Programa del Frente Amplio ¿para qué?
Publicado el 04/10/23 a las 6:14 am
Por Jorge Notaro
Al aproximarse la definición del programa del FA para las próximas elecciones de 2024 y el probable gobierno de 2025-2029, corresponde preguntarse ¿para qué se hace? ¿con qué objetivos? La respuesta condiciona el contenido del programa y por lo tanto debe ser previa.
Una posible respuesta es considerar que el objetivo principal es mostrar a la ciudadanía qué intereses se expresan para lograr su voto, cuestionando el poder y las ideas de las clases dominantes. Cuando se escribió la Internacional convocando a la lucha a los pobres del mundo, no existían encuestas de opinión ni metodologías para identificar con precisión a los convocados. Pero unos y otros, explotados y explotadores, pobres y ricos, entendieron y siguen entendiendo de qué se trata. Se logra con propuestas de medidas, pero se requiere explicitar también cómo y quién las va a ejecutar.
Las propuestas tienen que ser muy claras en mostrar quienes son los beneficiarios para lograr una respuesta a la convocatoria, ya que las transformaciones que se derivan de su puesta en práctica implican una distribución de costos y beneficios, tanto en términos económicos (ingresos o condiciones de existencia) como políticos (relaciones de poder). Por ejemplo la papeleta del plebiscito sobre la reforma jubilatoria es muy clara: derogar los artículos que nos obligan a trabajar más y a ganar menos, de una forma que implica devolver al Estado la gestión de los fondos y reducir el campo del capital financiero. Corrigiendo la actual situación absurda en la que el Estado recauda a través del BPS haciéndose cargo de los costos, entrega el dinero a las AFAP, estas compran deuda pública cobrando un interés al Estado y una burocracia se queda con una parte de los ingresos; parece obvio que una repartición del BPS podría ser la encargada de administrar los recursos que se invierten.
Las propuestas que no expresan claramente los intereses de los sectores populares y pueden ser compartidas por otros actores políticos, son tecnocráticas e intrascendentes. Las propuestas que implican gastos o inversiones y no explicitan cómo se financian, son demagógicas y probablemente promesas que no se van a cumplir. Las propuestas que no fijan metas cuantitativas, son poco convincentes.
El programa que aspire a ser un instrumento en la transformación de la sociedad mejorando las condiciones de trabajo y de vida así como aumentando el poder de los sectores populares, no puede omitir propuestas de cambios en la distribución de la propiedad de los medios de producción, fortaleciendo a los actores que pueden ser sujetos del cambio. La omisión de este aspecto implica confiar en el mercado y en la inversión extranjera para impulsar el proceso, con un resultado de aumentar la dependencia, el consumismo y el poder del capital.
En el marco de la globalización, la reestructura económica y la redefinición del rol del Estado, el país debe enfrentar el desafío de aumentar la competitividad de la economía y crear empleos de buena calidad simultáneamente. El cambio de la matriz productiva implica proponer un crecimiento selectivo, la competitividad sistémica y la diversificación productiva, priorizando con criterios políticos, económicos y sociales.
La modificación de la importancia relativa de las distintas actividades tiene que modificar la correlación de fuerzas, redistribuyendo los medios de producción, desmercantilizando actividades y aumentando la regulación de las actividades del capital, incorporando objetivos políticos a la promoción de inversiones, promoviendo la plena inclusión social de todos los habitantes del país y la progresiva reducción de la explotación. Es necesario evaluar el papel de las empresas públicas y de nuevas forma de propiedad y de gestión.
Fortalecer las empresas públicas para que asuman las actividades estratégicas, incorporando a la gestión objetivos sociales y políticos, sin guiarse por la búsqueda de maximizar la rentabilidad. Analizar la posibilidad de abordar actividades cono la información, las comunicaciones, las energías alternativas, la producción de alimentos y el agua potable.
Evaluar la viabilidad de crear empresas de propiedad pública y gestión social en algunas actividades, con medios de producción de propiedad estatal y gestión realizada por organizaciones sociales vinculadas a la actividad. Los antecedentes a tener en cuenta son la exitosa experiencia de Conaprole, la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización y el funcionamiento de los Consejos de Salarios.
Es imprescindible mejorar las condiciones materiales de vida de los sectores populares facilitando su acceso a la vivienda y un entorno, a servicios de educación y de salud gratuitos, a un consumo sano, sin desconocer que el aumento del consumo puede ser una trampa que tiene como resultado la consolidación de la ideología de las clases dominantes. Para promover un consumo mejor no alcanza con discursos que se contradicen con la práctica y tampoco con transferencia de ingresos, que en el Uruguay actual no contribuyeron a mejorar la alimentación de los sectores populares, que manifiestan problemas de obesidad y de desnutrición. El mejor instrumento son las transferencias de bienes y servicios, sustituyendo las transferencias de ingresos cuyo gasto está condicionado por la publicidad, priorizando el acceso a los servicios públicos y en primer lugar, a la educación. Algunos ejemplos son la gratuidad de todos los servicios de salud o la entrega de mochilas con útiles y materiales, vestimenta y calzado a preescolares, escolares y liceales.
El Frente Amplio, auto definido como progresista, gobernó pero no confrontó ni cuestionó el poder, el poder económico lo tuvieron los propietarios de los medios de producción y lo usaron como instrumento de poder político para limitar las decisiones del gobierno. En el Uruguay capitalista y dependiente es inevitable respetar al capital porque de sus decisiones dependen la fluidez de la actividad económica y la cadena de pagos, los niveles de inversión y de empleo. El reconocimiento de su dominación obliga a utilizar al máximo los márgenes disponibles para las decisiones del gobierno, que son la resultante de un conjunto de fuerzas económicas, sociales, políticas y culturales contradictorias, y erosionar su poder progresivamente, si se aspira a construir una sociedad sin dominación ni explotación.
Las propuestas, la movilización y la lucha del movimiento sindical y popular dan un respaldo al gobierno para enfrentar el poder del capital. En la elaboración del programa es necesario revisar las propuestas de las organizaciones populares para incorporar las que resulten compatibles con un proyecto político de transformaciones, las propuestas del Congreso del Pueblo, del PIT-CNT, de la Coordinadora de Feminismos, de FUCVAM, de CSEU, de la Coordinadora Social y Popular, de la Federación de Cooperativas de Producción, de la Comisión Nacional de Fomento Rural, de la Coordinadora de Asentamientos, de la Asociación de Colonos, de la Asociación de Aspirantes a Colonos y de las organizaciones ecologistas.
Para aumentar la soberanía nacional es necesario enfocar las relaciones económicas internacionales como proyecto político, en el MERCOSUR acordar la regulación del movimiento internacional de capital así como la complementación de actividades económicas, retomar las iniciativas de Banco del Sur y de Fondo Latinoamericano de Reservas, fortalecer la CELAC y priorizar las negociaciones sobre las posibilidades de cooperación con China. Las inversiones extranjeras directas deben ser funcionales a la estrategia aportando capital, mercados externos, valor agregado, contenido tecnológico, aprendizaje y demanda de insumos nacionales.
Para transformar la sociedad no alcanza con ganar elecciones y mejorar las condiciones materiales de vida de los sectores populares, es imprescindible construir poder fortaleciendo las clases sociales y sus organizaciones (actores sociales) que pueden participar de los cambios, promover la participación y organizar para la lucha contra las diversas formas de dominación. Dar las batallas cultural e ideológica, combatir los valores que difunden las clases dominantes proponiendo otros, otra cultura, otra forma de vida; promoviendo la participación en prácticas que impliquen relaciones de cooperación y solidaridad, cuestionen el autoritarismo y el consumismo, eliminen cualquier forma de privilegio implementando la igualdad de derechos. Estos valores se consolidan en la práctica cotidiana, en la relación de pareja y en la educación de los hijos, en la relación del docente con el estudiante sin argumentos de autoridad y en la relación de los dirigentes con las bases entendiendo la tarea de dirección como una mayor responsabilidad que no genera derechos ni privilegios.
