«Corresponsabilidad en la Crianza»: un proyecto regresivo con contenidos erróneos tanto en forma como en contenido

Publicado el 12/07/22 a las 9:45 pm

Frente Feminista del Partido por la Victoria del Pueblo

Montevideo, julio 2022

El Frente Feminista del Partido por la Victoria del Pueblo expresa su preocupación y rechazo al proyecto unificado de Corresponsabilidad en la Crianza presentado en la Comisión de Constitución y Legislación por la coalición de gobierno.

Recordemos que desde el año 2020, se está discutiendo en esa misma Comisión el proyecto de Corresponsabilidad en la Crianza presentado por el Partido Nacional y el de Tenencia compartida responsable presentado por Cabildo Abierto. Estos proyectos tienen como precursor un proyecto de ley presentado por el hoy Presidente de la República, Luis Lacalle Pou que retoma los reclamos de Todos por nuestros hijos, organización ésta – como otras que apoyan estos proyectos – que fundamenta la tenencia obligatoria en las presuntas «injusticias cometidas por el Poder Judicial» hacia los padres y en la supuesta «manipulación» y «falsas denuncias» de las madres a través del Síndrome de Alienación Parental que está demostrado que no existe. Más allá de esto, queremos señalar que quienes han redactado estos proyectos en su mayoría se han expresado públicamente contra la agenda de derechos que se basa en la supuesta ideología de género, término que se origina en los años 90 y cuyos defensores rechazan abie1tamente los cambios en las relaciones de género a través de ataques a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, feministas, de diversidad sexual, entre otras. Estos movimientos anti-derechos se mueven a nivel internacional y tienen un poder político y económico importante y, para el caso de la tenencia obligatoria que exigen, lejos está de tratarse entonces de «pobres padres» o «pobres abuelitas» que se las ha impedido ver a sus hijos/as o nietos/as, salvo excepciones.

Queremos señalar los temas que más nos preocupan:

• Los proyectos contienen una mirada adulto-céntrica ya que pretenden garantizar primero los derechos de madres y padres, sin tener presente que la legislación nacional e internacional sostiene que el estado debe garantizar en primer lugar el interés superior de niños, niñas y adolescentes, así como su derecho a ser escuchados/as. Es contrario al interés superior, el que se conceda en forma automática y obligatoria la tenencia compartida.
• El término «corresponsabilidad» parecería una innovación, cuando este concepto ya se encuentra en el Código Civil (Arts. 252 y 285), en la Convención de los Derechos del Niño, en el Código de la Niñez y Adolescencia, entre otros. Recordemos además que desde el año 2015 tenemos el Sistema Nacional Integrado de Cuidados -actualmente atacado y sin incremento presupuestal para su desarrollo- que tiene su base en la corresponsabilidad de género y generación.
• Preocupa que niños, niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia, sean obligados a convivir con el progenitor violento, aunque tenga medidas cautelares. Recordemos que Uruguay tiene altos porcentajes de situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes y que la violencia basada en género hacia las mujeres -donde NNA son también víctimas directas – fue declarada emergencia nacional en el año 2019.

• De aprobarse, es importante resaltar que se contrapone con la Ley 19.580 -Ley de Violencia hacia las mujeres basadas en género, lo cual conlleva un gran retroceso a nivel del marco normativo actual y hace que nuevamente las mujeres, queden vulneradas en el acceso a la justicia y que se profundicen las desigualdades en lo que hace a la responsabilidad del Estado que se ha comprometido desde acuerdos internacionales a una vida libre de violencia de género.
• Hoy -con la ley vigente – ya es posible la tenencia compartida, por eso se trata de una ley innecesaria que lejos de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, los puede colocar en situación de vulnerabilidad.
• Hoy – con la ley vigente – ya es posible reclamar judicialmente a los progenitores, en caso de impedir u obstaculizar las visitas. ¿Entonces para qué y para quiénes está dirigido este proyecto de ley?

Y finalmente señalar que, si bien el proyecto unificado «maquilla» algunos términos para que se adapte un poco más a la legislación nacional e internacional garantista de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sigue siendo un proyecto regresivo con contenidos erróneos tanto en forma como en contenido y que se entromete en la independencia técnica de defensores y defensoras de oficio.

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