente con respecto al consumo y al tráfico ilegal de drogas, que forman parte de un mismo problema.

Lo segundo que me parece importante subrayar en esto del compromiso de todos es que los Municipios comiencen a incorporar el tema. Nosotros venimos de celebrar, junto con muchos de ustedes, un seminario ‑que se realizó en la Presidencia‑ de fortalecimiento de los procesos de descentralización y municipalización de la política nacional de drogas. La Junta Nacional de Drogas trabaja en un esquema de descentralización, y en este momento forman parte del dispositivo 16 Juntas Departamentales de Drogas y tres Juntas Locales de Drogas: en San Carlos, en  Bella Unión y en Cardona; estamos tratando de fortalecerla con un diseño institucional, de manera que no signifique solamente una responsabilidad de la sociedad civil; hasta ahora ese trabajo de prevención se ha desarrollado sobre los hombros de vecinos y vecinas, de educadores o de distintos actores locales que se interesaron en el tema. Creemos que las Intendencias y los Legislativos Comunales tienen un papel institucional en esas Juntas Departamentales de Drogas, y consideramos que descentralizar y municipalizar este tema es una de las claves del avance en una política pública nacional en materia de drogas. En virtud de eso, también hemos encontrado una respuesta positiva, porque no sólo contamos en este seminario con la presencia de varios Intendentes, sino que el Congreso de Intendentes firmó un convenio con la Junta Nacional de Drogas poniéndose todos de acuerdo en la voluntad de abordar este tema.

Me parece bastante sintomático que este foro haya sido organizado por las Comisiones de Juventud, Adolescencia y Niñez y de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Porque este es un problema de desarrollo social, de derechos humanos; no es sólo un problema de jóvenes. Hay que combatir la idea de homogeneizar, de hacer tabla rasa sobre este tema. El consumo problemático de drogas no es un problema de los jóvenes solamente. Como lo hemos dicho muchas veces ‑y como lo han dicho muchos compañeros‑, pretendemos que los jóvenes se conviertan en parte de la solución y no sean sólo identificados como parte del problema.           

En esto voy a hacer una mención aparte. Hemos conocido muchos relatos del dolor. Muchas veces los comunicadores se hacen voceros de un dolor y de un malestar que hay fundamentalmente con el consumo de pasta base, que no surgió ni el año pasado ni ahora, sino en el año 2002. Es un dolor que muchas veces se padeció en soledad, sin asistencia, sin recursos del Estado, sin recursos sociales que brindaran una mano solidaria a todos los que sufrían este problema. Creo que ahora estamos en condiciones de decir que hay una mirada del Estado; bienvenida sea la mirada del Municipio para atender, escuchar y brindar una mano solidaria a todo el dolor.

Pero en esto hay un problema de comunicación, no sólo a nivel individual y de la familia sino a nivel general. Y quiero insistir en un tema: hemos empezado a conocer el relato legítimo de muchos familiares y de muchos actores institucionales, pero sigue oculto el relato doloroso de los muchachos y de los consumidores. Ese es un problema de derechos humanos y también de desarrollo social. No estoy planteando que el problema privado de cada uno tenga que ser expuesto públicamente, porque en eso yo convoco también a responsabilidad social y a considerar al consumidor y a los familiares como sujetos de derecho que no deben ser ni discriminados, ni estigmatizados, ni puestos en la palestra pública como chivos emisarios de un problema que, repito, es de todos. Que acá nadie se saque el sayo; todos tenemos que ver con este tema. Este no es un problema del “latero” ni del “pastabasero”. Este es un problema que se ha generado por determinadas visiones políticas, por determinadas políticas sociales y por determinada cultura en la sociedad, que no tiene beneficio de crítica, de reconversión y de discusión.

Estamos también en medio de un debate educativo. Tendríamos que incorporar al debate educativo este tema, pero no sólo dando información acerca de lo que es cada droga, sino de la forma en que nosotros vemos el proceso educativo, el proceso de salud y el proceso de una revolución cultural, y de la forma en que la sociedad mira estos fenómenos. El tema drogas en nuestra sociedad es un fenómeno complejo. Quien quiera reducirlo a un tema sencillo, que se arregla con una sola medida, se equivoca. Es un tema que lo tenemos que incorporar y no como un flagelo externo que acosa a la sociedad. La forma en que el Estado y sus actores coordinan o no es un problema de las relaciones y los vínculos que adquirimos hombres y mujeres. Estamos en una lucha a brazo partido por lo interinstitucional desde la Junta Nacional de Drogas, que tiene nueve viceministros que se reúnen para definir políticas, como en esto de la Red de Asistencia en Drogas que articula el trabajo del Ministerio de Salud Pública, de la División Salud de la Intendencia Municipal de Montevideo, de la Facultad de Enfermería, del INAU, para tratar de dar una respuesta integral lo más cerca posible de la sociedad.

Como decía, una cosa es considerar esto como un problema externo, o de otros, y otra cosa es verlo como un problema nuestro, que está acá; porque, paradójicamente, es más accesible, más dominable, más controlable, y se le pueden desarrollar políticas si lo reconocemos como un problema nuestro. Si lo ponemos afuera y como un problema de otros, no estamos haciendo un buen planteo.

Reitero que el problema está acá, de este lado. Por lo tanto, se puede resolver porque está de este lado. Si está del otro lado, vamos a repetir una larga experiencia en materia internacional de combate, de guerra contra la droga como una cuestión homogénea, lo que lejos de resolver el problema en muchos países lo ha intensificado y lo ha convertido en algo mucho más grave y, por lo tanto, inaccesible.

Este tema es integral. Hay un aspecto que es de prevención. Como en otros temas de salud pública o sociales, hay que prevenir, hay que promocionar hábitos saludables ‑esto implica lo comunitario y el sistema educativo‑, hay que tener herramientas de tratamiento y de asistencia con una nueva concepción, que no es el encierro del adicto. Acá, frente a los fenómenos sociales complejos, muchas veces se elige encerrar al botija porque no se aguanta más, pero no es así. La internación y el tratamiento de desintoxicación tienen que ser particularizados. Ese es el enfoque que tiene hoy el Ministerio de Salud Pública en su red de atención. Lo importante es escuchar y tener una política flexible y abierta. También debemos considerar la continuidad que tiene la prevención y el abordaje de tratamientos con modelos de reducción de daños de aquellos problemas que tenemos instalados, que no se reducen al de la pasta base. Recién varios periodistas me preguntaban al respecto, y es evidente que en esto tenemos varias políticas encaradas con distintas intendencias. La droga más consumida en el Uruguay no es la pasta base sino el alcohol. Y los episodios de consumo abusivo de alcohol producen daños individuales, familiares y comunitarios de enorme importancia; pasan invisibilizados porque están integrados a la cultura, pero también debemos tener una mirada comprensiva importante, tanto a nivel comunitario como laboral, en el tema del consumo de alcohol.

Con esto quiero significar que este continuo de promoción, prevención, tratamiento y reducción de daños tiene otra pata en la Junta Nacional de Drogas, que es el combate al narcotráfico. Esto no escapa a la Junta Nacional de Drogas. Dijo el Presidente de la República en el discurso del 1º de marzo que fundamentalmente e incluso en el tema de la pasta base hay una prioridad, y es la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, el narcotráfico, en sus distintas manifestaciones: ingreso, distribución y minitráfico. Creo que nosotros también debemos hacer un esfuerzo. En determinado momento se nos ponía en la disyuntiva de decir qué atacábamos primero, si al grande, al mediano o al chico. Yo creo que esto del minitráfico, que es otro fenómeno social complejo, totalmente nuevo, viene de la mano de la exclusión, de la pobreza y de la falta de visibilidad de oportunidades. Debemos tener una acción social enérgica, destinando a las agencias represivas el mayor peso del trabajo; estamos coordinando con las distintas agencias un plan permanente. Pero yo convoco también a las redes sociales a hacer un trabajo de calificación, de orientación; los vecinos tienen que saber. Somos conscientes de la desconfianza del vecino con el aparato represivo, fundamentalmente de la Policía; somos conscientes de eso. Son largos años de inacción y de una cultura de Estado que se sintetizaba en la caducidad de la pretensión punitiva de la ley; no hay confianza en el aparato represivo. Pero los ciudadanos y las ciudadanas, cuando tienen una denuncia fundada, tienen que hacerla. Y si no encuentran eco, tienen que pedir una reunión privada con el Comisario de la Seccional; y, si no, llamar al 0800.2121. Además, en esto hay que promover una nueva cultura ciudadana. Yo lo sintetizo en una convocatoria a los vecinos y a las vecinas: no compremos cosas robadas. Eso también forma parte de una cultura que nosotros tenemos que impregnar, porque de la compra de las cosas robadas, que tiene habilitación social, se nutre también el minitráfico.

Entonces, tenemos responsabilidades de Estado irrenunciables, pero también tenemos que convocar a una acción ciudadana para la reconstrucción de valores ciudadanos, que no pueden extinguirse por la desconfianza. La confianza no va a surgir espontáneamente, la tenemos que construir como construimos con este pueblo muchas cosas. Bueno, en este caso de la lucha contra el narcotráfico también hay un papel que tiene la sociedad, que no es sustituir las agencias represivas ‑eso es responsabilidad nuestra, del Estado‑, sino un marco de cooperación en cuanto a crear nuevas culturas ciudadanas, a lo cual también tenemos que convocar a la ciudadanía.

Pablo Anzalone: La angustia de la población con relación a esto está asociada a una perspectiva de amenidad, en el sentido de pensarlo como un problema frente al cual se reclaman soluciones, muchas veces, policiales, de accionar represivo.

También para nosotros es importante este tipo de instancias de intercambio sobre todas estas temáticas que abarcan y que exigen incorporar distintas visiones, profundizar sobre diferentes experiencias y coordinar esfuerzos interinstitucionales, pero también intersectoriales y con la comunidad. En particular, nos parece que en los últimos meses ha aparecido una coyuntura nueva en el país respecto a este tema. Este es un problema estructural en las sociedades, que ha existido siempre; son fenómenos que forman parte de la vida del hombre en sociedad, y cada poco tiempo aparecen en los medios de comunicación, fundamentalmente a partir de algunos episodios de represión o de algunos episodios puntuales de delitos asociados con algunos fenómenos.

Entendemos que en estos últimos meses se está generando una coyuntura nueva: un involucramiento y una preocupación mucho mayor, no sólo desde los medios de comunicación. Siempre se habla de temperatura y de la sensación térmica, de la dimensión real del problema, de la forma en que se lo manipula, se expone, se expresa o se potencia a nivel de los medios de comunicación y de los efectos que esto tiene en la opinión pública o en los distintos actores relacionados con la vida de la gente.

Creemos que hay elementos nuevos en este período que también hacen al surgimiento de nuevos actores sociales, y un nivel de angustia y de preocupación mayor por parte del conjunto de la sociedad. Consideramos que este es el resultado de una cantidad de variables.
Tal vez no interese tanto profundizar en el diagnóstico de todo eso. En todo caso, aquí hay un solo elemento claro y evidente: los efectos de la desintegración social que sufrió nuestro país en los últimos años, fruto de la crisis. Este es el contexto en el cual se desarrollan todos estos fenómenos y esa desintegración social, ese proceso de fractura de las redes. Ese proceso de  mayor vulnerabilidad de una gran parte de la población uruguaya es uno de los componentes que han hecho que los indicadores de salud empeoraran durante años, que hubiera un proceso de individualismo exacerbado durante años y de incremento de la pobreza, de incremento de la falta de perspectiva, de incremento de la emigración, de incremento de esa sensación de falta de un sentido a la vida, que muchas veces se asocia con este tipo de prácticas. Esto también tiene consecuencias sobre los derechos democráticos, sobre la democracia del país.

Por eso estamos fuertemente comprometidos como Intendencia a trabajar junto con el Gobierno Nacional en la reconstrucción de las redes, en el fortalecimiento de la sociedad, en el rearmado de una perspectiva diferente de país, para interactuar sobre este tema desde múltiples enfoques.

En el plano específico de la salud, estamos en un proceso de transformación estructural del sistema de salud. Durante muchos años la concepción de la salud estuvo centrada en la atención a la enfermedad pensada en términos de patología individual, fundamentalmente de un problema físico, y si se incorporaba un elemento psicológico, también se reducía a la esfera individual, contradictoriamente con lo que son las doctrinas progresistas en materia de salud desde hace muchos años, las que ya han reafirmado que los factores del entorno y de los hábitos son los determinantes de manera ampliamente mayoritaria. Casi el 70% de los factores determinantes están en esas dos áreas, mientras que el sistema de salud responde sólo en un 11%, o en ese entorno.

Entonces, lo que se está planteando es un cambio de modelo de atención que toma como un elemento fundamental, interesante, una experiencia que ha hecho la Intendencia Municipal en los últimos diez, quince años, en relación a una perspectiva de atención a la salud pensada en torno a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad. Esa concepción, que hoy es el modelo que se quiere desarrollar a nivel nacional, tiene muchas dificultades, y avanzará en un proceso a mediano o largo plazo; implica un cambio profundo en la manera de concebir la atención a la salud. En ese contexto nos acercamos a esta coyuntura que se da en torno a las adicciones o al consumo problemático de sustancias. Quiero significar este aspecto, porque este tema de las adicciones, como todos los temas de salud ‑pero este tal vez más que otros‑ es imposible reducirlo a una perspectiva puramente existencialista o puramente técnica. La respuesta a esto, sin duda, incorpora necesariamente una visión más integral de la salud vinculada a la calidad de vida y al conjunto de los aspectos sociales, culturales, económicos y psicofísicos.

A su vez, hay un aspecto del diagnóstico que ha hecho la Junta Nacional de Drogas sobre esto por el que se observa que muchas veces la angustia de la población con relación a esto está asociada a una perspectiva de amenidad, en el sentido de pensarlo como un problema frente al cual se reclaman soluciones, muchas veces, policiales, de accionar represivo. Nos parece que esa es una de las claves de cualquier enfoque transformador en ésta y en el conjunto de las problemáticas, es decir, revertir ese componente de ajenidad, ese componente de angustia.

En ese sentido, queremos destacar un aspecto de lo que ha sido un esfuerzo permanente que hemos hecho en este último año, pero que recoge un esfuerzo de muchos años, y es la participación de los usuarios como un factor protagónico de las acciones en materia de salud: la propia, la de la familia y la de la comunidad. Uno de los aspectos en los que hay un fortalecimiento es en el nuevo actor, que no es el paciente que recibe sólo los tratamientos indicados por un técnico, sino un actor social, que es capaz de discutir, influir, problematizar, proponer, criticar y desarrollar acciones sobre los temas de salud. Es decir, se ha creado un movimiento de usuarios; las Comisiones de Salud de los Concejos Vecinales han convocado a asambleas representativas zona a zona. Esas asambleas se empezaron a dar el año pasado y han continuado durante todo este año. Este movimiento ya no es sólo local ‑participación social articulada en un barrio‑, sino que es un movimiento de usuarios de Montevideo que está trabajando, reuniéndose, desarrollando iniciativas, promoviendo debates, talleres, llevando propuestas, y nos parece que ese componente es fundamental para cambiar el modelo asistencial y para producir otro enfoque de fondo, diferente, respecto al tema de la salud en nuestro país.

Todos estos procesos de transformación requieren una voluntad política del Gobierno Nacional y del Gobierno Municipal, y hay un mandato de la ciudadanía en ese sentido, pero también indefectiblemente requieren del protagonismo de muchos otros actores sociales e institucionales, que son imprescindibles para que, como todo proceso social complejo, pueda llevarse adelante.

Quiero poner sólo el ejemplo de una de las adicciones más importantes en nuestro país, que es el tema del tabaquismo. Los avances que ha habido en estos meses en el tema del tabaquismo, que son bastante significativos y visibles, no surgen de un decreto presidencial. El decreto presidencial y la amenaza de las multas, por ejemplo, han sido un factor que ha producido una modificación ‑que será parcial o relativa‑ en la vida de la ciudad y de la sociedad en ese sentido. Ese aspecto, que no es menor, nos dice que, en realidad, los esfuerzos que uno hace durante mucho tiempo pueden dar un salto cualitativo en cierto momento y crear una nueva situación. Pero yo creo que el elemento principal fue el apoyo voluntario de la ciudadanía; fue el hecho de que eso reposó sobre una convicción y una aceptación social de que realmente se trataba de un problema de salud y de que, más allá de la libertad de los fumadores de fumar o no, fumar en ámbitos cerrados perjudicaba la salud de los demás, y que era aceptable una prohibición en ese sentido. Ahí se fue a una medida muy dura, muy fuerte; incluso hubo voces que la cuestionaron, señalando que era una medida que recortaba las libertades. Sin embargo, creo que el respaldo social que tuvo es expresión de que en la sociedad existían las condiciones para dar colectivamente ese paso.

Creo que en alguna medida esto también nos muestra cómo, en realidad, en los temas de salud y adicciones un factor importante lo constituye el componente que los compañeros señalaron, en el sentido de acá no se trata sólo de las drogas ilegales, sino también de las drogas legales, que son un elemento importantísimo en la agresión a la salud de la población en cuanto a su consumo problemático. Pero, a su vez, también es fundamental la manera de encarar ese tipo de gestación de voluntades colectivas para modificar los hábitos, los estilos de vida, para disolver esos factores que son tan complejos y que requieren la posibilidad real de un acceso a hábitos saludables. O sea, todo el discurso de los hábitos saludables empieza a debilitarse si la gente no tiene posibilidades reales, efectivas, concretas de llevarlos adelante. Además, esto requiere de la decisión individual de las personas y también de decisiones colectivas. Esas decisiones colectivas, interpares, sociales, son en el entramado social los elementos que refuerzan la modificación de los hábitos, que permiten que ello sea sustentable en el tiempo, es decir, que se trate de procesos no sólo episódicos, o pensados únicamente en términos de alguien que dice a los demás las cosas que hacen mal a la salud y, por lo tanto, orienta y establece las pautas que los demás deben acatar. Sabemos que este tipo de relación de información, orientación, etcétera, de una manera emisor-receptor, pauta modelos autoritarios de relación entre las personas y entre los sistemas y las personas. Es así que creemos que este componente diferente de gestación de voluntades colectivas es de la mayor importancia.

Quiero ahora centrarme en qué es lo que estamos tratando de hacer, qué es lo que estamos haciendo en este período, como Intendencia, desde la División Salud. 

En los últimos meses surgió una preocupación especial por profundizar la coordinación dentro de la Intendencia en lo que respecta a esta política. Nos hemos estado reuniendo a fin de colectivizar experiencias y ver cuáles son las posibilidades de una mayor articulación. Todos sabemos que la transversalidad de las políticas es siempre un desafío, más allá de que haya voluntad de avanzar en ese sentido. Muchas veces la realidad nos genera trillos en los que cada uno se pone a trabajar, a impulsar cosas, pero sin articular de la manera más eficaz con todos lo demás; eso nos pasa adentro y afuera. Sin embargo, en esto estamos trabajando de manera muy fuerte, muy intensa, coordinando con Cultura, con Descentralización, con la Secretaría de la Mujer, con la Secretaría del Adulto, en un conjunto de acciones tendientes a potenciar y fortalecer el compromiso de la Intendencia en la temática de las adicciones y el consumo problemático.

Coherentemente con esta visión, nosotros desarrollamos desde al año pasado un involucramiento de las policlínicas municipales en la red. Esto fue algo que planteó la Junta Nacional de Drogas, por considerar que la atención a las drogas no era sólo un problema de internación, un problema de segundo nivel de atención, por lo cual era imprescindible generar en cada barrio, en cada policlínica, en cada centro de salud asentado en la comunidad,  espacios de escucha, de recepción, de apoyo, de diagnóstico, de tratamiento hasta ese nivel, y también de derivación en los casos en los cuales fuera necesario otro tipo de intervención. Esta voluntad de fortalecer y crear una red en el primer nivel de atención con esta concepción de atención primaria de salud, con esta concepción de involucramiento del conjunto de la comunidad en torno a estos temas, se materializó en un proceso de  capacitación y orientación de referentes de cada policlínica que voluntariamente quisieron participar en estas instancias. Se trata de referentes con un componente interdisciplinario, es decir, no sólo médicos, no sólo psicólogos, como los que hay en las policlínicas municipales, sino también enfermeros, administrativos; distintos componentes de los equipos de salud de las policlínicas. Quiero poner énfasis en el carácter interdisciplinario de los equipos municipales y en esa concepción de trabajo en equipo, aspecto que realmente sigo valorando como una de las grandes fortalezas que tiene la Intendencia en materia de atención a la salud. Más allá de que esto es algo que está en todos los libros, y sus beneficios parecen evidentes, es muy difícil pensarlo a nivel del conjunto del sistema de salud, donde todavía es un proceso en el que se sigue batallando.

Esto tiene una historia acumulada, lo cual permitió que estos referentes en materia de adicciones sirvieran de puente con los equipos de las policlínicas, es decir, que sensibilizaran, que colectivizaran esta problemática. Por supuesto que hubo muchas inseguridades y mucho miedo a resultar desbordados por la demanda, ya que se tenía la sensación ‑y se sigue teniendo‑ de que es muy grande la problemática que está planteada y ha habido un incremento en este tipo de consumo. Sin embargo, este proceso de sensibilización y capacitación ha permitido realizar una experiencia que al principio estuvo más centrada en la disposición, en empezar a recibir esto. Pero progresivamente ha comenzado a existir una demanda real. La disposición a atender no significaba necesariamente que hubiera disposición de los familiares y de los adictos.

Casi el 50% de las personas que se han ido acercando son familiares. Es decir que hay una problemática específica de los familiares en lo que respecta a encarar el tratamiento de estos temas. Al respecto estamos coordinando con la Junta Nacional de Drogas, con Descentralización y otros actores, a fin de promover la conformación de grupos de familiares en cada una de las policlínicas. Ustedes saben que la Intendencia tiene una experiencia bien interesante en materia de atención en grupos. Este uno de los componentes del nuevo modelo. No se trata sólo de la atención individual, sino que existe también el grupo de ayuda mutua, o de autoayuda, como dicen algunos compañeros. A mí me gusta más la idea de ayuda mutua. Como señalaban los compañeros de El Abrojo, en Casavalle existen cuatro grupos con 180 personas organizadas, que se apoyan mutuamente para el desarrollo de conductas saludables. Esta experiencia de trabajo posibilitó la conformación de grupos ‑hay más de diez funcionando‑, para combatir el tabaquismo, en algunas policlínicas municipales. Reitero, entonces, que es una experiencia válida para llevar adelante con los familiares de los adictos. Hay un aspecto de fortaleza en este tipo de intervención, que puede servir para combatir esta problemática específica. Por supuesto que esta red en el primer nivel se tiene que articular de manera eficaz en el segundo y tercer nivel. En ese sentido, hemos trabajado con el Portal Amarillo, unificando los criterios, recibiendo el apoyo de sus equipos para fortalecer técnicamente la labor que se desarrolla desde las policlínicas.

Es un enfoque importante y correcto pensar que no sólo generando una instancia como la del Portal o de segundo nivel es que se puede dar una respuesta en este plano. Si no hay una red asistencial, esto va a generar rápidamente un cuello de botella, desbordes y una sensación de frustración en el conjunto de los actores y de la comunidad. Por eso pensamos que esta línea de ir construyendo una red asistencial con distintos niveles, con distintos nudos, es una estrategia correcta.

Queremos enfatizar que esa red asistencial tiene que articularse con una red de promoción de salud. Esto no se resuelve sólo con brindar una mejor atención a los adictos o a su familia. Esto requiere también fortalecer los factores protectores en la sociedad frente a este tipo de situaciones. Por lo tanto, aquellos componentes en los que la Intendencia y también otros actores institucionales y sociales tienen fortaleza específica, deberían ser uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de la labor en el próximo período. Esto se vincula con la comunidad y con ese proceso de transformación de la actitud de ajenidad, de reclamo y de proyectar el problema hacia afuera; es importante que exista una vinculación del problema con lo que es el fortalecimiento de las redes de integración social, con el fortalecimiento de los componentes que ayuden a dar a la sociedad  mayor capacidad de reconstruirse y de desarrollarse.

En ese plano, entonces, nos parece bien importante el tema de la descentralización y la vinculación de los Municipios en ese sentido, como asimismo la articulación de la red asistencial con la red de promoción, una red de promoción desarrollada en cada zona, en cada barrio.

Esos son los elementos fundamentales que queríamos incorporar. Hasta ahora, nuestra experiencia ha sido fundamentalmente en las Zonas 6, 9, 10, 11, 14 y 17, es decir, en aquellos barrios donde hemos recibido más demandas. El trabajo en cuanto a cesación de tabaquismo ha sido importante el año pasado y también éste en las policlínicas. En este período el tema fundamental ha sido el de la pasta base.

Esto era,  fundamentalmente, lo que queríamos decir.

Miguel Fernández Galeano: No alcanza el control de la oferta a través de la persecución del tráfico ilícito de drogas, sino que es importante también construir factores protectores en la sociedad, promoción de estilos saludables de vida que eliminen, reduzcan el consumo problemático de drogas.

Muchas gracias por la invitación a las Comisiones de Desarrollo Social y de Juventud de esta Junta Departamental.

Señores Ediles y señoras Edilas; personas que están acompañando esta actividad, este Foro: para mí es un enorme placer volver a esta Casa, a este lugar de representantes de los ciudadanos de Montevideo. Estoy hablando desde el mismo lugar del que nos tocaba hablar cuando pasamos por la Junta Departamental. Siempre es bueno mirar hacia atrás y ver un poco, en esta tarea de tratar de contribuir a construir políticas públicas, el recorrido hecho. Este era el escaño de doña “Tota” Quinteros, una luchadora de los derechos humanos. Yo tuve el honor de subrogarla, de ser suplente de ella. Aquí estuvimos en aquel primer período del Gobierno de Montevideo que la izquierda tuvo en este país.

Para mí, repito, es muy bueno poder volver con nuevos temas, con temas complejos, con temas que nos imponen una respuesta. Y también me parece muy buena cosa que la Junta Departamental, como representante de los intereses de las y los ciudadanos de Montevideo, se interese por el tema, y para eso tome en cuenta los puntos de partida, tanto desde el punto de vista institucional como sectorial, porque el problema de drogas es un problema multicausal y, por tanto, debe ser enfrentado con un enfoque intersectorial, con un enfoque interdisciplinario, con un enfoque que enfrente la complejidad desde respuestas que den cuenta de ese conjunto de factores que están detrás del consumo problemático de drogas.

Para los 15 minutos de que dispongo, señor Presidente de la Comisión, traje un PowerPoint, un ayuda memoria, en primer lugar para no pasarme del tiempo, y en segundo término para tomar un tema sobre el cual hace algunas semanas estuvimos hablando en el Edificio Libertad: la importancia que tiene el enfoque de la descentralización en la política de drogas, la importancia que tiene lo local en la política de drogas desde la perspectiva sanitaria, porque un enfoque descentralizador, que dé a lo local y a la participación social un papel fundamental, es absolutamente imprescindible desde la perspectiva sanitaria. El tema es cómo hacemos, en definitiva, para abandonar un enfoque asistencialista, medicalizado, curativo, de un problema que reconoce una complejidad que requiere de otras intervenciones, y cómo un cambio de modelo de atención en la política de drogas resulta absolutamente fundamental. Aquí vamos a tomar la experiencia que hicimos con un grupo importante de ONG y, en particular, con el IDES. Tengo la suerte de estar con el sociólogo De León, con quien aprendimos mucho en el trabajo llevado adelante desde la Intendencia Municipal de Montevideo para el desarrollo de una política integral de drogas. Allí hubo un encuentro de lo que se hace desde la sociedad civil y lo que el Estado puede hacer para construir una política de drogas. También trabajamos con otras ONG, como El Abrojo, y con distintas organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en el tema. La idea no es tirarle el problema a la sociedad, sino involucrarla en el enfoque de la respuesta pero sin que el Estado se retire y se desentienda, es decir, rompiendo el paradigma de descentralización como desentendimiento del problema. Acá lo que tiene que haber es un fuerte involucramiento de toda la sociedad en el tema, pero con una respuesta estatal, con recursos del Estado, con recursos humanos, con recursos  materiales, con recursos financieros que permitan enfocar una política integral para atender el problema de drogas.

Entonces, voy a la presentación.

En primera instancia, se plantea la importancia y el alcance de los ámbitos locales y municipales. Los ámbitos locales son espacios privilegiados por su cercanía al ciudadano para el desarrollo de políticas de coordinación de servicios, para movilizar y generar participación ciudadana y para movilizar recursos de prevención, asistencia y rehabilitación. Los espacios locales son importantes para fortalecer ese cambio en el modelo de atención que no reduzca el problema a la atención médica y, menos aún, a las sustancias. Las sustancias son una condición necesaria pero no suficiente para que haya un consumo problemático de drogas; las sustancias son un problema, y es por eso que hay que tener una política de control de la oferta, pero no son el problema. El problema es el conjunto de factores que se entrecruzan para tener un consumo problemático de drogas, y es por eso que tenemos que cambiar el modelo de atención, tenemos que dejar de pensar en un modelo asistencialista.

La importancia y el alcance de los ámbitos locales a la hora de la intervención local o municipal en la temática de las drogas tienen que articularse con principios, políticas y estrategias nacionales. ¿Por qué decimos esto? Porque pensamos que acá no se trata de que cada quien tenga una política de drogas, sino que es muy importante construir estrategias, principios y políticas de drogas que abarquen el conjunto del país, por el carácter nacional de la problemática. De allí la importancia de la Junta Nacional de Drogas y de cómo venimos trabajando en ella para enfrentar este tema. ¿Qué principios, qué políticas, qué estrategias? Con un enfoque de derechos, un enfoque de derechos que no es otra cosa que decir que acá no se trata de dar un servicio a alguien, sino que hay que tener en cuenta cómo construimos una política que defienda el derecho a la salud, el derecho a gozar de un conjunto de prerrogativas que muchas veces no se tienen y sin los cuales pensar la política de drogas es muy difícil. Si no se construyen políticas de promoción, de estilos saludables de vida, es muy difícil enfrentar el consumo problemático de drogas con un enfoque integral ‑ya lo decía en la introducción‑ que trate de articular los distintos problemas y con un trato global para sustancias y para conductas. ¿Qué quiere decir esto?  Que tenemos que pensar integralmente para drogas legales e ilegales y no establecer una frontera, que muchas veces hace mucho daño. Tenemos que pensar en una estrategia en la que las conductas adictivas también se vean de una manera global que permita intervenir adecuadamente.

Las instituciones locales y municipales tienen menos impacto en la lucha de la reducción de la oferta, que es competencia principal del Estado a nivel nacional. Esto no quiere decir que el nivel local no pueda contribuir, articularse y facilitar la política de control de la oferta. Porque ‑digámoslo con claridad‑ esa integralidad de la que hablaba antes es una integralidad que dice controlar la oferta, controlar la demanda y reducir el daño. Eso es un conjunto de estrategias que son complementarias. Para algunas drogas el control de la oferta deviene en un tema absolutamente fundamental: pasta base de cocaína, PBC. El control de la oferta es absolutamente importante, porque ya está analizado qué es lo que pasa con la pasta base en cuanto a los consumos. Por lo tanto, allí hay énfasis que tienen que ser diferentes; de allí la importancia de una política articulada e integral.

Las acciones prioritariamente orientadas a la reducción de la demanda son las que debe encarar privilegiadamente el ámbito local a través de distintas estrategias ‑de programas de educación, de difusión y de promoción de estilos saludables de vida‑, a través de disposiciones normativas en sus ámbitos de competencia, a través de la coordinación social, intersectorial e interinstitucional y con un conjunto muy fuerte de participación social y comunitaria. O sea, del gran campo de trabajo de los Gobiernos Locales, en sus distintos niveles ‑cuando hablamos de lo local no hablamos sólo del Gobierno Departamental; hablamos también de los Gobiernos Locales, de los Concejos Vecinales, de las Juntas Locales en Montevideo y de las Juntas Locales en el Interior del país‑, de ese entramado de la  descentralización que se está construyendo en el ámbito departamental y que es fundamental para la construcción y para el desarrollo de las políticas públicas, porque los problemas ‑los de droga, los de salud, los de la vivienda, los de la violencia, los de violencia familiar, los de violencia doméstica, los de autoeliminación‑ son todos problemas sociales de este inicio de siglo complejo, producto de un conjunto de factores que no acontecen en los libros o en los manuales de psiquiatría o de salud mental; acontecen en sociedades concretas, en familias concretas y en comunidades concretas. El encare de una solución a esos problemas debe hacerse desde esa realidad local en la cual los problemas se generan y en que la atención tiene que desarrollarse con ese enfoque.

Tenemos que cuidar ‑por decirlo de alguna manera­‑ la complementación de las políticas en torno al control de la demanda y de la oferta. El enfoque más efectivo consiste en un enfoque global, equilibrado y coordenado que abarque la reducción de la demanda y el control de la oferta, aunque esta se cumpla por otro actor estatal en el caso del Gobierno Departamental, de modo que el control de la oferta y el de la demanda no aparezcan antinómicamente. En buen romance, lo que estamos diciendo es que no alcanza ‑con lo importante que es‑ el control de la oferta a través de la persecución del tráfico ilícito de drogas, sino que es importante también construir factores protectores en la sociedad, promoción de estilos saludables de vida que eliminen, reduzcan el consumo problemático de drogas.

La estrategia global para todas las sustancias de abuso o todas las adicciones como conductas de abuso requiere de ese enfoque globalizador hacia todas las sustancias de abuso ‑sean legales o ilegales‑, hacia la integración de las conductas de abuso, independientemente del objeto: independientemente de las sustancias, de la modalidad o de la práctica adictiva. Esto quiere ser un enfoque mucho más integral, más desde el origen del problema y no atacando sólo las consecuencias y los efectos de este problema que terminamos viendo en la sociedad.

Algunos principios generales de una política de drogas ‑acá tomamos definiciones de Naciones Unidades y de la Unión Europea‑ son, en primer lugar, que el abuso de drogas afecta todos los sectores de la sociedad y todos los países, en cualquier nivel de desarrollo. Esto no es abrir un paraguas ‑a mí me gusta hablar muy franca y directamente‑ para decir: “Bueno, las drogas llegaron para quedarse”, o “Tenemos un problema complejo y no hay cómo resolverlo”. No, esto es para asumir la complejidad del problema y asumir que nos debemos ocupar de él, en el entendido de que es un problema que tiene estas características. El continuo ‑muchas veces construido mediáticamente ‑ de “pobre, joven y drogadicto” es perverso para enfrentar este problema. Esa simplificación del problema es la que puede construir todas las condiciones para que no lo enfrentemos bien. Aquí hay que ver a todos los actores del problema como parte de esa política. Por eso es que nosotros decimos que debemos tener políticas y programas de reducción de las demandas dirigidas a todos los sectores de la sociedad, sin discriminación por edad, situación social, racial, etcétera.

Me parece que este es un tema importante, que no es de nuestro marco ideológico particular, sino que es del marco ideológico con que la comunidad internacional desarrollada ‑y no tenemos problema en partir desde ese marco‑ enfrenta y acomete en el mundo la tarea de tener una política pública en materia de drogas.

En segundo lugar, no cabe duda de que estos temas se pueden encarar particularmente: puede haber programas específicos para poblaciones de mayor riesgo. Tener un enfoque universal no es contradictorio con reconocer que existen comunidades, situaciones y problemas que requieren un tratamiento particular, con programas particulares. Esto en el bien entendido ‑no podemos ser hipócritas‑ de que este es un problema que atraviesa el conjunto de los países y el conjunto de las sociedades, y que requiere comenzar desde ese paradigma, de ese punto de partida, para tener políticas integrales. 

Ahora voy a dar algunos principios generales para este enfoque integral e integrador de las políticas de reducción de la demanda. Las políticas de reducción deben dirigirse a prevenir el uso de drogas y a reducir las consecuencias negativas del abuso. Deben promocionar y alentar la participación activa y coordinada de los individuos y el nivel comunitario, tanto de un modo general como en situaciones de riesgo. Deben ser sensibles, tanto en aspectos culturales como de género; este es un tema no menor. Hay que enfocar el tema ‑y hay muchos trabajos en esta materia‑ de cuántos son los impactos que el problema de las drogas tiene, tomando en cuenta el punto de partida de las comunidades, lo cultural. Un enfoque de promoción de un estilo saludable de vida debe tomar en cuenta los temas culturales y debe contribuir a desarrollar y sostener entornos de apoyo. Traduzco esto, porque siguen siendo definiciones generales y globales sobre este tema. Esto quiere decir que si nosotros generamos una red asistencial, como estamos generando, para resolver la asistencia al consumo problemático de drogas, muy poco haríamos si sólo tuviéramos esa red asistencial con un equipo interdisciplinario. Esto es importante y por eso lo estamos haciendo e invirtiendo recursos. Esa red asistencial contiene y amortigua. La idea de red también es la idea de que algo cae y queda sosteniéndose. Una red no es como decía el querido “Peloduro”: un conjunto de agujeros atados por un nudo; una red es algo que articula recursos distintos y diferentes para generar una respuesta. Aquí aparece la importancia de la participación social y de los entornos de apoyo. Vamos a ponerle nombre a esto: vamos a hablar de las instituciones educativas, de los clubes sociales, de todo lo que antes se llamaba fuerzas vivas ‑y hay que volver a llamarlas de esa manera‑, las que están en un barrio como para contener de alguna manera. Nosotros no decimos, como decíamos hoy de la descentralización: “No, no, que el barrio atienda el problema”; no le tiramos el problema a la gente. Decimos que tiene que haber un lugar que contenga y sostenga desde el punto de vista asistencial; el sistema asistencial no puede contener a la gente ininterrumpidamente, tiene que pasarla a un ámbito en el que se estén generando condiciones para prevenir las situaciones que generaron un consumo problemático. Por eso no alcanza con una red asistencial: hay que tener una red de apoyo, construir entornos saludables de vida. Esta es una frase muy general, pero pasa por el desarrollo de un conjunto de capacidades comunitarias que están ahí y que muchas veces no desarrollamos; sin caer en simplificaciones: en un barrio será una liga de fútbol de gurises y de jóvenes, en otro, otra cosa. En esto no hay que ir a esquemas, no hay que poner la raviolera, que saca todos los ravioles cuadraditos: hay que pensar cuáles son las herramientas que tenemos en cada barrio para propiciar y desarrollar estilos saludables de vida, protectores de salud, protectores de salud mental.

Yo resumo el privilegio que tienen los ámbitos locales en tres grupos de temas. Algo crucial es un enfoque participativo de la comunidad y de las organizaciones locales para lograr un diagnóstico del problema a nivel local, para identificar soluciones viables y para formular políticas y programas adecuados. Otra cosa esencial es generar un marco de coordinación entre organizaciones no gubernamentales, padres, profesores, profesionales de la salud, organizaciones comunitarias y de juventud, organizaciones de empleadores, sindicatos y el sector privado. Hay sindicatos que ya están trabajando con expresión territorial en el tema. Y algo que es imprescindible es articular las acciones a nivel público y privado.

¿Cuáles son los elementos para incluir en una programación local en política de drogas? A modo de resumen, en primer lugar, hay que establecer la prevención de tipo comunitario, o sea, no sólo la prevención que puede generarse en el espacio asistencial en un centro de salud, que también hay que hacerla, o la que se hace en el Portal Amarillo cuando se empieza a trabajar con las familias y los que consumen ‑los usuarios del Portal Amarillo‑, sino que hay que empezar a trabajar la prevención a nivel comunitario. En segundo lugar, hay que movilizar la iniciativa social. Esto quiere decir que no hay que pensar que estas políticas se construyen a partir de decisiones exclusivamente del Estado, sino que hay un papel decisivo y autónomo de lo local y de lo social para tomar el tema. En tercer lugar está la toma de conciencia y sensibilización de la comunidad sobre los efectos negativos del uso y abuso de drogas, pero trabajando desde esta perspectiva, no desde las páginas de los diarios, que permanentemente recogen el efecto más dramático del problema. No sé si Milton Romani lo contó, pero hemos tenido reuniones con periodistas para ver cómo rompemos el tema de drogas‑página roja, es decir, cómo hacemos para trabajar el tema drogas desde una perspectiva mucho más preventiva, mucho más sensibilizadora y de toma de conciencia de las alternativas que hay para el problema. También están las políticas de reducción de la oferta, sobre todo de drogas legales. En este sentido hay ordenanzas municipales sobre bares y discotecas, y yo no tengo más que mencionar lo que estamos haciendo contra el tabaquismo.

En un programa local de lucha contra la droga también hay que incluir medidas dirigidas a la reinserción social de los dependientes. Aquí está nuevamente el concepto de los derechos: a la persona que se droga no hay que condenarla a todos los infiernos; es un ciudadano que tomó un camino de exclusión y hay que hacerlo recorrer el camino para que se incluya. Por eso hemos trabajado y tenemos que trabajar más con las familias y con todos los movimientos que se generen vinculados al consumo de drogas. Nos parece que esta también es una herramienta importante para enfocar y enfrentar este problema.

Debe incluirse, asimismo, la formación permanente de los equipos técnicos. No todo el mundo está capacitado; no se sale de la Facultad de Medicina, ni de la Facultad de Psicología, ni de la de Enfermería ni de ninguna otra formado para tratar el tema drogas. Tenemos que capacitarnos para trabajar este tema.

Finalmente, algo muy importante para un programa local sobre drogas es evaluar resultados. Hay una cultura de que la política social no se evalúa. En ese sentido, estamos dando una batalla grande desde hace mucho tiempo. Lo hicimos antes desde la División de Políticas Sociales de la Intendencia Municipal... de Salud y Programas Sociales... Me olvidé del nombre, pero tengo muy presente todo el trabajo que se hacía y la importancia que tenía cada programa, así como la evaluación de sus impactos.

Estos programas tienen costos. Está bien que exista la madre economía para que nos pueda respaldar, pero necesitamos estabilidad económica para que no se agudicen los problemas y así poder tener y mostrar los resultados. También hay que mostrar el costo efectividad que tienen determinadas políticas. Para esto debemos ser serios; no hay que hacer folklore en materia de política de atención de drogas, sino hacer una política de atención de drogas sustantiva, profunda, que tenga continuidad, que sea integral y medible.

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