DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE AMOR

Escribe: Adriana Cabrera, representante del PVP en la Com. de DDHH del FA

Remedando a Raymond Carver y pasado el shock inicial que supuso leer el proyecto de ley sobre reparaciones que, el 26 de marzo, presentó el Poder Ejecutivo, creemos que vale la pena aclarar de qué hablamos cuando hablamos de reparación.

La Com. de DDHH del FA, cuando fuera presidida por el Dr. Alejandro Artucio, excelente jurista y compañero, estudió exhaustivamente el tema y no parecen haber diferentes interpretaciones posibles sobre lo que norma las Naciones Unidas al respecto.

Para empezar cabe aclarar que la reparación integral tiene como objetivo sanar las heridas producidas en la sociedad por el terrorismo de Estado y cuando uno las lee, parecen casi un instructivo detallado de los pasos a seguir para que no se repitan la barbarie, la deshumanización, el desequilibrio que supone para un pueblo la persistencia de la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional. Por eso las organizaciones de derechos humanos entre ellas, las víctimas de delitos de lesa humanidad, principalmente los familiares de detenidos desaparecidos la hemos hecho nuestra.

Es un concepto rico, abarcador, que asume la complejidad de nuestra historia reciente y que actúa en diferentes espacios.

Nada tiene que ver con dar una ayuda económica a familias humildes, ni con reparar crímenes  realizados por civiles y mucho menos aquellos en los cuales no se han investigado las responsabilidades correspondientes, como el homicidio de Ramón Trabal.  

Por eso, la iniciativa del gobierno muestra una gran insensibilidad para con los familiares de desaparecidos, con cuyos objetivos se comprometió, ya hace mucho tiempo, pero también para con la ciudadanía que lo votó.

La reparación integral, como se ha repetido muchas veces, refiere a la Verdad, la Memoria y la Justicia.  Como todas las cosas muy repetidas, ésta consigna, corre el riesgo de que la conviertan en lugar común, en slogan. Sin embargo, por su legitimidad es imposible vaciar ese enunciado de sus contenidos.

Las víctimas de la dictadura tenemos derecho a saber, pero la verdad es además un derecho de los pueblos para que los crímenes no se repitan. Para que el conjunto de la sociedad esté prevenida ante el discurso ideológico que autojustifica a los dictadores.

En ese sentido, aunque se haya avanzado, queda muchísimo por saber. Solo se han encontrado dos de más de doscientos desaparecidos y los militares de hoy, siguen ocultando su paradero. Los mantienen aún desaparecidos y caen en flagrantes contradicciones. La mentira y el ocultamiento están  en los propios  informes  oficiales de las tres armas.

La Memoria fue concebida, también, como un antídoto contra la repetición del horror y la barbarie pero también, para deslastrar a las víctimas de las estigmatizaciones y el escarnio moral de los que fueron objeto a través de más de una década de persecuciones. Porque reparación integral consiste en restituir a la víctima, al estado anterior al momento en que el crimen se cometió. Es con éste fundamento que se concibe la indemnización a los familiares, por entender que la desaparición  de la víctima por agentes del Estado, ha también victimizado a su entorno, al obligarlo a vivir en un clima de miedo y silencio, y muchas veces, hostigado, atormentado, o falto de recursos en alimentación, educación, asistencia a la salud, en fin, calidad de vida.

La Justicia, que también es reparación, implica que el Estado está obligado a garantizar el acceso de todas las víctimas a ella, y a determinar la culpabilidad de los responsables. En nuestro país, treinta años después de cometidos los crímenes, hay algunos militares a disposición de la justicia en cárceles especiales y un ex dictador en detención domiciliaria. Son pasos importantes. Aun así, no se ha podido garantizar la Justicia plenamente. El Poder Judicial aún debe caminar con el grillete en los tobillos que supone la Ley de Caducidad. Al decir de Luisa Cuesta, ley inconstitucional, inmoral y por lo tanto, nula.

La reparación y prevenir la repetición de los crímenes pasa, entre otras cosas, por asegurar la total independencia del Poder Judicial, sin  importar cual sea el partido de gobierno.

Reparación, es también, la asunción de responsabilidades por parte de los represores y la revisión autocrítica de la doctrina que los llevó a instalar una dictadura. Las librerías uruguayas están plagadas de libros con miradas críticas y autocríticas sobre nuestro pasado reciente de todos los sectores de la sociedad menos de los militares.

Reparación es además, que los archivos de la represión estén en manos del poder civil para reconstruir con objetividad su pasado.

Por todo esto, son absolutamente incomprensibles, las motivaciones que puedan estar detrás de éste proyecto. Nadie que haya vivido esos años puede leer la lista de beneficiarios y el lenguaje de comunicado de las Fuerzas Conjuntas que reproduce, sin que se le erice la piel.  Los frenteamplistas votamos para que no haya NUNCA MAS  terrorismo de Estado.

Los militares uruguayos torturaron, asesinaron, desaparecieron ciudadanos, instalaron el terror desde los más altos niveles del Estado, dentro y fuera de fronteras, amparados en la Doctrina de Seguridad Nacional, para combatir un “enemigo interno” que no era otra cosa que cualquiera que pensara diferente a ellos y además, usurparon el poder con la fuerza de las armas. Para eso se formaron en la Escuela de las Américas. Fueron ellos los sediciosos.

Ese texto, así formulado, obligaría a nuestra fuerza política a revisar todos sus documentos referidos a la historia reciente.

Con contenidos lejanos a las normas de derecho humanitario y al programa del FA, cabe preguntarse cómo se engendró la idea de hacerlo nuestro y mezclarlo con una pésima lectura de las reivindicaciones de los familiares de detenidos desaparecidos.

 PVP - Partido por la Victoria del Pueblo - Frente Amplio - Uruguay